Los costos del sistema electoral en México

Los partidos políticos no gozan de buena aceptación y confianza en México. Según la más reciente Encuesta Nacional en vivienda de Parametría, recogen sólo el 19% de confianza, superando únicamente a la policía estatal (17%) y a los agentes de tránsito (16%). Algo nada alentador, si tomamos en cuenta que son los partidos políticos los que “representan los intereses de la ciudadanía”.

La lucha por las elecciones limpias y justas ha tenido un largo y costoso camino. La reciente reforma constitucional en materia político electoral significa grandes cambios en su estructura.Vale la pena recurrir a la historia para contextualizar estos cambios.

Después de los polémicos comicios de 1988, donde se documentaron actos fraudulentos, se impulsaron cambios significativos para intentar legitimar las elecciones.  Es entonces que nace el Instituto Federal Electoral (IFE) que a partir de 1996, cuando se desligó del poder Ejecutivo, se erigió con altos índices de confianza como árbitro de las contiendas electorales en el ámbito federal.

No obstante, en este año que culmina la vida del IFE, la institución fue muy cuestionada. Durante y después de las elecciones presidenciales de los años 2006 y 2013, se documentaron fraudes que podrían haber sido causales para anular las elecciones presidenciales, pero, sin embargo, las demandas no prosperaron.

Sumado a esto, hay que tomar en cuenta que el sistema electoral es caro, tan sólo en 2012 el presupuesto público en los ámbitos federal y estatal fue de 27.128 millones de pesos (mdp), lo que significa que a cada habitante del país (120 millones de personas) le costó individualmente 226 pesos.

Sin duda que era necesaria una reforma política, pero ante la posibilidad de una mayor y mejor participación ciudadana, quedó muy corta. Siguen siendo los partidos políticos los que, en gran medida, controlan la acción política en México.

A raíz de estos cambios reflejados en la reforma constitucional de este año, se creó el Instituto Nacional Electoral (INE) que sustituirá al IFE. El nuevo instituto no organizará todas las elecciones, sino que se encargará de las federales y se coordinará con los órganos estatales para las locales.

Durante el 2014, el INE dispondrá de un presupuesto de 11.833,9 millones de pesos (mdp) para sus actividades del 2014, de los cuales una cuarta parte, 3.810 mdp, será repartida a los partidos políticos, lo que equivale a un aumento de 6,9% respecto al año anterior. 

En total, nos cuesta a las/los mexicanos mantener al Congreso (2014), 10.518 mdp: Cámara de Diputados, 6.795,5 mdp y Senadores, 3.722,4 mdp. Si bien es necesario tener un Congreso competente y eficaz para legislar, las grandes reformas que de ahí emanaron no han cumplido con todas las expectativas. 

Peor aún, después de aprobar la reforma constitucional en derechos humanos, existen varias violaciones a derechos fundamentales que fueron incluidas en las leyes que recientemente se promulgaron.

El Pacto por México que fue funcional para avanzar en varias reformas, lo que demostró es cómo los partidos políticos siguen imperando e imponiendo su agenda por encima de los intereses públicos.

Además, por si fuera poco y ante una negativa de subir el salario mínimo, en el Senado se analiza la entrega de un estímulo monetario para el 2015, de 107,5 mdp. A esa bolsa, se suman 60 millones de pesos por concepto de "Incrementos salariales"; 50,2 millones para el "Fortalecimiento del proceso legislativo", y 119,7 millones de pesos para la conservación, mantenimiento y operación de su nueva sede.

Frente a los recientes escándalos por parte de los bonos, moches y la falta de transparencia en recursos públicos, no existen reglas claras que obliguen a los grupos parlamentarios a rendir cuentas de sus ingresos y gastos, los cuales son manejados con total discrecionalidad. Son jueces y parte, ya que el Congreso es el responsable de asignar los recursos.

Contamos con un sistema partidista caro y que carece de mecanismos de participación o incidencia real de la ciudadanía. Las decisiones legislativas y que afectan al país no son consultadas y, en muchas ocasiones, hace falta más información y discusión al respecto.

Mientras sigamos dependiendo de un sistema partidista como el que tenemos, con poca legitimidad y confianza, poco se puede esperar que los grupos legislativos y grupos políticos puedan representar y velar por el interés público.

Autor

Omar Rábago. @omar_rabago Director Ejecutivo de @Cencos - Activista por los Derechos Humanos. 

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