“Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él”, enunció Isaac Newton en su primera ley del movimiento. Es un principio no solo válido para la física mecánica, también aplica a muchos aspectos de la vida social, entre ellos, la prensa.

El trabajo de los medios en Cuba y los derechos relacionados con la comunicación, han sido criticados por periodistas, dirigentes y ciudadanos. Entre los problemas más recurrentes de la prensa se encuentran los vacíos informativos, el secretismo, la falta de debate y de pluralidad de criterios, la ausencia de periodismo de investigación, el distanciamiento respecto a la agenda pública, el triunfalismo.

A esto se suman las deficiencias en los procesos de rendiciones de cuentas de las instituciones públicas, el limitado acceso a la información, la falta de transparencia y otras cuestiones que atentan contra los derechos ciudadanos de comunicación e información.

Utilizando el pensamiento newtoniano, podríamos equipar esa situación con un cuerpo inerte y vetusto que pesa sobre las espaldas de un país que se ha propuesto construir un socialismo próspero y sostenible. Una quimera si lo pretende hacer sin un modelo y prácticas comunicativas más participativas, ágiles y democráticas.

Pese a variados intentos —que incluyen discursos, críticas y autocríticas, mejoras tecnológicas y otras acciones menores— aún no se ha encontrado la forma de sacar ese cuerpo de dicho estado de reposo.

Sobre todo dentro del gremio periodístico, desde la década de 1980, algunos pensaron y propusieron que una de las fuerzas capaces de lograr dicho movimiento sería una Ley de Prensa y al parecer, fue una solución aceptada. Sin embargo, en 2018, dicha Ley no pasa de ser un misterio, incluso, entre los más enterados.

Según el artículo 88 de la Constitución cubana, los lugares desde los que podría aplicarse “la fuerza” para echar a andar la Ley “que moviera el cuerpo” son ocho: los diputados de la Asamblea Nacional y sus comisiones, el Consejo de Estados y de Ministros, las Direcciones Nacionales de las organizaciones sociales y de masas, el Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía General de la República y los ciudadanos.

Según sus propios datos, la Asamblea Nacional tiene actualmente 23 diputados que están o han estado vinculados directamente al trabajo de los medios de comunicación. Desconozco que alguno se haya pronunciado —al menos con éxito— por la formación de una comisión que desde esa instancia trabaje en la Ley de Prensa o Comunicación.

La Dirección Nacional de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) participó junto al Partido, de manera bastante cerrada, en la redacción de unas guías generales; pero actualmente no se sabe en qué quedó el tema ni se le ha informado a su membresía. Los Consejos de Estado y de Ministros tampoco enseñan cartas, y para la Fiscalía y el Tribunal Supremo parece que esto no entra dentro de los temas de su competencia.

En fin, que solo queda una vía, legal —para quienes apuesten por una fuerza que ayude a avanzar, no a despeñar— y esa es la iniciativa ciudadana. Por eso, desde el Laboratorio de Ideas Cuba Posible, se ha lanzado un grupo de Fundamentos para una Ley de Información, Comunicación y Medios cuyo objetivo es constituirse en una plataforma mínima de debate entre todos los interesados.

¿Por qué? Porque las leyes deben construirse colectivamente desde la base, con la implicación activa, real y sincera de todos los sectores de la sociedad, de los ciudadanos y no solo de las instituciones que “representan” a los ciudadanos. Y también, para que en el caso de que la ley “venga de arriba”, como casi siempre sucede, tengamos ya un conocimiento construido que nos permita analizarla críticamente y no levantar las manos —si fuera sometida a consulta, como debería ser— para aprobar por unanimidad algo que no hemos tenido tiempo de procesar .

Los Fundamentos presentados en Cuba Posible (en cuya conformación participé) son solo principios básicos y generales que necesitan ser discutidos, criticados, enriquecidos y profundizados. Lo que se quiere es que de la inteligencia colectiva y la implicación salgan los acuerdos. Es una propuesta que no busca ser excluyente, ni estar al margen de lo que se discute en los espacios oficiales. Por el contrario, se quiere llegar a ellos, pero también, ir más allá. En este sentido, la UPEC debería jugar un papel más activo en la promoción de estos debates.

La Constitución cubana establece que se necesitan 10 mil firmas de ciudadanos que tengan condición de electores para promover una iniciativa legal. Si sumamos las membresías de la UPEC y la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales, más todas las personas que consideran necesaria tal legislación, lograríamos componer “la fuerza” que pudiera destrabar, al menos, la cuestión de la legislación. Y si a ello sumamos la posibilidad de llegar a ese momento con propuestas consensuadas, pues sería —en principio— una aceleración para hacer que “el cuerpo” comience a deslizarse.

Hay que romper la inercia.