Ley de Telecomunicaciones mexicana: 5 puntos polémicos

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Las últimas modificaciones en materia de telecomunicaciones en México son trascendentales, pero parecen no acabar con la posición privilegiada de algunas televisiones en el país.

Aunque no ha encendido la polémica al nivel de la reforma energética, las modificaciones en materia de telecomunicaciones son trascendentales.
México es un país donde unas cuantas empresas (especialmente, Televisa, TV Azteca y América Móvil) aglutinan la mayoría del mercado.

Eso repercute en la escasa calidad de los contenidos mediáticos, en el deficiente servicio en sectores como la telefonía móvil, además de una distribución inequitativa de la riqueza.

El año pasado, la reforma a nivel constitucional en materia de telecomunicaciones abrió la esperanza de un mejoramiento del sector. Luego vinieron las discusiones, las críticas y las protestas. Al final, quedó promulgada una legislación secundaria muy debatible que modifica muchas cosas, pero aún no hay certeza de que realmente mejore las telecomunicaciones.

A continuación algunos de los puntos más polémicos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión:

  • 1. Movimientos estratégicos

Como si se tratara de un partido de ajedrez, Carlos Slim hizo una jugada cuestionable, pero legal: Redujo sus activos de telecomunicaciones a menos del 50% del mercado para evitar ser considerado “preponderante”.

De esta forma, su empresa América Móvil evitaría tener que ofrecer gratuitamente su infraestructura con otras empresas. Además, esto abre la posibilidad de que participe en el sector de la televisión de paga, en gran crecimiento en México.

Este movimiento puede ser interpretado como un logro de las reformas, pero también como una declaración de intenciones para dejar claro el poderío de América Móvil. Como lo explica la especialista María Elena Meneses: “el anuncio de Slim puede ser interpretado de dos formas: como un triunfo de la reforma de Peña Nieto que obligó a un casi monopolio a reducir su participación en el mercado —como ha señalado el Secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza—, o bien, como una llamada de atención del poderoso Slim, que luego de meses de estoicismo pisa firme para decir: ‘Aquí mando yo.”

  • 2. Medios sociales marginados

Los medios comunitarios e indígenas recibieron un trato marginal en la nueva legislación. La presión de los medios comerciales logró que la Ley limite los ingresos de dichos medios a publicidad gubernamental. Esta medida, además de disminuir el margen de acción financiera, también abre la puerta a prácticas cuestionables al momento de asignar dicha publicidad.

Aunque la Ley contempla que la publicidad gubernamental se reparta equitativamente, existe el riesgo de que tal asignación se preste a condicionamientos y malas prácticas.

  • 3. Protección “a medias” de la privacidad en Internet

Existían voces de alerta sobre los supuestos mecanismos de censura que esta Ley podría permitir. Sin embargo, de acuerdo con Raúl Trejo Delarbre, tales amenazas se resolvieron o, al menos, fueron acotadas. Ejemplo de ello es el hecho de que la propuesta para permitir el bloqueo de contenidos en línea fue rechazada y no aparece en el texto de la Ley. Sin embargo, la Ley sí obliga a las compañías de telecomunicaciones a guardar información sobre sus usuarios y proporcionarla a las autoridades; así como también la geolocalización.

En palabras de Trejo: “Hubiera sido deseable que algunas de esas medidas, especialmente la geolocalización, tuvieran que emprenderse por indicaciones de un juez. En cambio la intercepción de teléfonos sólamente podrá realizarse por instrucción judicial”.

  • 4. Ética “a fuerza”

Habrá sanciones para los medios que no tengan un código de ética. Los lineamientos principales de dichos códigos serán determinados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Este ordenamiento puede ser visto como algo positivo, pues hasta ahora sólo una pequeña parte de los medios mexicanos contaba con un código de ética. Sin embargo, si consideramos que la ética es un compromiso adquirido por convicción, es difícil de conciliar con una legislación que imponga la creación de códigos bajo parámetros predeterminados.

  • 5. Sin impulso a contenidos independientes

Es bien sabido que los contenidos audiovisuales en México son monopolizados en un gran porcentaje por Televisa. Otros grupos como TV Azteca tienen un porcentaje menor del mercado, pero suficientemente grande para marginar a las productoras independientes.

La reforma constitucional aseguraba que las leyes secundarias debían entablar mecanismos para promover la difusión de contenidos nacionales independientes. Sin embargo, los recursos con los que quedó la Ley son limitados.

En palabras de Trejo Delarbre: “Únicamente (artículo 248) permitieron que las empresas que destinen a la producción de esa índole al menos el 20% de su programación podrán aumentar sus tiempos para publicidad hasta en cinco puntos porcentuales. Además, cuando al menos 20% de la programación sea ocupado por producción nacional (sin que tenga que ser independiente) la comercialización podrá incrementarse en hasta 2%”.

Dicho lineamiento pudiera verse como un estímulo a la producción independiente. Sin embargo, está por verse si esos puntos porcentuales extra de publicidad pueden ser lo suficientemente atractivos para que las empresas destinen una quinta parte de sus contenidos a producciones nacionales. Es posible que el beneficio no les resulte redituable y quede simplemente en una buena intención.

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