Que el huracán Irma dejó a su paso por Cuba daños severos, ya lo sabemos. El asunto es, cómo recuperar lo perdido: ¿dónde pedir ayuda?, ¿quiénes son los responsables de repartir recursos materiales?, ¿hasta qué punto el Estado puede asumir la reparación de los daños?

La Gaceta Oficial de la República de Cuba publicó este 19 de septiembre una resolución del Ministerio de Finanzas y Precios que contiene el “Procedimiento para la evaluación, certificación, fijación de precios, contabilización, financiamiento, tributos y control de las pérdidas y daños producidos en casos de desastres”. En pocas palabras, cómo el Estado y sus entidades deben proceder cuando ocurre un desastre para evaluar los daños, asignar recursos y ajustar precios e impuestos.

El dato curioso es que está fechada varios días antes del paso de Irma.

Según reconoce el propio documento, este es una actualización la Resolución No. 143, de 14 de abril de 2015 –que queda derogada- a partir de la recuperación de los daños causados por el huracán Matthew en las provincias de Guantánamo y Holguín.

La norma indica cómo se deben realizar la evaluación, certificación y contabilización de los daños. Los Consejos de la Administración de las Asambleas Provinciales o Municipales del Poder Popular organizan las comisiones de evaluaciones de daños. Estas actúan desde el momento en que se decreta la fase recuperativa y tienen hasta treinta días para completar la información, aunque el término puede ser extendido.

En el caso de las viviendas son particularmente los especialistas de la Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda –perteneciente al gobierno local- quienes se ocupan de la tasación y certificación de las pérdidas.

Además, las personas afectadas por desastres que no posean contratos de seguros están obligadas a comunicar los daños y las pérdidas en el mismo plazo. Es un detalle muy importante, pues si en el transcurso de los 30 días, los afectados no han recibido visitas para evaluar sus daños, deben procurarla por su propia cuenta para no quedar fuera de la contabilización.

Es en esta resolución, donde también se regulan los precios de los bienes y servicios que se ofertan a los damnificados para resarcir los daños, cuando se entreguen productos de donación, la venta no incluirá sus costos, pero sí los gastos de distribución y transporte. Las donaciones podrían no ser completamente gratis.

La norma legal ampara a las administraciones locales para topar precios de productos y servicios con impacto en la población. También les reconoce la posibilidad de otorgar bonificaciones en la adquisición de determinados productos o recursos y otros beneficios; y pueden asumir total o parcialmente los intereses resultantes de créditos bancarios solicitados por los damnificados. Porque cuando algún damnificado no pueda pagar los productos asignados para su recuperación, pueden solicitar créditos bancarios. Gratis, como se ve, será muy poco.

La resolución también reconoce el subsidio como forma de pago pero no detalla ningún procedimiento especial o adicional para casos de desastres.

Aunque en ningún artículo se menciona ni esclarece la manera de proceder para evaluar y contabilizar los daños a negocios privados, al menos se reconoce que podrá adecuarse el pago de tributos tras la ocurrencia de un desastre.

Como luego de Matthew en 2016, cuando se hicieron excepciones tributarias, este documento exime del pago de la cuota mensual del Impuesto sobre Ingresos Personales, entre uno y tres meses, a los trabajadores por cuentapropia que se encuentren imposibilitados totalmente del ejercicio de sus actividades.

Además, disminuye el pago hasta en un 50 % cuando hayan sido prohibidos (sic) o afectados parcialmente sus negocios.

Sin embargo, son los Consejos de Defensa Municipales los que deben determinar qué actividades, zonas o consejos populares, período de tiempo y el por ciento (%) en que se debe aplicar lo anterior. También pueden aprobar exenciones o bonificaciones en el pago de los impuestos a las ventas y servicios de los trabajadores por cuenta propia, así como el aplazamiento de los pagos libre de intereses. Es una potestad significativa, que, no obstante, podría ser el talón de Aquiles de la resolución, pues la poca experiencia y autonomía de criterio de las administraciones locales conduce a que muchas de las bondades reconocidas por la resolución terminen en letra muerta.

La esperanza de que ocurra lo contrario puede aparecer tras la lectura de la norma en trabajadores privados como Eduardo Abreu, quien desde el emprendimiento Gestoría Habana ofrece asesoramiento y gestión fiscal a otros trabajadores por cuenta propia.

“En un momento de desastres es un paso muy positivo que se esté regulado gubernamentalmente el procedimiento a seguir. Estamos conscientes, que en muchos casos, los beneficios no van a estar en correspondencia con las pérdidas ocasionadas pero será un alivio, entre la infinidad de problemas, que conlleva poner en funcionamiento nuevamente un negocio propio.”

La resolución adelantada a Irma es la confirmación escrita de nuevos tiempos que corren en la administración pública del país. Sigue la pauta de la “racionalidad económica”, la misma de suprimir “gratuidades indebidas”. Otra vez aparece la disyuntiva economía o sociedad. Esta norma intenta equilibrar ambas en la balanza y a la vez abre una interrogante: ¿será un paso hacia el orden o hacia el burocratismo?