Yaki, el infierno de ser violada y enfrentar a la justicia penal

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El sistema judicial mexicano muestra todas sus debilidades en el caso de Yakiri Rubí Rubio. Las mujeres víctimas de violencia sexual en México, no sólo enfrentan a un mundo machista, sino también, a un sistema judicial de jerarquía patriarcal que les exige pruebas y las re-victimiza en aras de lograr un tipo machista de justica.

Por Omar Rabago/ @cencos

El caso de Yakiri Rubí Rubio ilustra que hay mucho camino que queda por recorrer en la sociedad mexicana para que se pueda incluir la perspectiva de género, y mucho más, lograr que se incluya dentro del sistema penal.

Yaki, como se le llama cariñosamente, fue acusada inicialmente de homicidio doloso, ya que al defenderse de uno de los dos agresores logró utilizar la misma arma con la que la iban a matar y utilizarla en su contra.

Posteriormente, al acreditarse la violación, se modificó a exceso de la legítima defensa, que no es grave y le permite continuar su proceso en libertad tras el pago de la caución. Para esto se le fijó una fianza de 423. 800 pesos (31 mil dólares). Dinero que fue juntado a través de aportaciones personales, para que pudiera salir libre este miércoles.

El ataque a Yaki
La pesadilla de Yaki comenzó el 9 de diciembre de 2013 cuando fue víctima de un ataque que incluyó violencia sexual. La Procuraduría del DF el 17 de diciembre señaló que no estaba acreditado que Yakiri hubiese sido agredida sexualmente y que había llegado al hotel, y no forzada, sino por voluntad propia. Cuestión que se modificó después de un peritaje en psicología que acreditó secuelas emocionales de agresión sexual.

La defensa señaló varias inconsistencias durante el caso y las fotografías donde se mostraban las lesiones que había sufrido las autoridades primero se extraviaron y posteriormente aparecieron.

El 11 de diciembre Yakiri ingresó al Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla donde recibió amenazas de otras internas por lo que fue trasladada al penal femenil de Tepepan. José Luis Rubio y Marina Beltrán dejaron sus actividades cotidianas para apoyar a su hija en todo momento.


Justicia Penal en México
El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto en materia de Seguridad y Justicia para implementar un nuevo Sistema de Justicia Penal que deberá de entrar en vigor en todo el país en 2016. Éste, que tiene entre sus objetivos lograr que haya agilidad y transparencia en todos los procesos penales, tanto para las víctimas como para los presuntos responsables y de esta manera la ciudadanía tenga acceso a la justicia.
 

En el Distrito Federal en 2010 se inició la transformación en las instituciones de Justicia, seguridad pública e impartición de justicia para implementar un nuevo Sistema de Justicia Penal. Por todo lo que vimos en el caso de Yakiri, parece que esto no fue informado a todas las autoridades responsables de la justicia en la capital del país.

El pasado 20 de febrero en un evento la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República (PGR) junto con los congresos del país firmaron un acuerdo para la implementación del nuevo sistema de justicia penal para coordinar y armonizar su ejecución.

El propio titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, dijo “estamos llamados a perseguir el delito, pero también a garantizar a los ciudadanos el derecho a un proceso justo”. Miguel Ángel Osorio Chong reconoció que existe la voluntad y los instrumentos para concretar esta reforma, pero para su implementación requiere un cambio cultural trascendente, pues se tiene que modificar la concepción de que la justicia es sólo para unos cuantos y que el sistema debe ser eficaz. Estas declaraciones dejan ver que funcionarios de alto nivel del Gobierno Federal reconocen los problemas fundamentales para que en México exista una certeza jurídica y que falta mucho para el acceso a la justicia y así combatir la grave impunidad que prevalece.

Acceso a la justicia de las mujeres
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos se basa en la premisa de que el acceso a recursos judiciales idóneos y efectivos constituye la primera línea de defensa de los derechos básicos.

Diferentes pactos y tratados internacionales de derechos humanos afirman el derecho de las mujeres de acceder a una protección judicial que cuente con adecuadas garantías frente a actos de violencia.  Los Estados, entre ellos México, tienen la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar estos actos. 

El deber de los países de proveer recursos judiciales no se limita a una disponibilidad formal, sino que tales recursos deben ser idóneos para remediar las violaciones de derechos humanos denunciadas. 

Un informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos humanos señala que “…existe una gran brecha entre la incidencia y la gravedad del problema y la calidad de la respuesta judicial…la CIDH ha constatado en varios países un patrón de impunidad sistemática en las actuaciones y en el procesamiento judicial de estos casos… Este contexto de impunidad perpetúa la violencia contra las mujeres como un hecho aceptado en las sociedades en menoscabo de sus derechos humanos.”

Dicho informe menciona que existen “…importantes deficiencias que afectan negativamente la investigación de casos de violencia contra las mujeres: retrasos injustificados en las diligencias necesarias por parte de las instancias encargadas de efectuar la investigación, y la sanción eventual de los casos.”

Otro informe de la CIDH sobre el Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia Sexual: La Educación y la Salud, documenta que los obstáculos presentados en la etapa de denuncia tienden a continuar en la fase de investigación.  El énfasis exclusivo en la prueba física, y la poca credibilidad conferida a la palabra de las víctimas continúan siendo, desde  el punto de vista procesal, dos de los mayores impedimentos para el acceso a la justicia de mujeres que han podido superar las limitaciones enunciadas y han procedido a hacer una denuncia.”
El caso particular de Yakiri, entre otros muchos más, deja al desnudo el déficit en el sistema judicial mexicano y lo mucho que hay que hacer al respecto.
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