Venezuela implanta control de costos y precios

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El Gobierno de Venezuela se atribuyó la facultad de fijar costos y precios de bienes y servicios esenciales para la población, como alimentos, enseres, uniformes escolares, medicinas o materiales de construcción.

Con tal fin, dictó la ‘Ley de Costos y Precios Justos’, por decreto, pues el Parlamento, que en diciembre del 2010 era 95 por ciento oficialista, autorizó al presidente Hugo Chávez a legislar durante año y medio sobre decenas de materias, incluido el manejo de la economía.

Motivos de la nueva ley son la carestía y la escasez de productos y algunos servicios. Desde hace más de cinco años, Venezuela tiene la inflación más alta de América, superior al 20 por ciento anual, y más de 30 por ciento en alimentos. Adicionalmente, en tiendas de abasto y supermercados falla de modo intermitente la oferta de aceite, azúcar, café, carne vacuna, leche líquida o algunos granos.

Consumidores consultados espontáneamente en mercados populares de Caracas dan cuenta de esta situación, y se quejan de que los precios de casi todos los productos aumentan diariamente. Artículos como el pescado son prohibitivos, el dinero no alcanza, las medicinas son muy costosas, así como la atención médica, y algunas clínicas cobran lo que quieren.

Otros preguntan si es posible vivir con una pensión. “Los precios suben bastante, pero con leyes que limiten el comercio tendremos escasez. La gente no podrá buscar ofertas y tendremos más colas para comprar productos que se venderán por debajo de la mesa con más especulación," comentan.

La desconfianza en las nuevas normas y regulaciones está presente en pequeños comerciantes de víveres, por ejemplo, porque deben ajustar sus precios según los valores a los que deban comprar los productos, excepto los de precio regulado.

"Creo que con regulaciones se van a incrementar los costos y el mercado negro,” advierte un comerciante. “Cuando un proveedor no nos entrega los productos, porque hay poca producción, debemos comprarlos a revendedores. Si hay especulación, no es grande, muchas veces debemos vender productos a precios regulados, con pérdidas pero debemos tenerlos porque son de primera necesidad".

El texto de la nueva ley recuerda "el supremo compromiso y la voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo", y establece que todas las empresas que ofrezcan bienes o servicios en los ramos que el Gobierno determine, deberán inscribirse en un registro y acudir a reuniones con las autoridades que establecerán cuáles son sus costos reales y sus precios.

El vicepresidente Elías Jaua informó que, aunque la ley es de transición al socialismo, no pretende suprimir la economía privada sino derrotar la especulación. Así mismo, sostuvo que no buscarán que las empresas trabajen a pérdidas y que los precios que se fijen tendrán en cuenta particularidades de cada sector, así como diferencias entre regiones.

Sin embargo, empresarios y gremios, analistas económicos, juristas y dirigentes de la oposición han reaccionado sosteniendo que la nueva ley busca abatir al sector privado y colocará en manos del Gobierno la facultad de fijar discrecionalmente quién podrá producir o vender y quién no, generándose carestía, escasez y desempleo.

A juicio del director de la Cámara de Comercio e Industria de Caracas, Víctor Maldonado, el juego del Gobierno consiste en equiparar inflación con especulación y aprovechar la coyuntura para transitar hacia una hegemonía socialista.

"En los consumidores se cruzan las percepciones de inflación crónica y falta de creencia en este Gobierno que quiere reducir el problema de inflación a especulación,” asegura, “y cuyo juego está claro, pues se define como socialista y tiene como proyecto el llamado socialismo del siglo XXI. En sus documentos asienta que quiere pasar de un socialismo que conviva con el sector privado a un tipo de socialismo totalitario, en el cual el Estado tenga la mayoría, la hegemonía o la totalidad de la economía. Esta ley no es la única que nos indica que el Gobierno se toma en serio su cronograma de acceso al socialismo".

Por otra parte, según Maldonado, "el Talón de Aquiles del Gobierno son los resultados de su política económica, que son muy malos. Por eso, esta ley tiene una presentación política, de convertir la inflación en especulación. Pero al Gobierno le ha caído encima el viejo apotegma de que quien tiene todo el poder tiene toda la responsabilidad, y ahora le toca rendir cuentas".

Esta ley, que entrará en vigencia plena dentro de 90 días, cuando comience a operar una Superintendencia gubernamental que fijará costos y precios, es una apuesta para el Gobierno, porque deberá hacer que cambie el panorama para el 2012, cuando el país estará en campaña para una elección presidencial en la que Hugo Chávez buscará otro mandato de seis años, y la oposición tratará de desbancarle.

Por añadidura, el timonel de la nueva economía y ya candidato Hugo Chávez, enfermo de cáncer, se encuentra en Cuba, donde se somete a un tratamiento de quimioterapia para lograr su recuperación.

Finalmente, una paradoja: la nueva ley no se ve como oportunidad para corregir el precio más absurdo en la economía venezolana, la gasolina, un monopolio estatal. Un automovilista puede llenar todo el depósito de su vehículo por la tercera parte del precio de sola gaseosa o de una botellita de agua mineral.

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