Por los favores o los sub-favores, por las ganancias

o las re-ganancias que se logran con los tiranos,

al fin son casi tantos aquellos a quienes la tiranía parece ser provechosa

como aquellos a quienes la libertad sería agradable.

Étienne De La Boétie

En la geografía política del mundo rigen hoy diversas visiones de la Ley y el Orden. Cuentan los expertos que en ciertos países —Francia, Costa Rica, Botsuana o Taiwán— impera un Estado de derecho; bajo el cual todas las personas —sean altos funcionarios o ciudadanos de a pie— cumplen las mismas normas y procedimientos. Los regímenes democráticos son el marco propicio para esta forma —imparcial, igualitaria, protegida— de administrar la justicia y no meramente de ordenamiento del derecho. Pues si bien en las repúblicas hay márgenes para la discrecionalidad del funcionario y la prevaricación del poderoso, ambas pueden ser confrontadas y potencialmente revertidas bajo los mecanismos del Rule of Law.

En otros sitios impera el Gobierno por la Ley. Porque allí ciertas leyes, más o menos establecidas, regulan las relaciones sociales bajo el predominio y mirada del Estado. Los autoritarismos competitivos, regímenes híbridos en los cuales coexisten poderosos elementos autoritarios con mecanismos para reivindicar derechos ciudadanos, cultivan el Rule by Law. Cierto marco para regular la arbitrariedad oficial es allí aún posible. Viaje a Moscú y a Singapur, a Argelia y Hungría, para encontrar semejantes experiencias.

Pero, cuando el Gobierno por la Ley no basta, los poderosos echan mano al Dominio a pesar del Derecho. Se trata del pisoteo flagrante, por la propia autoridad, de la legalidad que ha creado. En las autocracias cerradas, en las cuales se proscribe toda forma de autonomía cívica, se abusa del Rule Despite Law, contra propios y ajenos. Expresa, en Asmara y en La Habana, en Piongyang y en Managua, el despotismo en su máxima e inapelable expresión. Bajo la lógica milenaria de la fuerza bruta y la sinrazón de Estado.

Esta última premisa, sin ambages ni metáforas admisibles, es la que rige en Cuba la práctica de los actos de repudio. Los que, sin desaparecer jamás del panorama insular, han vuelto a cobrar fuerza por su utilización contra artistas y activistas independientes. Para recordar que la prohibición de aglomerar personas, los protocolos de distancia social y demás restricciones de uso del espacio público derivados de la pandemia, pierden sentido cuando el Estado se decide a disciplinar a sus díscolos ciudadanos. En especial, a aquellos que se consideran con el derecho a tener derechos.

La praxis de los actos de repudio es un juego macabro con tres tipos de participantes: una minoría agresora (movilizada), una minoría agredida y una masa expectante. En general, en Cuba la gente se aparta avergonzada cuando los actos de repudio suceden. En las calles, delante de la barbarie. En las redes, cuando sus imágenes se viralizan. Cuando los compulsan a ir, en comunidades y centros de trabajo, se escabullen. En las casas, murmuran en desaprobación. Incapacitada desde el poder para ejercer (por ahora) la rebeldía en masa, la población cubana no comulga, sin embargo, con el abuso. Ante este, siente vergüenza. Propia y ajena.

Sin embargo, la esfera pública criolla recoge —junto a la desaprobación franca y la defensa impúdica— otros comentarios asombrosos sobre los actos de repudio. No provienen de los defensores ideológicos del Gobierno. Tampoco de sus opositores. Se trata de un tipo distinto de opinión. Emana de personas leales al régimen vigente; incluidos intelectuales con prosapia crítica. He leído, en esta semana, siete comentarios de ese tipo. Tan solo en un mismo rincón del ciberespacio. Lo que me sugiere que el fenómeno puede ser, en realidad, algo mayor: la hegemonía de una concepción del Dominio a pesar del Derecho, envuelta en la epidermis del Gobierno por la Ley. Legitimada, en este caso, por voces ilustradas del sistema.

A esas personas parecen molestarles los actos de repudio por su vulgaridad, por su torpeza, por dañar la imagen del Estado. No por la violencia —simbólica y real— que suponen para la ciudadanía que los padece. No por los derechos de reunión, manifestación, expresión e integridad personal que conculcan. Para estos comentaristas, de cierto talante aristocrático, los actos de repudio son un problema estético, no político. Desde su óptica, en Cuba, faltaría buen gusto policial y no libertades públicas. Echan de menos a Karl Lagerfeld, antes que a Karl Marx.

Otros lamentan el abuso contra tal o más cual persona; pero no repudian el proceder en sí. Como si viviésemos en la Francia de 1788, donde el particularismo delimita las opciones para vivir, hacer y decir, en ausencia de derechos inalienables y universales. La Francia absolutista contra cuyos vicios se alzaron, curiosamente, los ilustrados de su tiempo. Bueno, quizá nos falten —para no mentar a la Bastilla— una buena enciclopedia y unos Estados generales.

Hades y Marte danzan hoy en las calles de la vieja ciudad. La salvajada se desborda sobre los pobres, sobre los negros, sobre el barrio. La miseria desploma ruinosos balcones, secuestra cuerpos cansados, viejos y jóvenes. Pero en la intelectualidad leal se corteja a Clío y se invoca a Calíope. Se escribe sobre plazas ajenas y muertos antiguos. Sobre presos extraños, de otras geografías. Se ejercita el civismo al escribir finísimos pensamientos… sobre el pensamiento y el civismo.

En Cuba —en esa nación que se extiende, desgarrada, dentro y fuera del archipiélago— todo el mundo tiene miedo. Lo tienen ellos, con todas sus patrullas, ciberclarias y mazmorras. Lo tiene —en cada uno de sus actos cotidianos, de sobrevivencia básica— el cubano de a pie. Lo sentimos en el exterior: temor a no poder regresar, dolor por no ver más a la familia. Pero hay gente que tiene ese mismo miedo y se sobrepone. Y llama las cosas por su nombre, en lo privado o lo público. Porque, la liberación comienza por devolver el sentido a las palabras.

Lo que se torna innominable, en la condición actual, es el maquillaje erudito del despotismo. El que habla de Estado socialista de derecho y república martiana no cual dignas aspiraciones, sino como realidades más o menos imperfectas, pero vigentes. Porque a la hubris de la maquinaria del poder se suma, aceitada, la legitimación, banalización y escamoteo que los intelectuales leales hacen de la violencia estatal, en la actual coyuntura de pandemia y represión. Detrás de cada una de esas frases, la vileza somete a la inteligencia. Tras cada uno de esos silencios, hay un puño cerrado golpeando a un disidente.

Según Freedom House, Cuba es el país con menor libertad en la red de las Américas y el cuarto peor a nivel mundial entre 65 monitorizados. Conforme al Índice CIVICUS (Monitor de la vigencia de las libertades de asociación, expresión y reunión pacífica), su espacio cívico califica como cerrado. El relator especial sobre la libertad de opinión y de expresión de Naciones Unidas mostró su preocupación por los diversos mecanismos de represión vigentes. La Relatoría de Libertad de Expresión del Sistema Interamericano reseñó la persecución sistemática a periodistas independientes que difunden información y opiniones sobre temas de interés público y en su comunicado del 18 de abril de 2020 expresó su preocupación por las restricciones a la libertad de expresión y el acceso a la información en la respuesta del Estado a la COVID-19, al resaltar los casos de periodistas multados en virtud del Decreto-Ley 370.

Los órganos policíacos exhiben por estas jornadas un protagonismo reforzado que desmiente, incluso, las promesas de habeas corpus anotadas en la nueva Constitución. La participación ciudadana, la justicia social y la soberanía popular constituyen, bajo ese orden autocrático, bellas abstracciones carentes de sentido para cualquier lector atento a los acontecimientos. Las sucesivas apuestas de reforma —durante los años 90, en el interinato raulista, en la sucesión a la presidencia actual— han sido frustradas por la élite dominante. Contrariando las esperanzas de sus leales y, con ellos, de la población toda.

El orden político insular acomoda una fisiología tiránica bajo una frágil anatomía republicana. Su correlato jurídico es el Gobierno por la Ley, permanentemente violentado por el Dominio a pesar del Derecho. El desborde ha llegado a niveles tremendos, que interpelan directamente al quehacer del intelectual leal. Si este no es capaz de reflejar y analizar la realidad en que vive, si no logra ser escuchado por el poder que le rige y no decide acompañar a la sociedad en el ejercicio de sus derechos, pierde toda razón de ser. Desde los presupuestos que definen la condición misma de su existencia individual y colectiva.

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