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Derecho al olvido en Internet.

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Una reciente resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea avaló la petición del Sr. Costeja González. El ciudadano, de nacionalidad española, apeló a la protección y tratamiento de datos personales, la cual reclamaba que Google adoptara las medidas necesarias para retirar sus datos personales del índice de dicho buscador y que no permitiera el acceso a ellos nunca más.

Por Omar Rábago.

El caso se inició en 2010 cuando Costeja González presentó su queja ante la Agencia Española de Protección de Datos contra el periódico La Vanguardia y Google. La cuestión era que al realizar una búsqueda de su nombre a través de dicho buscador, éste remitía a dos páginas del medio de 1998 en las que se hablaba de una subasta de inmuebles relacionada con un embargo por deudas a la Seguridad Social.

El ciudadano español exigía eliminar o modificar la publicación para que no aparecieran sus datos personales en la búsqueda de Google, ya que alegaba que el embargo estaba solucionado y carecía de relevancia en la actualidad.

En ese mismo año se desestimó la reclamación contra el periódico La Vanguardia, ya que la publicación se había llevado a cabo y estaba legalmente justificada. Sin embargo, la institución española estimó que quienes gestionan los motores de búsqueda “…están sometidos a la normativa en materia de protección de datos, dado que llevan a cabo un tratamiento de datos del que son responsables y actúan como intermediarios de la sociedad de la información”. Por lo que consideró que tenía facultades para ordenar la retirada e imposibilitar el acceso a determinados datos por parte de los gestores de motores de búsqueda cuando considere que su localización y difusión pueden lesionar el derecho a la protección de datos y la dignidad de las personas.

El caso cobra relevancia porque sienta un precedente jurídico al respecto. Señala que la actividad de un motor de búsqueda, que consiste en encontrar información publicada o puesta en Internet por terceros, indexarla de manera automática, almacenarla temporalmente y ponerla a disposición de los usuarios debe calificarse como tratamiento de datos personales (en el caso de que esa información contenga datos de carácter personal), por lo que el motor de búsqueda debe considerarse responsable de dicho tratamiento. 

En 1997 la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos describió Internet como un nuevo mercado de ideas y lo denominó como una “amplia librería” de millones de publicaciones. Hemos pasado de tener 1 website en 1991 a casi un billón actualmente y la cifra se incrementa día a día. Como consecuencia de este crecimiento, los motores de búsqueda se hacen necesarios para poder clasificar toda la información y acceder a ella. 

La discusión que está en juego es si los intermediarios, actores privados como Google deben ser responsables de los contenidos que publican los usuarios en cuanto a la medida, condiciones y reglas. 

Si se promueve que se responsabilice a los intermediarios, jerarquizando la protección datos personales, privacidad, derechos de autor y otros derechos que están en juego, se promovería la existencia de una censura privada de un rango amplio de expresiones legítimas, de discurso protegido. El otro extremo sería el de inmunidad absoluta, donde los intermediarios carecen de toda responsabilidad por los contenidos generados por terceros.

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Un punto intermedio sería que existiera una legislación que prevé la obligación de borrar contenidos por parte de los intermediarios, como condición para no ser considerados responsables por la expresión ilícita, sólamente cuando la eliminación es ordenada por un juez. Otro esquema de responsabilidad condicionada de intermediarios exige una notificación privada que señala determinado contenido como ilícito, el intermediario transmite dicha notificación al usuario directamente responsable de la publicación (sistema notice and notice). 

Las reglas del juego en Internet, sus límites y regulaciones se están discutiendo y escribiendo actualmente. La ponderación de la libertad de expresión, datos personales, derechos de autor, y otros derechos que están en juego pasan por el sistema judicial, el marco legal así como los actores privados, como los intermediarios.

Ya sea la ONU hablando de privacidad en la era digitalla Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, que en su último informe aborda la libertad de expresión en Internet y principios ordenadores, o reuniones multisectoriales como el NetMundial y su reciente reunión se deben poner en el centro los principios de los Derechos Humanos, como los de progresividad, interpretación conforme y principio pro persona.

No existe una receta única para abordar todos los problemas y no se pueden imponer ni jerarquizar los derechos de la manera en que se han realizado desde un principio. Internet nos exige pensar sobre la protección y garantías de los derechos de una forma diferente, ya que es una plataforma única y no se puede regular de la misma manera que los medios de comunicación.

La ponderación juega aquí un papel importante y se debe pensar en las personas más que como usuarios, como personas con derechos. El centro más allá de proteger Internet, debe ser la protección de los derechos de las personas que la conforman, sin que llegue a limitarlo. Nadie dice que sea fácil, pero vale la pena pelear por garantizar que continúe promoviendo el flujo de información.

Si quiere saber más sobre el derecho al olvido pinche aquí.

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