El 14 de julio de 2017, en la sesión plenaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular el presidente cubano anunciaba la congelación del trabajo privado y el inicio de un “proceso de reordenamiento” en el sector.

Ante los diputados dijo: “No vamos a retroceder ni a detenernos, ni tampoco permitir estigmas y prejuicios hacia el sector no estatal, pero es imprescindible respetar las leyes, consolidar lo avanzado, generalizar los aspectos positivos, que no son pocos, y enfrentar resueltamente las ilegalidades y otras desviaciones que se apartan de la política establecida”.

En el propio mes de julio de 2017, la viceministra de Trabajo y Seguridad Social, María Elena Feitó, reconocía ante la Televisión Cubana que, además del reciente detenimiento de la entrega de nuevas licencias en las actividades más demandadas, existía un “paquete de normas” en proceso de consulta institucional que incluía elaboraciones de los Ministerios de Cultura, Salud Pública, Transporte, Finanzas y Precio, Trabajo y Seguridad Social, el Instituto de Planificación Física y varios Decretos-Ley.

Otros altos funcionarios del Ministerio de Finanzas y Precios y del Consejo de Ministros, revelaron, a cuentagotas, en los días y meses siguientes, elementos componentes de esta nueva “reorganización”. En reuniones específicas con propietarios de hostales y restaurantes, también trascendieron (muy pocos) detalles de las futuras regulaciones.

A siete meses de la pausa en la reforma económica, incluso un supuesto borrador de todo el cuerpo normativo que esperaba aprobación (quizás el “paquete” que mencionó la viceministra Feitó) anda circulando por USB en La Habana. Pero la nueva política para el trabajo por cuenta propia todavía no ha sido promulgada.

La espera, desespera, y genera dudas entre quienes diseñaron sus proyectos de vida con la vista puesta en este sector. Quizás la demora responde a la necesidad de tomar decisiones certeras que no dejen margen a los errores de estos primeros siete años luego de promulgados los Lineamientos. Aportar a la construcción de un nuevo diseño legal equilibrado es nuestra intención, por eso lo que sigue es, en toda la regla, una invitación al debate.

Los cuentapropistas —como hoy se les reconoce—fueron el “mal necesario” para salir de la crisis terrible de los años 90, pero cuando ya no eran (aparentemente) necesarios, volvieron a ser un grupo económico marginado, siempre bajo la lupa de la sospecha.

Para los trabajadores no estatales en Cuba, encuadrar en el modelo del país —siempre en construcción— significa no sólo demostrar eficiencia, sino superar prejuicios.

Entre octubre de 2010, cuando comenzó un nuevo ciclo de apertura y flexibilización para este “modelo de gestión”, y la fecha actual, en que está detenida la entrega de nuevas autorizaciones en las categorías fundamentales hay, por una parte, avance y desarrollo de un sector económico dinámico, capaz de generar riqueza y empleos, y por otra dudas, retrocesos e irregularidades.

Sin mercado mayorista accesible y con una política fiscal entre las más impositivas del mundo, el llamado “cuentapropismo” ha evolucionado también en medio de la evasión fiscal, la corrupción, el lavado de dinero y el robo a los suministros estatales. En siete años su avance no parece reversible, pero enfrenta incertidumbres.

Cronología del cuentapropismo: ocho años han pasado...

La evolución del trabajo por cuenta propia, entre su relanzamiento en 2010 y su nueva congelación entrado el 2018, es la muestra más gráfica de cambios en Cuba.

Desde que en 2010 salieron las primeras regulaciones para el trabajo por cuenta propia fue evidente la improvisación y la falta de un horizonte claro. La cantidad y dispersión legislativa (cada actividad por separado, con responsabilidades institucionales diversas, o ausencia de ellas) han sido durante estos ocho años problemas reconocidos por todas las partes. Por tanto, la idea de ordenar todo el sector, a priori, parece necesaria.

Pero que las regulaciones no fueran óptimas —aunque ese fue el camino elegido entre otros posible— no justifica ante los involucrados (casi 600 mil cubanos) que haya volver a empezar.

Algunos atisbos de la nueva política ya generan incertidumbre. Se concibe, por ejemplo, que:
1) Las personas naturales pueden ser autorizadas a ejercer solo una de las actividades aprobadas, que serán 122 en lugar de 201.

Si atendemos al presidente de la Comisión Permanente de Implementación de los Lineamientos, Marino Murillo, se trata ya de una decisión tomada. “Se podrá tener solo una autorización para el Trabajo por Cuenta Propia. Hoy se puede tener más de una y se podrá tener una sola”, enfatizó en diciembre de 2017 ante la Asamblea Nacional.

2) El fin de la exención de impuestos sobre los primeros 5 trabajadores, confirmada por el viceministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro.

3) La modificación del Reglamento de la Licencia de Operación de Transporte, restituyendo su alcance municipal, provincial o nacional, así como la actualización de los requisitos para su otorgamiento.

4) Más control sobre las actividades por cuenta propia a partir de la conformación de equipos multidisciplinarios (comisiones) de los gobiernos locales que realizarán una evaluación colectiva de nuevos negocios y los ya existentes.

5) Los profesores de música y otras artes, taquigrafía, mecanografía e idiomas no podrán constituir escuelas o academias, contratar el servicio de otros profesores o instructores, ni organizar eventos o actividades con carácter competitivo.

6) Será reforzado el control sobre la contratación de artistas por negocios privados, así como la proyección de materiales audiovisuales que cumplan con la “política cultural de la Revolución”.

Hay omisiones también. La transformación de trabajadores por cuenta propia en pequeñas y medianas empresas (PYMES), que para muchos era un paso natural en la evolución de esos negocios, no parece estar.

¿Qué dicen los cuentapropistas?

Son ellos quienes pueden aportar -desde la experiencia propia- sus expectativas, temores, incertidumbres, sugerencias...

Hacia un sector privado raquítico: una sola licencia por persona y sin exención de impuestos

por RIURY RODRÍGUEZ LORENZO

Criminalizar a la totalidad de los trabajadores por cuenta propia por desvío de recursos, actos de corrupción y otros delitos es, además de ofensivo, una mirada superficial y sesgada a este sector.

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En diciembre de 2017 los trabajadores privados en Cuba supimos que se nos aplicarían, en algún momento cercano, dos nuevas medidas. En cualquier momento podríamos dejar de tener derecho a tener más de una licencia por persona y aquellos que tengan entre 1 y 5 empleados bajo su gestión dejarán de disfrutar de una exención de impuestos.

Estas dos medidas tienen, sin lugar dudas, un carácter restrictivo para la comunidad de trabajadores por cuenta propia del país. Su puesta en práctica evidencia el sesgo que se mantiene sobre el desarrollo del sector privado nacional y la aspiración a mantenerlo fuera de una posición de importancia dentro de la economía nacional y, por tanto, también de la política.

Esas decisiones son un paso atrás que marca la tendencia iniciada el año pasado con la congelación de licencias, cierre de negocios y aumento de trabas burocráticas y administrativas en las relaciones con empresas estatales.

Criminalizar a la totalidad de los trabajadores por cuenta propia por desvío de recursos, actos de corrupción y otros delitos es, además de ofensivo, una mirada superficial y sesgada a este sector. ¿Qué pasaría si el mismo enfoque se aplicara a empresas estatales donde estos delitos pululan?

El ejercicio del trabajo por cuenta propia en Cuba se encuentra regulado actualmente por las resoluciones 41 y 42 de 2013 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En estas se dicta el alcance social para cada una de las licencias, estableciendo así el marco de acción aprobado para ellas. Este alcance social está catalogado por la mayoría de los emprendedores como excesivamente restrictivo y de poco fomento para el desarrollo de los negocios que se inician bajo estas normas.

De tal forma, la solución para ampliar el marco de acción de los negocios es el de ejercer varias actividades a la vez. Así no se ejerce una actividad de manera ilegal, aunque se tengan que pagar mayores impuestos por realizar varias actividades a la vez.

Esa manera de organizar (puntillista) genera que hoy en toda Cuba se puedan encontrar negocios que son Hostal-Restaurante, Cafeterías-Fregadoras de autos, Arrendador de espacios-Organizador de eventos, y tantísimas otras combinaciones, propiedad de una misma persona que desarrolla así buena parte de su creatividad y su capacidad dinámica de generar ingresos, para ellos y para el país.

La reducción a una sola licencia para el ejercicio del trabajo por cuenta propia no eliminará las asociaciones entre cubanos (residentes o no residentes) o entre cubanos y extranjeros para la apertura de negocios. Tampoco da solución al uso extendido de testaferros para iguales fines. En todo caso, pone en evidencia la necesidad de crear una ley de empresas y actualizar la política que permita la inversión de los emigrados cubanos. Leyes que respondan a realidades, como aceptar la asociación en el sector privado y la inclusión de la diáspora cubana en el proceso de construcción de país, de manera legal y transparente.

¿Cuánta divisa ha llegado al país por cuestión de remesas enviadas para comenzar negocios o inversiones directas hechas por extranjeros interesados en Cuba? ¿Qué sucederá con aquellas personas que han invertido en varios negocios y ahora deben limitarse a uno? ¿En la ejecución de estas medidas se han contemplado las pérdidas que esto puede generar a los cubanos, los empleos que desaparecerían, los negocios que quebrarían, la afectación que provocaría en la comunidad?

La idea de que una persona pueda ejercer una sola actividad desarma la capacidad de generar valor agregado en los negocios, producto de la disminución en la integralidad de los servicios. Además, mantiene el estado de creación de bienes y prestación de servicios en niveles artesanales y desestimula el flujo de recursos financieros desde el exterior. Los efectos de estas medidas son impropios de las necesidades del mercado cubano, de las condiciones económicas actuales y de las propias aspiraciones del pueblo de vivir una vida más próspera.

Otros significados tiene el fin de la exención de pago de impuestos por los primeros cinco trabajadores. Es una decisión que repercute en dos elementos primordiales dentro del país.

Por una parte, puede pretender ayudar a financiar el déficit acumulado en el gasto público y por otra, restringir el crecimiento de los negocios por cuenta propia.

En el caso de financiar el gasto público, ya la ley 113 del Sistema Tributario establecía para este año un impuesto del 5% por trabajador contratado, usando como base el salario medio de la provincia. Su implementación se une a otras como el cobro de impuestos a los trabajadores estatales, recortes en el presupuesto público, disminución de la masa laboral en el sector estatal y eliminación de la masividad en algunos beneficios sociales. Todas como parte de una política fiscal restrictiva que permita financiar el déficit de gasto público en el que se viene incurriendo todos los años.

La eliminación a la exención del pago de impuestos a los primeros cinco trabajadores, se puede entender como un atajo más para financiar dicho déficit. Aunque esta medida no representa un impuesto excesivamente elevado, no es bien recibido en momentos donde la mayoría de las medidas anunciadas sí tienen un carácter negativo.

En realidad, esta medida está conformada por dos elementos que modifican la lectura sobre la contratación de fuerza de trabajo. Por un lado, se elimina el beneficio de la exención de pago de impuestos por los primeros cinco trabajadores y la segunda y quizás más importante es el reajuste en las reglas de retribución mínima pagada a cada trabajador. Es en esta última donde más se puede apreciar el carácter desestimulante de la medida al incrementar la cantidad de salarios mínimos según los trabajadores contratados.

En esencia, mientras más personas sean contratadas por un negocio privado, mayor será el impuesto que deberá pagar. La medida ataca directamente cualquier negocio que intente contratar más de 20 trabajadores al establecerle como retribución mínima pagada a cada trabajador unos 4 800 CUP y por tanto pago de impuestos sobre fuerza de trabajo en base a este monto.

Si bien esa retribución en algunos casos no se aleja de ciertos salarios en el sector privado, sí está por encima del salario promedio de muchos trabajadores contratados. Esto sin mencionar que el salario medio del país no alcanza los 800 CUP. El establecimiento de esta base como retribución mínima pagada provoca que los negocios no crezcan en capacidades productivas por el uso de mano obra contratada e intenta, junto a la implementación de una sola licencia o las trabas para concertar contratos con empresas estatales, restringir y desestimular cualquier crecimiento que venga de este sector.

El sector privado cubano necesita avanzar y mostrarse como una variable fundamental en el cambio de la estructura económica que necesita el país. Las capacidades para esto son infinitas, pero sólo podrán alcanzarse si los temores y la desconfianza se cambian por la inclusión y el entendimiento que los trabajadores privados son una parte de la respuesta, y no del problema, que hoy se enfrenta.

“No me gustan los matices. Creo que cuando uno o varias personas deciden a voluntad, cuando te tienes que preocupar por quién es el funcionario que evalúa y decide; comienza a empedrarse el camino del infierno”.

¿Cuánto dañan los matices a la seriedad de una reforma económica?

por ALFONSO V. LARREA BARROSO
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Estando en España consulté un abogado antes de solicitar una extensión de visado. Le pregunté “¿Qué debo decir? ¿Cómo debo comportarme?” A lo que él me respondió: “Solo rellena las casillas y olvídate del funcionario, a él solo le interesa si cumples o no cumples con los requisitos exigidos, es blanco o negro, no hay matices”.

También recuerdo lo rápido que era en el país europeo obtener una licencia para trabajar como autónomo, lo que en Cuba llamamos trabajador por cuenta propia. Se trataba de aportar planillas y sellos, sin comisiones que evaluaran la propuesta del negocio ni que determinen tu viabilidad. Solo interesaba si cumplías o no con los requisitos exigidos. Era blanco o negro también, no había matices.

No me gustan los matices. Creo que cuando hay espacios para los matices, cuando uno o varias personas deciden a voluntad, cuando las cosas se pueden hacer difíciles y engorrosas con largos trámites, cuando te tienes que preocupar por quién es el funcionario que evalúa y decide; comienza a empedrarse el camino del infierno.

No me gustó que ordenado el cierre de Cooperativa No Agropecuaria SCENIUS por la Ministra de Finanzas y Precios y presentada ante el Tribunal Provincial Popular una demanda solicitando la revocación de esta medida, este la desestimó, alegando:

“(…) que no existe mérito para sustanciarlo, toda vez que el acto que se impugna emanó de la actuación administrativa en el marco de su potestad discrecional, entendida como la facultad atribuida por el ordenamiento jurídico a tales órganos, sin estar obligados a atenerse a ningún precepto jurídico concreto pre existente, aunque acomodando su conducta a un fin publico especifico, sobre la base de determinadas condiciones ciertas (…)”

Acato la decisión del Tribunal, pero no la entiendo. O sí, la entendí, pero no la comparto.

Cuán indefinida es la “Potestad discrecional”, ese derecho a decidir o disponer a voluntad, según el particular parecer del facultado para ello. ¿De qué color es el caballo blanco de Maceo? Pues del color que quiera quien tenga la potestad discrecional de dar la respuesta. No obstante, no era en el caso de SCENIUS. Para el cierre de una cooperativa tienen que cumplirse supuestos bien definidos en la ley, no es una facultad potestativa, está “reglada”.

Otro de los argumentos del Auto judicial se explica solo: Sin estar obligados a atenerse a ningún precepto jurídico concreto pre existente”. Benditos aquellos administradores que comparten con Dios la facultad de estar por encima de la ley. No debería ser así, la ley debería ser sagrada como las escrituras, cuando la ley no es para todos por igual, termina no sirviéndole a nadie.

Por último, me quedo con otro fragmento: “Acomodando su conducta a un fin publico especifico, sobre la base de determinadas condiciones ciertas”. Ya esto es barra libre. Cada cual (en la Administración) se acomoda o acomoda otro, como más cómodo le parezca. Todo es relativo e individual. No hay reglas en cuanto a comodidad, es solo lo que más cómodo resulte a quien acomoda. Un “fin público” ¿Cuál? Y “condiciones ciertas” ¿Cuáles? ¿Quién determina ambas?

No estoy de acuerdo, pero acaté la decisión, sobre todo porque no tengo la facultad discrecional que me permita decidir lo contrario, y sí estoy obligado a atenerme a los preceptos jurídicos concretos pre existentes, pues la ley si es para mí, que solo intentaba acomodar mi conducta al fin publico especifico, de cumplir con el acuerdo de la Asamblea General de Socios de la Cooperativa, que exigían la revocación de la medida de cierre, sobre la base determinada de condiciones ciertas que se exponían en la demanda presentada y no aceptada, y que prueban que no se cometió falta alguna.

Pero dejemos atrás la historia de la Cooperativa No Agropecuaria SCENIUS. Regresemos a los matices.

Los trabajadores por cuenta propia y las cooperativas no son presupuestados por el Estado, nadie los rescata, no subsisten cuando tienen pérdidas, no tienen la opción de no ser rentables y seguir adelante, cambiando un jefe por otro que en patriótico discurso prometa hacerlo mejor. Cuando se cierran, o los cierran, lo pierden todo: el dinero propio, el de la familia, el prestado. Se pierde el tiempo, el esfuerzo, el trabajo. Por eso, las leyes que rigen sus actividades tienen que definir exactamente el blanco y el negro, sin matices, para que no se pierda la esperanza, para continuar creyendo, para que no haya inseguridad, para ganar o perder de justa manera.

¿Cuánto del carácter personal de un funcionario con poder influye en sus decisiones? Cuando las reglas tienen escondrijos, atajos, interpretaciones amplias, cuando no son blancas o negras y tienen matices, depende de un individuo su aplicación y cada individuo es un mundo. Cada persona tiene sus propios principios morales o intereses materiales que defender: un puesto, auto, gasolina, jabas, dietas, viajes, vacaciones… La carne es débil, a veces muy débil.

Se dice que donde exista un problema surgirá un negocio, y es verdad: el mejor negocio del desierto es vender agua. Si creamos las condiciones adecuadas para que un funcionario interpretador de las normas pueda crear trabas, dilatar procesos, decidir a voluntad, estaremos creando las condiciones idóneas para sembrar malestar, corrupción, favoritismo, para crear problemas que faciliten el peor de los negocios y recoger el peor de los frutos.

La política es expresión de voluntad, pero para ser aplicable y exigible debe materializarse en normas de obligado cumplimiento para todos. No debe seguir sucediendo que alguien argumente una interpretación política para imponer una decisión contraria a una norma legal. Las normas tienen que ser claras y precisas y dejar el mínimo espacio posible a las interpretaciones individuales o convenientes. Tienen que ser para todos y por igual.

¿Empresas de representación o cajas recaudadoras?

por CLAUDIA PADRÓN CUETO

El vínculo entre negocios privados y artistas parece ser cada vez más amplio y visible en la vida cultural de las ciudades cubanas. Pero la obligatoria intermediación estatal no siempre es bien recibida.

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En este punto del Vedado, los clientes que entran al bar pueden percibir el olor a salitre del malecón y el viento. Frente a ellos hay un par de carteles con bordes lumínicos que anuncian una presentación en vivo y luego música grabada. Todo por 5 CUC, sin otro consumo incluido que no sea el concierto.

Junto a la puerta, una hermosa joven de tacones altos recibe a cada cliente e intenta buscar un espacio donde se sientan cómodos. El local es pequeño, se llena rápidamente y los asientos no alcanzan para todos. Adentro hay unas 100 personas. 100 personas que han pagado 500 CUC, sólo por entrar. 500 CUC que luego el artista cobrará. La regla de la casa hoy le sonríe el cantautor: “la puerta es para él, el consumo para el dueño”.

Durante los últimos dos años, este músico se ha presentado fines de semana alternos en el mismo espacio. El contrato con el propietario es verbal y la empresa que lo representa como artista no obtiene beneficios por ninguna de estas actuaciones. Todo, hasta hoy, ha sido manejado por “la izquierda” a pesar de que la Resolución No.70 de 19-9-2013, que reglamenta el sistema de contratación artística, comercialización y retribución en las manifestaciones de la música, los espectáculos y de las artes escénicas, obliga a lo contrario.

El documento deja claro que es necesario que instituciones autorizadas representen a los autores frente a personas naturales o jurídicas al recibir ingresos de cualquier tipo de moneda, dentro o fuera de Cuba. Pero esa es una disposición sobre la que muchos creadores tienen sus reservas.

“La empresa no me ha facilitado ni un solo contrato en los últimos años, tampoco ayuda con instrumentos para mis músicos, ni transportación, si la presentación es fuera de La Habana. Todo lo debo gestionar y pagar yo. Esta entidad solo está para cobrarte del 5 al 24 por ciento de tus ingresos, según seas capaz de negociar, además del 5 por ciento demandado por la ONAT (Oficina Nacional de Administración Tributaria) No es una ayuda para los artistas, es un parásito que nos obligan a mantener”, explica el cantautor.

Después de la reforma económica de 2010, los artistas también quisieron sumarse a la nueva variante de trabajo donde no todo sería estrictamente controlado por la administración estatal. Incluso, en congresos de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) se ha propuesto evaluar la gestión no estatal de artistas y proyectos culturales, además de las cooperativas en este sector.

Pero el gobierno suele poner frenos o disolver las iniciativas autónomas de este tipo, tan pronto como surgen. Así lo hizo con las salas de cine en 3D privadas, y en 2012, cuando la compañía Ópera de la Calle debió cancelar su intento de autofinanciarse con presentaciones en un restaurante privado. Es política oficial que el Estado sea siempre el intermediario (político/financiero) entre creadores y consumidores.

Los artistas —sobre todo en La Habana— que se vinculan a negocios privados lo hacen en la actualidad sin que medie su empresa “comercializadora” o las órdenes de trabajo requeridas. Para muchos es más rentable así pues evitan declarar las comisiones que toma la entidad y cobran sus honorarios en efectivo y de inmediato, mientras que a través de la empresa puede dilatarse durante meses el cobro del cheque. Pero esta realidad podría cambiar a corto plazo si se implementa un supuesto Proyecto de Decreto de infracciones personales sobre prestación de servicios artísticos que, en medio del proceso de perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia, en sus artículos califica como “muy grave” la infracción que constituye “el pago a un artista o colectivo artístico, sin que dichos servicios hayan sido autorizados y contratados por la institución que lo representa”.

La infracción podría ser castigada por una multa (entre mil o 2 mil pesos) o la suspensión de la autorización de trabajar.

De implementarse este decreto, además de las manifestaciones artísticas más tradicionales en la relación con los negocios de gastronomía y bares (música y danza) también los diseñadores que trabajan de manera independiente tendrían que cambiar.

Desde 2014, con la creación del Registro Nacional de Diseño, estos profesionales han podido reconocer más su existencia como actores económicos, aunque a través de ese mecanismo no pueden comercializar su obra, ni pagar seguridad social. En su lugar para ser contratados deben estar representados por la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales que, al igual que sus homólogas dentro de la música o la actuación, casi siempre limita su gestión a descontar un por ciento de lo recaudado por el creador.

Así lo percibe Isaac Luis Linares, quien se graduó en 2010 como diseñador gráfico y en los últimos años ha preferido ejercer su profesión de manera independiente, vinculado tanto a empresas estatales (GeoCuba, la productora RTV comercial) como al sector privado.

Para él, que sea obligatorio la mediación de la empresa de representación entre su trabajo y el cliente, podría traer beneficios como mayor seguridad al estar de por medio un contrato escrito que asegure que ambas partes cumplan con lo pactado, pero también le teme a la entidad como mediadora por la burocracia y lentitud con que habitualmente se gestionan los pagos.

“Una medida así representaría perder una comisión por una empresa que no ha hecho nada para gestionar el trabajo. Los cambios en el perfeccionamiento deberían estar dirigidos a que todo fluyera mejor, no a estancarnos”, asegura.

Isac está asociado con otros tres jóvenes autónomos (editor, guionista y director de fotografía) para conformar un equipo que produce audiovisuales, pero si se aprueban estas medidas que hoy se analizan, su trabajo sería ilegal. “Promoviendo medidas restrictivas nos obligan a buscar alternativas para burlar la ley- lamenta el joven creador- El diseño y el audiovisual necesitan trabajo en equipo. Quien lo limite en un decreto, desconoce cómo funciona nuestro trabajo. Es un absurdo”.

El vínculo entre privados y artistas parece ser cada vez más amplio y visible en la vida cultural de las ciudades. Además de las presentaciones musicales o el diseño, actores y humoristas también se suman a las ofertas no estatales.

Iván Camejo es hoy probablemente el único humorista que mantiene su trabajo paralelo en Cuba y Estados Unidos. Por un lado, continúa siendo miembro del Centro Promotor del Humor y preparando espectáculos en la Isla, aunque desde hace más de cinco años resida en la Florida.

Para el comediante, el orden y las normativas podrían ser útiles si en lugar de tener un enfoque restrictivo, estas instituciones garantizaran los derechos de ambos para que no se cometan arbitrariedades o abusos por ninguna de las dos partes. “Estas empresas deberían representar verdaderamente a los artistas y para ello habría que reestructurar su función promotora, comercializadora y productora. Lo cual hoy no hacen.”

“Las medidas que actualmente se discuten, antes de echar andar sobre el sector privado, deberían incluir respeto y facilidades para los emprendedores, no mayores limitaciones. Los cuentapropistas están llenando un espacio que el Estado desde hace años no puede. Y en nuestro caso eso además favorece a los artistas y al público”.

La ocurrencia de delitos en el ámbito del trabajo privado ha reforzado prejuicios que dañan a todos los incorporados a este sector. Por esa razón, entre varios trabajadores privados que consultamos para este Especial, no existen discrepancias con medidas que refuerzan la transparencia de su gestión y también les benefician.

Entre esas decisiones se pueden confirmar:
1) Los titulares de las licencias al ausentarse podrán nombrar a uno de sus trabajadores contratados para que asuma su responsabilidad durante ese tiempo.

2) La autorización a los arrendadores de viviendas privados que presten servicios a entidades estatales, lo cual tenían prohibido desde la Ley General de la Vivienda de 1988.

Para salidas al exterior, se concederá la prerrogativa por el periodo de tres meses, lo cual corresponde con las regulaciones laborales aplicables a los trabajadores del sector estatal.

3) La bancarización de las operaciones, con la obligación de abrir cuentas fiscales, en principio, para las actividades de mayor volumen financiero, como los servicios gastronómicos en restaurantes y cafetería; bar y recreación; arrendador de viviendas, habitaciones y espacios y servicios de construcción, además de reparación y mantenimiento de inmuebles. Aquí el punto de mayor debate está en la eficiencia de un sistema bancario.

4) Se reconocen nuevas figuras como las de Bar y Panadería/Dulcería.

¿Un asunto personal?

Eloy Viera Cañive (abogado) y Ariel Dacal Díaz (historiador y educador popular) apuntan otros elementos necesarios a tener en cuenta en las reformas.

La inmunidad de la Administración, también contra el cuentapropismo

por ELOY VIERA CAÑIVE

La Administración, con cada vez mayor frecuencia, ha sido facultada para utilizar sus estructuras, a las que pertenecen quienes imponen las medidas, como los únicos espacios donde pueden discutirse las inconformidades de los afectados.

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Cuando los asociados a la Cooperativa Scenius presentaron ante el Tribunal Provincial Popular de La Habana, una demanda contra el Ministerio de Finanzas y Precios por la decisión de disolver su organización, ni siquiera consiguieron que el caso fuera admitido. El ente judicial determinó que toda la capacidad de reclamación se agotaba en el organismo que impuso la medida, como parte de su potestad discrecional.

Ese no fue un acto aislado. Fue, más bien, la confirmación de una tendencia alarmante en el sistema de justicia cubano. En este archipiélago cada vez quedan menos espacios para que los ciudadanos disputen ante tribunales las decisiones de funcionarios administrativos.

La “tutela judicial efectiva” es un principio internacional derivado de la Convención Universal de los Derechos Humanos, de la cual Cuba es firmante. Significa que: toda persona puede ejercer libremente la defensa de sus derechos e intereses legítimos ante los tribunales, para obtener una resolución fundada, ejecutable  y que observe las reglas del debido proceso y evite las dilaciones indebidas.

Ese principio, sin embargo, no está reflejado en la Constitución cubana. Quizás por ello, los mecanismos de solución de las inconformidades de muchas decisiones administrativas tomadas en contra de la ciudadanía, y de los cuentapropistas en particular (como personas naturales que son) no consideran el acceso a los tribunales como un derecho indispensable.

Hay, de inicio, un grupo de exclusiones de la justicia administrativa contenidas en el artículo 657 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico. Se trata de asuntos relacionados con la Defensa Nacional, la Seguridad del Estado, el Orden Público y las medidas adoptadas en circunstancias excepcionales para salvaguardar los intereses generales.

Ahí también caben las transacciones en divisas o valores extranjeros y el control de cambios que ejecute el gobierno; la planificación de la economía nacional; las materias constitucionales, civiles, penales, laborales y de seguridad social; la actividad educacional y la disciplina escolar y estudiantil y el ejercicio de la potestad discrecional.

Pero existen otros asuntos menos “trascendentales”, aunque igual de impactantes en la vida de los ciudadanos, que también escapan de la revisión de un juez cuando una autoridad administrativa toma una decisión.

Por ejemplo, la declaración de ocupante ilegal de una vivienda, las decisiones del Ministerio de la Agricultura relacionadas con la posesión, propiedad y herencia de la tierra y bienes agropecuarios; la medida de confiscación de bienes impuesta por Ministerio de Finanzas y Precios por enriquecimiento indebido o las sanciones por infracciones del régimen de pesca.

Tampoco se pueden discutir las resoluciones confiscatorias de viviendas o tierras, dictadas por el Instituto Nacional de la Vivienda o por el Ministerio de la Agricultura, por hechos relacionados con las drogas, actos de corrupción o con otros comportamientos ilícitos, ni las medidas derivadas de la comisión de contravenciones personales (multas, decomiso de bienes y obligaciones de hacer).

Con la fórmula común de que “contra lo resuelto no cabe otro recurso o proceso en lo administrativo ni en lo judicial”, se elimina la posibilidad de corrección por un tercero imparcial de sanciones que tienen resonancia en aspectos de vital importancia para el individuo y la propia sociedad, incluyendo las que afectan al ejercicio de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, particularmente el derecho de propiedad.

La discusión sobre el asunto toma relevancia a la luz de cierto documento que circula como borrador de nuevas medidas para controlar el ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia. De ser cierto y aplicarse su letra, las contravenciones de las disposiciones sobre el cuentapropismo se agravarían y permanecerían, a no ser que se decomisen viviendas, fuera del control judicial.

La Administración, con cada vez mayor frecuencia, ha sido facultada por el legislador cubano para utilizar sus estructuras, a las que pertenecen quienes imponen las medidas, como los únicos espacios donde pueden discutirse las inconformidades de los afectados. Los organismos a los que se subordinan los funcionarios administrativos actúan por directrices verticales de su jerarquía y bajo relaciones “de ordeno y mando”.

El sistema de justicia administrativa cubano se basa entonces en una confianza excesiva, casi quimérica, en la justeza y los principios de los decisores. Sin embargo, la práctica indica que es muy difícil que un superior reconozca la improcedencia de una medida indicada por él u orientada por las más altas esferas del organismo. No por gusto la mayoría de la doctrina jurídica universal reconoce la necesidad de un tercero imparcial como garante y decisor final en los temas relacionados con los derechos ciudadanos.

Un último detalle: el bloqueo del acceso a los Tribunales a los cuentapropistas demuestra también, a pesar de los intentos oficiales por desmentir el fenómeno, un trato desigual al sector no estatal de la economía cubana. Los trabajadores estatales cuando ven comprometidos sus derechos o su vinculación laboral, pueden acudir a los tribunales para intentar revertir la vulneración o recuperar su puesto de trabajo. Por el contrario, de acuerdo a lo aparentemente planificado, los cuentapropistas que vean suspendida o incluso eliminada definitivamente la autorización para ejercer la actividad que les sirva de sustento, no contarán con esa posibilidad.

Por si fuera poco, en el documento que circula, se ratifica la diferenciación en el trato. Los cuentapropistas no podrán aspirar, como lo hacen los trabajadores estatales, a regresar, sin necesidad de autorización extra, a sus puestos laborales luego del transcurso del tiempo establecido en la medida disciplinaria. La devolución de la licencia de cuentapropista, en caso de suspensión por un tiempo determinado, no estará influida solo por el paso tiempo, sino que dependerá además del análisis del Consejo de la Administración Provincial sobre su procedencia.

Mucho por perfeccionar nos queda también de este lado de la vida social.

Al interior del trabajo por cuenta propia hay empleadores y empleados, personas que se apropian del trabajo de otros y aquellos que viven solo del suyo. Tantas diferencias hacen que en este tema haya mucha tela por donde cortar. El asunto está en qué tijera se usa y por dónde empieza el corte.

Trabajo por cuenta propia: hay tela por donde cortar

por ARIEL DACAL DÍAZ
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El trabajo por cuenta propia alcanza ya el 12% de la fuerza laboral en Cuba (567 982 personas). Su presencia se diversifica en ciudades y poblados, se consolida como referente de prosperidad en el imaginario de algunos sectores y grupos sociales, y oficialmente se ratifica que llegó para quedarse en la estructura productiva cubana.

Sus potencialidades, peligros, límites que encierra, ajustes y la incertidumbre que generan; son asuntos de discusión para la economía cubana.

Mientras avanza la actualización del modelo económico de desarrollo se hacen necesarios más ajustes. Las reformas abren espacios a nuevos actores que no lo son plenamente sin los derechos y deberes regulados que permitan su creación, reconocimiento, claridad en sus funciones y organización. Es necesario ajustar un marco legal transparente, predecible y no discrecional, que facilite el desarrollo del mundo productivo estatal y no estatal.

En el caso específico que nos ocupa, el propio término cuentapropismo es impreciso, lleno de contradicciones e insuficiente para dar cuenta de la heterogeneidad de actores económicos que engloba. En su interior conviven personas que realizan su labor de manera individual; otras que ponen capital propio o en común y emplean fuerza de trabajo, así como aquellas cuyos ingresos, más que de su trabajo, resultan de la renta. Es decir, este término que pareciera referir una misma cosa, contiene a empleadores/as, empleados/as y autoempleados/as.

No es igual una persona que vende maní o caramelos, la que en ocasiones desarrolla su actividad en situación de supervivencia; a una que contrata fuerza de trabajo para laborar en la construcción, u otra que posee un restaurante con veinte empleados/as; o aquella propietaria de una casa con tres habitaciones para rentar. Diferentes a todas ellas, al mismo tiempo, es la persona que se ofrece como empleada para esas u otras labores.

Algunos empleadores/as gestionan pequeñas y medianas empresas privadas, por lo que habría que reconocer la figura de empresario/a y legislar sobre ella. De igual manera, la distinción entre empleadores/as y empleados/as debe trascender al ámbito sindical, pues, a pasar de no ocupar el mismo lugar, la ley hoy prevé que pueden ser miembros de una misma organización gremial.

La revisión del trabajo por cuenta propia es una necesidad teórica, política y práctica. Redefinir o desagregar el término colocaría a las regulaciones y a las políticas específicas más cerca de los actores diversos, así como despejaría el camino para el análisis de la potencial expansión de otros servicios o ámbitos profesionales.

Al mismo tiempo, permitiría transparentar el debate sobre las complejidades y contradicciones clasistas manifiestas dentro de esa diversidad de actores económicos. Esto permite comprender que al interior de cada forma de propiedad y gestión existen relaciones de producción específicas que también deben ser puestas a debate —entre ellas la relación entre empleador/a y empleado/a—, como fundamento para la proyección de políticas diferenciadas.

Por ejemplo, el necesario desarrollo de incentivos públicos, suficientes y adecuados, para grupos sociales en desventaja que optan por el trabajo por cuenta propia (microcréditos preferenciales, mercados, capacitaciones, asesoría jurídica y técnica), lo que apuntaría a impedir que se genere una informalización precaria, que no rebase el marco de sobrevivencia e incremente los niveles de pobreza.

Por otra parte, una redefinición sobre el cuentapropismo demandaría la creación de canales de participación amplios, permanentes y diferenciados que faciliten el diálogo entre actores diversos para la elaboración de políticas, regulaciones y su evaluación, en interés del desarrollo de esta forma de gestión. Algunos cuentapropistas los piden insistentemente.

Ubiquemos otra perspectiva para el debate. Con frecuencia se obvia, en la crítica a la política salarial del Estado, que en el sector cuentapropista, con independencia de los ingresos más favorables que hoy representa respecto a los estatales, se reproduce en lo fundamental la añeja lógica de que el capitalista incrementa su ganancia a través de la apropiación de determinada cantidad de trabajo no retribuido a los trabajadores/as.

El capitalista pugna por reducir los salarios y prolongar la jornada de trabajo, mientras que el trabajador presiona constantemente en el sentido contrario. Si bien esta tensión puede ser regulada por la ley, la distribución de la riqueza social entre capitalistas y trabajadores es cada vez más desigual. No hay datos suficientes para evaluar el fenómeno en Cuba, pero la observación empírica apunta a ratificar esa tendencia.

Existe una falsa disyuntiva entre forma de gestión y propiedad estatal y privada. La misma deja fuera las formas socializadoras del poder en los procesos productivos. Nada impide que las relaciones de producción contenidas dentro del trabajo por cuenta propia exploren formas cooperativas, solidarias, mutualistas, de producir bienes y servicios, donde el trabajador/a no se somete a los designios salariales de la burocracia ni a las “exigencias” económicas de un dueño/a privado. Donde, por el contrario, establece sus propios mecanismos de distribución de las riquezas, dígase beneficio, ganancia.

Esto exige ir más allá de la comprensión de economía realmente existente, la que pareciera tener carácter universal, por encima de la historia, y en esa condición desconectada de nociones como política, ética, moral y justicia.

Contrario a esa comprensión, el debate sobre el cuentapropismo no es solo “económico”. Este no debe obviar la cuestión del derecho de las mujeres, las prácticas discriminatorias lesivas a la dignidad, la justicia laboral, la responsabilidad social con el entorno físico y con el desarrollo local, la creación de espacios para la sistematización de experiencia y elaboración de recomendación para las políticas públicas.

Sobre este particular todavía queda mucha tela por donde cortar. El asunto está en qué tijera se usa y por dónde empieza el corte.

En palabras de Marino Murillo, el reordenamiento del Trabajo por Cuenta Propia tiene como objetivo “(…) que todo lo que se desvió de la idea original vuelva a ese punto de la idea original”, aunque no sabemos con exactitud cuál era.

Evidentemente, hemos estado desde 2010 en un escenario de diseño donde cuyas variables parecen haber escapado del control de sus diseñadores. Sin embargo, las nuevas medidas parecen apuntar —según la voluntad expresada— a corregir deficiencias, mirando hacia adelante. ¿Pero cómo se corregirán los problemas creados en el camino?

A 7 meses de su anuncio, el contenido de las reformas parece decidirse verticalmente y la pausa se prolonga. Es como si el tiempo sobrara en un país que necesita caminos para vencer su estancamiento.

El debate continúa...

  1. Espero que este tema de los cuentapropistas sea bien tratado ya que me parece que ha sido uno de los medios para mejorar en algo la economía del país, y más con lo emprendedores que somos los cubanos, lo importante es el bienestar del pueblo , pero además que tengan medios para trabajar

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