“Juro (…) que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir e impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República tenga una Carta Magna adecuada a los nuevos tiempos”. Así dijo Hugo Rafael Chávez Frías cuando asumió su primer mandato como presidente de Venezuela en el año 1999. Meses después, convocó a una Asamblea Constituyente y promulgó una de las más modernas Ley de leyes del continente americano.

Han pasado menos de 20 años desde que cumplirá su promesa. Sin embargo, los herederos políticos de Chávez abogan por modificar el principal legado jurídico de su testador, en busca de radicalizar la Revolución Bolivariana y destrabar el juego político que controlaban mayoritariamente, hasta el momento de perder la Asamblea Nacional.

8 millones 89 mil votantes les acompañan en el impulso, mientras otros 11,3 millones no se pronunciaron en la primera de las dos consultas populares que deben realizarse para establecer, o no, un nuevo orden legal.

Más allá de algunas innecesarias complicaciones en el entramado de los Poderes Públicos, soy un admirador del texto constitucional chavista. El valor técnico con el que fue escrito, permite considerarlo como un real cuerpo normativo y no como un simple proyecto programático.

El texto, todavía vigente, refrenda los derechos a la Educación, la Salud y el Deporte. Sistematiza los derechos ambientales y establece la obligación del Estado de promulgar las regulaciones que complementen su protección. En sus páginas se pueden leer los principios más generales de una sociedad democrática, moderna y preocupada por los problemas más sensibles de la contemporaneidad.

En comparación con el texto constitucional cubano, aprobado en 1976 y modificado en 1978, 1991 y 2002, la Carta Magna chavista manifiesta una superior técnica jurídica y por ende una mayor protección a sus ciudadanos.

Establece un extenso catálogo de derechos que pueden ser utilizados directamente para pedir amparo ante cualquiera de sus Tribunales. Permite apelar en queja o petición a los organismos internacionales para lograr protección en materia de derechos humanos y en ese sentido obliga al Estado a generar procedimientos para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de esos propios órganos.

Fija además el derecho del individuo de contar con defensa desde el primer momento y hasta el fin del proceso penal; la posibilidad de los ciudadanos de ausentarse y volver al territorio nacional, sin necesidad de autorización alguna; y explicita la prohibición del derecho de censura, la protección a la libertad de expresión y el uso “responsable” de los medios de comunicación.

Reconoce el derecho del ciudadano a dedicarse a la actividad económica que prefiera. Considera a la libre competencia como principio del sistema socio-económico venezolano y a la iniciativa privada, como motor impulsor del desarrollo. Impide el establecimiento a favor de empresas y organismos o personas extranjeros de regímenes más beneficiosos que los establecidos para los nacionales. Regula que la inversión extranjera tiene que estar sujeta a las mismas condiciones que la inversión nacional.

Estructura un equilibrado y funcional sistema de separación y complementariedad de poderes, que respondió a las correlaciones de fuerzas políticas de entonces y que después de la partida física de Chávez le está costando caro mantener a su sucesor. Hacia el desmontaje de ese sistema y el establecimiento de uno en el que la oposición política tenga menos poder real, es hacia donde apuntan los cambios deseados.

Sin embargo, todavía me parece aleccionadora la manera en que la Constitución de 1999 concibió la profesionalización de la actividad parlamentaria y la obligación a su vez de los congresistas de mantener el contacto con sus electores. Determinó además la independencia presupuestaria de los Tribunales, primer requisito para lograr la imprescindible autonomía de los jueces, y limitó la jurisdicción de los Tribunales Militares exclusivamente a los delitos de índole castrense; además de considerar al Tribunal Supremo de Justicia como el ente que debe velar y restablecer las violaciones constitucionales ante la acción de los perjudicados.

Insisto, ese documento me parece una avanzada concepción del mundo democrático, pero es a los venezolanos a quienes corresponde decidir si su Constitución vigente debe cambiar o no. Ellos debaten en escenarios públicos y con referendos populares la gestación o no del texto nuevo; mientras en Cuba seguimos esperando por el cambio imprescindible de un texto obsoleto e inoperante judicialmente, cuya construcción hasta ahora ha sido manejada como asunto de muy pocos.

Espero algún día que nuestros presidentes también juren sobre la constitución cubana. Espero que las lecciones del constitucionalismo venezolano, o de cualquier otro de avanzada, les permitan iniciar debates que nos lleven mancomunadamente a proyectos en los que prime la democratización del derecho.