La situación de la economía cubana es insostenible. La contracción productiva, la crisis energética, la caída de las fuentes de ingresos externos, la inflación, el deterioro de los servicios públicos y el aislamiento internacional profundizado por las últimas sanciones de la Administración Trump han configurado un escenario que no puede extenderse por mucho más tiempo.
Es ineludible alcanzar algún tipo de acuerdo con Estados Unidos que permita reabrir espacios de financiamiento, recuperar vínculos comerciales y crear condiciones mínimas para una estabilización económica. Ese eventual acuerdo difícilmente podrá limitarse a ajustes marginales. Todo indica que debería estar asociado a un proceso de liberalización económica y a reformas profundas del modelo vigente.
Sin embargo, dada la gravedad de los desequilibrios y del deterioro económico y social acumulado, será indispensable definir prioridades y secuencias. Una forma razonable de hacerlo es pensar el proceso en varias etapas: una primera fase de estabilización y medidas de emergencia; una segunda fase de reactivación productiva; y una tercera de transformación institucional y desarrollo de largo plazo.
Un componente especialmente complejo en la primera fase de las reformas es cómo tratar a Gaesa. Dado el peso que ese conglomerado ejerce sobre sectores estratégicos de la economía cubana —incluidos el sistema financiero, el turismo, el comercio exterior y el control de las reservas internacionales—, no resulta efectivo diseñar una fase de estabilización que lo deje fuera.
Si se busca que las reformas tengan credibilidad macroeconómica, coherencia productiva y legitimidad social será necesario avanzar en el desmantelamiento de Gaesa, en la reducción de su control monopólico y en la transferencia de sus funciones, activos y recursos a estructuras civiles transparentes.
Los recursos de Gaesa
Cuba no tiene muchos recursos naturales. La mayor parte de la infraestructura y de sectores con algún atractivo para los capitales internacionales están bajo el dominio de Gaesa. Por tanto, la reestructuración del conglomerado tiene que ser una pieza clave dentro del proceso de negociación con Estados Unidos y de apertura externa de la economía.
A partir de la información filtrada al Miami Herald —que incluye estados financieros de 2023 y 2024 de marzo y agosto— se pudo estimar el peso del conglomerado empresarial dentro de la economía cubana. Diferentes métricas apuntan a un peso relativo de alrededor del 40 % de la economía. Los ingresos totales de Gaesa son 3.2 veces superiores a los que el presupuesto del Estado recibe anualmente. El conglomerado empresarial, dirigido por instituciones militares, declara reservas líquidas en dólares por 14 500 millones, lo que confirma la magnitud de los recursos financieros que controla.

Gaesa no está sujeta a auditorías de la Contraloría General ni rinde cuentas ante la Asamblea Nacional. La ausencia de transparencia y el régimen regulatorio de su estructura económico-financiera-militar le permitieron, en el pasado, no solo evadir algunas sanciones, sino también funcionar como mecanismo de extracción de rentas de la sociedad y de captura de los principales ingresos en divisas. Gaesa opera sin competencia, fija precios, capta márgenes de ganancia monopólicos y domina el acceso a los recursos externos.
Por tanto, la reestructuración de Gaesa contribuiría a desarrollar un entorno empresarial más competitivo y descentralizado que fomente la innovación y la búsqueda de la eficiencia, y no de rentas monopólicas. Lo anterior tendría un efecto positivo en la productividad agregada de la economía y beneficiaría a los consumidores finales.
Implicaciones para la política fiscal y monetaria
El desmantelamiento de Gaesa tendría, además, importantes beneficios en materia de política fiscal y monetaria y debería formar parte crucial del diseño de los cambios institucionales que enmarcan las políticas macroeconómicas.
En el plano fiscal, permitiría ampliar significativamente la base real sobre la que se diseña la política presupuestaria. Los recursos de las empresas de Gaesa deben integrarse al presupuesto del Estado mediante impuestos, dividendos, transferencias o mecanismos extraordinarios de consolidación fiscal. El presupuesto del Estado contaría con muchos más recursos para asignar de forma transparente a servicios públicos, pensiones, salarios presupuestados y asistencia social.
Incorporar los recursos de Gaesa dentro de un marco fiscal civil, transparente y sujeto a reglas permitiría reducir la carga del ajuste sobre los hogares y mejoraría la calidad del gasto público. En lugar de mantener recursos concentrados en inversiones hoteleras de baja rentabilidad social y económica, una parte de esos fondos podría reorientarse hacia prioridades de emergencia: energía, agricultura, transporte, salud, infraestructura básica y protección social. Desmantelar Gaesa permitiría que los recursos externos del país respalden la fase de estabilización, en lugar de permanecer inmovilizados o asignados según prioridades opacas.
En el plano monetario y cambiario, el efecto sería igualmente decisivo. Las reservas internacionales, por definición, deben estar bajo el control de la autoridad monetaria y estar disponibles para respaldar la moneda nacional, intervenir en el mercado cambiario, cumplir obligaciones externas y enfrentar crisis financieras. Sin embargo, una parte importante de las reservas en divisas del país ha sido retenida por Gaesa y no ha sido utilizada por el Banco Central.
Transferir esas reservas al Banco Central sería una condición indispensable para reconstruir la credibilidad monetaria y financiera. Sin reservas bajo control de la autoridad monetaria, el Banco Central no puede sostener una política cambiaria funcional, respaldar la convertibilidad del peso ni recuperar la confianza de acreedores e inversionistas. No puede haber una reforma monetaria y cambiaria creíble mientras las divisas del país estén fragmentadas y administradas por una estructura empresarial militar con objetivos desconocidos.
Gaesa es una isla económica y financiera dentro del Estado cubano que opera con una estructura económica paralela. La familia Castro ha estado muy vinculada al control político y a las principales decisiones en torno a Gaesa. Ello implica que el desmantelamiento de Gaesa tiene importantes repercusiones políticas y de poder para las estructuras militares. La velocidad con la que ello ocurra dependerá del equilibrio de poder que emerja en la negociación política y del tipo de acuerdos que se alcancen con Estados Unidos.






