Cuando Leo camina de la mano con su pareja en público, las personas lo observan, tienen expresiones de disgusto y más de una hace comentarios ofensivos.

Cuando Ali –que vive en un pueblo entre montañas- decidió hacer pública su orientación homosexual, la convivencia en su casa fue terrible. Traer a su pareja era una osadía; todavía hoy le cuesta.

Los cambios sociales y las transformaciones que dan cuenta de un avance social casi nunca se dirimen por el consenso de las personas; implican grandes luchas de poder, incluso guerras. Pero, ¿por qué es necesario emprender una lucha social por la aceptación, la inclusión y el derecho pleno de todos los seres humanos a vivir libremente su identidad de género, si el proceso revolucionario significó la conquista de la dignidad humana?

¿Por qué en la Cuba de hoy –revolucionaria, humanista, socialista- se discrimina a las personas con una orientación no heterosexual? A pesar del esfuerzo y las acciones realizadas durante años por personas y organizaciones –en particular el CENESEX-, la intolerancia es familiar, social e incluso institucional, política y legal. El Estado no se arriesga a reconocer, legitimar y defender los derechos de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales (LGBTI).

Los procesos sociales y culturales son lentos, las personas necias y la discriminación existen en todo el mundo. Pero en Cuba este fenómeno adquiere una dimensión diferente: la bandera de justicia social que levanta la Revolución Cubana está a media asta, tiene límites estrechos y una venda en los ojos por parte de las instituciones del Estado que prefieren evitar el tema.

El proyecto de Código de Familia, propuesto a modificación por la Federación de Mujeres Cubanas, continúa engavetado. Hoy no se reconoce en la Isla el derecho al matrimonio ni la adopción para parejas del mismo sexo, y no lo será en tanto se modifique el artículo 36 de la Constitución que entiende el matrimonio como “la unión voluntariamente concertada de un hombre y una mujer”.

Tampoco el Código de Trabajo –aprobado por la Asamblea Nacional en 2013- explicitó la no discriminación por motivos de identidad de género; el debate fue intenso, pero las posiciones dogmáticas opacaron la conquista.

El artículo 2 b del Código de trabajo, después del debate, y posterior a su aprobación, incluyó la no discriminación por género y por orientación sexual; Además, en el artículo 165 de la propia ley se establece la posibilidad de reclamar cualquiera de los derechos reconocidos ante una autoridad judicial en caso de una situación laboral. Esto constituyó, sin duda un avance, pero fue sesgado.

El debate en torno al tema pedía reconocer la no discriminación por identidad de género, que sería el término correcto reconocido internacionalmente por las complejidades y matices en cuanto al tema. Al no incluirse dentro de la ley de esta forma restringe el reconocimiento de derechos a transexuales e intersexuales.

Desde la muralla antidebate se defiende firmemente una postura: la sociedad no está preparada. Aun cuando sea cierto, no pasa de una estrategia para ganar tiempo, conservar la posición y ocultar incomprensiones personales. ¿Acaso estuvimos preparados cuando se reconoció la igualdad de la mujer, cuando se reconoció la no discriminación por motivos raciales, cuando se dictó la Reforma Agraria, cuando se declaró el carácter socialista de la Revolución, cuando se nacionalizaron las empresas norteamericanas? ¿Acaso hubo que esperar? El derecho y la ley son también catalizadores del cambio social.

La campaña de Ministerio de Salud Pública llamando a la autoexclusión de donar sangre si se es homosexual o bisexual, entre otras cosas, es un síntoma más de la discriminación gubernamental.

Cuando la propia sociedad, con la complicidad por omisión del Estado, siente que puede lastimar psicológica o físicamente a un ser humano, algo no está bien. Si se trata de garantizar la vida, la tranquilidad, la libertad y la dignidad de una persona el derecho no es una opción, es una obligación.

Reconocer los derechos a personas con una orientación sexual y una identidad de género diferentes trasciende lo legal, se trata de una cuestión humana por encima de cualquier racionalidad. Es un asunto de justicia, y la justicia no se pospone, no se analiza, no se valora en contextos de conveniencia. No hay medias tintas.

Con qué autoridad le secuestramos a Leo, a Ali, y a tantos otros como ellos, la felicidad.