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En una Cuba marcada por la inseguridad alimentaria, Lázaro Manuel Hernández ya no puede hornear el pan que ponía en la mesa para sus hijos, o que donaba para causas sociales o vendía en su pequeño negocio privado. Hace más de cuatro meses lo apartaron de su familia unos agentes policiales que «solo querían hacerle unas preguntas», según dijeron. Pero Lázaro Manuel no regresó.
Antes de conocer la sentencia a seis años de cárcel impuesta por participar en una protesta pacífica en Cuba, el escritor y periodista independiente José Gabriel Barrenechea ya había sido castigado de una forma que nunca imaginó posible.
La primera «condena» fue tan cruel (quizá más) como la de privación de libertad que acaba de notificar el Tribunal de Villa Clara.
Varios actores de la sociedad civil cubana han señalado que la liberación de las personas presas por motivos políticos en Cuba debe ser un asunto prioritario en cualquier aproximación de gobiernos extranjeros con el régimen de La Habana o ante un proceso de cambio político en el país.
2025 confirmó la persistencia de un patrón estructural de violaciones de derechos humanos, marcado por la represión del disenso, el uso del aparato legal como herramienta de control y el deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la población.
El Día Internacional de los Derechos Humanos es, a nivel mundial, un momento para reconocer tanto los avances en la protección de los derechos humanos como los desafíos persistentes, especialmente en contextos donde la opresión y la violencia continúan vulnerando a millones de personas, como sucede en Cuba.
El régimen de La Habana se negó a suscribir la resolución contra esa práctica de Moscú violatoria del Derecho internacional. Tampoco lo hicieron los Gobiernos de Bielorrusia, Burkina Faso, Burundi, Corea del Norte, Eritrea, Irán, Mali, Nicaragua, Níger, y Sudán, además de la Federación de Rusia.
¿Hemos hecho todo lo posible para que no muera otro cubano en huelga de hambre, para que tres hijos no pierdan a su padre? ¿Le hemos dejado suficientemente claro al régimen de La Habana que no somos indiferentes al dolor de Yosvany, de su familia y el de cientos de presos políticos? ¿Qué hacemos?
El reciente informe de Amnistía Internacional denuncia que las mujeres activistas, defensoras de derechos humanos y periodistas en Cuba son objeto de una represión diferenciada, en la que el Estado utiliza los vínculos familiares, la vida privada, la dependencia económica, la sexualidad y la apariencia como herramientas de control, intimidación y castigo.
En medio de la policrisis cubana, las mujeres con niños pequeños, enfermas, en situación de calle o simplemente sobrepasadas por las circunstancias encaran los mayores sacrificios y los más profundos dolores.
La presencia en Cuba de la relatora sobre sanciones no indica una apertura, sino la sofisticación con la que el Estado cubano administra los mecanismos internacionales de derechos humanos.
Al menos 49 manifestantes del 11 de julio de 2021 fueron víctimas de detenciones arbitrarias, violaciones graves al debido proceso, discriminación política y religiosa, y tratos crueles en prisión, concluyó el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas.
A sus 27 años, las pocas veces que Pedro Carlos Camacho Ochoa ha conocido un calabozo en Cuba ha sido por motivos políticos. Tras 19 meses recluido, no conoce petición fiscal contra él o los demás procesados en Las Tunas ni les han notificado una fecha para llevarlos a los Tribunales.
El Tribunal de Villa Clara dictó sentencias privativas de libertad para seis personas que llevaban tiempo en prisión provisional por una manifestación de hace un año en Manicaragua. Se reafirma que la protesta pacífica es intolerable para el régimen de La Habana.
El régimen de La Habana niega la existencia de violaciones de derechos humanos dentro de su sistema penitenciario. Sin embargo, el Centro de Documentación de Prisiones Cubana ofrece una radiografía detallada de las cárceles y describe un escenario en el cual son comunes la tortura, el hambre y el abandono médico.
El uso de personas privadas de libertad en Cuba para realizar trabajos en condiciones precarias ha sido denunciado durante años por organizaciones no gubernamentales y medios independientes.
El vicecanciller cubano, Carlos Fernández de Cossío, en una entrevista con Zeteo News negó la existencia de presos políticos, descalificó los informes de Amnistía Internacional y acusó a la organización de estar financiada por «entidades antisocialistas». Sus afirmaciones FALSAS reproducen un patrón discursivo del Gobierno cubano.
Al menos 34 personas han muerto en las cárceles cubanas en lo que va de 2025, según ha documentado Cubalex. La cifra equivale a casi una muerte por semana y confirma un patrón de negligencia y violencia estatal denunciado por varias organizaciones de derechos humanos.
El preso de conciencia Maykel Castillo Pérez, conocido artísticamente como Maykel Osorbo, fue recluido en una celda de castigo tras raparse la cabeza y afeitarse las cejas como protesta contra la represión y las condiciones carcelarias, denunció la ONG Observatorio de Derechos Culturales
Los datos del VIII Estudio sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba, presentado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, reflejan la magnitud de la crisis en la isla. El 72 % de la población identifica los apagones como su mayor problema, reñido con la escasez de alimentos (71 %).
El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su más reciente Informe sobre Prácticas de Derechos Humanos, en el que concluye que “no ha habido cambios significativos” en la situación de los derechos humanos en la isla.
El documento recoge casos de represión contra periodistas y activistas, muertes violentas, desapariciones temporales y represión transnacional.
Entre julio y agosto de 2025 murieron tres reclusos en La Condesa, la cárcel para extranjeros en Cuba. Familiares y presos denuncian la falta de atención médica oportuna y las pésimas condiciones de higiene y alimentación. En julio también se detectó un brote de hepatitis que expuso el hacinamiento y la carencia de protocolos de aislamiento en el penal.
Desde la muerte de Annier, su padre no ha cesado en la búsqueda de justicia y se ha convertido en una de las voces más críticas contra el Servicio Militar Obligatorio en Cuba. Alfredo ha documentado y dado visibilidad a otros casos de muertes, accidentes y abusos ocurridos bajo ese régimen. Desde entonces, ha sido objeto de acoso por parte de la Policía política.
Cuatro años después del 11 de julio de 2021, el régimen cubano sigue sin responder a los reclamos que llevaron a miles de personas a manifestarse en todo el país. La represión se ha mantenido como política de Estado: cientos continúan encarcelados, mientras el control sobre la expresión pública y digital se ha endurecido.
Julio César Duque de Estrada podría enfrentar una condena de más de cinco años de prisión por filmar una cola de gas en Santiago de Cuba. La Fiscalía lo acusa de desobediencia, atentado y resistencia.
El documento oficial recoge que fue detenido tras un presunto altercado violento con un oficial de la contrainteligencia.
El activista Alexander Verdecia Rodríguez, coordinador en Granma de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), podría pasar una década en prisión por convocar a las personas «a rebelarse contra el sistema y sus dirigentes» en su cuenta personal de Facebook.
Derechos Humanos
En una Cuba marcada por la inseguridad alimentaria, Lázaro Manuel Hernández ya no puede hornear el pan que ponía en la mesa para sus hijos, o que donaba para causas sociales o vendía en su pequeño negocio privado. Hace más de cuatro meses lo apartaron de su familia unos agentes policiales que «solo querían hacerle unas preguntas», según dijeron. Pero Lázaro Manuel no regresó.
Antes de conocer la sentencia a seis años de cárcel impuesta por participar en una protesta pacífica en Cuba, el escritor y periodista independiente José Gabriel Barrenechea ya había sido castigado de una forma que nunca imaginó posible.
La primera «condena» fue tan cruel (quizá más) como la de privación de libertad que acaba de notificar el Tribunal de Villa Clara.
El Día Internacional de los Derechos Humanos es, a nivel mundial, un momento para reconocer tanto los avances en la protección de los derechos humanos como los desafíos persistentes, especialmente en contextos donde la opresión y la violencia continúan vulnerando a millones de personas, como sucede en Cuba.
El reciente informe de Amnistía Internacional denuncia que las mujeres activistas, defensoras de derechos humanos y periodistas en Cuba son objeto de una represión diferenciada, en la que el Estado utiliza los vínculos familiares, la vida privada, la dependencia económica, la sexualidad y la apariencia como herramientas de control, intimidación y castigo.
Al menos 49 manifestantes del 11 de julio de 2021 fueron víctimas de detenciones arbitrarias, violaciones graves al debido proceso, discriminación política y religiosa, y tratos crueles en prisión, concluyó el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas.
El régimen de La Habana niega la existencia de violaciones de derechos humanos dentro de su sistema penitenciario. Sin embargo, el Centro de Documentación de Prisiones Cubana ofrece una radiografía detallada de las cárceles y describe un escenario en el cual son comunes la tortura, el hambre y el abandono médico.
Al menos 34 personas han muerto en las cárceles cubanas en lo que va de 2025, según ha documentado Cubalex. La cifra equivale a casi una muerte por semana y confirma un patrón de negligencia y violencia estatal denunciado por varias organizaciones de derechos humanos.
El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su más reciente Informe sobre Prácticas de Derechos Humanos, en el que concluye que “no ha habido cambios significativos” en la situación de los derechos humanos en la isla.
El documento recoge casos de represión contra periodistas y activistas, muertes violentas, desapariciones temporales y represión transnacional.
Cuatro años después del 11 de julio de 2021, el régimen cubano sigue sin responder a los reclamos que llevaron a miles de personas a manifestarse en todo el país. La represión se ha mantenido como política de Estado: cientos continúan encarcelados, mientras el control sobre la expresión pública y digital se ha endurecido.
Varios actores de la sociedad civil cubana han señalado que la liberación de las personas presas por motivos políticos en Cuba debe ser un asunto prioritario en cualquier aproximación de gobiernos extranjeros con el régimen de La Habana o ante un proceso de cambio político en el país.
El régimen de La Habana se negó a suscribir la resolución contra esa práctica de Moscú violatoria del Derecho internacional. Tampoco lo hicieron los Gobiernos de Bielorrusia, Burkina Faso, Burundi, Corea del Norte, Eritrea, Irán, Mali, Nicaragua, Níger, y Sudán, además de la Federación de Rusia.
En medio de la policrisis cubana, las mujeres con niños pequeños, enfermas, en situación de calle o simplemente sobrepasadas por las circunstancias encaran los mayores sacrificios y los más profundos dolores.
A sus 27 años, las pocas veces que Pedro Carlos Camacho Ochoa ha conocido un calabozo en Cuba ha sido por motivos políticos. Tras 19 meses recluido, no conoce petición fiscal contra él o los demás procesados en Las Tunas ni les han notificado una fecha para llevarlos a los Tribunales.
El uso de personas privadas de libertad en Cuba para realizar trabajos en condiciones precarias ha sido denunciado durante años por organizaciones no gubernamentales y medios independientes.
El preso de conciencia Maykel Castillo Pérez, conocido artísticamente como Maykel Osorbo, fue recluido en una celda de castigo tras raparse la cabeza y afeitarse las cejas como protesta contra la represión y las condiciones carcelarias, denunció la ONG Observatorio de Derechos Culturales
Entre julio y agosto de 2025 murieron tres reclusos en La Condesa, la cárcel para extranjeros en Cuba. Familiares y presos denuncian la falta de atención médica oportuna y las pésimas condiciones de higiene y alimentación. En julio también se detectó un brote de hepatitis que expuso el hacinamiento y la carencia de protocolos de aislamiento en el penal.
Julio César Duque de Estrada podría enfrentar una condena de más de cinco años de prisión por filmar una cola de gas en Santiago de Cuba. La Fiscalía lo acusa de desobediencia, atentado y resistencia.
El documento oficial recoge que fue detenido tras un presunto altercado violento con un oficial de la contrainteligencia.
2025 confirmó la persistencia de un patrón estructural de violaciones de derechos humanos, marcado por la represión del disenso, el uso del aparato legal como herramienta de control y el deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la población.
¿Hemos hecho todo lo posible para que no muera otro cubano en huelga de hambre, para que tres hijos no pierdan a su padre? ¿Le hemos dejado suficientemente claro al régimen de La Habana que no somos indiferentes al dolor de Yosvany, de su familia y el de cientos de presos políticos? ¿Qué hacemos?
La presencia en Cuba de la relatora sobre sanciones no indica una apertura, sino la sofisticación con la que el Estado cubano administra los mecanismos internacionales de derechos humanos.
El Tribunal de Villa Clara dictó sentencias privativas de libertad para seis personas que llevaban tiempo en prisión provisional por una manifestación de hace un año en Manicaragua. Se reafirma que la protesta pacífica es intolerable para el régimen de La Habana.
El vicecanciller cubano, Carlos Fernández de Cossío, en una entrevista con Zeteo News negó la existencia de presos políticos, descalificó los informes de Amnistía Internacional y acusó a la organización de estar financiada por «entidades antisocialistas». Sus afirmaciones FALSAS reproducen un patrón discursivo del Gobierno cubano.
Los datos del VIII Estudio sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba, presentado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, reflejan la magnitud de la crisis en la isla. El 72 % de la población identifica los apagones como su mayor problema, reñido con la escasez de alimentos (71 %).
Desde la muerte de Annier, su padre no ha cesado en la búsqueda de justicia y se ha convertido en una de las voces más críticas contra el Servicio Militar Obligatorio en Cuba. Alfredo ha documentado y dado visibilidad a otros casos de muertes, accidentes y abusos ocurridos bajo ese régimen. Desde entonces, ha sido objeto de acoso por parte de la Policía política.
El activista Alexander Verdecia Rodríguez, coordinador en Granma de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), podría pasar una década en prisión por convocar a las personas «a rebelarse contra el sistema y sus dirigentes» en su cuenta personal de Facebook.