Un documento de Queja y Petición elaborado por los miembros de la Articulación Plebeya fue presentado de manera presencial este 21 de diciembre de 2020 ante autoridades cubanas con un respaldo de más de 400 signatarios.

El documento se dirige, en calidad de representantes electos y servidores públicos de la República de Cuba, a Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado; a Yamila Peña Ojeda, fiscal general de la República de Cuba; a Oscar Manuel Silveira Martínez, ministro de Justicia; y, a Alfonso Noya Martínez, presidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT).

Representantes de la Articulación hicieron entrega física del documento ante las sedes de la Fiscalía General, el Ministerio de Justicia (Minjus), el Instituto Cubano de Radio y Televisión y la Asamblea Nacional del Poder Popular, todas en La Habana.

Los objetivos de la Queja se centran en los atentados contra la dignidad y el honor de las personas, las cuales se han vuelto prácticas de las autoridades y medios de comunicación en el archipiélago en los días recientes.

Al amparo de las normas legales vigentes en Cuba y considerando que a los firmantes los «asisten principios y derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico cubano», se expresa la preocupación «por las actuaciones de varios medios de comunicación estatales» tras el desalojo de los acuartelados en San Isidro y los sucesos del 27 de noviembre (27N).

La Articulación rechaza el llamamiento a la violencia que explicitó un post en redes sociales del medio estatal Cubadebate («Machete, Machete que son poquitos», decía la publicación en un supuesto homenaje al aniversario de la muerte de Antonio Maceo). Repele, además, la réplica realizada por el Ministerio de Justicia, en su cuenta de Facebook, de una comunicación del Ministerio de Cultura (Mincult) en la que son calificados como «mercenarios» los 32 ciudadanos que participaron en la reunión del 27N en el Mincult.

En la Queja y Petición se señala, además, que «el sistema informativo de la televisión cubana y la prensa en general ha[n] manipulado información al ofrecer en sus más recientes espacios, fotos, audios y videos de personas a quienes se asocia, muchas veces de forma implícita, con determinadas conductas o valores que, en el contexto cubano, pudiesen considerarse degradantes o ilegales». Y refieren que en el artículo Tercera opción o la emboscada en el camino, publicado en el diario Granma, se vincula a un grupo de intelectuales cubanos con la CIA sin mostrar evidencias de ningún tipo.

Existen otros ejemplos similares a los enumerados por la Articulación que el documento de queja y petición considera «linchamientos mediáticos, sin que las personas nombradas o señaladas tengan derecho a réplica». También especifican que las acusaciones de la prensa oficial pueden, entre otras, deteriorar «el desarrollo de una cultura jurídica de respeto al Estado de derecho y la legalidad», comprometer «el rol de instituciones» encargadas de administrar la justicia, y afectar «el cumplimiento del debido proceso en acciones legales en curso o futuras y cuestionan la presunción de inocencia».

Este desempeño de los medios de prensa cubanos, afirma la Articulación, «ataca valores centrales de nuestro ordenamiento constitucional, en especial el valor de la dignidad humana».

El texto presentado a la Fiscalía, la Asamblea Nacional, el Minjus y el ICRT, reclama que se adopten las medidas que correspondieren para: «eliminar las expresiones de odio y llamados a la violencia», «suprimir todo ejercicio informativo que vulnere la dignidad de las personas», «promover condiciones para la cultura del debate respetuoso [y] una evaluación de contenidos informativos (…) recientes».

Por último, piden «remover de las plataformas digitales que correspondan todos los materiales escritos y audiovisuales de contenido difamatorio y que atenten contra la dignidad de la persona», además de solicitar una retractación pública en aquellos espacios informativos desde donde se emitieron los materiales lesivos y degradantes.

Este escrito es otra manera de generar formas de conciencia y cultura jurídica para priorizar la protección de los individuos y visibilizar las limitaciones del ordenamiento jurídico cubano, argumentaron Ahmed Correa Álvarez y Amalia Pérez Martín, partes de la Articulación e impulsores de la iniciativa.

Según confirmaron Correa Álvarez  y Pérez Martín, el documento es el resultado de una acción colectiva. Presentar una queja y petición está reconocido constitucionalmente en Cuba, pero no existe una norma que establezca el procedimiento general para su ejercicio y control.

Entre los signatarios de la Queja se encuentran varios de los participantes en la reunión del 27 de noviembre con el viceministro de Cultura Fernando Rojas: Camila Lobón, Yunior García, Camila Acosta, Claudia Genlui, Daniel Díaz Mantilla, Gretel Medina, Julio Llópiz-Casal, Katherine Bisquet, Michel Matos, Reynier Leyva Novo, Tania Bruguera. Firman también el Dr. en Historia (FLACSO/Ecuador) Julio César Guanche; la cantante cubana radicada en Miami, Gema Corredera; el trovador Inti Santana Guerra; el profesor y crítico audiovisual Gustavo Arcos Fernández-Britto; el actor Jorge Ferdecaz; el escritor camagüeyano Pedro A. Junco López (recientemente expulsado de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba) y la académica y militante feminista Ailynn Torres Santana.

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El listado completo de firmantes del escrito de Queja y Petición, con cierre 17 de diciembre de 2020, es el siguiente: