Muchos hablan mal de la Iglesia. Unos motivados exclusivamente por la contradicción inexistente entre razón y fe, otros influidos por un anticlericalismo generado por el legado histórico de la iglesia y su papel como mecanismo de dominación e influencia política.

No pretendo convencer a quienes critican a la Iglesia, reconozco los múltiples errores que toda obra de hombres genera.

Sin embargo, fue la formación que recibí dentro de la Iglesia Católica la que desarrolló en mí, entre otras cosas, la necesidad de ofrecer ayuda a las personas más necesitadas.

Fue la Iglesia quien me guió a comprender la miseria humana y a aportar lo que estaba a mi alcance para intentar modificarla. La que me incitó a hacer voluntariado en hogares estatales de ancianos, luego de gestionar los permisos necesarios. Fue la Iglesia quien me enseñó a resistir cuando durante el baño de uno de esos ancianos, el asco me embargó. Cientos de cucarachas que con el agua abandonaban el sillón de ruedas que les servía de refugio, pero que era también el hábitat casi exclusivo de un ser humano, no fueron suficientes para destruir el empuje, ni el espíritu de los jóvenes que me acompañaban.

Experiencias influyentes como ésas no pudieron repetirse. Los permisos fueron cancelados. Comprendí entonces que las iniciativas que descubren y denuncian las miserias humanas no son bien vistas. Me di cuenta que en Cuba también está limitada la tan humana intención de ayudar al prójimo. Sin embargo, desde aquella vez me convencí que la caridad o la generación de oportunidades sociales no puede ser una misión exclusiva del Estado.

Emprender estrategias caritativas implica la acción coordinada de muchos actores sociales y/o apoyo material y financiero a una causa determinada. Ambas soluciones presentan dificultades en Cuba.

Aquí las limitaciones al derecho de asociación constituyen uno de los principales obstáculos para la coordinación e impulso de iniciativas colectivas. El imprescindible acompañamiento de organismos estatales relacionados con la disciplina de la asociación que se pretenda y su necesario aval frente al Ministerio de Justicia, órgano que definitivamente aprueba, restringen el desarrollo masivo de iniciativas individuales o colectivas. Y si son ajenas a los intereses del Estado están condenadas al fracaso.

Según lo normado solo pueden ser legalizadas las asociaciones que no planteen idénticos o similares objetivos o denominaciones de otras previamente constituidas. El sistema obliga a cualquier interesado en asociarse, a vincularse a las organizaciones ya existentes pues corresponde al Ministerio de Justicia la valoración de la similitud entre los objetivos y fines.

El entramado legal impide la generación de personalidades jurídicas colectivas que ofrezcan más seguridades y transparencia que la simple integridad moral o personal de los sujetos que individualmente pretendan encausar la ayuda.

El problema es que no puede condicionarse la ayuda a la confianza ciega en la persona que la gestionará. Quien ofrece ayuda desinteresada quiere a controlar o, al menos, observar su destino. La sacrosanta imagen del Estado benefactor no es suficiente para movilizar ayudas. La respuesta de los cubanos emigrados tras el paso del huracán Irma, prefiriendo el uso de mecanismos como Cáritas antes que depositar en las cuentas estatales, es una muestra de ello.

El derecho de asociación ha sido considerado un derecho político. Sin embargo, su libre ejercicio sin mecanismos de control preventivo, como los establecidos en Cuba, permiten encausar cualquier interés social o individual, más allá de la política. Es casi imposible promover ayudas en Cuba sin necesidad de contar con los burocratizados e incontrolables mecanismos públicos de asistencia, o amparado a la sombra de alguna institución oficial y reconocida.

La falta de legalidad, condiciona también la imposibilidad de recibir fondos de manera tradicional. Los mecanismos financieros cubanos, limitados en amplia medida por motivo del embargo norteamericano y las políticas internas, son también un obstáculo para la gestión de ayudas. La necesidad de apelar a terceros reconocidos en el entramado cubano para recibir y gestionar los fondos, es indispensable. Motivo suficiente para que puedan verse comprometidas las confianzas de quienes apoyan y de quienes gestionan.

En otras palabras, tanta burocracia, desestimula.

La ayuda notoria con frecuencia proviene de las personas con capacidades financieras notorias. Las exenciones de impuestos por razón de donativos cumplen en muchos países con objetivos estatales de promover la solidaridad y el compromiso social de los que más tienen.

La lógica en Cuba es contraria.

Las expresiones de apoyo verbal de Gente de Zona y su incorporación a la campaña de Jeniffer López para el apoyo a Puerto Rico, son una muestra del fenómeno. Quiero presumir que se han limitado a apoyar verbalmente a los cubanos pues para lograr mecanismos de soporte efectivo, deberán contar con las entidades estatales. Sus capacidades de importación anual singular, evidentemente no les permitirán hacer llegar a sus compatriotas, como lo han hecho sus colegas, toneladas de ayuda.

En el otro extremo de la misma relación están todos aquellos que en Cuba cuentan con capacidades financieras notorias, pero no publicitadas. No quieren dejar de ayudar, pero sin comprometer su condición. Por aquella sabiduría popular que preconiza la imperiosa necesidad de mantener un lowprofile para subsistir en Cuba.

Donativos personales no eximen impuestos en Cuba. Pueden constituir en cambio una variable para presumir una subdeclaración tributaria. Actuar como un llanero solitario sin utilizar los canales y las instituciones creadas al efecto puede generar un estigma. Quizás por eso, algunos se hayan organizado, con el apoyo de las instituciones estatales, para realizar presentaciones públicas, cuyas recaudaciones se destinarán a los damnificados por Irma.

Será nuevamente el ubicuo Estado, representado por sus exponentes afines, quien desde cualquier ángulo apoyará a sus ciudadanos en momentos de crisis. O en última instancia, quienes tengan su venia. La iniciativa popular puede ser ínfima.

Vuelvo entonces a la Iglesia. Son las instituciones religiosas, aunque hay otras, las principales organizaciones a través de las cuáles se pueden encausar ayudas en Cuba. Sin embargo, la lógica a través de las que funcionan dificulta la generación a través de ellas de campañas de apoyo a personas o situaciones determinadas. Ante la situación cubana me gustaría poder contar más con las instituciones eclesiales. Sin embargo, entiendo que la causa de mi insatisfacción no es su funcionamiento, sino la ausencia de mecanismos que permitan fuera de la jerarquizada y organizada estructura eclesial promover iniciativas individuales de ayuda.

No obstante, las limitaciones organizativas de las instituciones religiosas son una parte del problema. Otra diferente, es la limitación que con total olvido de la visión humanista y profética, asumen algunas autoridades religiosas que en ocasiones niegan la recepción de ayudas por considerar políticamente incorrectos los fondos ofrecidos.

Olvidar y privar al necesitado de una opción de ayuda por razones “políticas” es tan cuestionable como el resto del entramado social y legislativo que obliga, incluso siendo una iniciativa laica, a acudir a organizaciones religiosas.

Mientras subsiste la situación, personas como nuestra conocida Ana y otros muchos cubanos continuarán esperando poder convertirse en una causa mediática que amerite respuestas desacreditadoras por parte de aquellos que buscan tapar con curitas de mercuro cromo lo que salta a los medios, y olvidan que esas historias saltan porque cada vez hay gente más pobre que necesita atención. Si publicitar historias de desfavorecidos es una vía para hacerles llegar ayuda, me sentiré muy feliz de haber contribuido a ello.