En el último año, se ha consolidado en Cuba una modalidad de estafa telefónica en la que los perpetradores se hacen pasar por intermediarios de servicios de paquetería internacional. A través de llamadas a líneas fijas o móviles, anuncian la supuesta llegada de un envío —generalmente de ropa, medicamentos o alimentos remitidos por supuestos familiares en el exterior— que debe ser confirmado mediante un procedimiento inmediato. En el trámite —que aseguran debe ejecutarse antes de 48 horas— instruyen a quien recibe la llamada para que introduzca un «código» o realice una transferencia desde la aplicación Transfermóvil.
Una vez completada la transacción y sustraídos los fondos de la víctima, la comunicación se interrumpe, los estafadores bloquean el contacto y desaparecen.
En otras ocasiones, cuando el estafador percibe mayor margen de oportunidad, el fraude deriva en extracciones reiteradas, mediante nuevas llamadas en las que los actores o asociados se presentan como supuestas instancias de ayuda o recuperación del dinero, prolongando el engaño. Numerosos testimonios compartidos en redes sociales avisan de mecanismos muy similares:
«Bueno, hoy le pasó a mi esposo, lo llamaron al número fijo y le dijeron que era un paquete de 75 kg que debía de autenticarse y pagar por Transfermovil y además [le dijo que] era un teniente coronel. Como mi esposo se dio cuenta de que era una estafa lo llamó por el celular al número que había marcado y el hombre cuando le preguntó quién hablaba, le colgó el teléfono después de haber ofendido a mi esposo. Se identificó como que era de CubaMax», comentó una usuaria en redes sociales.
Otra persona en la publicación añadió: «Está sucediendo, a mí me llamaron al fijo y me dijeron de un paquete de comida y medicinas, y me dijeron que para entregarlo rápido debía usar mi Transfer y cuando le dije que ni tarjeta tenía, colgaron y no me han vuelto a llamar».
Crisis multifactorial y digitalización acelerada, el combustible perfecto para el ciberdelito
La recurrencia y expansión de estos eventos han comenzado a generar alertas institucionales. Tanto gestores de la plataforma Transfermóvil como sucursales del Banco Popular de Ahorro han advertido públicamente sobre esas modalidades de estafa. Sin embargo, la persistencia del fenómeno evidencia un entorno propicio para su reproducción, marcado por la convergencia de múltiples vulnerabilidades.
Por un lado, el envejecimiento demográfico y la precariedad de los sistemas de cuidado colocan a una parte significativa de la población mayor de 60 años en condiciones de alta exposición: se trata, muchas veces, de personas con baja alfabetización digital e ingresos restringidos. La escasez de bienes básicos, la inflación sostenida y el deterioro de los servicios facilitan también la disposición a creer en engaños que involucran la posibilidad de adquirir alimentos o medicamentos.
Las llamadas, a menudo realizadas a altas horas de la noche y durante cortes de electricidad, aumentan la tensión y limitan aún más la capacidad de los afectados para analizar la situación, pues deben reaccionar ante el apuro con que los estafadores los increpan. A lo anterior se suma la naturalización de intercambios de este tipo, dada la informalidad con que operan muchas redes comerciales, ante la ausencia de alternativas más seguras y eficientes: compras de alimentos o medicamentos que suelen gestionarse en grupos de WhatsApp o Telegram, pagarse a través de Transfermóvil y entregarse a domicilio por un costo adicional, en operaciones en las que suelen participar varios intermediarios.
Food Monitor Program ha analizado con anterioridad el vínculo entre criminalidad, inseguridad ciudadana y crisis multifactorial; también ha expuesto el grado de vulnerabilidad en el que viven los adultos mayores y otras poblaciones susceptibles a estos timos en la isla. Y es que estas estafas no pueden leerse únicamente como delitos oportunistas o errores de los usuarios. Son producto de una infraestructura social de vulnerabilidad producida por la crisis preexistente: pensiones erosionadas, dependencia de remesas, digitalización bancaria sin seguridad financiera y baja confianza en la respuesta institucional.
En sociedades democráticas, la recurrencia de fraudes digitales se asocia al aumento del costo de vida. El Annual Fraud Report 2025 del Reino Unido, por ejemplo, señala que la inflación permitió a los estafadores explotar la ansiedad económica de las personas, en especial mediante entregas falsas, inversiones y esquemas de «dinero rápido». En contextos políticamente más cerrados y estancados en crisis multifactoriales, la «convergencia de oportunidades» es, por supuesto, mayor: desigualdad y escasez extrema, capacidad disminuida de las instituciones formales y amplio universo de víctimas potenciales en condiciones de vulnerabilidad.
Al menos desde el último lustro, Cuba reúne con creces estas condiciones. Sin embargo, el riesgo aumentó tras la aceleración de la digitalización en un país donde el Internet móvil se masificó apenas en 2018 y donde buena parte de la población aún no reconoce patrones de suplantación de identidad digital ni otras modalidades de ciberdelito. A ello se suma la implementación de estrategias de bancarización y pagos digitales impulsadas por el Estado ante la escasez de efectivo, sin que existiera una maduración orgánica del sistema capaz de mitigar o prevenir eficazmente los fraudes. Todo ello contribuyó a configurar el escenario de riesgo que hoy enfrentan los cubanos.
En ese sentido, la estafa digital se alimenta de la precariedad: tanto de la desesperanza social como de la desprotección administrativa que atraviesa el país. Recordemos que los cubanos viven el mayor colapso económico de su historia reciente y están sometidos a un elevado costo mental impuesto por las vicisitudes cotidianas, como ha documentado FMP.
La exposición prolongada a situaciones de estrés, habituales en medio de la crisis multifactorial que atraviesa el país, incrementa la vulnerabilidad de las víctimas de estafa en Cuba. La vida cotidiana de muchas familias gira en torno a lidiar con la falta de agua, alimentos, electricidad, transporte, medicamentos y servicios médicos, entre otras deficiencias estructurales. ¿Cómo alcanzar, en esas condiciones, la estabilidad mental mínima necesaria para detenerse y evaluar la veracidad del alivio que prometen los estafadores?
La arquitectura del fraude digital, entre impunidad y vacío institucional
Otro aspecto alarmante es la irreversibilidad de las operaciones fraudulentas. Aunque la mayoría de las estafas pueden ser perseguidas penalmente bajo la ley cubana, la Policía replica que las transferencias realizadas mediante aplicaciones oficiales se consideran válidas, ya que se confirmaron mediante el PIN personal del usuario y bajo sus capacidades reales. Aunque para el engaño se utilizan números telefónicos y cuentas bancarias fáciles de rastrear, ni el monopolio de telecomunicaciones Etecsa ni el Banco Popular de Ahorro asumen la responsabilidad, bajo la excusa de la protección de datos de los ciudadanos —en este caso, de los delincuentes—. La única manera de liberar la información es mediante una orden judicial que debe tramitar el afectado.
«De nada sirve denunciar en la PNR o banco o Etecsa, al final te dicen que eres el culpable por no verificar y pierdes tu dinero, y no tienen forma de bloquear a la tarjeta que se transfiere. Muchas justificaciones y como siempre el más pobre pierde el esfuerzo de su trabajo», comentó un usuario identificado como Yasmany Barrera en una publicación sobre el tema.
«(…) Pero no solo el banco [está] ausente, también la Policía (…), por eso cada vez aumentan más las estafas, porque saben que nada les pasa (…), al final solo los cubanos nos alertamos los unos a los otros para salvarnos solos».
Si se superan los obstáculos iniciales, demostrar el delito implica un proceso penal largo, a menudo lento y revictimizante, en el que la mayor carga —también en términos económicos— recae sobre la víctima. En un caso reportado a elTOQUE, aunque se conocía la identidad del estafador, la Policía informó a la persona afectada que debía presentar una demanda civil en un bufete de abogados de la provincia donde residía el perpetrador, ubicada en el extremo opuesto del país. Según otro testimonio de septiembre de 2025, en Camagüey una usuaria que denunció un intento de estafa de este tipo fue interpelada por la Policía con la frase: «¿Y tú no sabías que esto estaba pasando?», justo después de que el oficial también admitiera que se reportaban hasta cuatro crímenes de este tipo a diario.
La ausencia de mecanismos eficaces de investigación y sanción no solo deja a las víctimas en estado de indefensión y sin acceso efectivo a la justicia, sino que también funciona como un incentivo indirecto para los perpetradores. Mientras los canales de denuncia e investigación permanezcan opacos, las instituciones carezcan de responsabilidad pública y capacidades técnicas, y la respuesta estatal se limite a advertencias generales, el crimen digital seguirá siendo percibido como una práctica de bajo riesgo y alta rentabilidad. Esa percepción se ve reforzada por la escasa cobertura del fenómeno en la prensa oficial, lo que también evidencia, en cierta medida, el desinterés y el hermetismo de las instituciones a las que deberían acudir las personas afectadas.
En suma, la respuesta oficial parece eludir, una vez más, el compromiso público y trasladar la responsabilidad a las víctimas. Las implicaciones de una muestra tan ostentosa de inacción por parte de los ejecutores de políticas públicas para la prevención, rastreo y reparación de daños son gigantescas a futuro. La normalización del fraude como un riesgo cotidiano termina incorporándose como parte del costo de vivir en crisis y «a la buena de Dios», con la desconfianza y la improvisación social como únicos mecanismos de protección. Además, añade una nueva dimensión de desigualdad a la mayor exposición que enfrentan grupos vulnerables, como personas con baja alfabetización digital, hogares sin redes de apoyo o usuarios recién incorporados a plataformas financieras.
La estructura social de una economía ampliamente informal, como la cubana, pierde cada vez más los pilares legales sobre los que debería sostenerse una sociedad moderna. En su lugar, los ciudadanos deben recurrir a intermediarios y gestores, así como buscar soluciones privadas mediante contactos, favores y espacios sin garantías de seguridad para trámites cotidianos como el cambio de divisas, la compra de medicamentos o alimentos y otros servicios, ámbitos que hoy también se han convertido en escenarios propicios para el crimen y el abuso. Ante una realidad que parece no dejar de agravarse, cabe preguntarse: ¿cuánto más puede aumentar la carga física y mental de vivir en Cuba y qué cicatrices sociales dejarán estos fenómenos en el futuro de la nación?
