En diciembre de 2017 los trabajadores privados en Cuba supimos que se nos aplicarían, en algún momento cercano, dos nuevas medidas. En cualquier momento podríamos dejar de tener derecho a tener más de una licencia por persona y aquellos que tengan entre 1 y 5 empleados bajo su gestión dejarán de disfrutar de una exención de impuestos.

Estas dos medidas tienen, sin lugar dudas, un carácter restrictivo para la comunidad de trabajadores por cuenta propia del país. Su puesta en práctica evidencia el sesgo que se mantiene sobre el desarrollo del sector privado nacional y la aspiración a mantenerlo fuera de una posición de importancia dentro de la economía nacional y, por tanto, también de la política.

Esas decisiones son un paso atrás que marca la tendencia iniciada el año pasado con la congelación de licencias, cierre de negocios y aumento de trabas burocráticas y administrativas en las relaciones con empresas estatales.

Criminalizar a la totalidad de los trabajadores por cuenta propia por desvío de recursos, actos de corrupción y otros delitos es, además de ofensivo, una mirada superficial y sesgada a este sector. ¿Qué pasaría si el mismo enfoque se aplicara a empresas estatales donde estos delitos pululan?

El ejercicio del trabajo por cuenta propia en Cuba se encuentra regulado actualmente por las resoluciones 41 y 42 de 2013 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En estas se dicta el alcance social para cada una de las licencias, estableciendo así el marco de acción aprobado para ellas. Este alcance social está catalogado por la mayoría de los emprendedores como excesivamente restrictivo y de poco fomento para el desarrollo de los negocios que se inician bajo estas normas.

De tal forma, la solución para ampliar el marco de acción de los negocios es el de ejercer varias actividades a la vez. Así no se ejerce una actividad de manera ilegal, aunque se tengan que pagar mayores impuestos por realizar varias actividades a la vez.

Esa manera de organizar (puntillista) genera que hoy en toda Cuba se puedan encontrar negocios que son Hostal-Restaurante, Cafeterías-Fregadoras de autos, Arrendador de espacios-Organizador de eventos, y tantísimas otras combinaciones, propiedad de una misma persona que desarrolla así buena parte de su creatividad y su capacidad dinámica de generar ingresos, para ellos y para el país.

La reducción a una sola licencia para el ejercicio del trabajo por cuenta propia no eliminará las asociaciones entre cubanos (residentes o no residentes) o entre cubanos y extranjeros para la apertura de negocios. Tampoco da solución al uso extendido de testaferros para iguales fines. En todo caso, pone en evidencia la necesidad de crear una ley de empresas y actualizar la política que permita la inversión de los emigrados cubanos. Leyes que respondan a realidades, como aceptar la asociación en el sector privado y la inclusión de la diáspora cubana en el proceso de construcción de país, de manera legal y transparente.

¿Cuánta divisa ha llegado al país por cuestión de remesas enviadas para comenzar negocios o inversiones directas hechas por extranjeros interesados en Cuba? ¿Qué sucederá con aquellas personas que han invertido en varios negocios y ahora deben limitarse a uno? ¿En la ejecución de estas medidas se han contemplado las pérdidas que esto puede generar a los cubanos, los empleos que desaparecerían, los negocios que quebrarían, la afectación que provocaría en la comunidad?

La idea de que una persona pueda ejercer una sola actividad desarma la capacidad de generar valor agregado en los negocios, producto de la disminución en la integralidad de los servicios. Además, mantiene el estado de creación de bienes y prestación de servicios en niveles artesanales y desestimula el flujo de recursos financieros desde el exterior. Los efectos de estas medidas son impropios de las necesidades del mercado cubano, de las condiciones económicas actuales y de las propias aspiraciones del pueblo de vivir una vida más próspera.

Otros significados tiene el fin de la exención de pago de impuestos por los primeros cinco trabajadores. Es una decisión que repercute en dos elementos primordiales dentro del país.

Por una parte, puede pretender ayudar a financiar el déficit acumulado en el gasto público y por otra, restringir el crecimiento de los negocios por cuenta propia.

En el caso de financiar el gasto público, ya la ley 113 del Sistema Tributario establecía para este año un impuesto del 5% por trabajador contratado, usando como base el salario medio de la provincia. Su implementación se une a otras como el cobro de impuestos a los trabajadores estatales, recortes en el presupuesto público, disminución de la masa laboral en el sector estatal y eliminación de la masividad en algunos beneficios sociales. Todas como parte de una política fiscal restrictiva que permita financiar el déficit de gasto público en el que se viene incurriendo todos los años.

La eliminación a la exención del pago de impuestos a los primeros cinco trabajadores, se puede entender como un atajo más para financiar dicho déficit. Aunque esta medida no representa un impuesto excesivamente elevado, no es bien recibido en momentos donde la mayoría de las medidas anunciadas sí tienen un carácter negativo.

En realidad, esta medida está conformada por dos elementos que modifican la lectura sobre la contratación de fuerza de trabajo. Por un lado, se elimina el beneficio de la exención de pago de impuestos por los primeros cinco trabajadores y la segunda y quizás más importante es el reajuste en las reglas de retribución mínima pagada a cada trabajador. Es en esta última donde más se puede apreciar el carácter desestimulante de la medida al incrementar la cantidad de salarios mínimos según los trabajadores contratados.

En esencia, mientras más personas sean contratadas por un negocio privado, mayor será el impuesto que deberá pagar. La medida ataca directamente cualquier negocio que intente contratar más de 20 trabajadores al establecerle como retribución mínima pagada a cada trabajador unos 4 800 CUP y por tanto pago de impuestos sobre fuerza de trabajo en base a este monto.

Si bien esa retribución en algunos casos no se aleja de ciertos salarios en el sector privado, sí está por encima del salario promedio de muchos trabajadores contratados. Esto sin mencionar que el salario medio del país no alcanza los 800 CUP. El establecimiento de esta base como retribución mínima pagada provoca que los negocios no crezcan en capacidades productivas por el uso de mano obra contratada e intenta, junto a la implementación de una sola licencia o las trabas para concertar contratos con empresas estatales, restringir y desestimular cualquier crecimiento que venga de este sector.

El sector privado cubano necesita avanzar y mostrarse como una variable fundamental en el cambio de la estructura económica que necesita el país. Las capacidades para esto son infinitas, pero sólo podrán alcanzarse si los temores y la desconfianza se cambian por la inclusión y el entendimiento que los trabajadores privados son una parte de la respuesta, y no del problema, que hoy se enfrenta.

En este punto del Vedado, los clientes que entran al bar pueden percibir el olor a salitre del malecón y el viento. Frente a ellos hay un par de carteles con bordes lumínicos que anuncian una presentación en vivo y luego música grabada. Todo por 5 CUC, sin otro consumo incluido que no sea el concierto.

Junto a la puerta, una hermosa joven de tacones altos recibe a cada cliente e intenta buscar un espacio donde se sientan cómodos. El local es pequeño, se llena rápidamente y los asientos no alcanzan para todos. Adentro hay unas 100 personas. 100 personas que han pagado 500 CUC, sólo por entrar. 500 CUC que luego el artista cobrará. La regla de la casa hoy le sonríe el cantautor: “la puerta es para él, el consumo para el dueño”.

Durante los últimos dos años, este músico se ha presentado fines de semana alternos en el mismo espacio. El contrato con el propietario es verbal y la empresa que lo representa como artista no obtiene beneficios por ninguna de estas actuaciones. Todo, hasta hoy, ha sido manejado por “la izquierda” a pesar de que la Resolución No.70 de 19-9-2013, que reglamenta el sistema de contratación artística, comercialización y retribución en las manifestaciones de la música, los espectáculos y de las artes escénicas, obliga a lo contrario.

El documento deja claro que es necesario que instituciones autorizadas representen a los autores frente a personas naturales o jurídicas al recibir ingresos de cualquier tipo de moneda, dentro o fuera de Cuba. Pero esa es una disposición sobre la que muchos creadores tienen sus reservas.

“La empresa no me ha facilitado ni un solo contrato en los últimos años, tampoco ayuda con instrumentos para mis músicos, ni transportación, si la presentación es fuera de La Habana. Todo lo debo gestionar y pagar yo. Esta entidad solo está para cobrarte del 5 al 24 por ciento de tus ingresos, según seas capaz de negociar, además del 5 por ciento demandado por la ONAT (Oficina Nacional de Administración Tributaria) No es una ayuda para los artistas, es un parásito que nos obligan a mantener”, explica el cantautor.

Después de la reforma económica de 2010, los artistas también quisieron sumarse a la nueva variante de trabajo donde no todo sería estrictamente controlado por la administración estatal. Incluso, en congresos de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) se ha propuesto evaluar la gestión no estatal de artistas y proyectos culturales, además de las cooperativas en este sector.

Pero el gobierno suele poner frenos o disolver las iniciativas autónomas de este tipo, tan pronto como surgen. Así lo hizo con las salas de cine en 3D privadas, y en 2012, cuando la compañía Ópera de la Calle debió cancelar su intento de autofinanciarse con presentaciones en un restaurante privado. Es política oficial que el Estado sea siempre el intermediario (político/financiero) entre creadores y consumidores.

Los artistas —sobre todo en La Habana— que se vinculan a negocios privados lo hacen en la actualidad sin que medie su empresa “comercializadora” o las órdenes de trabajo requeridas. Para muchos es más rentable así pues evitan declarar las comisiones que toma la entidad y cobran sus honorarios en efectivo y de inmediato, mientras que a través de la empresa puede dilatarse durante meses el cobro del cheque. Pero esta realidad podría cambiar a corto plazo si se implementa un supuesto Proyecto de Decreto de infracciones personales sobre prestación de servicios artísticos que, en medio del proceso de perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia, en sus artículos califica como “muy grave” la infracción que constituye “el pago a un artista o colectivo artístico, sin que dichos servicios hayan sido autorizados y contratados por la institución que lo representa”.

La infracción podría ser castigada por una multa (entre mil o 2 mil pesos) o la suspensión de la autorización de trabajar.

De implementarse este decreto, además de las manifestaciones artísticas más tradicionales en la relación con los negocios de gastronomía y bares (música y danza) también los diseñadores que trabajan de manera independiente tendrían que cambiar.

Desde 2014, con la creación del Registro Nacional de Diseño, estos profesionales han podido reconocer más su existencia como actores económicos, aunque a través de ese mecanismo no pueden comercializar su obra, ni pagar seguridad social. En su lugar para ser contratados deben estar representados por la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales que, al igual que sus homólogas dentro de la música o la actuación, casi siempre limita su gestión a descontar un por ciento de lo recaudado por el creador.

Así lo percibe Isaac Luis Linares, quien se graduó en 2010 como diseñador gráfico y en los últimos años ha preferido ejercer su profesión de manera independiente, vinculado tanto a empresas estatales (GeoCuba, la productora RTV comercial) como al sector privado.

Para él, que sea obligatorio la mediación de la empresa de representación entre su trabajo y el cliente, podría traer beneficios como mayor seguridad al estar de por medio un contrato escrito que asegure que ambas partes cumplan con lo pactado, pero también le teme a la entidad como mediadora por la burocracia y lentitud con que habitualmente se gestionan los pagos.

“Una medida así representaría perder una comisión por una empresa que no ha hecho nada para gestionar el trabajo. Los cambios en el perfeccionamiento deberían estar dirigidos a que todo fluyera mejor, no a estancarnos”, asegura.

Isac está asociado con otros tres jóvenes autónomos (editor, guionista y director de fotografía) para conformar un equipo que produce audiovisuales, pero si se aprueban estas medidas que hoy se analizan, su trabajo sería ilegal. “Promoviendo medidas restrictivas nos obligan a buscar alternativas para burlar la ley- lamenta el joven creador- El diseño y el audiovisual necesitan trabajo en equipo. Quien lo limite en un decreto, desconoce cómo funciona nuestro trabajo. Es un absurdo”.

El vínculo entre privados y artistas parece ser cada vez más amplio y visible en la vida cultural de las ciudades. Además de las presentaciones musicales o el diseño, actores y humoristas también se suman a las ofertas no estatales.

Iván Camejo es hoy probablemente el único humorista que mantiene su trabajo paralelo en Cuba y Estados Unidos. Por un lado, continúa siendo miembro del Centro Promotor del Humor y preparando espectáculos en la Isla, aunque desde hace más de cinco años resida en la Florida.

Para el comediante, el orden y las normativas podrían ser útiles si en lugar de tener un enfoque restrictivo, estas instituciones garantizaran los derechos de ambos para que no se cometan arbitrariedades o abusos por ninguna de las dos partes. “Estas empresas deberían representar verdaderamente a los artistas y para ello habría que reestructurar su función promotora, comercializadora y productora. Lo cual hoy no hacen.”

“Las medidas que actualmente se discuten, antes de echar andar sobre el sector privado, deberían incluir respeto y facilidades para los emprendedores, no mayores limitaciones. Los cuentapropistas están llenando un espacio que el Estado desde hace años no puede. Y en nuestro caso eso además favorece a los artistas y al público”.

Cuando los asociados a la Cooperativa Scenius presentaron ante el Tribunal Provincial Popular de La Habana, una demanda contra el Ministerio de Finanzas y Precios por la decisión de disolver su organización, ni siquiera consiguieron que el caso fuera admitido. El ente judicial determinó que toda la capacidad de reclamación se agotaba en el organismo que impuso la medida, como parte de su potestad discrecional.

Ese no fue un acto aislado. Fue, más bien, la confirmación de una tendencia alarmante en el sistema de justicia cubano. En este archipiélago cada vez quedan menos espacios para que los ciudadanos disputen ante tribunales las decisiones de funcionarios administrativos.

La “tutela judicial efectiva” es un principio internacional derivado de la Convención Universal de los Derechos Humanos, de la cual Cuba es firmante. Significa que: toda persona puede ejercer libremente la defensa de sus derechos e intereses legítimos ante los tribunales, para obtener una resolución fundada, ejecutable  y que observe las reglas del debido proceso y evite las dilaciones indebidas.

Ese principio, sin embargo, no está reflejado en la Constitución cubana. Quizás por ello, los mecanismos de solución de las inconformidades de muchas decisiones administrativas tomadas en contra de la ciudadanía, y de los cuentapropistas en particular (como personas naturales que son) no consideran el acceso a los tribunales como un derecho indispensable.

Hay, de inicio, un grupo de exclusiones de la justicia administrativa contenidas en el artículo 657 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico. Se trata de asuntos relacionados con la Defensa Nacional, la Seguridad del Estado, el Orden Público y las medidas adoptadas en circunstancias excepcionales para salvaguardar los intereses generales.

Ahí también caben las transacciones en divisas o valores extranjeros y el control de cambios que ejecute el gobierno; la planificación de la economía nacional; las materias constitucionales, civiles, penales, laborales y de seguridad social; la actividad educacional y la disciplina escolar y estudiantil y el ejercicio de la potestad discrecional.

Pero existen otros asuntos menos “trascendentales”, aunque igual de impactantes en la vida de los ciudadanos, que también escapan de la revisión de un juez cuando una autoridad administrativa toma una decisión.

Por ejemplo, la declaración de ocupante ilegal de una vivienda, las decisiones del Ministerio de la Agricultura relacionadas con la posesión, propiedad y herencia de la tierra y bienes agropecuarios; la medida de confiscación de bienes impuesta por Ministerio de Finanzas y Precios por enriquecimiento indebido o las sanciones por infracciones del régimen de pesca.

Tampoco se pueden discutir las resoluciones confiscatorias de viviendas o tierras, dictadas por el Instituto Nacional de la Vivienda o por el Ministerio de la Agricultura, por hechos relacionados con las drogas, actos de corrupción o con otros comportamientos ilícitos, ni las medidas derivadas de la comisión de contravenciones personales (multas, decomiso de bienes y obligaciones de hacer).

Con la fórmula común de que “contra lo resuelto no cabe otro recurso o proceso en lo administrativo ni en lo judicial”, se elimina la posibilidad de corrección por un tercero imparcial de sanciones que tienen resonancia en aspectos de vital importancia para el individuo y la propia sociedad, incluyendo las que afectan al ejercicio de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, particularmente el derecho de propiedad.

La discusión sobre el asunto toma relevancia a la luz de cierto documento que circula como borrador de nuevas medidas para controlar el ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia. De ser cierto y aplicarse su letra, las contravenciones de las disposiciones sobre el cuentapropismo se agravarían y permanecerían, a no ser que se decomisen viviendas, fuera del control judicial.

La Administración, con cada vez mayor frecuencia, ha sido facultada por el legislador cubano para utilizar sus estructuras, a las que pertenecen quienes imponen las medidas, como los únicos espacios donde pueden discutirse las inconformidades de los afectados. Los organismos a los que se subordinan los funcionarios administrativos actúan por directrices verticales de su jerarquía y bajo relaciones “de ordeno y mando”.

El sistema de justicia administrativa cubano se basa entonces en una confianza excesiva, casi quimérica, en la justeza y los principios de los decisores. Sin embargo, la práctica indica que es muy difícil que un superior reconozca la improcedencia de una medida indicada por él u orientada por las más altas esferas del organismo. No por gusto la mayoría de la doctrina jurídica universal reconoce la necesidad de un tercero imparcial como garante y decisor final en los temas relacionados con los derechos ciudadanos.

Un último detalle: el bloqueo del acceso a los Tribunales a los cuentapropistas demuestra también, a pesar de los intentos oficiales por desmentir el fenómeno, un trato desigual al sector no estatal de la economía cubana. Los trabajadores estatales cuando ven comprometidos sus derechos o su vinculación laboral, pueden acudir a los tribunales para intentar revertir la vulneración o recuperar su puesto de trabajo. Por el contrario, de acuerdo a lo aparentemente planificado, los cuentapropistas que vean suspendida o incluso eliminada definitivamente la autorización para ejercer la actividad que les sirva de sustento, no contarán con esa posibilidad.

Por si fuera poco, en el documento que circula, se ratifica la diferenciación en el trato. Los cuentapropistas no podrán aspirar, como lo hacen los trabajadores estatales, a regresar, sin necesidad de autorización extra, a sus puestos laborales luego del transcurso del tiempo establecido en la medida disciplinaria. La devolución de la licencia de cuentapropista, en caso de suspensión por un tiempo determinado, no estará influida solo por el paso tiempo, sino que dependerá además del análisis del Consejo de la Administración Provincial sobre su procedencia.

Mucho por perfeccionar nos queda también de este lado de la vida social.