Cinco economistas cubanos han puesto sobre la mesa una hoja de ruta para reformar la economía de la isla a partir de un diagnóstico incómodo para el discurso oficial: la crisis no se explica solo por las sanciones de Estados Unidos ni por errores aislados de política. El proyecto, al que sus autores denominaron Cuba Transformación, propone avanzar hacia una economía social de mercado sostenida por un Estado democrático de derecho.
El grupo lo integran Mauricio de Miranda Parrondo, Pedro Monreal González, Omar Everleny Pérez Villanueva, Ricardo Torres Pérez y Pavel Vidal Alejandro, economistas con trayectorias académicas dentro y fuera de Cuba. Trabajan juntos desde marzo de 2026 en lo que describen como un ejercicio de reflexión colectiva sobre las transformaciones que el país necesitaría ante un eventual proceso de cambio institucional y político.
Cuba Study Group (CSG) —organización con sede en Washington D. C. que agrupa a empresarios y profesionales cubanoamericanos— anunció que respalda el esfuerzo colectivo de los cinco economistas y que está en consonancia con sus objetivos de sentar las bases de una recuperación sostenible de la isla. CSG aseguró que «brinda apoyo logístico y de comunicaciones, mientras los economistas mantienen su independencia intelectual y la responsabilidad sobre sus conclusiones».
Un plan en tres fases que empieza por detener el derrumbe
El proyecto concibe la transformación en tres etapas: una primera de estabilización y medidas de emergencia; una segunda de recuperación productiva e institucional; y una tercera de estrategia de desarrollo de mediano y largo plazo. En la fase inicial, los economistas concentran el trabajo en la estabilización, dada la urgencia de corregir los desequilibrios macroeconómicos y atender los problemas más apremiantes de la población.
Las prioridades inmediatas que identificaron son: detener el deterioro económico y social, proteger a los grupos más vulnerables y crear condiciones mínimas de estabilidad. Entre las manifestaciones de la crisis enumeran la contracción productiva, la inflación, la depreciación de la moneda, el deterioro de los servicios públicos y la creciente vulnerabilidad social.
Los autores aclaran que su propuesta «no constituye una valoración específica» de las medidas económicas anunciadas recientemente por el Gobierno ni se deriva de ellas, sino que responde a una metodología centrada en la secuenciación de reformas.
El modelo que plantean es el de una economía social de mercado sustentada en un Estado democrático de derecho, capaz —según el texto— de combinar crecimiento económico, inclusión social, protección de los derechos ciudadanos y fortalecimiento institucional.
Una crisis estructural, no solo una crisis de sanciones
Pedro Monreal y Mauricio de Miranda defendieron en Cuba Economic Review, según una edición reseñada el 16 de mayo por Directorio Cubano, que la crisis cubana no puede explicarse únicamente por el embargo o por fallos puntuales: el problema de fondo es la permanencia de un modelo de planificación centralizada que ya mostró sus límites, y las reformas lentas, incompletas y reversibles han fracasado durante años.
Las cifras sostienen el diagnóstico. En 2024, los servicios representaban el 82 % de las exportaciones, el 80 % del PIB y el 66 % del empleo formal, una estructura que, lejos de responder a una estrategia moderna, refleja el desplome prolongado de la agricultura, la industria y la construcción. La CEPAL proyectó una caída del PIB cubano del 3.8 % en 2025 y otra del 6.5 % en 2026.
Frente a ese contexto, Monreal y De Miranda sostienen que Cuba no solo necesita producir más, sino crear incentivos creíbles para trabajar, invertir e innovar, con precios reales y seguridad jurídica para las distintas formas de propiedad.
Por su parte, Pavel Vidal Alejandro ha sostenido que no habrá estabilización posible mientras no se desmantele Gaesa, el conglomerado empresarial controlado por los militares. «Gaesa es una isla económica y financiera dentro del Estado cubano», apuntó Vidal.
Sus estimaciones, basadas en estados financieros filtrados al Miami Herald, apuntan a que el conglomerado controla cerca del 40 % de la economía. Sus ingresos totales serían 3.2 veces superiores a lo que recibe anualmente el presupuesto del Estado, y declara reservas líquidas en dólares por 14 500 millones.
La propuesta del economista es transferir esos activos y reservas a estructuras civiles transparentes e integrarlos al presupuesto estatal, como condición para una reforma monetaria creíble y para financiar prioridades de emergencia como energía, agricultura y salud. Vidal recuerda también el componente político del asunto: la familia Castro ha estado estrechamente vinculada a las decisiones sobre el conglomerado, por lo que su desmantelamiento tiene repercusiones directas para el poder militar.
En su nota de lanzamiento, el grupo de economistas insiste en que su trabajo no pretende ofrecer una respuesta cerrada ni agotar la diversidad de visiones posibles. Lo presentan como una contribución técnica orientada a identificar medidas viables, reducir costos sociales y facilitar espacios de diálogo y negociación sobre el futuro económico del país. Aspiran a alimentar «una discusión más amplia, plural y responsable sobre el futuro económico de Cuba».
