En este punto del Vedado, los clientes que entran al bar pueden percibir el olor a salitre del malecón y el viento. Frente a ellos hay un par de carteles con bordes lumínicos que anuncian una presentación en vivo y luego música grabada. Todo por 5 CUC, sin otro consumo incluido que no sea el concierto.

Junto a la puerta, una hermosa joven de tacones altos recibe a cada cliente e intenta buscar un espacio donde se sientan cómodos. El local es pequeño, se llena rápidamente y los asientos no alcanzan para todos. Adentro hay unas 100 personas. 100 personas que han pagado 500 CUC, sólo por entrar. 500 CUC que luego el artista cobrará. La regla de la casa hoy le sonríe el cantautor: “la puerta es para él, el consumo para el dueño”.

Durante los últimos dos años, este músico se ha presentado fines de semana alternos en el mismo espacio. El contrato con el propietario es verbal y la empresa que lo representa como artista no obtiene beneficios por ninguna de estas actuaciones. Todo, hasta hoy, ha sido manejado por “la izquierda” a pesar de que la Resolución No.70 de 19-9-2013, que reglamenta el sistema de contratación artística, comercialización y retribución en las manifestaciones de la música, los espectáculos y de las artes escénicas, obliga a lo contrario.

El documento deja claro que es necesario que instituciones autorizadas representen a los autores frente a personas naturales o jurídicas al recibir ingresos de cualquier tipo de moneda, dentro o fuera de Cuba. Pero esa es una disposición sobre la que muchos creadores tienen sus reservas.

“La empresa no me ha facilitado ni un solo contrato en los últimos años, tampoco ayuda con instrumentos para mis músicos, ni transportación, si la presentación es fuera de La Habana. Todo lo debo gestionar y pagar yo. Esta entidad solo está para cobrarte del 5 al 24 por ciento de tus ingresos, según seas capaz de negociar, además del 5 por ciento demandado por la ONAT (Oficina Nacional de Administración Tributaria) No es una ayuda para los artistas, es un parásito que nos obligan a mantener”, explica el cantautor.

Después de la reforma económica de 2010, los artistas también quisieron sumarse a la nueva variante de trabajo donde no todo sería estrictamente controlado por la administración estatal. Incluso, en congresos de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) se ha propuesto evaluar la gestión no estatal de artistas y proyectos culturales, además de las cooperativas en este sector.

Pero el gobierno suele poner frenos o disolver las iniciativas autónomas de este tipo, tan pronto como surgen. Así lo hizo con las salas de cine en 3D privadas, y en 2012, cuando la compañía Ópera de la Calle debió cancelar su intento de autofinanciarse con presentaciones en un restaurante privado. Es política oficial que el Estado sea siempre el intermediario (político/financiero) entre creadores y consumidores.

Los artistas —sobre todo en La Habana— que se vinculan a negocios privados lo hacen en la actualidad sin que medie su empresa “comercializadora” o las órdenes de trabajo requeridas. Para muchos es más rentable así pues evitan declarar las comisiones que toma la entidad y cobran sus honorarios en efectivo y de inmediato, mientras que a través de la empresa puede dilatarse durante meses el cobro del cheque. Pero esta realidad podría cambiar a corto plazo si se implementa un supuesto Proyecto de Decreto de infracciones personales sobre prestación de servicios artísticos que, en medio del proceso de perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia, en sus artículos califica como “muy grave” la infracción que constituye “el pago a un artista o colectivo artístico, sin que dichos servicios hayan sido autorizados y contratados por la institución que lo representa”.

La infracción podría ser castigada por una multa (entre mil o 2 mil pesos) o la suspensión de la autorización de trabajar.

De implementarse este decreto, además de las manifestaciones artísticas más tradicionales en la relación con los negocios de gastronomía y bares (música y danza) también los diseñadores que trabajan de manera independiente tendrían que cambiar.

Desde 2014, con la creación del Registro Nacional de Diseño, estos profesionales han podido reconocer más su existencia como actores económicos, aunque a través de ese mecanismo no pueden comercializar su obra, ni pagar seguridad social. En su lugar para ser contratados deben estar representados por la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales que, al igual que sus homólogas dentro de la música o la actuación, casi siempre limita su gestión a descontar un por ciento de lo recaudado por el creador.

Así lo percibe Isaac Luis Linares, quien se graduó en 2010 como diseñador gráfico y en los últimos años ha preferido ejercer su profesión de manera independiente, vinculado tanto a empresas estatales (GeoCuba, la productora RTV comercial) como al sector privado.

Para él, que sea obligatorio la mediación de la empresa de representación entre su trabajo y el cliente, podría traer beneficios como mayor seguridad al estar de por medio un contrato escrito que asegure que ambas partes cumplan con lo pactado, pero también le teme a la entidad como mediadora por la burocracia y lentitud con que habitualmente se gestionan los pagos.

“Una medida así representaría perder una comisión por una empresa que no ha hecho nada para gestionar el trabajo. Los cambios en el perfeccionamiento deberían estar dirigidos a que todo fluyera mejor, no a estancarnos”, asegura.

Isac está asociado con otros tres jóvenes autónomos (editor, guionista y director de fotografía) para conformar un equipo que produce audiovisuales, pero si se aprueban estas medidas que hoy se analizan, su trabajo sería ilegal. “Promoviendo medidas restrictivas nos obligan a buscar alternativas para burlar la ley- lamenta el joven creador- El diseño y el audiovisual necesitan trabajo en equipo. Quien lo limite en un decreto, desconoce cómo funciona nuestro trabajo. Es un absurdo”.

El vínculo entre privados y artistas parece ser cada vez más amplio y visible en la vida cultural de las ciudades. Además de las presentaciones musicales o el diseño, actores y humoristas también se suman a las ofertas no estatales.

Iván Camejo es hoy probablemente el único humorista que mantiene su trabajo paralelo en Cuba y Estados Unidos. Por un lado, continúa siendo miembro del Centro Promotor del Humor y preparando espectáculos en la Isla, aunque desde hace más de cinco años resida en la Florida.

Para el comediante, el orden y las normativas podrían ser útiles si en lugar de tener un enfoque restrictivo, estas instituciones garantizaran los derechos de ambos para que no se cometan arbitrariedades o abusos por ninguna de las dos partes. “Estas empresas deberían representar verdaderamente a los aristas y para ello habría que reestructurar su función promotora, comercializadora y productora. Lo cual hoy no hacen.”

“Las medidas que actualmente se discuten, antes de echar andar sobre el sector privado, deberían incluir respeto y facilidades para los emprendedores, no mayores limitaciones. Los cuentapropistas están llenando un espacio que el Estado desde hace años no puede. Y en nuestro caso eso además favorece a los artistas y al público”.

 

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