Para el régimen cubano, la represión es su «derecho» inalterable. Así lo declaró al no aceptar un grupo de recomendaciones realizadas en noviembre de 2013 durante el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

La respuesta cubana a las recomendaciones de los Estados miembros del CDH expone su rechazo de forma parcial a tres de ellas y de manera total a otras 28. Para el poder de la isla, las recomendaciones «son incompatibles con los principios constitucionales y [con] el ordenamiento jurídico interno» y su contenido «es contrario al espíritu de cooperación y respeto que debe primar en el EPU». 

Ante la noticia, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) condenó que la Administración de La Habana rechazara las recomendaciones asociadas con la liberación de los presos políticos, con el fin de la represión y con la atención médica que no ofrece a los opositores encarcelados. 

El OCDH resaltó en un comunicado que las 31 recomendaciones «no aceptadas constituyen una clara enmienda a muchas otras con las que dijo estar de acuerdo, lo cual es [la] antesala de los acostumbrados incumplimientos». 

Para Yaxys Cires, director de estrategias del OCDH, existe una contradicción en la posición del régimen cubano cuando acepta recomendaciones que implican una eventual ratificación de convenios internacionales de derechos humanos, pero no se compromete «con el cese de la represión que va (…) contra el ejercicio de los derechos reconocidos en [los] tratados». 

Cires acotó, en conversación con elTOQUE, que el rechazo es una «evidente declaración de intenciones» del régimen cubano. «En algún momento el Gobierno cubano podría ratificar los convenios internacionales, pero no adecuar la legislación interna, seguir reprimiendo y, además, llevarse el aplauso de la comunidad internacional».

¿Qué recomendaciones rechazó Cuba en el último EPU?

Durante el Examen Periódico Universal, realizado el 15 de noviembre de 2023, Cuba recibió 361 recomendaciones de países miembros del Consejo de Derechos Humanos.

En el Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, el Gobierno cubano aclara que «estudió las recomendaciones [y que] para decidir su posición (…) se celebraron amplias consultas con los interesados pertinentes, incluidas las organizaciones de la sociedad civil».

¿Es posible una ley de amnistía en Cuba?

Las cárceles cubanas retienen a centenares de hombres y mujeres cuyos delitos han sido salir a protestar y oponerse a las políticas y al Gobierno. ¿Qué puede significar impulsar una ley de amnistía en el actual contexto cubano? 

Sin embargo, no existen registros ni pronunciamientos de la sociedad civil cubana que indiquen que el régimen se reunió y tomó en cuenta sus criterios. Incluso, en medio del proceso de estudio de las recomendaciones, la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) rechazó la petición de varios familiares de presos políticos para impulsar una ley de amnistía.

En el documento que presentó el régimen cubano, reiteró su compromiso de «continuar cooperando con la maquinaria de derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas, en particular con el Consejo de Derechos Humanos y su Mecanismo de Examen Periódico Universal»; pero a la vez rechazó aplicar recomendaciones relacionadas con el respeto a las libertades individuales de los cubanos.

Entre las recomendaciones rechazadas tras el EPU de 2023, se encuentran las relacionadas con poner fin al hostigamiento, la represión y las detenciones arbitrarias contra la sociedad civil, defensores de derechos humanos, periodistas y opositores; con liberar a los presos de conciencia y presos políticos encarcelados por ejercer pacíficamente sus libertades; con permitir acceso de observadores independientes de derechos humanos a juicios y centros de detención; con derogar artículos del Código Penal que criminalizan la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación; con poner fin al sistema unipartidista y celebrar elecciones libres con múltiples partidos; y con retirar la competencia de los Tribunales militares de juzgar a civiles.

Países Bajos recomendó poner fin al acoso, a la represión y a las detenciones arbitrarias contra la sociedad civil y contra los defensores de derechos humanos. Nueva Zelanda, Bélgica, Alemania, Irlanda y Lituania instaron que pusieran en libertad inmediata a los presos políticos y de conciencia. Suecia sugirió permitir el acceso de observadores independientes a juicios y a prisiones de la isla.

Estados Unidos pidió poner fin a la reclusión arbitraria de voces disidentes y recomendó cumplir con las normas internacionales del trabajo y «dejar de utilizar prácticas coercitivas para manipular y presionar a los trabajadores [con el] fin de que participen en el programa de exportación de mano de obra» (las misiones médicas). Recomendó, además, poner fin al unipartidismo y permitir elecciones libres.

Chile sugirió modificar la competencia de los Tribunales militares para que no pudieran juzgar a civiles. Irlanda propuso derogar el artículo 176 de Código Penal cubano que establece: «El funcionario público encargado de cumplir alguna misión en otro país que la abandone o, cumplida esta, o requerido en cualquier momento para que regrese, se niegue expresa o tácitamente a hacerlo, incurre en sanción de privación de libertad de tres a ocho años».

 Otras recomendaciones rechazadas fueron las de Canadá sobre transparencia durante las detenciones; las de Luxemburgo sobre evitar las privaciones arbitrarias y el hostigamiento; y las de Eslovaquia sobre brindar atención médica a los opositores encarcelados. 

Lo que no le gustó a Bruno Rodríguez del Examen Periódico Universal

Numerosos países hicieron disímiles recomendaciones al régimen de La Habana para que dejara de violar los derechos humanos.

Para el Gobierno cubano, la mayoría de las recomendaciones están «sesgadas políticamente y construidas sobre bases falsas, derivadas de los intentos de desacreditar a Cuba» y «no se avienen al espíritu de cooperación y respeto que exige [el] ejercicio (el Examen Periódico Universal)». 

«Cuba rechaza»… la historia que se repite

Desde su primera evaluación en el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2009, Cuba ha rechazado sistemáticamente varias recomendaciones referidas a la protección y garantía de los derechos humanos.

La negativa se mantuvo en los siguientes exámenes (2013 y 2018) y se repitió en la revisión de 2023.

En el EPU de 2009, Cuba rechazó las recomendaciones sobre la liberación de defensores de derechos humanos, periodistas y otras personas injustamente encarceladas durante la Primavera Negra en 2003. 

Se negó también a permitir el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión. Israel, Reino Unido, Canadá, Austria, Eslovaquia, Italia, República Checa y Países Bajos realizaron los señalamientos de este tipo. 

En 2013, el poder cubano rechazó 20 recomendaciones que incluían la realización de una investigación independiente sobre el «accidente» automovilístico de los opositores Oswaldo Payá y Harold Cepero. 

Diez años más tarde, en junio de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que el Estado cubano fue el responsable de la muerte de ambos opositores en 2012. 

En 2013, Cuba también se negó a enmendar la Ley de Procedimiento Penal para evitar la prolongación indefinida de investigaciones preliminares; a garantizar el acceso a Internet y a reducir el control gubernamental sobre su consumo; a permitir medios de comunicación independientes; a proteger a periodistas y defensores de derechos humanos ante intimidaciones y violencia; y a poner fin a la represión. 

Cuba, la violación de derechos humanos y el Examen Periódico Universal de la ONU

El EPU es un mecanismo de revisión que se efectúa a todos los Estados miembros en un período de cuatro años y medio y admite informes tanto de los Gobiernos como de organizaciones de la sociedad civil.

Para 2018, el número de rechazos fue en ascenso, unas 30 recomendaciones no pasaron el «fino» tamiz del Gobierno cubano. 

En esa ocasión, Cuba no aceptó sugerencias sobre la suspensión del arresto arbitrario de manifestantes pacíficos y su posterior liberación; sobre el cese del acoso a activistas políticos, a defensores de derechos humanos, a periodistas independientes y a opositores ni sobre la liberación inmediata e incondicional de los presos de conciencia. 

Tampoco apoyó recomendaciones sobre garantizar la independencia e imparcialidad judicial; proporcionar estatus legal a grupos locales de derechos humanos y facilitar su participación en la ONU; eliminar las restricciones de acceso a Internet y al derecho de asociación y libertad de expresión; eliminar limitaciones al acceso a información y reformar el sistema unipartidista para implementar elecciones multipartidistas. 

Los argumentos que esgrime Cuba para rechazar las recomendaciones son recurrentes. A saber: que atentan contra su soberanía y derecho a la libre determinación, que están sesgadas políticamente y construidas sobre bases falsas con el objetivo de desacreditar al país y que son incompatibles con los principios constitucionales y con el ordenamiento jurídico interno. 

A pesar de los señalamientos, la situación de los derechos humanos en Cuba no ha mejorado. Tras las protestas de julio de 2021 existe una escalada represiva, en especial contra quienes se manifiestan y sus familiares. 

En los últimos años, el Gobierno cubano ha puesto en vigor normativas que restringen aún más las libertades ciudadanas —el Código Penal, la Ley de Comunicación Social y algunos decretos leyes que criminalizan la libertad de expresión en Internet y redes sociales—. 

El Examen Periódico Universal es un mecanismo de revisión que se efectúa a los Estados miembros en un período de cuatro años y medio y que admite informes tanto de los Gobiernos como de organizaciones de la sociedad civil. Intenta mejorar, además, la situación de derechos humanos a nivel mundial. Permite que cada país informe sobre las medidas que ha tomado para mejorar la situación de los derechos humanos y brinda la oportunidad de compartir buenas prácticas sobre el tema.