Cuando resta poco más de un mes para que entre en vigor el “paquete” de nuevas regulaciones para el trabajo por cuenta propia (TCP), las dudas e incertidumbres continúan en un sector que las califica como “medidas arbitrarias y que para nada cuentan con la aprobación de quienes las tienen que cumplir”.

Así lo considera la abogada Lilian Romero Moreno, asesora jurídica de la tienda-taller Clandestina, quien ha sentido que estas normativas trastocaron una estabilidad profesional, lograda con “esfuerzo y mucho sacrificio”. En particular, la regulación relacionada con la autorización de una sola actividad por persona, le ha generado más de un dolor de cabeza.

“Yo tengo dos licencias. Soy trabajadora en la tienda y, además, como nosotros tenemos un espacio en Fábrica de Arte Cubano (FAC) donde comercializamos nuestros productos, poseo otra licencia de artesana”.

Lilian recuerda que meses atrás a ella y a otros emprendedores que conoce les llegó la citación para asistir a una reunión donde las autoridades explicarían “las nuevas regulaciones publicadas en la Gaceta Oficial, respecto al empleo privado”.

Dice que quienes asistieron ya sabían de qué iba todo, y sabían también que sus opiniones tampoco contaban. “Ni siquiera para aclarar dudas valió ese encuentro”, que los representantes gubernamentales han nombrado “seminario” o “reuniones de capacitación”.

Hasta finales de septiembre solo un 14 por ciento de los más de 500 mil trabajadores por cuenta propia que debieron asistir, recibieron esa capacitación. Las autoridades no mencionan las razones que explican esa cifra. No obstante, algunos cuentapropistas las tienen muy claras.

“Todos los que acudimos a la reunión salimos insatisfechos. Pocas dudas se aclaraban y solo solucionaban demandas de casos muy puntuales que, además, eran los menos. La mayoría de los participantes, con inquietudes importantes y afectaciones drásticas, no recibían ni siquiera una alternativa”.

Por suerte, la abogada “descubrió” una “salida legal” para mantener su estatus laboral: “Al renunciar a mi licencia como trabajadora contratada por la diseñadora Idania del Río —una de las propietarias de Clandestina—, ella me puede volver a contratar como artesana del espacio de FAC y, de esta forma, continúo trabajando en el taller”.

Sin embargo, no todos los emprendedores afectados por esta medida han encontrado “alternativas”. “Nosotros todavía no sabemos qué vamos hacer”, explica Gisela Vilaboy, gestora, junto a su esposo Carlos Martínez, del proyecto sociocultural Bambú Centro.

Carlos Martínez en su taller. Foto: Alejandro A. Madorrán

Carlos tiene dos licencias: Artesano independiente y Ayudante de artista. Si pierde alguna, queda limitada su capacidad de gestión y, por consiguiente, el desarrollo de un negocio en el que han invertido “recursos monetarios, anhelos y esperanzas de crecer económicamente y de ayudar a otros con su trabajo.

“Yo pertenezco al Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC) —cuenta Gisela—, lo que me permite exponer mi trabajo en las diferentes ferias que el Fondo organiza. Carlos, como artesano independiente, solo tiene acceso a esos eventos a través de su licencia de ayudante”.

Esa posibilidad también se expresa a la inversa: Él, como artesano independiente, tiene acceso a lugares de comercialización a los que ella no tiene como artista afiliada al FCBC. La dualidad que hasta ahora les había permitido no solo trabajar en distintos períodos en los mismos escenarios, sino dar más visibilidad a sus proyectos, representa ahora un problema.

“El tema del número de licencias para ejercer el trabajo nos coloca en un callejón sin salida, porque frena nuestras acciones de emprendimiento. Llevamos años trabajando así, hemos creado una dinámica que ha rendido frutos y que ha solidificado nuestro negocio. ¿Por qué eso tiene que cambiar?”, se pregunta Gisela.

“Nosotros coincidimos en que hay elementos que exigen ser regulados y somos partidarios del orden y el control. Pero todo debe ser con mesura, hay que escuchar opiniones, analizar los niveles de afectación y, sobre todo, se impone una transformación en la manera de pensar de los decisores. Los emprendedores estamos para ayudar a la economía del país, tenemos una función en la sociedad, y eso hay que entenderlo”, explica la artesana.

A través de Bambú Centro, Gisela y Carlos realizan talleres y actividades culturales con los niños de la comunidad, entablan puentes con las mujeres del barrio y les transmiten las fórmulas del oficio a los jóvenes desempleados; además, constantemente velan por la higiene de los alrededores.

Aunque desmotivados, Gisela asegura que continuarán defendiendo el concepto de Responsabilidad Social Empresarial, y mantendrán su espacio como hasta ahora: “Vamos a seguir adelante, aunque creemos que el trabajo privado en Cuba sufre un peligroso retroceso”.

Emprendimientos responsables crecen en Cuba

De esa forma piensa también Norberto Martínez Pérez, director de la Agencia de Marketing Online clickkuba, quien en más de siete años como emprendedor, todavía no ha encontrado cómo “amparar legalmente” su negocio.

Él no solo tiene la problemática de contar con más de una licencia; la razón de ser de su agencia: la publicidad, es “todavía mal vista” en Cuba.

Norberto opera a través de las licencias de Decorador de Exteriores, Programador de Equipos de Cómputo y Agente de Telecomunicaciones, una amalgama de la cual tendrá que desprenderse: eso “profundiza mi incertidumbre, la de mis socios y, por supuesto, la de quienes reciben nuestros servicios”.

De acuerdo con sus palabras, la agencia trabaja con 45 clientes; “pero mantener la credibilidad en estas condiciones no es fácil. ¿Cómo tú explicas que no tienes local para tu negocio, por ejemplo? El escenario para la gestión privada siempre ha sido difícil, y estas nuevas leyes no proponen una mejoría”.

Él ha escuchado de los seminarios de preparación por otras voces: “nadie me ha llamado para explicarme nada y, la verdad, yo no quiero que me llamen para eso. Quiero que me escuchen y que mis criterios se tengan en cuenta, quiero que a alguien le importe, realmente, lo que pienso”.

Una agencia de publicidad “ilegal”

Al referirse a las modificaciones relacionadas con la autorización permitida por persona, Marta Elena Feitó Cabrera, viceministra primera de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) expresó que “existen labores que por su naturaleza no pueden ejecutarse en el mismo espacio de tiempo”.

“¿Cómo podría alguien asumir, paralelamente, el servicio de restaurante con el trabajo de manicura o fregador de autos? Los TCP deben ejercer cotidianamente la actividad para la cual están autorizados. No se trata de un dueño con varios negocios, pues ello se aleja de los principios que sustentan la política aprobada”, sentenció la viceministra.

El espíritu de las medidas es erradicar irregularidades en el ejercicio del cuentapropismo, pero al parecer se obvian los matices propios de cada actividad y la autonomía que debería tener un emprendedor para tomar decisiones sobre sus tiempos. Los casos mencionados en este reportaje demuestran que una persona puede realizar —en horarios distintos o en días diferentes de la semana— más de una labor. Y este es un elemento que las medidas, tal y como están dispuestas, no contemplan.

Además, la posesión de varias licencias coloca otra problemática sobre la mesa. Feitó Cabrera ha sostenido que con este reordenamiento “no desaparece ninguna actividad”, pero tampoco se les otorga legalidad a otras que desde hace años se desarrollan en la nación.

No son pocos los emprendedores que, ante la ausencia de un respaldo legal concreto para ejercer su trabajo, buscan protección bajo el amparo de varias licencias que justifiquen de alguna manera su labor. Esta “solución”, evidencia la necesidad de que sean reconocidas por el estado cubano otras figuras que ya forman parte del espectro de actividades por cuenta propia, como es el caso de las agencias publicitarias.

El próximo 7 de diciembre entran en vigor las regulaciones que, según el criterio de quienes las tienen que cumplir, no solucionan las principales problemáticas del sector privado, y abren nuevas brechas a prácticas ilícitas.