Un mes después de darse a conocer como grupo de trabajo, los cinco economistas de Cuba Transformación —Mauricio De Miranda Parrondo, Pedro Monreal González, Omar Everleny Pérez Villanueva, Ricardo Torres Pérez y Pavel Vidal Alejandro— presentaron este 20 de julio una «Propuesta para Transformar la Economía Cubana», el primer borrador del proyecto. El documento propone desmontar el modelo económico vigente en la isla y sustituirlo por lo que sus autores llaman una «economía social de mercado sustentada en un Estado democrático de Derecho».
El grupo había anunciado su existencia el 22 de junio, cuando informó que trabajaba desde marzo de 2026 en un ejercicio de reflexión colectiva sobre las transformaciones que el país necesitaría ante un eventual proceso de cambio institucional y político.
El texto, acompañado institucionalmente por el Cuba Study Group y el Observatorio sobre la Economía Cubana, no es un programa de Gobierno ni una respuesta al paquete de 176 medidas económicas anunciado recientemente por las autoridades cubanas, aclaran los autores.
Para definir las medidas que deben acompañar la primera (estabilización y transformaciones de emergencia) de las tres etapas propuestas, los investigadores consideraron nueve criterios, entre ellos la capacidad institucional para ejecutar la política, la posibilidad de movilizar los recursos necesarios, el efecto multiplicador en la economía y sobre el bienestar social.
La crisis no es coyuntural
Los economistas rechazan la idea de que la crisis cubana sea un fenómeno pasajero o producto exclusivo de choques externos. Reconocen que las sanciones estadounidenses, la pandemia, la crisis venezolana y la pérdida de mercados agravaron la situación, pero sostienen que ese impacto encontró «una economía que ya acumulaba debilidades estructurales, una limitada capacidad de ajuste y reformas largamente postergadas».
El documento describe un ajuste macroeconómico que ya está ocurriendo, pero de forma «desordenada, regresiva y socialmente costosa»: el Estado ha reducido su capacidad para financiar bienes públicos e inversión, mientras la inflación y la depreciación del peso erosionan salarios y pensiones. El resultado, según el texto, es que la pobreza «deja de ser un fenómeno residual para convertirse en un rasgo estructural de la realidad social cubana», visible —por solo citar unos ejemplos— en los apagones prolongados, el deterioro del transporte público y el aumento de la mendicidad.
El diagnóstico apunta también a Gaesa. El documento describe al conglomerado como una estructura monopólica que concentra empresas, activos y recursos fuera del control civil, y por eso le dedica uno de los 20 objetivos de la primera fase.
Tres fases y 20 objetivos
La propuesta se organiza en tres fases. La primera, con un horizonte de tres años, busca detener el deterioro económico y social mediante la corrección de desequilibrios macroeconómicos y la atención a las necesidades más urgentes de la población. Le seguirían una fase de «reactivación productiva y transformación institucional» y una tercera de «definición estratégica del modelo de desarrollo económico y social», ya de mediano y largo plazo.
Es la primera fase la que el documento desarrolla en detalle, a través de 20 objetivos específicos agrupados en seis ámbitos: política macroeconómica y precios, energía, agricultura y turismo, propiedad y transformación empresarial, inserción externa y financiamiento internacional, y protección social y reforma administrativa.
Entre las medidas más específicas figuran la unificación cambiaria mediante un esquema de flotación administrada, la liberalización de precios agrícolas, la creación de un mercado de compraventa de tierras y la eliminación de restricciones a la empresa privada.
En el capítulo dedicado al monopolio empresarial de los militares cubanos, la propuesta plantea «fragmentar la estructura monopólica de Gaesa y transferir sus empresas y operaciones a estructuras civiles abiertas a la competencia», así como trasladar al Banco Central las reservas internacionales hoy retenidas por ese conglomerado.
Condiciones inciertas
Los autores no presentan la propuesta como un plan aplicable en cualquier escenario. La condicionan a cuatro supuestos políticos que todavía no se cumplen: un avance sustantivo en la negociación diplomática entre Cuba y Estados Unidos, una reinserción internacional distinta de la dependencia soviética o venezolana, el acceso a financiamiento internacional de emergencia y «condiciones políticas internas para iniciar la sustitución del modelo vigente».
Sobre este último punto, el texto es explícito: la crisis cubana «no es únicamente económica» sino que «expresa también el agotamiento de un arreglo institucional que concentra el poder económico y político». El modelo político que los autores proponen como marco —elecciones libres, competitivas y pluripartidistas, libertad de expresión, prensa y asociación, y sometimiento de los gobernantes al ordenamiento jurídico— no existe hoy en la isla.
Los autores insisten en que el documento no agota el debate ni ofrece «respuestas definitivas». La propuesta se presenta como un insumo técnico para la discusión pública, sujeto a revisión y «abierta al escrutinio, la crítica y la formulación de propuestas que permitan mejorarla». El acompañamiento del Cuba Study Group y el Observatorio sobre la Economía Cubana, aclaran en una nota al pie, «no implica aprobación, influencia ni control sobre su contenido»: las conclusiones son responsabilidad exclusiva de los cinco economistas.
