En los últimos meses varias intervenciones urbanísticas y arquitectónicas en La Habana han acaparado la atención de la ciudadanía. Las “soluciones” materializadas en el muro perimetral de 1ra y 70, la transformación de la fachada de la Casa de Higinio Miguel, conocida como la Casa del Río, y la sustitución de las áreas verdes del último tramo de la calle G por adoquines de concreto (adocretos), han estado en el centro del debate en las redes sociales y los espacios habilitados para comentarios en sitios web como Cubadebate, Juventud Rebelde y Tribuna de La Habana.

Fuentes: Elaboración propia a partir de la información de Cubadebate y las publicaciones sobre las intervenciones en la calle G y las mutilaciones a la Casa del Río del arquitecto, conservador y profesor Universo García Lorenzo.

La progresiva ampliación del acceso a Internet en Cuba (63 % de la población en febrero de 2020) ha potenciado la expansión y diversificación de los actores que participan en el debate público online. Las redes sociales constituyen un espacio de coexistencia e interacción de instituciones y ciudadanos cada vez más diversos. Aunque se trata de un escenario en el que se dificulta el diálogo y la interpelación al poder, la agenda ciudadana ha ido permeando, paulatinamente, las agendas mediáticas y políticas cubanas, y se ha visibilizado en ciertas decisiones gubernamentales.

Fuente: Elaboración propia a partir del Decreto Ley 370 “Sobre la Informatización de la Sociedad en Cuba”.

Las discusiones sobre las intervenciones arquitectónicas y urbanísticas denotan la endeble cultura del debate y la fuerte polarización política en torno a Cuba. El debate se ha visto ensombrecido por descalificaciones entre los participantes según afiliaciones políticas (a favor o en contra del Estado) y criterios de exclusión y jerarquización de la ciudadanía, como si la condición de ciudadano, sus deberes y derechos estuvieran supeditados a permanecer en Cuba; o el nacimiento o residencia en el Vedado habilitara derechos especiales para discutir sobre el patrimonio de la nación.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Constitución de la República de Cuba.

Para algunos, las reacciones a las modificaciones de la calle G, por ejemplo, son exageradas y no guardan proporción con el fragmento intervenido. Otros destacan el valor patrimonial del entorno, más que las dimensiones alteradas. Un importante grupo enfatiza la importancia de poner estos acontecimientos en contexto y alertan sobre un conjunto de hechos recientes como el daño en la acera de La Rampa; las intervenciones con cemento y adocretos en el separador de la calle Línea y en el parque de Línea y L; así como las casetas usadas en las paradas de ómnibus.

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Las denuncias y planteamientos de la ciudadanía

Aunque los argumentos sobre el muro de 1ra y 70, los adocretos de la calle G y las mutilaciones a la Casa del Río no siempre descansan en el conocimiento y el criterio profesional de los participantes, demuestran compromiso y sentido de pertenencia. No se limitan a denunciar e interpelar a las instituciones involucradas y a los medios de comunicación, también ofrecen soluciones.

A partir del debate ciudadano en las redes sociales y los espacios habilitados para comentarios en medios de comunicación online, se pueden sintetizar denuncias asociadas a:

-Cuestionamientos a las soluciones ejecutadas desde criterios profesionales de la arquitectura, el paisajismo, el urbanismo y el compromiso medioambiental.

-Alertas sobre la posible corrupción detrás de los adocretos y la necesidad de transparentar las empresas, cooperativas o contratistas beneficiadas con la intervención.

-En la denuncia de la intervención en la Casa del Río se responsabiliza a la entidad estatal que ocupa el inmueble.

Otro eje importante del debate está asociado a la interpelación a los medios de comunicación y las instituciones involucradas, focalizado en:

-Cuestionamientos a la responsabilidad social de los medios de comunicación. Por una parte, se denuncia la confusión que generó la presentación de las modificaciones de un tramo de la calle G como si se tratara de la totalidad de la avenida. Por otra, se agradece la posibilidad habilitada por Cubadebate para discutir del tema, pero se exige un seguimiento y una investigación periodística que indague el trasfondo de los hechos y sus responsables.

-Solicitud de transparencia en relación con las inversiones públicas y el presupuesto invertido en ellas; así como de rendición de cuentas sobre las personas y entidades que participaron en la aprobación y ejecución de las obras.

-Demanda para que los responsables retribuyan la inversión pública destinada a la ejecución del muro de 1ra y 70 y los adocretos de la calle G y, además, provean los recursos necesarios en la restauración de los espacios afectados.

-Demanda de acciones en consecuencia con el patrimonio dañado y los recursos invertidos innecesariamente. En específico, respecto a la Casa del Río se esperan acciones legales y respuestas públicas.

Por último, entre las soluciones propuestas desde la ciudadanía encontramos:

-Emplear plantas resistentes a la salinidad en el último tramo de la calle G, con efectividad demostrada en contextos similares.

-Aplicar soluciones integrales en la calle G, que incluyan los problemas asociados al sistema de drenaje y las penetraciones del mar, como resultado de la investigación y la consulta con profesionales y ciudadanos. Al respecto, se reconocen y legitiman un conjunto de instituciones y centros de investigación, así como la capacidad creativa de arquitectos, urbanistas y paisajistas.

-Emplear la producción científica nacional en función de la sociedad. En esta dirección, se propone recurrir a las investigaciones generadas desde la Universidad Tecnológica de La Habana “José Antonio Echeverría” (Cujae), o a los resultados de la Estación Experimental de Pastos y Forrajes “Indio Hatuey”, que tiene entre sus líneas de trabajo “introducir y evaluar en las condiciones cubanas nuevas variedades de césped, incluyendo las resistentes a la sombra y tolerantes a la salinidad”.

-Recuperar la noción de servicio público entre los actores gubernamentales, lo que supone ofrecer explicaciones, poner rostro a los errores, consultar y dialogar con la ciudadanía.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Constitución de la República de Cuba.

-Privilegiar en las decisiones de inversión pública las dimensiones sociales y ambientales, sin descuidar los criterios arquitectónicos y urbanísticos.

-Implementar modelos de gestión responsable y transparente, que impliquen licitaciones públicas supervisadas por equipos multidisciplinarios.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Constitución de la República de Cuba.

-Consultar con la ciudadanía las intervenciones en espacios públicos. La autonomía local no debe derivar en ejercicios unilaterales de poder.

Más allá de las diferencias, los tonos, la calidad de los argumentos, estos casos dan cuenta de un debate legítimo, que responde al ejercicio de los derechos y deberes constitucionales.

La respuesta de las autoridades

El muro que confinaba el acceso al mar en 1ra y 70 fue derribado. El Consejo de Defensa provincial y el Comité Provincial del Partido de La Habana evaluaron las denuncias ciudadanas y concluyeron que “existían incumplimientos debido a una mala interpretación de Planificación Física acerca del dictamen emitido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma)”. Sin embargo, no se han esclarecido las responsabilidades por los recursos convertidos en escombro.

Respecto a las modificaciones de la calle G, el Instituto de Planificación Física (IPF) reconoció que fueron inconsultas y constituyen una “violación urbanística”. De acuerdo con la nota, “corresponde ahora restañar la herida, restaurar y preservar la mejor imagen de este ícono y propiciar el continuo verde tan necesario en nuestra ciudad”. No han sido nombrados los responsables de la decisión y la ejecución de las acciones constructivas. Tampoco se especifican los tiempos en que se restaurará y los recursos disponibles para ello.

Ambas ejecuciones fueron calificadas como “procederes incorrectos” por Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario del Comité Provincial del Partido en La Habana. El funcionario criticó a los inversionistas por desestimar las “consultas pertinentes” y por la calidad de las terminaciones; así como al IPF, el Citma, el Centro Provincial de Patrimonio Cultural en La Habana y los Gobiernos locales por no reaccionar a tiempo y detener las obras.

Las autoridades todavía no se han pronunciado sobre las mutilaciones a la Casa del Río, ocupada por una división de RTV Comercial, empresa del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT).

Más allá de la voluntad gubernamental para responder las demandas ciudadanas, estos casos evidencian la necesidad de transparentar la administración pública en Cuba y divulgar, en formatos que favorezcan su consulta, los procesos de toma de decisiones, implementación y fiscalización a todos los niveles.

Algunos aprendizajes del debate ciudadano sobre las intervenciones arquitectónicas y urbanísticas

Entre los aprendizajes que nos quedan del reciente debate ciudadano, es posible advertir la necesidad de fomentar una cultura cívica para el diálogo y la confrontación pública sustentada en argumentos sobre el tema en discusión, y no en descalificaciones por los posicionamientos políticos de los participantes.

Más allá de la capacidad de (des)aprender y el necesario ejercicio de tolerancia y aceptación de las diferencias por parte de la ciudadanía, toca a las autoridades favorecer la transparencia y el acceso a la información para la participación ciudadana informada; fomentar la cultura de la rendición de cuentas y la disposición a dialogar, y responder con agilidad ante las demandas de la ciudadanía en los espacios on/offline.

El creciente acceso a Internet de la ciudadanía cubana ha impactado en las expresiones participativas. Sin embargo, aunque el espacio online amplía las oportunidades para la denuncia y la interpelación al poder, la participación ciudadana encuentra actores políticos e institucionales poco dialogantes. Las prácticas que tienen lugar en Internet representan una excelente oportunidad para repensar, reinventar y ampliar los espacios tradicionales de participación ciudadana en Cuba y dejar atrás su carácter formal-movilizativo; pero ello dependerá de la voluntad política.

La participación y la fiscalización de la gestión pública son derechos y deberes ciudadanos. Disentir y cuestionar es legítimo y denota una ciudadanía comprometida e implicada. La confianza no es un acto ciego de fe, deriva de la experiencia acumulada como resultado de la repetición de interacciones entre ciudadanos e instituciones.

La experiencia reciente demuestra que la existencia de un marco normativo e institucional no es garantía per se para su cumplimiento, y tampoco evita interpretaciones equivocadas, malas prácticas o posibles actos de corrupción asociados a ellos. Al respecto, no solo se evidencia el papel reactivo de la ciudadanía ante lo mal hecho; también explicita la necesidad de articular prácticas participativas sustantivas en los procesos de decisión de interés público.

Los hechos dan cuenta de la falta de sensibilización por la ciudad entre algunos funcionarios, inversionistas y trabajadores; del valor de la inteligencia colectiva en la fiscalización, evaluación y aportación de soluciones integrales; y, sobre todo, de la importancia de la intervención de ciudadanos comprometidos que se sienten herederos del patrimonio nacional, y hacen suya la ciudad de manera cotidiana.

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