La Enmienda 3 titulada hasta ahora «Protejamos nuestros hogares de los impuestos excesivos a la propiedad» (Save Our Homes from Excessive Property Taxes), que estará en la boleta de Florida en noviembre de 2026, propone ampliar considerablemente la exención sobre el valor de las viviendas principales y avanzar hacia una reducción todavía mayor de los impuestos a la propiedad que financian a los gobiernos locales.
Pero el ahorro que podría aparecer en la factura anual de un propietario tiene otra cara. Los impuestos a la propiedad son una de las principales fuentes de ingresos de condados y municipios y ayudan a financiar servicios que los residentes utilizan todos los días. Si esos ingresos disminuyen, ¿quién paga la diferencia?
Para entender qué propone la Enmienda 3 y cuáles podrían ser sus consecuencias, elTOQUE conversó con Esteban Santis, director de investigación del Florida Policy Institute, quien ha estudiado el impacto fiscal de las distintas propuestas para modificar los impuestos a la propiedad en el estado.
—Empecemos por lo básico. ¿Qué son los impuestos a la propiedad y qué propone exactamente la Enmienda 3?
Los impuestos a la propiedad son impuestos locales. El dinero que se recauda a través de ellos permite a los gobiernos locales financiar buena parte de los servicios que ofrecen a sus residentes.
Lo que propone la Enmienda 3 es aumentar considerablemente la parte del valor de una vivienda principal —homestead en inglés— que queda exenta de determinados impuestos a la propiedad.
Actualmente existe una exención homestead, pero la propuesta la ampliaría. En 2027, los primeros 150 000 dólares del valor sujeto a esos gravámenes quedarían exentos y, en 2028, la cifra aumentaría hasta 250 000 dólares. Esta ampliación no se aplicaría a los impuestos correspondientes a los distritos escolares.
La propuesta es particularmente importante porque no estamos hablando simplemente de una ley que posteriormente pueda modificar la Legislatura. Se trata de un cambio de la Constitución de Florida. Para aprobarse necesita recibir al menos el 60 % de los votos en las elecciones de noviembre.
—Entonces, un propietario puede pensar: «Voy a pagar menos impuestos por mi casa». ¿Es así de sencillo?
Ese es precisamente uno de los puntos que hay que mirar con cuidado. Sí, determinados propietarios podrían ver una reducción en la parte no escolar de su factura de impuestos a la propiedad. Pero eso no significa que desaparezca el costo de los servicios que actualmente se pagan con esos impuestos.
Una cosa es cuánto paga una persona directamente en su factura anual de impuestos a la propiedad y otra es cuánto cuesta mantener los servicios públicos de su comunidad.
Si un Gobierno local deja de recaudar una cantidad importante de dinero, tiene que decidir cómo cubre esa pérdida. Puede reducir gastos y servicios, buscar otras fuentes de ingresos o aumentar determinadas tarifas. Por eso, el análisis no puede limitarse a cuánto se ahorra un propietario en su factura.
—Es decir, ¿podrían bajarme el impuesto por un lado y terminar pagando por otro?
Ese es uno de los riesgos. El costo de los servicios no desaparece porque disminuya el impuesto a la propiedad. Si faltan recursos para prestar determinados servicios, los gobiernos locales tendrán que tomar decisiones. En algunos casos podría significar recortes; en otros, nuevas tarifas o incrementos de las existentes. Al final, una familia tendría que mirar no solamente cuánto dejó de pagar en impuestos, sino cuánto podría terminar pagando por servicios que anteriormente se financiaban colectivamente.
Por eso es importante preguntarse cuál es el ahorro neto real para una familia.
—¿Qué servicios dependen de los impuestos a la propiedad?
Los gobiernos locales utilizan estos ingresos para financiar una gama muy amplia de servicios: seguridad pública, bomberos, servicios de emergencia, infraestructura, carreteras, control de inundaciones, parques, bibliotecas y otros programas y servicios comunitarios.
La propia Enmienda 3, como está planteada ahora, establece categorías prioritarias para el uso de los ingresos de impuestos a la propiedad, entre ellas seguridad pública, infraestructura, educación y escuelas y recursos naturales.
Pero establecer prioridades para utilizar el dinero que queda no significa reemplazar los ingresos que se pierden. Por eso hay que diferenciar entre decir que un servicio está considerado prioritario y decir que su nivel actual de financiamiento está garantizado.
—¿La Enmienda 3 dice de dónde saldrá el dinero que los gobiernos locales dejarían de recibir?
Ese es uno de los principales cuestionamientos. Reducir una fuente de ingresos no elimina las responsabilidades que tienen los gobiernos locales. La pregunta es cómo se cubre esa diferencia. Los gobiernos pueden reducir gastos, modificar servicios o buscar otras formas de recaudar dinero. Y eso es especialmente importante en Florida porque el estado no tiene un impuesto estatal sobre los ingresos personales y los gobiernos locales dependen considerablemente de los impuestos a la propiedad para garantizar servicios.
Por eso, cuando se habla del beneficio para el propietario, también hay que hablar del impacto fiscal que tendrá la enmienda en la comunidad donde vive.
—¿Todos los propietarios ahorrarían lo mismo?
No. El beneficio depende de diferentes factores, entre ellos el valor imponible de la propiedad y cuánto paga actualmente el propietario. Una exención de hasta 250 000 USD puede tener efectos diferentes dependiendo del valor de la vivienda. Incluso habrá propiedades cuyo valor imponible sea suficientemente bajo como para que, una vez aplicada la exención, prácticamente desaparezca la parte no escolar del impuesto.
Por eso no se puede hablar de un ahorro único para todos los propietarios de Florida.
—¿Y qué ocurre con los inquilinos? Hay muchas personas en Florida que no son propietarias de una vivienda.
Ese es otro elemento fundamental. La exención homestead está dirigida a la vivienda principal del propietario. Una persona que alquila no recibe directamente esa exención.
Sin embargo, los inquilinos utilizan los mismos servicios públicos y también pueden verse afectados por las decisiones que adopten los gobiernos locales para compensar la pérdida de ingresos.
Además, las propiedades de alquiler no reciben el mismo tratamiento que una vivienda principal bajo la exención homestead. Si una mayor parte de la carga fiscal termina concentrándose en propiedades no homestead, negocios u otras fuentes, existe la posibilidad de que algunos de esos costos terminen trasladándose al consumidor o al inquilino y que, por ejemplo, suba el precio de la renta en la que viven. Por eso, aunque alguien no sea propietario, esta discusión también le afecta.
—La propuesta también habla de cinco años de residencia en el estado para alcanzar el máximo beneficio de la exención. ¿Cómo funcionaría?
La Enmienda 3 establece una diferencia para determinadas personas que establezcan su residencia permanente en Florida después del 1 de enero de 2027. Esos nuevos residentes tendrían que mantener su residencia en Florida durante cinco años antes de poder acceder a la exención ampliada en las mismas condiciones.
Esto introduce otra discusión sobre quién recibe el beneficio completo y cuándo lo recibe. Una persona que llegue al estado y compre su primera vivienda podría encontrarse en una situación distinta a la de alguien que ya era residente antes de esa fecha.
—Entonces, ¿cómo mirar la Enmienda 3 de cara a la asequibilidad de la vivienda en Florida?
Reducir determinados impuestos puede proporcionar alivio a algunos propietarios, pero el problema de la vivienda en Florida es mucho más amplio. Hay que considerar el precio de las casas, las tasas hipotecarias, los seguros, los alquileres y los ingresos de las familias. Además, quienes todavía no han podido comprar una vivienda no reciben directamente la exención homestead.
Por eso es importante diferenciar entre una reducción del impuesto a la propiedad para determinados propietarios y una política integral para hacer que la vivienda sea más asequible.
—Los defensores de la Enmienda 3 podrían responder que los gobiernos locales han recaudado más debido al aumento del valor de las propiedades. ¿Por qué no pueden simplemente gastar menos?
Ese es precisamente uno de los debates que los votantes deben considerar. No basta con mirar cuánto ha aumentado la recaudación; también hay que analizar cuánto ha crecido la población, cuánto han aumentado los costos de prestar servicios y cuáles son las obligaciones de cada gobierno local.
Florida ha crecido rápidamente y las comunidades necesitan infraestructura, servicios de emergencia, carreteras y otros recursos para atender a esa población. Eso no significa que los gobiernos no deban revisar sus gastos o ser eficientes. Significa que hay que comparar el ahorro prometido con las consecuencias de retirar de forma permanente una fuente importante de financiamiento.
—En los últimos días también ha habido bastante debate sobre el título y el lenguaje con el que se presenta la Enmienda 3. Incluso un juez ordenó reescribir esa descripción por considerar que el tono no era neutral. ¿Esto pone en riesgo que la enmienda aparezca en la boleta de noviembre? ¿Qué es exactamente lo que se está discutiendo ahora?
No. La Enmienda 3 va a estar en la boleta de noviembre. Lo que se está discutiendo y se tiene que modificar es el lenguaje que verá el elector cuando vaya a votar, específicamente el título y el resumen de la propuesta.
El juez consideró que la redacción original no era suficientemente neutral y que utilizaba un lenguaje más cercano a promover la propuesta que a explicarles objetivamente a los votantes qué implicaría aprobarla.
Por eso se ordenó reescribir ese lenguaje. Es una distinción importante: no se está decidiendo ahora si la Enmienda 3 va o no a la boleta, sino cómo se explicará allí su contenido y sus consecuencias para que el votante pueda tomar una decisión informada.
—Si un propietario necesita más claridad para decidir cómo votar en noviembre, ¿qué debería mirar más allá de cuánto podría ahorrarse en su factura?
Debería mirar las dos partes de la ecuación. Por un lado, cuánto podría reducirse realmente su factura de impuestos a la propiedad. Por otro, qué servicios se financian actualmente con ese dinero y qué podría ocurrir si su ciudad o su condado dejan de recibir una parte importante de esos ingresos.
La pregunta no es solamente «¿cuánto voy a ahorrar?», sino también «¿qué estoy dejando de financiar y cuánto podría terminar costando por otra vía?».
Ese análisis es importante porque, si obtiene el 60 % necesario en noviembre, la Enmienda 3 no será simplemente un alivio temporal de impuestos: pasará a formar parte de la Constitución de Florida.




