La revelación de que se han buscado “fórmulas interpretativas” para lograr mayor “permanencia y estabilidad” de una nueva Constitución que corone el proceso de cambios en Cuba, reaviva la importancia de someter a debate y construcción públicos los actos legislativos en el país.

El secretario del Consejo de Estado, el máximo órgano ejecutivo en el archipiélago, lo reconoció claramente: “Hemos buscado fórmulas interpretativas para evitar que se rebasen (los) umbrales (de la Constitución) y haya que continuamente someterla a la reforma”; dejando así entrever que en las altas esferas gubernamentales ya se tiene un proyecto de Carta Magna, a la espera de lo que también llaman “el momento oportuno”.

Esa posibilidad presupone continuar una práctica criticada por sectores intelectuales del país, quienes han alertado sobre los riesgos de perder la legitimidad y el favor de los ciudadanos si continuamente se apela a timonear “desde arriba” los procesos de cambio.

Una de las advertencias provino del joven abogado y académico Julio Fernández Estrada, quien en un debate organizado por la revista Espacio Laical afirmó: “La opción de la democracia siempre es atemorizante, pero justa, por eso confío en que una Asamblea Constituyente es la mejor manera de plantear un cambio tan profundo en Cuba.”

“Si la alternativa es que otra vez recibamos un proyecto acabado para ser ratificado, si es que se lleva a referendo, con contenidos esperados y otros no tanto, con decepcionantes acuerdos entre fuerzas que no incluyen al pueblo, entonces preferimos el riesgo sublime de decidir nuestro futuro entre todos y todas, que somos al fin el único espacio donde no sobra nadie”, sentenció.

La discusión sobre la participación ciudadana en los destinos legislativos del país tuvo un pico al inicio de las reformas lideradas por Raúl Castro, cuando millones de personas participaron en 2011 en la discusión masiva y abierta del proyecto de “Lineamientos” (el programa de cambios) tras la cual fueron modificados, incluidos o suprimidos varios postulados de ese documento.

Pero por aquellos días también algunos asistentes a las asambleas demandaron que se democratizara más la construcción de las propuestas, sobre todo, cuando fuera imprescindible cambiar la Constitución.

Ese pensamiento ha sido retomado en los últimos meses, cuando incluso importantes voces, como la doctora Martha Prieto Valdés, profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de La Habana, han pedido públicamente la presencia activa de los cubanos en el planteamiento del nuevo texto.

“Las constituciones no son como el acta de nacimiento de un niño. Son resultado de un proceso y estas nuevas generaciones, que no fueron las que discutieron y aprobaron la Constitución nuestra, tienen derecho a verse reflejadas en ella de manera más directa (…) Sería bueno que se produjese un debate nacional de manera tal que se pudieran armonizar todos esos intereses, porque la sociedad cubana en 1976 era muy homogénea, pero ya no lo es.”

Cambiar, ¿qué?

Una de las debilidades mayores para la credibilidad de las autoridades cubanas, incluso reconocida por su ministra de Justicia es su recurrente práctica de gobernar por decretos y decretos-leyes, pues el poco activo Parlamento (con tres sesiones de una semana cada vez, y este año 2014 sólo una reunión extra, del par prometido) apenas aprueba dos o tres legislaciones al año, literalmente.

Esa práctica ha conducido a que sea común en el país la promulgación de normas inferiores que modifican leyes o que limitan derechos consagrados por la propia Constitución; haciendo muy difícil sostener argumentos de respeto a la democracia y la institucionalidad por parte de los defensores del proyecto social.

O lo que es peor, generando en el ciudadano común la percepción o la seguridad de que está muchas veces desamparado en la protección de sus derechos.

Para sanear estos asuntos es que incluso el propio secretario del Consejo de Estado, al referir en un congreso de abogados las prioridades de una “intensa agenda legislativa” para los próximos años, anuncia disposiciones de corte social (Código Penal, Ley de Procedimiento Penal, Ley de Ejecución de Sanciones, Ley de Funciones y Servicios Policiales, Código de Contravenciones y Código de Familia). Y no otras de índole empresarial o financiera, como correspondería a un proceso de “actualización económica”, que es el nombre dado por la terminología oficial a las transformaciones en marcha.

Conviene no olvidar entonces que son los derechos y la libertad personal los que se pondrán en discusión cuando llegue el momento del acto constituyente. Por eso, no debe dejar de resonar el reclamo de transparencia e inclusión de las mayorías en la concepción misma de la Ley Fundamental.

Como recuerda el abogado Fernández Estrada: “La Constitución es un buen lugar para dejar esclarecido el alcance del Derecho en un país, y quiénes y hasta dónde se debe y se puede crear Derecho en un Estado.” Si es así, no se debería dejar en manos de unos pocos la capacidad de poner los límites al resto de sus compatriotas.