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Un golpe a los derechos humanos

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Activistas en México alertan lo que está sucediendo con la reforma constitucional en materia de derechos humanos.

Por SinEmbargo

La reforma constitucional en materia de derechos humanos en México, aprobada en 2011, sufrió un importante retroceso.

Así lo considera el investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos (IMDHD), Edgar Cortez Morales, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera una contradicción de tesis y con 10 votos a favor decidiera que “los derechos humanos de fuente internacional a partir de la reforma al Artículo 1° constitucional tienen la misma eficacia normativa que los previstos en la Constitución, es decir, se les reconoce el mismo rango constitucional”, lo cual va en concordancia con la reforma de 2011.

Pero también acordó que “cuando haya una restricción expresa en la Constitución al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional”, y es ahí donde radica la regresión e incluso el peligro para los derechos humanos, indica el activista.

Cortez Morales lo interpreta como un paso atrás “porque entonces lo que está firmado en tratados internacionales como el derecho de una persona a estar ante una autoridad luego de ser detenido y saber cuál es la acusación para la defensa, se puede vulnerar ante una figura como la del arraigo, de recurrente práctica en México, e incluida en la Constitución, y que para organismos internacionales, como Amnistía Internacional, es violatoria a los derechos humanos”.

El máximo tribunal del país debía determinar si las normas de derechos humanos reconocidas en tratados internacionales, se relacionan en términos jerárquicos con aquellas reconocidas en la Constitución.

“Con la decisión de la Suprema Corte, la figura del arraigo no se puede cuestionar aunque haya instrumentos internacionales que lo cuestionan, no se puede hacer nada”, lamenta Cortez.

Con la votación del pleno de la SCJN cuestionamientos al arraigo y a la prisión preventiva pierden efectividad, y añade: “si una norma en la Constitución es contraria a los derechos humanos internacionales (con la votación de ayer) no tienes nada que hacer”.

“La SCJN teniendo la posibilidad de votar en sentido original y consolidar nuestro avance, decide dar un paso atrás y hace tortuoso un proceso para que sean efectivamente protegidos los derechos humanos”, dijo Cortez.

Posturas regresivas
Desde 2011, luego de la aprobación de reformas constitucionales en materia de derechos humanos, hubo revisión sobre si la Constitución estaba por encima de tratados internacionales de derechos humanos.

Se estudió el Caso Radilla, que es el de una persona desaparecida en la década de los setenta, en la llamada “Guerra Sucia” de la que se responsabilizó al Ejército Mexicano, y cuyo caso fue llevado ante la Corte Interamericana que determinó que sí había responsabilidad militar.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisó el caso para ver si no se contradecía con la Constitución y ese mismo año determinó que no.

A inicios de 2013, el diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Francisco Arroyo Vieyra, presentó una iniciativa para proponer que los tratados internacionales no podían estar por encima de la Constitución, pero debió retirarla ante la protesta de organismos de derechos humanos.

El tema llegó de nuevo a la mesa de las discusiones, luego de que la SCJN aprobó resolver una contradicción de tesis entre dos juzgados, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

El máximo tribunal del país debía determinar si de acuerdo con el marco constitucional vigente las normas de derechos humanos reconocidas en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, se relacionan en términos jerárquicos con aquellas reconocidas en la Constitución, o si, por el contrario, todas forman parte de un mismo catálogo de derechos que integran el parámetro de control de la regularidad constitucional.

Organizaciones de la sociedad civil como el propio IMDHD, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez o la Red Todos los Derechos para Todos y Todas, alertaron de que “el debate ha evidenciado posturas que expresan posiciones regresivas en materia de derechos humanos con las que se busca desconocer el objeto de la reforma de 2011 y volver a un paradigma que permitiría la violación de derechos humanos reconocidos internacionalmente”.

Artículo original de Sin Embargo.

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