Los desaparecidos: ni vivos ni muertos

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“La desaparición forzada en México es una estrategia de terror”, afirma contundente Federico Mastrogiovanni. “El terror paraliza, no te deja pensar”, continúa. “El terror en México actualmente se usa para sacar a la población, hacerla huir, “limpiar” las zonas donde hay recursos estratégicos y explotarlos sin pedir permiso a nadie, sin consultar a nadie”, sostiene Mastrogiovanni, el periodista italiano que analiza las desapariciones forzadas en México.

Por Marta Durán de Huerta

En su libro, “Ni vivos, ni muertos”, Federico lanza tesis como puñales: “La cuenca de Burgos, ubicada al norte de Veracruz, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León tiene la cuarta  parte de la reserva mundial de gas shale (gas de lutita). Ese territorio está bajo el control de los Zetas, pero inexplicablemente el Estado no ha podido hacer nada en contra de ellos. Las desapariciones forzadas son parte de una estrategia para agilizar el desplazamiento forzado de la población en zonas con recursos estratégicos. Donde hay violencia, hay petróleo y los periodistas son incómodos, indeseables, asesinables, como Gregorio Jiménez del diario Notisur en Veracruz”, argumenta el también maestro en Ciencias Políticas.

Nos recuerda que, según Artículo 19, la ONG de defensa de periodistas, el gobierno del priista Javier Duarte Ochoa (2009-2013), diez periodistas fueron asesinados, cuatro desaparecidos y 132 agredidos, además de decenas de exiliados, tan solo del estado petrolero de Veracruz. Siempre en la versión oficial, los comunicadores figuran como asesinados por “motivos pasionales”.

Desaparición forzada

Desde el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) hasta la fecha, hay entre 26 y 27 mil casos de desapariciones forzadas.

La desaparición forzada es una categoría jurídica, es una violación de Derechos Humanos y según la legislación nacional e internacional es un delito, según explica un abogado especialista en Derechos Humanos que pide el anonimato: “Su característica principal y la más importante es que participa un agente del Estado (generalmente policías, soldados, marinos, etcétera) o un particular con la adquicencia o consentimiento del Estado, con el objetivo de alejar a estar persona de la protección legal”, subraya el hombre, maestro en Derecho y además, advierte: “Es pluriofensiva porque se comenten muchas violaciones, se vulnera la integridad física, el derecho a la vida y el derecho al acceso a la justicia del desaparecido. Son violaciones continuas en tanto no aparezca la persona o su cadáver”, resume el profesor investigador.

El gran problema de los desaparecidos en México es que no sabemos quién se los llevó ni por qué motivos y tampoco existen investigaciones. El informe más reciente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que de los casi 27 mil desaparecidos, sólo en 800 casos se tiene la certeza de la participación de algún agente del Estado. De los demás, no se sabe.

“Aunque digan que el responsable es el crimen organizado, como éste está coludido con los agentes del Estado, pues entonces es una desaparición forzada”, concluye nuestro entrevistado anónimo.

¿Por qué no se investiga?

El abogado, con amplia experiencia en tribunales internacionales explica: “México ha firmado dos convenciones internacionales muy importantes sobre desapariciones forzadas, una en el ámbito interamericano y otra en las Naciones Unidas, ambas aplicables en todo el territorio nacional. Estos instrumentos legales no se aplican”, y añade: “Es indispensable tener un registro de todos los desaparecidos. Apenas en el gobierno de Peña Nieto se comenzó a hacer uno, pero hay que depurarlo, actualizarlo y lo más importante, crear un banco de datos genético formado a partir de los restos localizados en narcofosas, fosas comunes y muestras de sangre de los familiares desde que hacen la denuncia. La Secretaría de Gobernación es la encargada de hacer este registro pero es fundamental la investigación de las autoridades locales”, concluye el experto.

Tocando fondo

José Reveles, periodista desde hace casi medio siglo e investigador por décadas de las desapariciones forzadas, dice a El Toque de RNW: “Pensamos que en el gobierno de Felipe Calderón habíamos tocado fondo cuando, según la Subsecretaria Lía Limón, hubo 27 mil desaparecidos, pero de acuerdo con la Secretaría de Gobernación, en lo que va del gobierno del priista Enrique Peña Nieto hay 8 mil desaparecidos más. No hay cambio de paradigma punitivo para combatir a los cárteles, descabezarlos en las calles, pero mantiene intacta su estructura financiera como en Tamaulipas y Michoacán, donde se ve con claridad”, expone el autor de una docena de libros sobre crimen organizado.

Y continúa: “Siguen las desapariciones forzadas. La versión oficial es que la delincuencia organizada es responsable de los levantones, es decir, de las desapariciones forzadas, pero según los familiares de las víctimas se puede ver una participación activa y creciente de las fuerzas armadas (policías federales, municipales, estatales, soldados, marinos) en las desapariciones”, resume Reveles y apunta que “todos los casos que presenta Mastrogiovanni son víctimas de la autoridad, presentadas oficialmente como víctimas de la delincuencia. A los gobiernos les conviene dar cifras altas de muertos como si fueran éxitos de la guerra”.

Reveles recalca: “Llegamos a la siniestra conclusión de que la guerra contra el narcotráfico es negocio. Estamos hablando de 120 mil millones de pesos en el último año de Calderón y según Roberto Campa, en el primer año de Peña Nieto hubo más inversión para la guerra contra el crimen organizado que lo que había con Calderón. Se informa menos para que no haya tanta crispación pero no significa que no esté ocurriendo. Las estadísticas muestran que estamos peor que en el sexenio pasado”.

FUNDES, organización de defensa de los Derechos Humanos de la diócesis de Saltillo, calcula entre 35 y 45 mil desaparecidos en los últimos siete años, sin contar a los centroamericanos. Las familias centroamericanas estiman que son 80 mil los migrantes indocumentados desaparecidos en los últimos diez años. Cualquier cifra, desde la más chica hasta la más grande es terrible. El Subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República Ricardo García Cervantes acaba de renunciar. No aguantó tanto dolor, tanto horror y se enfermó.

“El país es como un queso gruyere con tanta fosa clandestina. Es una desgracia nacional”, remarca José Reveles.

Nacht und Nebel

Esteban Hassan, profesor investigador de la Universidad Metropolitana, especializado en el fascismo europeo y el fenómeno que supone su transplante y cultivo en el continente americano, dice a nuestros micrófonos: “Alguien ejecutado abiertamente, no deja duda sobre el quién y por qué. Pero los asesinatos producen resistentes y tenemos el ejemplo de que cada sepelio de una víctima de Sha de Irán se convirtió en un mitin político, en una manifestación de repudio mayor contra la dictadura”. Lo mismo sucedió en Sudáfrica, explica el investigador.

“El decreto de 'noche y niebla' plantea que la desaparición forzada debió infundir un efecto intimidatorio en los países ocupados por los nazis donde hubo resistencia de la población, prosigue Hassan. El decreto Nacht und Nebel plantea que por ningún motivo deberá ser proporcionado dato alguno sobre el paradero de los desaparecidos porque eso eliminina el efecto aterrorizante de la estrategia”. 

“En una desaparición forzada todas las personas del entorno de los desaparecidos sufrirán, estarán muy angustiados y no podrán realizar el duelo que es una necesidad psíquica humana. No solo el desaparecido es víctima, sino que todos los que están en su entorno también lo son. Aún peor, a las familias que buscan a los desaparecidos se les arremete, amedrenta e incluso se les asesina, como fue el caso de las Madres de la Plaza de Mayo” relata el experto en fascismo.

La desaparición forzada es pilar básico en la desmovilización de la población.

Esta práctica llegó a América Latina a través de los nazis expertos en Contrainsurgencia al final de la Segunda Guerra Mundial. Llegaron a Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Brasil y Bolivia. Para evitar que alguien siguiera el ejemplo de la Revolución Cubana en Latinoamérica, Estados Unidos implementó una política de Contrainsurgencia con dos pilares, la Alianza para el Progreso (un paquete de medidas económicas paliativas para evitar estallidos sociales) y el terrorismo de Estado. En este último, la tortura sistemática y desaparición forzada son centrales. 

La ciencia de la Contrainsurgencia

“En la escuela militar francesa de Saint-Cyr, a raíz de la derrota francesa en Vietnam, los militares decidieron dar formación a sus soldados para no volver a sufrir una humillación como la infringida por la ex colonia. Esto coincide con la rebelión en Argelia, y ese país se conviertió en un laboratorio de experimentación de las nuevas técnicas de tortura y nuevas formas de Contrainsurgencia”, afirma Esteban Hassan y agrega: “A la escuela militar de Saint-Cyr van los militares latinoamericanos y norteamericanos a prepararse y piden que los militares franceses vayan a sus países a impartir cursos. Y así lo hicieron en Brasil y en Argentina. Alain Trinquier escribió un manual que aún hoy se estudia en las academias militares”.

El libro "Ni vivos ni muertos" es parte de un documental que se vende como si fuera una copia pirata en el barrio de Tepito.

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Marta Duran de Huerta, periodista y socióloga mexicana

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