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Los derechos humanos en Cuba son objeto de controversia y debate. Cuba es signataria de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la cual contiene una cláusula que denota los derechos fundamentales, deberes y garantías de los cubanos. El país firmó aunque no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Cuba es miembro fundador del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El incumplimiento al respeto y defensa de los derechos humanos proclamado con la firma de estos acuerdos, sin embargo, ha sido denunciado por órganos internacionales y la disidencia cubana. El Gobierno cubano ha sido acusado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (órgano de la OEA, de la que Cuba fue expulsada en 1962) de aplicar torturas, detenciones arbitrarias, procesos con fines propagandísticos y ejecuciones extrajudiciales.​ La Comisión llama la atención sobre las restricciones a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, a la libertad de circulación, a la libertad de ideas, a los derechos políticos, a la ausencia de elecciones, a la falta de independencia del Poder Judicial. En nuestros textos encontrarás todo lo relacionado a la violación o no de los derechos humanos en Cuba.

Lo que sabemos de la manifestación del 20 de noviembre
La propuesta de la manifestación del 20 de noviembre fue lanzada por Archipiélago. La desregulación de este derecho en Cuba atenta contra la iniciativa y hace posible una respuesta represiva por parte del Gobierno.
El proceder de las autoridades cubanas en el caso de Leonardo Romero es violatorio del Protocolo de Estambul, manual que norma las directrices para investigar casos de tortura u otros tratos denigrantes.
Este segundo texto sobre lo sucedido con el «Rey del Queso» ahonda en cuáles son las vías legales (y límites) que puede emplear un ciudadano cubano que califique como víctima de Estado.
Ante la ausencia de una Ley de Policía en Cuba, las instituciones de control continuarán el ejercicio de prácticas no reglamentadas como las citaciones extralegales y los excesos de violencia sin consecuencia alguna.
La promoción de libre acceso a Internet para Cuba expondría una demostración de fuerza y poder que supera los anteriores usos del espacio radioeléctrico de un Estado sobre otro. ¿Cuáles son los pros y los contras de su implementación?
El testimonio de Gabriela Zequeira puede catalogarse como violencia sexual. Su confesión coloca en tela de juicio la actuación de las autoridades cubanas e ilustra el incumplimiento de sus compromisos internacionales.
No existe evidencia de que los gobernantes cubanos cedan a los pedidos de libertad absoluta para los encarcelados del 11J. Solo la amnistía garantizaría la libertad de los detenidos y constituiría un símbolo político sin precedentes.
La centralización de la ayuda humanitaria en manos del Estado cubano es interpelada con fuerza. El Gobierno no se ha pronunciado sobre la posibilidad de abrirse a ninguna iniciativa de la sociedad civil que promueve el suministro de medicinas al país.
El presente artículo, texto del fallecido jurista cubano Julio Fernández Bulté, reflexiona sobre los derechos humanos y la añorada cultura de paz que aún no conquista el Derecho Internacional.
Detrás del Decreto Ley 35 subyace la intención estatal de sostener el poder del sistema. Bajo esta lógica no debería compararse esta normativa con sus «similares» de otros países.
Conocido como el «Rey del Queso», Raúl Abréu pasó de ser un comisor de ilegalidades a un especialista y máster. ETJ te propone una serie de textos para desentrañar las irregularidades del caso.
Los testimonios de maltrato y torturas de quienes participaron en las protestas del 11J desmienten la versión oficial que los niega y colocan en evidencia el abuso institucional cometido.
La mayoría de los manifestantes del 11J que han sido juzgados hasta hoy en Cuba no contaron con abogados. Este procedimiento ha generado múltiples críticas al Gobierno cubano.
Tras el estallido social del 11J pasamos a la parálisis. ¿Qué se puede hacer, en el plano de lo fáctico e inmediato, para que emerjan caminos con resultados reales?
Los juicios por protestas en Cuba han comenzado sin que los acusados dispongan de un abogado defensor. Autoridades cubanas presionan para que los letrados declinen representar a los manifestantes del 11J.
El Tribunal Provincial Popular de La Habana declaró sin lugar la solicitud de habeas corpus presentada a favor de Hamlet Lavastida y violó procedimientos legales al impedirle, además, la celebración de la vista oral a la que tenía derecho.
La resolución del Parlamento Europeo con respecto a Cuba demuestra la existencia de un núcleo no despreciable de eurodiputados preocupados por la situación de los derechos humanos en el archipiélago.
Michelle Bachelet se pronunció, el 16 de julio de 2021, con respecto a violaciones de derechos humanos durante y después del 11J; pero decidió excluir a Cuba de su informe anual.
Para la Fiscalía Militar cubana los tratos que recibió Leonardo Romero Negrín por parte de las autoridades policiales durante y en días posteriores al 11J no califican como tortura ni como delito.
Yoel Parsons fue detenido el 12 de julio de 2021 en La Güinera. Estuvo 23 días en prisión y recorrió tres centros de detención. Tras un cambio de su medida cautelar, aguarda en libertad el día del juicio.
Mario Miguel García Piña es un músico cubano. Fue detenido en Bejucal tras las protestas del 11J y estuvo trece días encarcelado. Este es su testimonio.
Lo primordial no debería radicar en si constituye o no un delito de desacato insultar al presidente cubano, sino en que esa regulación viola el derecho humano a la libertad de expresión.
La Administración Biden estaba lista para iniciar un proceso de reversión de las medidas implementadas por Trump, pero esa tendencia aparece en reversa tras la respuesta represiva y el discurso beligerante de las autoridades cubanas después del 11 de julio.
Cubanos de distintas edades, identificados o no como LGBTIQ+, han mostrado reacciones que van desde acusar al Gobierno cubano de «pinkwashing» hasta considerar que un hotel como este discrimina, sea a sus miembros o a los que no pertenecen a la comunidad.
La Suprema, un crucero convertido en 2020 en centro de aislamiento flotante por el gobierno italiano y dotado de personal por la Cruz Roja para poner en cuarentena a los inmigrantes rescatados en el mar. Un pianista voluntario y un premio Pulitzer cuentan la historia.