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Matan en hoteles o calles; las violan, ahorcan y exhiben

Desde el año 2000 a la fecha, 533 mujeres han sido asesinadas en el estado de Morelos, y lo han sido por su condición de ser mujeres.

Por Marco Antonio Martínez/Sin Embargo

Lo mismo han sido arrojadas a las calles, exhibidas, muertas a navajazos, enredándoles falda y sueter en el cuello, desnudadas, arrojadas a barrancas, y esta clase de crímenes paulatinamente han aumentado en la entidad, de acuerdo con el documento “Informe de Investigación, alerta de violencia de género ante 13 años de feminicidios imparables en Morelos”.

Municipios como Cuernavaca, Jiutepec, Yautepec y Temixco es donde se concentran más casos, pero de los 33 municipios, en 31 se registra por lo menos un feminicidio.

Por eso es que organizaciones encabezadas por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, la que elaboró el informe, anunciaron ayer que pedirían, por tercera vez, que se active la Alerta de género por parte del gobierno federal en Morelos para detener esta tendencia homicida en contra de mujeres.

[media:factfile]La diferencia es que decidieron hacerlo del conocimiento público, ante los cuestionamientos que han sufrido por parte del Gobernador de Morelos, Graco Ramírez, y ante la negativa de autoridades estatales. Por eso ellos mismos decidieron reunir información, ya que esa es una de las condiciones que pide el Sistema Nacional de Seguridad para revisar si se declara la alerta o no, informó José Martínez Cruz, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos.

La petición de alerta de género no es exclusiva de Morelos. Organizaciones de derechos humanos de otras entidades la han pedido también, pero hasta la fecha en ninguna se ha activado. Los estados de México, Hidalgo, Oaxaca son algunos de los que han visto un incremento en las cifra de feminicidios, pero hasta la fecha ninguna alerta ha sido activada.

“No es un tema exclusivo de Morelos. Cada vez que se retrasa (la alerta) es pérdida de vidas”, dice Martínez Cruz.

De acuerdo con el seguimiento de prensa realizado por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, el rango de edad de las mujeres asesinadas fluctuó entre los 40 días de nacida y los 93 años.

De los femicidios a los hombricidios
El retraso de la alerta de género viene con los obstáculos establecidos para declararla. En el Sistema Nacional de Seguridad piden cifras que estén avaladas por distintas fuentes, pero como las instituciones estatales encargadas de darlas, como la Procuraduría de Justicia Estatal, no ofrecen información, entonces se vuelve una “tramitología de la muerte”, dice Josefina Chávez, directora de Cuadernos Feministas, y quien ayer acompañó a los integrantes de la Comisión, en el Centro Miguel Agustín Pro.

De ahí que el registro periodístico resulte fundamental.

“Va a llegar al sistema y deben votar, porque anteriores solicitudes fueron rechazadas por pretextos burocráticos”, dice la especialista en temas de género.

Pero a la falta de información se suma la insensibilidad de autoridades. El primero de ellos el Gobernador Graco Ramírez, quien ha desestimado el aumento de feminicidios, que de acuerdo con el documento hasta el 30 de junio de este año ya sumaban 35 casos.

El mandatario de extracción perredista dijo en marzo que la forma como las organizaciones contabilizan los feminicidios es incorrecta, y que no todos los homicidios cometidos contra mujeres son por cuestiones de odio, y pidió distinguirlos.

“Yo les pido más responsabilidad a esas organizaciones que contabilizan como si fueran feminicidios a todos los casos de mujeres, tenemos que atender y distinguir que feminicidio es un crimen de odio y hay que distinguirlo del homicidio como un asunto general, porque entonces tendríamos ‘hombricidios’ y hay que distinguir cuáles son los ‘hombricidios’”.

Pero los casos que presenta la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos además de estar documentados con datos de los medios de comunicación, lo han sido con expedientes, entrevistas con víctimas y jueces.

“No están inventados como dice Graco Ramírez”, dice Martínez Cruz.

Los casos que documentan son de mujeres asesinadas en hoteles, en las calles, a quienes luego de matarlas se les abandona para exhibirlas.

Su recuento abarca desde 2005, cuando detectaron que hallaban a mujeres destazadas en el centro de Cuernavaca o encontraban cuerpos de mujeres muertas en la autopista y las autoridades decían que eran por accidente. También aparecían en arroyos, barrancas, cerca de escuelas, a la vista de la población. Y aunque se intentó descalificar a las víctimas como en Ciudad Juárez, Chihuahua, calificándolas de trabajadoras sexuales, se detectó que era otra mentira, y entre las víctimas se encontraban obreras, indígenas, universitarias, es decir no eran sólo jóvenes ni correspondían al perfil de un asesino serial.

Asimismo, la comisión detectó que cuando se detiene a responsables, se les libera al poco tiempo, al rebajarles sus condenas. Aseguran que actualmente en el estado no hay ningún preso por feminicidio.
Porque además de pedir la alerta de género para detener los feminicidios, también buscan que jueces y ministerio públicos tengan mayor capacidad y capacitación para distinguir los feminicidios y sancionarlos como debe ser.

“Alerta es un conjunto de acciones para hacer trabajo para erradicar la violencia con todos los programas y no sólo con asistencialismo”, dijo Quintanilla.

Pero en Morelos los jueces no integran lo nuevo de las leyes y hacen resoluciones con carpetas llenas de deficiencias y con ello permiten liberar a los criminales.

También lamentaron que el Instituto de las Mujeres del estado, encabezado por Adriana Mújica Murias, no haya elaborado un estudio que serviría para sustentar la aplicación de la alerta de género, porque dijo que no contaba con los 800 mil pesos que costaba.

Para Josefina Chávez detrás de la negativa para aplicar una alerta de género, está el miedo político de reconocer un problema, y para solucionarlo se necesita destinar presupuesto para aplicar y cruzar programas, así como equipo y diseño de políticas públicas para intervenciones sociales.

Por eso los estados cabildean para torpedear las solicitudes, dijo. Esperan que ahora sí les hagan caso con el estudio de 322 páginas que ayer presentaron.

Contenido original publicado en SinEmbargo. Twitter: @SinEmbargoMX.

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