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La Gaceta Oficial de la República publicó el Decreto 103 que deroga el 164 de 1991 y que establece nuevas sanciones y contravenciones «concernientes al servicio militar».
La calificación de «testigo» no está diseñada para ofrecer garantías a los periodistas independientes sometidos a esos procesos. Por el contrario, está diseñada para negarles los mínimos derechos a los que podría apelar alguien que ha sido formalmente acusado.
Varios individuos involucrados en el sacrificio de perros callejeros y domésticos con el propósito de comercializar su carne fueron detenidos en San José de las Lajas. ¿La ley cubana contiene una figura delictiva para sancionar acciones de este tipo?
La Certificación de Antecedentes Penales constituye el único documento oficial legalmente válido para verificar la presencia o ausencia de antecedentes penales en una persona.
El principal objetivo del juicio contra Alina Bárbara López era demostrar que los órganos de represión no están dispuestos a tolerar que se desobedezcan sus citaciones e «interrogatorios».
Las autoridades cubanas emplean otra vez la cláusula de intangibilidad constitucional contenida en el artículo 4 de la carta magna de 2019 para catalogar cualquier posicionamiento o acción en contra del «socialismo» de acto sedicioso.
El siguiente texto ofrece diez argumentos que desmienten la veracidad de un documento supuestamente redactado por autoridades del Minint y la Fiscalía que aún circula en las redes sociales.
Solo las «actividades ilegales» que constituyan delitos justifican la privación de libertad de una persona. El Gobierno cubano acostumbra a esconder la represión política detrás de argumentos legales relacionados con la comisión de delitos comunes.
El nuevo dictamen del Tribunal Supremo Popular ratifica la idea de que en Cuba los represores definen la ley, los derechos individuales y las garantías.
Un Acuerdo del Consejo de Ministros faculta a los funcionarios del Ministerio del Interior a citar a quienes consideren que necesitan ser educados o advertidos para evitar que cometan «delitos».
El siguiente texto es un artículo de Julio Fernández Bulté, originalmente publicado en el 2000. Contiene sus ideas, revisiones bibliográficas y reflexiones respecto a la aplicación de la pena de muerte.
Mientras Leandro Pupo enfrenta la posibilidad de pasar cuatro años en un campamento de trabajo forzado, un juez no ha permitido ni siquiera que Pedro Jorge Velázquez responda en un juicio público por sus comentarios injuriosos.
Emplear el término «comercio ilegal» para referirse a la comercialización puntual de productos es jurídicamente incorrecto.
Hay elementos plausibles para impulsar acciones penales contra la persona que publicó en Revolico un anuncio que promocionaba el alquiler de su apartamento en La Habana junto a la frase: «solo para blancos».
Vincular la abstención con un acto criminal no busca sino detener mediante el miedo una tendencia creciente e irreversible de la sociedad cubana.
El Gobierno cubano ha impulsado acciones operativas para consolidar la administración del poder en el país; es el caso del Grupo Nacional de Trabajo para la Ciberseguridad y el nuevo Código Penal.
El nuevo Código Penal cubano entra en vigor este primero de diciembre de 2022. Aunque la vigencia de la ley no cambiará la esencia del sistema totalitario cubano, sí lo harán las formas de represión.
El nuevo Código Penal entrará en vigor el primero de diciembre de 2022; fecha en que se cumplen los 90 días reglamentarios tras la publicación de la normativa en la Gaceta Oficial ocurrida este primero de septiembre.
La policía cubana detuvo a Alejandro Tamayo violentamente luego de que la Guardia Costera estadounidense lo deportara a Cuba tras interceptarlo a unas 60 millas al sur de Cayo Hueso. El texto reflexiona sobre los detalles legales del caso.
El video del presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio, estremece el sistema de justicia cubano, lo descubre en sus peores vicios y se convierte en un documento histórico sobre la situación del Estado de derecho en Cuba.
La pena de muerte se revitaliza en Cuba. Tras la aprobación del nuevo Código Penal ascendieron a 24 los delitos sancionables con la pena capital —cuatro más que en la normativa de 1987—. La mayoría de los 24 delitos tipifican motivos que poseen un marcado carácter político.
El nuevo Código Penal posibilita el aumento de la represión de la protesta ciudadana y la limitación de los derechos fundamentales; eleva el nivel de violencia y sirve de justificación para reprimir a quienes realicen «actos provocadores».
Los integrantes de Xel2 dedicaron sus dibujos de esta edición al Código Penal aprobado recientemente en la Asamblea Nacional del Poder Popular.
La propuesta de Mariela Castro de incluir el feminicidio como delito en el nuevo Código Penal aspiró a reconocer la existencia de un problema que ha sido negado o, como mínimo, ocultado por las autoridades cubanas en otras oportunidades; incluso, por ella misma.
El artículo 120 del nuevo Código Penal cubano considera como delito el ejercicio arbitrario de derechos constitucionales cuando el objetivo sea cambiar la carta magna o la forma de Gobierno. La legislación entrará en vigor 90 días después de su publicación en la Gaceta Oficial.
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Código Penal
El Código Penal es un conjunto de normas jurídicas punitivas de un Estado que recoge las penas que se deben aplicar a las personas según el delito que cometa.
La Gaceta Oficial de la República publicó el Decreto 103 que deroga el 164 de 1991 y que establece nuevas sanciones y contravenciones «concernientes al servicio militar».
La calificación de «testigo» no está diseñada para ofrecer garantías a los periodistas independientes sometidos a esos procesos. Por el contrario, está diseñada para negarles los mínimos derechos a los que podría apelar alguien que ha sido formalmente acusado.
El principal objetivo del juicio contra Alina Bárbara López era demostrar que los órganos de represión no están dispuestos a tolerar que se desobedezcan sus citaciones e «interrogatorios».
Solo las «actividades ilegales» que constituyan delitos justifican la privación de libertad de una persona. El Gobierno cubano acostumbra a esconder la represión política detrás de argumentos legales relacionados con la comisión de delitos comunes.
El siguiente texto es un artículo de Julio Fernández Bulté, originalmente publicado en el 2000. Contiene sus ideas, revisiones bibliográficas y reflexiones respecto a la aplicación de la pena de muerte.
Hay elementos plausibles para impulsar acciones penales contra la persona que publicó en Revolico un anuncio que promocionaba el alquiler de su apartamento en La Habana junto a la frase: «solo para blancos».
El nuevo Código Penal cubano entra en vigor este primero de diciembre de 2022. Aunque la vigencia de la ley no cambiará la esencia del sistema totalitario cubano, sí lo harán las formas de represión.
El video del presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio, estremece el sistema de justicia cubano, lo descubre en sus peores vicios y se convierte en un documento histórico sobre la situación del Estado de derecho en Cuba.
Los integrantes de Xel2 dedicaron sus dibujos de esta edición al Código Penal aprobado recientemente en la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Varios individuos involucrados en el sacrificio de perros callejeros y domésticos con el propósito de comercializar su carne fueron detenidos en San José de las Lajas. ¿La ley cubana contiene una figura delictiva para sancionar acciones de este tipo?
Las autoridades cubanas emplean otra vez la cláusula de intangibilidad constitucional contenida en el artículo 4 de la carta magna de 2019 para catalogar cualquier posicionamiento o acción en contra del «socialismo» de acto sedicioso.
El nuevo dictamen del Tribunal Supremo Popular ratifica la idea de que en Cuba los represores definen la ley, los derechos individuales y las garantías.
Mientras Leandro Pupo enfrenta la posibilidad de pasar cuatro años en un campamento de trabajo forzado, un juez no ha permitido ni siquiera que Pedro Jorge Velázquez responda en un juicio público por sus comentarios injuriosos.
Vincular la abstención con un acto criminal no busca sino detener mediante el miedo una tendencia creciente e irreversible de la sociedad cubana.
El nuevo Código Penal entrará en vigor el primero de diciembre de 2022; fecha en que se cumplen los 90 días reglamentarios tras la publicación de la normativa en la Gaceta Oficial ocurrida este primero de septiembre.
La pena de muerte se revitaliza en Cuba. Tras la aprobación del nuevo Código Penal ascendieron a 24 los delitos sancionables con la pena capital —cuatro más que en la normativa de 1987—. La mayoría de los 24 delitos tipifican motivos que poseen un marcado carácter político.
La propuesta de Mariela Castro de incluir el feminicidio como delito en el nuevo Código Penal aspiró a reconocer la existencia de un problema que ha sido negado o, como mínimo, ocultado por las autoridades cubanas en otras oportunidades; incluso, por ella misma.
La Certificación de Antecedentes Penales constituye el único documento oficial legalmente válido para verificar la presencia o ausencia de antecedentes penales en una persona.
El siguiente texto ofrece diez argumentos que desmienten la veracidad de un documento supuestamente redactado por autoridades del Minint y la Fiscalía que aún circula en las redes sociales.
Un Acuerdo del Consejo de Ministros faculta a los funcionarios del Ministerio del Interior a citar a quienes consideren que necesitan ser educados o advertidos para evitar que cometan «delitos».
Emplear el término «comercio ilegal» para referirse a la comercialización puntual de productos es jurídicamente incorrecto.
El Gobierno cubano ha impulsado acciones operativas para consolidar la administración del poder en el país; es el caso del Grupo Nacional de Trabajo para la Ciberseguridad y el nuevo Código Penal.
La policía cubana detuvo a Alejandro Tamayo violentamente luego de que la Guardia Costera estadounidense lo deportara a Cuba tras interceptarlo a unas 60 millas al sur de Cayo Hueso. El texto reflexiona sobre los detalles legales del caso.
El nuevo Código Penal posibilita el aumento de la represión de la protesta ciudadana y la limitación de los derechos fundamentales; eleva el nivel de violencia y sirve de justificación para reprimir a quienes realicen «actos provocadores».
El artículo 120 del nuevo Código Penal cubano considera como delito el ejercicio arbitrario de derechos constitucionales cuando el objetivo sea cambiar la carta magna o la forma de Gobierno. La legislación entrará en vigor 90 días después de su publicación en la Gaceta Oficial.