El paternalismo según la filosofía es la tendencia a aplicar las normas de autoridad o protección patriarcal, a otros ámbitos de las relaciones sociales como la política. El sistema socio-económico cubano se ha instaurado sobre la base del paternalismo. En las últimas décadas, algunos derechos e iniciativas individuales han sido limitados a cambio de la protección estatal en asuntos sensibles. La recuperación tras el paso de un huracán es un buen ejemplo de ello.

Algunas frases del lenguaje popular demuestran esos rasgos paternalistas instaurados en la relación del pueblo cubano y su gobierno: “A la Revolución se lo debo todo” y “Tengo confianza plena en que la Revolución no nos dejará desamparados”; son dos de las más reveladoras. Pero con el avance de nuevas políticas, que se anuncian como pasos para ordenar y racionalizar el gasto del país, otra idea se expresa con creciente frecuencia: “Ahora no sabemos qué va a ocurrir”.

Cuba, a pesar de su experiencia en materia de huracanes, no había regulado jurídicamente la entrega de subvenciones en casos de catástrofes. Una primera norma, surgida en 2015 y que se utilizó tras el paso del huracán Matthew, y su muy reciente actualización en 2017 (pocos días antes de Irma) muestran que el tiempo de las “gratuidades” y las entregas de materiales sin control ya terminó, ahora se avanza más en el camino de la “institucionalización”.

La Resolución 645/17 de la Ministra de Finanzas y Precios, regula asuntos que, en mi opinión, debieron haber sido valorados en otra esfera de competencias. Soy del criterio que, para el establecimiento o modificación de un sistema de subvenciones estatales, debe contarse con la aprobación del legislativo (Asamblea Nacional) y no sólo con el criterio de un ministro. Pero eso no es sino otra muestra de la vulneración de la pirámide legislativa cubana y de la creciente necesidad de la participación, al menos, de los representantes populares en la toma de decisiones.

Debo decir que comparto lo que interpreto como objetivo de la norma recién aprobada: la regulación de las antes muy poco controladas subvenciones estatales. Sin embargo, no comparto la forma ni los mecanismos utilizados.

Uno de los puntos más controvertidos y que ha generado múltiples comentarios, es el hecho de que los “damnificados” tengan que pagar las donaciones que reciban en estos casos. Al parecer los rumores generados con relación al cobro de estas gratuidades a los damnificados tienen su fundamentación. La norma aprobada establece que solo se le cobra a la población el gasto de la transportación de la ayuda. El cual se calcula dividiendo los costos del transporte entre el valor total de la donación a entregar.(*)

La política de recuperación tras el paso de los huracanes privilegia desde los últimos años al crédito bancario y los subsidios como los mecanismos financieros disponibles para la población. Tras Irma, y con esta nueva resolución, el Banco Central de Cuba ha anunciado que las solicitudes de crédito por este concepto se tramitarán en 24 horas, se extenderán los tiempos de devolución de los créditos y el presupuesto estatal asumirá el total de los intereses en algunos casos especiales.

No obstante, los bancos continúan con sus análisis de riesgo y sistemas de garantías, determinantes de los montos a entregar. Vale preguntarse: ¿a qué crédito puede aspirar un núcleo familiar damnificado que percibe ingresos mínimos y no cuenta con garantías reales o fiadores suficientemente solventes?

Al parecer, previendo esas dificultades, el Estado cubano cubrirá con una Bonificación (mecanismo de pago también reconocido en la Resolución) el 50% de los gastos relacionados con la asignación de materiales de construcción a los afectados. Ofrecerá también, sin importar el déficit fiscal, la deuda pública o los ajustes que haya que hacer a la Ley del Presupuesto, subsidios a las personas cuyos ingresos no sean suficientes para afrontar los costos, ni siquiera de un crédito.

Pero todo lo anterior habrá que verlo en la práctica. La experiencia previa en la entrega de subsidios (cuyo financiamiento depende de la recaudación en la venta “liberada” de materiales de la construcción, por debajo de lo previsto cada año) al menos a mí me deja muchas dudas.

En el tipo de ayudas estatales que se contemplan en la nueva resolución no se incluye el apoyo a iniciativas privadas que cubran necesidades generadas luego de la catástrofe. El apoyo al cuentapropismo se reduce sólo a algunas rebajas y exenciones tributarias temporales, a discreción de los gobiernos locales. Otro elemento para aportar al debate sobre la necesaria consideración como empresarios mercantiles en igualdad de condiciones que otros actores de la economía como la empresa estatal a los trabajadores por cuenta propia. El limbo jurídico en el que se encuentran entre actores económicos y personas naturales, les impide participar como deberían y con apoyo estatal las necesarias condiciones de casos de catástrofes.

Creo que el sistema de subvenciones de un país (que es lo que regula esta norma recién aprobada) no puede responder exclusivamente a una intención donativa del Estado. Debe cumplir con un fin de bien público, pero a través del establecimiento de condiciones para el receptor. Las condiciones para el otorgamiento de subvenciones, motivan la exigencia de responsabilidades en caso de incumplimiento.

Algo del asunto había incorporado previamente, y como ya nos tiene acostumbrados, en función legislativa el Consejo de Estado mediante el Decreto-Ley 342 que modificó nuevamente la Ley General de la Vivienda en abril de este año. La condición de que ningún beneficiario de subsidio pueda vender, donar o permutar su vivienda, dentro de los 15 años posteriores a la construcción, sin haber abonado previamente el valor subsidiado, puede ser considerado un avance de lo que hoy se nos ofrece. Los subsidiados asumirán una condición no acordada en la Resolución pero que subyace en el texto modificado de la Ley.

Sin embargo, es necesario establecer más claramente las condiciones de la relación, pues al final, las ayudas después del huracán ya no son regalos paternales. La ausencia de condiciones constituye un irrespeto hacia el presupuesto asignado y hacia el resto de los ciudadanos que con sus aportaciones tributarias lo generan.

La decisión anunciada mantiene rasgos de aquel padre Estado al que el pueblo cubano se acostumbró luego de 1959, que siempre provee y no deja a nadie desamparado. Sin embargo, la sostenibilidad de la ayuda ha demostrado ser muy endeble y ahora la “racionalidad económica” se impone. La gratuidad cede espacio al intercambio financiero.

(*) Horas después de publicado este blog, se conoció que este punto del cobro a los damnificados por la ayuda fue regulado casi a la carrera, con una nueva modificación del texto que eliminó el recargo sobre la gente.

Es que era demasiado morbosa la ecuación matemática que generaba valores por distribuir ayuda humanitaria. Pero fue revelador ese acto de los dos puntos esenciales de este trabajo: 1- la burocracia estatal no debe decidir por úcase asuntos que competen a esencias mismas del orden social, y 2- El economicismo y la “racionalidad” como política es capaz de modificar bases del pacto social si acaso lo necesita para la gobernabilidad.