De acuerdo con el “cronograma legislativo” aprobado este diciembre de 2019 por la Asamblea Nacional, hasta 2028 se deberán aprobar 107 nuevas normas jurídicas en Cuba.

Dividido en dos etapas, el proceso abarca la actual legislatura (hasta 2023) y la próxima (2023-2028). En un primer momento se aprobarían 39 Leyes y 31 Decretos-Leyes, mientras que en el segundo, 24 Leyes y 13 Decretos-Leyes. Hasta aquí la información pública disponible. Pero ¿cuáles son esas normas y en qué momentos se aprobarán?

El Toque Jurídico tuvo acceso al documento con el cronograma que le fue entregado a los diputados presentes en la sesión y que los representantes aprobaron. El texto arranca en julio de 2020 e identifica el nombre de la disposición, su fundamentación y la fecha y ponente encargado de presentarla. Temas de todas las ramas del derecho, algunas de ellas deudas históricas con la legislación en el país, se incluyen en este listado. Otras quedaron fuera.

En lo más inmediato se establece la discusión y aprobación de Leyes como las de Revocación (de mandatos públicos) del Servicio Exterior, de Reclamación de los Derechos Constitucionales ante los Tribunales, de Defensa y Seguridad Nacional, de Transparencia, Migración y de la Vivienda, y también un nuevo Código Penal; entre otros.

También un primer paquete de Decretos-Leyes que abarcarán temas como el uso de organismos genéticamente modificados en la agricultura, los servicios postales, el patrimonio estatal, la cooperación internacional que Cuba ofrece y recibe, y la contratación de la fuerza de trabajo individual para el exterior.

La nueva Constitución, aprobada en abril de 2019, establecía en sus disposiciones transitorias que la Asamblea Nacional debía proponer una ruta que diera cumplimiento a los preceptos enunciados en el texto y que regulara los términos para su implementación. Pero además de la carta magna, la materialización de los Lineamientos de la Política Económica Social del Partido Comunista es una fuente de inspiración decisiva en la nueva legislación.

El cronograma califica las normas jurídicas a aprobar en normas “derivadas de la Constitución”, “derivadas de los Lineamientos” y “propuestas por los Organismos de la Administración Central del Estado (OACEs)”.

De acuerdo con la clasificación realizada en el documento, el 55,7 % de las normas que se pretenden emitir en lo que resta de legislatura (39) serían normas derivadas de los Lineamientos, el 40 % derivadas de la Constitución (28) y el 4.3 % propuestas por los OACEs (3).

Dentro de las “normas derivadas de la Constitución”, destacan las relacionadas con derechos y garantías constitucionales. Así, por ejemplo, se espera que para octubre del 2020 se apruebe una ley que implemente un nuevo procedimiento Civil, Laboral y Económico y en julio de 2022 una nueva Ley de Asociaciones. Esta última regulará los requisitos para la autorización de la creación de las formas asociativas en Cuba y su funcionamiento.

Dentro de las normas “derivadas de los Lineamientos” debe ser aprobada en julio de 2021 una nueva Ley del Medio Ambiente y en abril de 2022 una Ley de Empresas cuya redacción ha sido encomendada a la Comisión de Implementación y Desarrollo, dirigida por Marino Murillo.

Cronograma legislativo de leyes por aprobar entre 2020 y 2022.

El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, en su discurso de clausura del período de sesiones el 21 de diciembre de 2019, reconocía: “en los próximos meses y años debemos aprobar nuevas leyes y prepararnos para legislar sobre temas trascendentes por su alta sensibilidad, que incluye algunos que han sido motivo de preocupación por diversas personas, relacionados con la violencia de género, el racismo, el maltrato animal y la diversidad sexual”.

De los temas mencionados por Díaz-Canel, al parecer, solamente encontrarán respaldo en la labor de la presente y la siguiente legislatura los relacionados con el bienestar animal (Decreto-Ley sobre Protección Animal) —que será presentado por el ministerio de la Agricultura en noviembre de 2020— y la diversidad sexual (Ley de Identidad, Ley del Estado Civil y Código de las Familias); este último será presentado por el ministerio de Justicia en marzo de 2021 y discutido con los diputados en diciembre de 2021, para darle forma al proyecto que se llevará a referendo en el año siguiente.

Una ley integral contra la violencia de género y una contra la discriminación racial han llegado al discurso del presidente pero, al parecer, requerirán de mayores esfuerzos ciudadanos para su conversión en normas jurídicas.

No obstante, esa no es la única preocupación que pudiera derivarse del análisis del cronograma. La Ley de Funcionamiento y Organización de la Asamblea Nacional y el Consejo de Estado, también aprobada en el recientemente culminado Período ordinario de sesiones, establece en su artículo 263 la facultad excepcional del Consejo de Estado de modificar las Leyes, mediante Decretos-Leyes. Quedaron excluidas de modificaciones por una norma de rango inferior, aquellas leyes referidas a derechos, deberes y garantías constitucionales o a la integración y funciones de los Órganos superiores del Estado.

Esa disposición, hasta la revisión del cronograma, pudo haberse interpretado como la solución a lo que las propias autoridades cubanas han reconocido como una “problemática”: el uso de Decretos-Leyes (aprobados solo por las 21 personas que integran el Consejo de Estado) para modificar Leyes (que deben ser aprobadas por el plenario de la Asamblea, ahora compuesto por 605 diputados, y tras las próximas elecciones, por 474). Parecía el reconocimiento de que los derechos, deberes y garantías constitucionales solamente podrían ser regulados mediante leyes, no modificables por decisiones tomadas por el Consejo de Estado.

Sin embargo, el 89,3% de las normas jurídicas declaradas como “derivadas de la Constitución” en el cronograma serán emitidas en forma de leyes. Se declara expresamente en el documento que tres normas relacionadas con derechos constitucionales (11,7%) serán aprobadas mediante Decretos-Leyes.

Se trata de la Protección de Datos Personales (con un Decreto-Ley previsto para noviembre de 2020), el derecho de manifestación y reunión (cuya norma, curiosamente, ha sido considerada “derivada de los Lineamientos”) y la regulación sobre las telecomunicaciones, las tecnologías de la información, la comunicación y el uso del espectro radioeléctrico, el cual se prevé sea aprobado en febrero de 2021.

El cronograma declara que en septiembre del 2021 se aprobará un Decreto-Ley que creará un nuevo organismo de la Administración Central del Estado. Siguiendo lo establecido previamente por la Política de Comunicación, dicho organismo estará destinado a “rectorar la actividad de la Comunicación Social”. Una vez constituido, se prevé que durante la próxima legislatura (2023-2028) se regule, también mediante Decreto-Ley, el derecho constitucional de libertad de prensa.

Para un segundo momento de este intenso período de actividad legislativa, el cronograma aprobado por el plenario de la Asamblea Nacional estipula volver a regular sobre algunas de las normas promulgadas como parte de la llamada “Actualización del Modelo Económico”, comenzada en 2011, como el Código de Trabajo o la Ley de Inversión Extranjera.

De igual modo, asumirán en ese período la discusión de la muy debatida Ley de Cine, junto a un nuevo Código Civil, leyes de Petróleo y Gas, de Minas, de Deporte, Cultura, Educación y Educación Superior, y la promulgación de normas inexistentes hasta ahora en el ordenamiento cubano, pero largamente debatidas en espacios teóricos, como la Ley de Culto o la de Servicios Policiales.

El cronograma legislativo recién aprobado —a pesar de las preguntas y preocupaciones que tiene implícito— sirve como hoja de ruta no solo para el gobierno cubano, sino para los ciudadanos que quieran participar en el maratón legislativo iniciado con la aprobación de la Constitución vigente.