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Periodista e investigador. Estudio la comunicación como una clave para tratar de entender lo que me rodea y transformarlo -hasta donde pueda. Por alguna extraña razón, que no logro explicar del todo, tengo la necesidad de regresar siempre, para vivir en Camagüey y en Cuba, donde tengo mi casa, mi familia, mis perros, amigos que disminuyen constantemente por obra y gracia de la emigración y donde sufro y gozo a diario la compleja condición de estar aquí.

Hace unas horas <a href="https://www.periodismodebarrio.org/2018/12/que-dice-la-nueva-politica-de-comunicacion-cubana/" target="_blank" rel="noopener">Periodismo de Barrio</a> hizo pública la hasta ahora cuasi-secreta y poco promocionada “<a href="," target="_blank" rel="noopener">Política de Comunicación Social del Estado y el Gobierno cubanos</a>”, aprobada desde enero de 2018.
Debido a la importancia que encierra este documento, presento a continuación una breve descripción/análisis, en términos comprensibles no solo por los especialistas, pues los principales sujetos de la comunicación no son los periodistas o las instituciones, sino la ciudadanía toda.
Ya que existen pocas síntesis de la sabiduría popular tan eficientes como las canciones —con su incorporación de refranes y estribillos—, acudo a ellas para cumplir el cometido, aunque sin dudas se hace necesario un análisis posterior más detallado del documento.
Esto no es de ahora: cantaba Isaac Delgado allá por el 2001 y la nueva Política de Comunicación tampoco es de ahora. No solo porque estuvo siendo tallereada desde abril de 2013 por un Grupo de Trabajo de 11 personas, sino porque buena parte de sus contenidos pueden encontrarse ya en las tesis sobre los medios de comunicación, enunciadas en los Congresos del Partido, en los Lineamientos y en la Resolución 232 del 2007 del Buró Político.
La nueva Política mantiene los mismos principios y objetivos del trabajo de los medios de comunicación: el papel del Partido como “rector de la comunicación social en el país” —menuda tarea para algo tan complejo y ubicuo como la comunicación—; reconoce la información y el conocimiento como bienes públicos y la comunicación como un recurso estratégico; ratifica que los directores de medios tienen la responsabilidad de ejecutar —aunque no menciona la palabra diseñar— la política informativa de su institución; remarca que todos los medios de comunicación masiva del país son de propiedad estatal o social y que en ningún caso pueden ser de propiedad privada —algo que en la práctica no es cierto ni puede cumplirse a cabalidad, debido a las transformaciones que han implicado las nuevas tecnologías—; y orienta la creación de estructuras de comunicación social en los diferentes organismos del Estado e instituciones. Continuando con el estribillo del Chévere de la Salsa, este tumba’o estaba pega’o hace rato y lo conoce bien toda persona cercana al trabajo de los medios.
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Tú dices que no pero sí: Tú dices que sí pero no… y a Leoni Torres, en su etapa charanguera, aquella mujer lo tenía loco con tanta ambivalencia amorosa.
El documento propone estudiar —después de cinco años trabajando la cuestión— que se redefina la subordinación de los medios y sus políticas editoriales, incluyendo cuáles deben ser oficiales y cuáles no, así como la conveniencia de que los periódicos provinciales dejen de ser órganos del Partido en la localidad y pasen a ser del Gobierno.
Ahora, cuáles serían las implicaciones en materia de política informativa —más allá de las logísticas— de estos cambios si el Partido no solo continúa siendo el “rector de la comunicación social en el país”, sino también la “fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado”.
De acuerdo con las características del sistema político cubano, qué significaría que el periódico Trabajadores dejara de ser el “Órgano de la Central de Trabajadores de Cuba”, para ser “La voz de los obreros, campesinos y cuentapropistas cubanos” o que el Adelante pase de ser el “Órgano del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba” en Camagüey y se convierta en el “Órgano del Gobierno”.
Si le vino a la mente alguna frase de la película El gatopardo, eso lo pensó usted, no yo. Aquí estoy hablando de canciones, no de filmes. Ah, curiosamente no aparece fecha para dar cumplimiento a estas propuestas en el cronograma de implementación que acompaña al documento.
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La cruda economía: Ha dado luz a otra verdad; dice el gran Silvio mientras juega a que se regala un 6 de enero. Los principales elementos novedosos que trae la Política de Comunicación se ubican en el plano de la gestión económica de los medios de comunicación, un terreno en el que los tercos hechos han obligado a asumir realidades que ya existen sin soporte legal y otras que desde hace mucho tiempo se vienen planteando, aunque siempre olfateadas con sospecha.
Aquí está la cuestión de reconocer las figuras del creador audiovisual y el creativo; incluir “en los casos que se aprueben” modelos de gestión que, además del financiamiento estatal, incorporen otras formas de ingresos; presentar una propuesta para el uso ordenado de la publicidad —por cierto, el cronograma le daba plazo hasta el pasado junio, y que yo sepa, hasta ahora…—; y “actualizar las regulaciones laborales y corregir las incongruencias salariales de los sectores periodísticos y de la comunicación social”. A propósito del último aspecto, en los últimos días el río ha comenzado a sonar en el gremio porque noviembre era la fecha tope para su cumplimiento; pero en concreto, todavía nada. Dicen… que ya está aprobado, pero que aún no hay acuerdo sobre la forma de pago a adoptar.
Todas estas medidas, implementadas de manera inteligente y sistémica, pueden ser beneficiosas; sin embargo, como se demostró en muchos países que intentaron transformar sus sistemas de medios —China y varios de los estados exsoviéticos que transitaron al capitalismo, por ejemplo—, la modificación de las cuestiones económicas no es garante de un periodismo de calidad, ajustado a las necesidades de la sociedad, si no viene acompañada de procesos de socialización de la gestión.
“El día del Armagedón no quiero estar tras la puerta, sino soñando bien alerta, donde esté a salvo de perdón”, cierra Silvio su tonada y yo la canto con él.
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¿Ausencia quiere decir olvido?: Me permito ponerle la interrogación a esta frase del poema de Fernando Celada —cantado por varios de los grandes de la música cubana— para otorgar el beneficio de la duda.
A pesar de una redacción sintética que no se detiene en cuestiones de relevancia, el texto posee algunos huecos importantes si de Comunicación Social hablamos. A mi juicio, el principal de ellos es lo relacionado con la cuestión de la obligatoriedad de la transparencia de la gestión de los asuntos públicos y gubernamentales y las vías para implementarla. Esto va mucho más allá de “incluir en los planes de desarrollo local acciones de comunicación que favorezcan el conocimiento de la gestión gubernamental, la participación de la ciudadanía, el diálogo con el pueblo y refuercen el papel del delegado de circunscripción”.
Es impensable una política de comunicación donde la ciudadanía sea el gran ausente o aparezca en un rol pasivo. No puede haber socialismo ni democracia real si no se reconoce la obligatoriedad de la transparencia, el derecho a la participación ciudadana y al control social.
Cinco años de trabajo y consultas debieron ser más que suficientes para dejar claras estas cuestiones. Curiosamente, estos son aspectos que tampoco se abordan con suficiencia en el nuevo proyecto de constitución, lo cual tristemente inclina a pensar que ausencia más que olvido, puede querer decir tinieblas, decir jamás.
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Tal como empezó: Según los datos del documento, del grupo de 11 personas que elaboró la política solo 3 eran periodistas, aunque ahora en puestos de dirección, y de ellos, solo uno es un investigador reconocido en el campo de la Comunicación. Las consultas realizadas fueron más para ratificar que para modificar, según los números que se exponen en el texto. Diez meses después de la aprobación de una política pública, que atañe a todos, no existía un solo trabajo periodístico o documento oficial que compartiera con profundidad su contenido a la ciudadanía.
Tuvo que ser un medio no oficial —de esos que el documento califica de privados, con intencionalidad hipercrítica y desmovilizadora— quien hiciera público el texto y son esos mismos medios, no subordinados a la propia institución que rectoró la redacción de la política, quienes están analizando y debatiendo su contenido; una actitud sin dudas mucho más funcional a un proyecto de sociedad participativa que el silencio y la apatía.
¿Puede ser exitosa una Política de Comunicación gestada, analizada e implementada con una comunicación mínima y selectiva? Con estos principios es difícil esperar finales diferentes. Enero de 2019 es la fecha tope que establece el cronograma para la elaboración de un Decreto-Ley —ni siquiera una Ley— que convierta esta política en una norma jurídica, sin más debates, ni análisis, ni críticas, ni opiniones de la ciudadanía. Un Decreto-Ley que resultará… tal como empezó, nos dirían los Van Van.
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Consulte o descargue la <a href="," target="_blank" rel="noopener">Política de Comunicación Social del Estado y el Gobierno cubanos</a>
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