La tortura tiene nombre propio

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Brenda Quevedo Cruz es una de las presuntas implicadas en el secuestro y desaparición de Hugo Alberto Wallace, hijo de la activista ciudadana y presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace. Ella lleva 8 años presa sin recibir sentencia aún y actualmente se encuentra en un penal de máxima seguridad en el Estado de Nayarit. En dos ocasiones fue torturada para que firmara una confesión de culpabilidad y a pesar de todo rehusó hacerlo. 

Por RNW.

Fue torturada por primera vez en el Centro Preventivo de Readaptación Social de Santiaguito de Almoloya en el Estado de México la noche del 27 de noviembre de 2009 a las 19 horas cuando una custodia llevó a Brenda a una sala de audiencia. Al llegar a dicha sala, ella refiere “que al abrir la puerta vió a tres hombres volteados hacia la ventana. Recibieron una orden, se pusieron el pasamontaña y fueron hacia ella”, cuenta Enriqueta Cruz Gómez, madre de Brenda Quevedo Cruz al Toque de RNW,  y añade que por más que Brenda le pidió a la custodia que la llevaba del brazo que no la dejara sola, ésta hizo caso omiso. 

Una vez dentro, continúa Cruz Gómez, los hombres le preguntaron si ella sabía de parte de quién venían ante lo cual Brenda respondió que de parte de la señora Isabel Miranda de Wallace. Inmediatamente la empezaron a insultar, a patearle el estómago; después le pusieron una bolsa en la cabeza y la comenzaron a asfixiar.

Le advirtieron que no intentara gritar porque todos estaban de acuerdo, desde el director del penal hasta los vigilantes, por lo que nadie la escucharía.

“Le jalaban los cabellos, le ponían cerca una grabadora y le decían que estaban ya cansados de sus tonterías y si le quitaban la mano de la boca y decía una estupidez le iba ir peor. Ella empezó a llorar y ellos volvieron a pegarle, a taparle la boca y le gritaban que no se hiciera la valiente ya que le iba ir peor y que se iban a quedar toda la noche”, narra Enriqueta Cruz. 

Asimismo los hombres la amenazaron con que iban a sacarla del penal y luego empezaron a tocar sus partes genitales y los pechos con brusquedad. Después le mostraron una jeringa con un líquido rojo y le afirmaron que era sangre infectada con VIH y si no les decía que ella era responsable del secuestro al igual que los demás implicados se la iban inyectar cada mes hasta que firmara la confesión de que ella era responsable del secuestro, cuenta la madre de Brenda Quevedo Cruz, y añade que esta táctica transcurrió a lo largo de hora y media hasta que los vigilantes del penal tocaron a la puerta. 

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La segunda ocasión en la que Brenda Quevedo Cruz fue torturada fue el 13 de octubre de 2010 al mediodía en las Islas Marías. Entre cinco y seis hombres fueron al lugar donde se encontraba incomunicada, una casa a medio construir. La tortura, asegura Cruz Gómez “fue tremenda, independientemente de los golpes, el agua en la nariz, de las bolsas de asfixia, fue una violación”, y añade que Brenda asegura que ella sentía que algo le metían en la vagina mientras estaba esposada. 

Los hombres le decían que si ella no firmaba iban a ir contra su familia, contra su madre y también contra su hermano, que sabían dónde encontrarlo. Al cabo de un tiempo los hombres se retiraron, pero antes de irse uno de ellos le dijo a Brenda que repitiera la razón por la que ella estaba ahí, ella respondió que era por el secuestro de Hugo Alberto Wallace y el hombre respondió: “¡No, para ti es el señor Hugo Alberto Wallace!” acompañando sus palabras de un fuerte golpe en la cara de Brenda.

En el momento en que los hombres se retiraban, uno regresó y le dió otra cachetada, cuenta la señora Enriqueta Cruz, y añade que Brenda decía “que sentía que le había volado el oído, se quedó sorda por un buen tiempo”, e insiste que la tortura fue muy fuerte.

“Por todo lo que le hicieron; el ahogamiento, los toques eléctricos, la bolsa, la amenaza y la violación. De todo esto, obviamente si quedó muy afectada mi hija, eran ya dos torturas”, explica la madre de Brenda.

Brenda fue traslada a las Islas Marías a pesar de que aún no tiene sentencia. Para Enriqueta Cruz y su familia fue como si hubiera sido secuestrada y asegura que transcurrieron más de cuarenta horas antes de que les dijeran a dónde se la habían llevado. Un comandante de enlace reconoció que él había sido el responsable y que se la habían llevado al aeropuerto. La madre de Brenda señala que ni el juez, ni el abogado ni los familiares supieron por qué se la habían llevado. “Cuando hice la denuncia, lo primero que el juez solicitó fue un informe de por qué sacaron a Brenda [de Santiaguito] sin notificación previa” cuenta Cruz Gómez y añade que después de unas diligencias los responsables justificaron que se la habían llevado por cuestión de seguridad, por su perfil y por los cargos que tenía.  

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Enriqueta Cruz Gómez denunció hace un año al ombudsman de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Dr. Raúl Plascencia Villanueva ante el actual Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, por omisión ante el caso de tortura de su hija. Ella cuenta que cuando Brenda ya había sido reubicada en el penal de máxima seguridad en la ciudad de Tepic en el Estado de Nayarit, después de lo ocurrido en las Islas Marías, empezaron a castigarla sin ningún motivo por lo que la señora Cruz Gómez empezó  a enviar nuevamente solicitudes y quejas a la CNDH. Brenda fue trasladada entonces a un cuarto de castigo llamado “El Apando”, un área muy pequeña de dos por tres metros que tiene un foco, una cámara, el WC y la regadera. 

“La veían todo el día como un animal, no la sacaban para nada, allí le llevaban la comida”, señala la madre de Brenda Quevedo Cruz, y añade que estuvo allí dos meses. 

"En una conversación mantenida entre Brenda y la psicóloga que la valoró en las Islas Marías, descubrieron que la CNDH había mentido en un escrito fechado en septiembre de 2011, en el que les informaban que los resultados de la investigación en Islas Marías indicaban que no había ocurrido nada." Al escuchar esto la psicóloga dijo que eso no era posible, puesto que ella hizo la valoración bajo los criterios del protocolo de Estambul en julio de 2011 y había salido positiva. “La CNDH ocultó esa información y permitieron que se llevaran a Brenda a “El Apando”, el cuarto de castigo”, dice Enriqueta Cruz, y añade que cuando estuvo allí, le vino una crisis nerviosa a su hija porque pensaba que la iban a volver a torturar, por eso demandamos al Dr. Plascencia Villanueva”.

Enriqueta Cruz no puede decir con certeza por qué actuó de esa manera la CNDH, pero sospecha que fue porque ella se enteró a través de la prensa de que Isabel Miranda de Wallace había promovido al Dr. Raúl Plascencia Villanueva para que lo nombraran ombudsman, y además “hemos pensado y se ve muy claro que todo lo que hicieron en 2010 y 2011 fue porque estaba por entregar el Dr. Plascencia Villanueva el premio de Derechos Humanos a la señora Wallace”, señala Enriqueta Cruz.  

Ante el hecho de que el caso de Brenda saliera positivo en el protocolo de Estambul, Enriqueta Cruz asegura que el Estado mexicano no ha resarcido el daño que esto ocasionó a su hija. Únicamente a principios de febrero del año pasado le atendió un psiquiatra debido a que se sentía muy mal y sufría de insomnio y taquicardia por lo que la medicaron. La CNDH por su parte la visitó en tres ocasiones después de la demanda.

En cuanto al estado físico, psíquico y emocional actual de Brenda Quevedo Cruz, asegura Enriqueta que “está saliendo poco a poco” y añade que apenas la integraron en terapia con una psicóloga, pero en realidad está muy sola y se está apoyando en la Biblia. Además, comenta que “le quitaron todos los medicamentos y eso le afectó mucho porque le estaban dando altas dosis, en realidad no le están dando una buena atención médica”.

El infierno de la justicia mexicana

La tortura se ha vuelto una práctica sistemática por parte de las autoridades mexicanas a partir de que el ex presidente Felipe Calderón emprendiera su lucha contra el crimen organizado en 2006. Desde entonces, los presuntos culpables han enfrentado maltrato, abusos y vejaciones a mano de la policía y de las fuerzas de seguridad con el objetivo de obtener información sobre el crimen organizado u obligarlos a confesar su supuesta culpabilidad. Según Human Right Watch, esto ocurre generalmente entre el periodo que transcurre “arbitrariamente la detención” de las víctimas hasta que son presentadas ante el ministerio público. En ese lapso de tiempo las víctimas son mantenidas incomunicadas. 

De acuerdo con el informe de 2011 de Amnistía Internacional  “Culpables conocidos, víctimas ignoradas: Tortura y maltrato en México”, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió tan solo en ese mismo año 1.669 denuncias de torturas y malos tratos, sumando un total de 4.841 desde el 2007. Sin embargo, el informe señala que si bien la información ofrecida por la CNDH  “es la más exhaustiva que se dispone”, pero subraya que sigue estando muy lejos de representar la verdadera cifra de denuncias de tortura de todo el país. Esto se debe, según indica dicho informe, que la CNDH únicamente interviene cuando hay funcionarios federales implicados en los abusos, por lo que los datos de dicho organismo “no incluyen necesariamente las denuncias de torturas y malos tratos cometidas por funcionarios estatales o municipales (salvo si hay también funcionarios federales presuntamente implicados)”.

Algunas de las tácticas de tortura que son utilizadas por los miembros de todas las fuerzas de seguridad, según Human Right Watch y que documenta en su informe de noviembre de 2011 “Ni Seguridad, ni derechos”, en general incluyen golpizas, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico, asfixia por ahogamiento, tortura sexual y amenaza de muerte. Durante el primer año del gobierno del actual presidente Enrique Peña Nieto, la CNDH— indicó a través de su ombudsman el Dr. Raúl Plasencia Villanueva— que se recibieron 1.506 quejas por tortura y tratos crueles, cifra que representa el 30% menos respecto al 2012, último año del gobierno del presidente Felipe Calderón, cuando sumaron un total de 2.113.

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