En los últimos tiempos, han vuelto a reproducirse con bastante frecuencia en las redes sociales imágenes de niños cubanos en condiciones de mendicidad o vendiendo diferentes artículos. Algunos de ellos alegan que tratan de ayudar a sus padres a sostener a la familia ante una difícil situación económica.

La propaganda cubana siempre ha considerado la mendicidad un «flagelo» del pasado capitalista que fue eliminado por la Revolución. Precisamente, Isabel Acosta Sánchez —jueza del Tribunal Supremo Popular— reprodujo la idea en un texto amenazador que publicó el 5 de marzo de 2025 en el periódico Granma bajo el título «La mendicidad no es compatible con el proyecto social cubano».

En la publicación, Acosta Sánchez afirma que las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad no recurren a la mendicidad por su condición. Según la magistrada, los mendigos son utilizados como instrumentos por «personas inescrupulosas» que se benefician económicamente a su costa. Por esa razón, Acosta Sánchez recordó que la ley penal cubana —la solución del régimen para casi cualquier problema social— contempla delitos como la «corrupción de menores» y la «trata de personas»; los cuales podrían aplicarse contra quienes fomenten la mendicidad o utilicen a otros para tales prácticas.

Isabel Acosta también aseguró que la mendicidad, sobre todo de menores de edad, era contraproducente porque el Código de la Niñez y la Juventud —junto con otras estrategias y programas gubernamentales— refleja el compromiso prioritario del Estado cubano con formar a niños, adolescentes y jóvenes. 

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El reciente anteproyecto del código de la niñez, la adolescencia y las juventudes, que busca reemplazar la norma mencionada por la jueza del Tribunal Supremo, propone enfrentar la mendicidad de niños y jóvenes al considerarla una forma de esclavitud. Además, orienta clasificarla como delito.

El artículo 93 del anteproyecto prohíbe lo que considera «manifestaciones de explotación infantil» dentro de las que incluye «la inducción o empleo de niñas, niños y adolescentes en prácticas de mendicidad y juegos ilícitos». El texto también reconoce que las «manifestaciones de explotación infantil» contra niños, niñas y adolescentes se consideran «expresiones graves de violencia en su contra y formas contemporáneas de esclavitud».

El anteproyecto orienta que los «órganos del Estado» dispondrán (en el ámbito de sus competencias) las «medidas legislativas, administrativas, judiciales y de cualquier otra índole [con el] fin de detectar, enfrentar, sancionar y erradicar las formas de explotación» infantil. Considera que es «responsabilidad del Estado» reconocer como delitos y disponer las sanciones correspondientes contra «las manifestaciones de explotación contra niñas, niños y adolescentes».

La propuesta de ley va más allá al establecer que las personas que tengan conocimiento de un hecho de explotación contra niñas, niños y adolescentes están obligadas a denunciarlo. En un contexto en el que han resurgido las amenazas hacia quienes publican imágenes en redes sociales, esta disposición podría utilizarse en contra de quienes deciden denunciar en plataformas digitales las condiciones de mendicidad o trabajo infantil en lugar de hacerlo ante las autoridades competentes.

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Hasta la fecha, el régimen no ha cuantificado ni reconocido cuántos niños en condición de mendicidad hay en la isla. Sin embargo, a mediados de 2024, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social admitió que entre 2014 y 2023 al menos 3 690 personas fueron registradas como «deambulantes» —término empleado por el Gobierno para referirse a las personas sin hogar—. 

Mientras las autoridades intentan encuadrar el problema dentro de un marco legal que criminaliza la explotación infantil, la realidad en las calles —y la difusión de imágenes en redes sociales— contradice la retórica oficialista de que Cuba es un lugar seguro para las infancias.

El debate sobre la mendicidad infantil en la isla revela la inefectividad de las políticas asistencialistas del régimen en los últimos años. Una de las áreas en las que más se perciben los efectos de la crisis es en la alimentación. Por primera vez en 2024, la Unicef incluyó a Cuba en su informe «La pobreza alimentaria infantil. Privación nutricional en la primera infancia». Según el ente internacional, el 9 % de los niños cubanos solo tiene acceso a dos de los ocho alimentos indispensables para una vida sana.

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