A pesar de que representantes gubernamentales aseguran que nunca antes se había legislado tanto como en el año 2013 y los primeros meses de 2014, voces de distintos sectores sociales cubanos insisten en la necesidad de aprobar muchas más leyes y en áreas diferentes a la economía (principal prioridad de la llamada “actualización” del país).

Así han subido a la palestra pública el postergado Código de Familia, supuestamente casi listo desde 2011 y que sustituiría al actual, aprobado en 1975; y también los reclamos por una Ley de Cine y otra de Prensa o Comunicación, aún inexistentes. En estas semanas ha trascendido también la importancia de proveer al país de una Ley de Telecomunicaciones, otra de Empresas y una más de Cooperativas como claras “reglas del juego” que libran a muchos negocios y proyectos colectivos de la excesiva interferencia de funcionarios de distintos rangos que permite la legislación actual.

La urgencia de transformar el país y modificar sus leyes choca con largos años de promulgación de normas jurídicas sin sistematicidad ni orden y con una asamblea legislativa poco “fértil”.

Semejante práctica quiere ser superada con la coordinación de todos los elaboradores de leyes en cada ministerio y con un mayor número de sesiones de la Asamblea Nacional, usualmente citada tres semanas en el año y ya en este 2014 con dos encuentros de varios días extras confirmados. Pero esa característica de parlamento “no profesional” obliga a que se promulguen muchos más decretos ley y decretos que Leyes (una norma que requiere ser discutida y consensuada de manera mucho más amplia) y por tanto que prime en una parte de los cubanos la percepción del mandato impositivo y no de la participación ciudadana cuando evalúan las decisiones en el país.

«La Constitución establece que el decreto-ley se apruebe cuando la Asamblea no esté funcionando y se imponga implementar una decisión. Solo la sabiduría nos dice cómo saber lo que requiere determinado rango y cuándo debe priorizarse la implementación», según las palabras de la ministra de Justicia, María Esther Reus.

Tal vez con esa misma “sabiduría”, el gobierno de Raúl Castro ha manejado hasta ahora a la opinión pública para que acompañe a la ruptura de la inercia socioeconómica en que se colocó el sistema político tras la crisis económica de la década de 1990.

Para ello llama a mantener el consenso consultando decisiones trascendentales (el propio programa de los cambios o el nuevo Código del Trabajo) mientras apresura otras que puedan insuflar vitalidad a la maltrecha economía, como la nueva Ley de Inversión Extranjera.

Aunque la propia aprobación de esa ley evidenció para algunos cubanos una característica de su sistema con la cual no están de acuerdo: un procedimiento exprés que permitió que pasara menos de un mes desde que se anunciara públicamente la inminente decisión y se promulgara finalmente por los diputados, sin que la ciudadanía pudiera opinar directamente sobre lo que se estaba “cocinando”.

Las opiniones que generó este “acelerón” motivaron una entrevista con el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional, José Luis Toledo, quien insistió en aclarar la total legalidad de la práctica. “Si no hiciéramos eso así no podríamos legislar, pues nuestra dirección nacional tiene la siguiente característica: no somos un órgano permanente, nuestros diputados son personas en sus cargos, no como ocurre en otros países del mundo que lo único que hace una persona es legislar”, declaró.

No obstante, algunos opinan que la repetición de este tipo de “impulso” generará más distanciamiento entre la población y ese modelo de parlamento representativo; algo que puede ser potencialmente dañino para el socialismo cubano. Tal como ha reconocido el mandatario caribeño, para garantizar la continuidad de su proyecto político en el archipiélago tras la natural desaparición de los líderes históricos, el gobierno debe conseguir “institucionalizar” los cambios y “trazar la ruta” dentro de cauces legales.

Pero el reto es enorme y los equilibrios, difíciles.