A las diez de la noche, el autobús detuvo su marcha en Tapachula, Chiapas. Tras casi 40 horas de traslado bajo la custodia ininterrumpida de la Guardia Nacional mexicana, Yudelkis, Luis y Juan Carlos llegaron a la Estación Migratoria Siglo XXI. Permanecieron allí apenas unos minutos, los suficientes para que la burocracia los registrara y los expulsara nuevamente a la calle, en una ciudad que no conocían y donde no tenían familiares ni un lugar al cual ir. El calor de la noche golpeó sus cuerpos agotados, aún resentidos por el encierro en el autobús; un espacio que alternaba entre el sofocante mediodía y el frío nocturno del aire acondicionado. Durante casi dos días viajaron desde la frontera norte sin bajar de la unidad, vigilados en todo momento por hombres armados.

Los soltaron por la noche, dejándolos a su suerte en la acera. Yudelkis, Luis y Juan Carlos se encontraron frente a una ciudad desconocida y entendieron, en ese instante, que el trayecto no terminaba ahí. Caminaron alrededor de 5 kilómetros por el medio de la carretera, rodeados por grandes extensiones de pastizales que en la oscuridad parecían muros, hasta llegar al centro de la ciudad. Permanecieron varios días en el Parque Hidalgo, durmieron sobre el concreto junto a cientos de otros que, como ellos, aguardaban alguna respuesta de las autoridades mexicanas.

Tapachula, una ciudad del sur de México situada a 36 kilómetros de la frontera con Guatemala, se está convirtiendo en uno de los receptáculos principales de cubanos deportados —en muchos casos por la fuerza— desde Estados Unidos bajo la segunda Administración Trump. Los deportados más «inusuales» son quienes salieron de la isla durante el éxodo del Mariel, en 1980, cuando Fidel Castro destapó las costas de La Habana para que se marcharan del país los «desafectos»; pero también aprovechó para abrir los portones de las cárceles y los psiquiátricos. 

Los marielitos, que no estuvieron exentos de dificultades para insertarse en Estados Unidos, llevan más de 40 años en ese país. Es una vida. Quienes tienen récords criminales u órdenes de deportación pendientes y a quienes Cuba no acepta de vuelta están siendo interceptados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y enviados, bajo la sombra, al sur mexicano. En Tapachula, como en otras ciudades del oeste, confluyen entonces varios migrantes cubanos que, por razones diferentes, están ahora mismo atrapados sin garantías en el país azteca.

Juan Carlos. Deportado a Tapachula tras décadas de vida en el norte, pasa los días en el albergue Hospitalidad y Solidaridad lidiando con la incertidumbre del destierro, el encierro y los traslados bajo custodia migratoria que precedieron a su llegada a la frontera sur. Foto: Ángel Adrián.

El mecanismo oculto. Los documentos de Migración

Mientras en el discurso público el Gobierno mexicano negaba la existencia de acuerdos para recibir a personas deportadas de terceros países, documentos internos del Instituto Nacional de Migración (INM) muestran la operación de una red constante de traslados y contención migratoria. El 24 de junio de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó en su conferencia matutina que México no había aceptado convertirse en «país tercero» ni firmado instrumentos en ese sentido. Sin embargo, las respuestas oficiales del Instituto describen una logística que desplaza a ciudadanos cubanos desde la frontera norte hasta el extremo sur del país.

A través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, el INM reconoció la contratación de servicios de transportación terrestre para movilizar a personas bajo custodia migratoria, lo cual revela un cambio de ruta entre 2025 y 2026. Para Tapachula, Chiapas, el Instituto no registró ningún traslado durante 2025; sin embargo, en lo que va de 2026 la ruta se activó con seis viajes que alcanzaron un costo operativo de 308 769.28 MXN por traslado. En contraste, la ruta hacia Villahermosa, Tabasco, concentró la mayor actividad en 2025 con 32 servicios ejecutados, a los que se sumaron diez traslados en el primer trimestre de 2026, con un costo registrado de 277 057.51 MXN por cada viaje. 

En sus respuestas oficiales, la dependencia aseguró no contar con el nivel de detalle requerido para determinar cuántas personas fueron movilizadas en cada uno de los operativos. Sin embargo, datos obtenidos por el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) hablan de más de 6 000 cubanos deportados.

Por otro lado, la Dirección General de Control y Verificación Migratoria del INM reconoció formalmente que, entre enero de 2025 y marzo de 2026, un total de 149 personas cubanas fueron deportadas hacia La Habana desde el Aeropuerto Internacional de Tapachula. 

Mientras la burocracia mexicana fragmenta la información y evita precisar qué ocurre con las personas liberadas en Chiapas, los documentos revelan que Tapachula funciona como uno de los últimos eslabones de una cadena de expulsión que comienza en la frontera norte y termina en el abandono. Para Josué Gómez —coordinador de defensa integral del Centro de Derechos Humanos Fray Matías—, el resultado es una población atrapada entre países: personas sin documentos, sin posibilidad de regresar a Cuba y cada vez más cerca de convertirse en apátridas.

En medio de la burocracia, apenas quedan rastros mínimos de los atrapados. El 12 de mayo de 2026, la Estación Migratoria Siglo XXI reportaba solo a seis personas cubanas alojadas en espera de resolución. Detrás de esa cifra están Luis, Juan Carlos y Yudelkis, personas desplazadas entre fronteras que parece que ya no existen.

¿Qué sucede en Tapachula?

Diversas organizaciones de derechos humanos mantienen presencia constante en Tapachula e intentan acompañar a la población en tránsito. Joana Vargas, coordinadora del albergue Hospitalidad y Solidaridad, llegó como voluntaria a finales de 2023. En esos días, las calles estaban tomadas totalmente por el flujo migratorio y ella recuerda ver de todo menos personas locales.

Durante 2023 y 2024, los campamentos frente a las oficinas migratorias, las personas que dormían en parques públicos y familias que esperaban documentos formaban parte del paisaje cotidiano de la ciudad. Con el paso de los meses, la saturación institucional se volvió insostenible. Joana Vargas explica que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) colapsó y hasta el día de hoy se encuentra saturada. La falta crítica de personal y de traductores detuvo los procesos y dejó a miles en un vacío legal. Desde entonces, decenas de caravanas han cruzado desde el sur con la intención de abrirse camino hacia el norte; algunas buscan ciudades con mejores oportunidades y otras tienen la mirada fija en la frontera de Estados Unidos.

Migrantes caminan por la carretera que atraviesa el municipio de Huehuetán, estado de Chiapas, México, el miércoles 25 de marzo de 2026, después de haber salido de Tapachula la noche anterior. (AP Foto/Edgar H. Clemente)

A inicios de 2025, el escenario cambió de manera drástica. Joana recuerda el 20 de enero —cuando Donald Trump regresó a la Casa Blanca— como una fecha oscura debido al cierre definitivo del programa CBP One. La ciudad entró entonces en una atmósfera de incertidumbre absoluta y se sentía mucha desesperación. Tapachula, que ya funcionaba como embudo, se convirtió en un tapón hermético.

Para Josué Gómez, el período ha sido de una crisis sin precedentes. El giro en las políticas estadounidenses dejó a miles de personas varadas frente a procesos administrativos que se volvieron «muy tardados y muy cansados». El perfil migratorio en las oficinas del Fray Matías se diversificó hasta alcanzar más de 60 nacionalidades. 

La inmovilidad se ha consolidado mediante trámites que obligan a las personas a permanecer en la ciudad durante más de un año solo para obtener una entrevista de elegibilidad para un caso de asilo. Aquel autobús que detuvo su marcha a las diez de la noche no fue el final del trayecto para Yudelkis, Luis o Juan Carlos; fue la entrada a una nueva forma de confinamiento regida por la obligación de «estar yendo a firmar constantemente», una exigencia que mantiene a las personas en un estado de desamparo extremo. Josué explica que, tras el agotamiento de los trayectos y la falta sistemática de respuestas, las personas llegan a un punto de quiebre emocional en el que «no se sienten con la posibilidad de continuar los procesos acá».

Los retrasos en la Comar se deben a la saturación y la insuficiencia de personal. Josué describe las precariedades operativas de las instituciones: «material y económicamente, pues no están en las mejores condiciones» para atender la demanda humana. La espera «no solo implica tiempo (…), implica un montón de cosas que violentan la integridad de las personas». Durante los meses de estancamiento, las familias terminan viviendo hacinadas para costear viviendas con precios inflados mientras dependen de trabajos informales mal remunerados. El Estado, además, despliega operativos no para proteger, sino para que los migrantes «no sean visibles» en los espacios públicos del centro.

Esa dinámica de desgaste y abandono institucional revela un colapso de las garantías básicas que Josué define con firmeza: «hay un quebrantamiento en el sistema de asilo en México por la falta de recursos». La realidad que se atiende diariamente en las oficinas del Fray Matías evidencia un cambio de paradigma gubernamental enfocado en la contención que consolida «un cambio institucional hacia prácticas que excluyen y cansan a los migrantes». El Instituto Nacional de Migración traslada a las personas por las noches y las abandona en espacios públicos, muchas veces, sin documentos ni medios de comunicación. Varias organizaciones han documentado esa actuación como violaciones sistemáticas a los derechos humanos en la región.

Una trabajadora realiza labores en la cocina del albergue Hospitalidad y Solidaridad en Tapachula. Detrás, un colorido mural que retrata las raíces del campo y el trabajo agrícola contrasta con el desgaste emocional y el limbo administrativo que enfrentan los migrantes en la frontera. Foto: Ángel Adrián.

Sobre las deportaciones desde Estados Unidos, Josué afirma: «sabemos que sí está pasando». Desde el Fray Matías llevan registros de casos de familias separadas, adultos mayores expulsados tras décadas en Estados Unidos y personas que perdieron vivienda y sustento; personas de Cuba, Venezuela, Nicaragua y El Salvador enviadas hacia ciudades como Tapachula y Villahermosa. Josué señala que una de las problemáticas que enfrentan las personas retornadas es la ausencia de registros oficiales; algunas, incluso, salen de estaciones migratorias sin que las autoridades mexicanas les otrorgen algún documento. Simplemente, «aparecen» en espacios públicos. «Yo creo que no los quieren contabilizar…, lo sabemos porque las personas vienen a nuestra oficina», explica.

Como muchos de los cubanos deportados no cuentan con identificación oficial, la situación se vuelve crítica porque «aunque quieran regresar a su país, no pueden». Josué relata que las gestiones del Fray Matías con autoridades cubanas derivan en trámites prolongados: «Nos hacen el envío de formularios para que contesten información general y también de las causas de salida». Aún cuando se cumplen esos requisitos, «les han negado a las personas el regreso». La falta de documentos también impide moverse dentro del país porque «no hay manera de que puedan trasladarse sin documento migratorio». Ante este panorama, Josué advierte: «Se están convirtiendo en personas apátridas».

¿Dónde están los cubanos?

Jorge es un taxista mexicano originario del norte del país que fue desplazado por la violencia y que hoy reside en Tapachula. Al preguntarle por la seguridad en la zona, cuenta que hasta ahora los grupos del crimen organizado «no se meten con la población en general». Antes, en el Parque Miguel Hidalgo, era fácil encontrarse a varios cubanos; ahora, ya no aparecen porque las nuevas normas municipales limitan la estancia de extranjeros a solo 15 minutos en las plazas públicas. Ante la pregunta por alguien de Cuba, un grupo que descansaba bajo la sombra observó en silencio. La desconfianza y el miedo a las redadas nocturnas han empujado a la población a ocultarse.

Desde su taxi, Jorge escucha las historias que circulan por las periferias sobre cómo los migrantes se han dispersado. Muchos de ellos trabajan ahora en la albañilería, cumplen jornadas largas y bajo el sol por salarios mínimos. Joana Vargas confirma que los operativos para retirar a las personas del espacio público han aumentado. Las autoridades remodelaron los parques para que hubiera menos sombra e implementaron vigilancia constante con el fin de que nadie pueda acostarse un momento sin que lo levanten. Observaciones realizadas por elTOQUE confirmaron que las autoridades retiraban rápidamente a cualquier persona identificada como extranjera.

La presión se ha extendido a los espacios más cotidianos, con revisiones en plazas comerciales y retenes improvisados que impiden hacer una vida normal. Con el paso de los meses, la presencia migrante dejó de ser visible en el centro, desplazándose a zonas periféricas o replegándose en viviendas compartidas de un solo cuarto. Joana aclara que las personas siguen en Tapachula, lo que cambió fue la manera en que la ciudad comenzó a ocultarlas. 

El muro invisible del sur. Fachada del Albergue para Personas Refugiadas y Solicitantes de Asilo en Tapachula, Chiapas. Entre el colapso del sistema de asilo y las políticas de contención, estos espacios se han convertido en el refugio temporal para los cubanos retornados que intentan sobrevivir y reconstruir su cotidianidad. Foto: Ángel Adrián.

La espera en Tapachula se ha vuelto una cuestión de supervivencia frente al peligro. En la región, ha aumentado la violencia perpetrada por grupos del crimen organizado contra las personas en tránsito y las organizaciones que las defienden. Joana Vargas ha observado un incremento alarmante de los secuestros y afirma que no llegaba una persona nueva sin decir que había sido secuestrada. Muchas víctimas son interceptadas apenas cruzan desde Guatemala y retenidas hasta que sus familiares pagan rescates a plena luz del día.

Josué Gómez confirma que desde finales de 2023 la situación ha empeorado y que ahora, en 2026, ya no encuentran a muchas de las personas desaparecidas. Además de los secuestros, las desapariciones en carreteras se han vuelto frecuentes, las personas en movilidad son las víctimas más vulnerables. La gravedad de la situación impidió que el Centro de Derechos Humanos siguiera documentando los hechos en terreno. A finales de marzo de 2026, sus instalaciones fueron blanco de una serie de ataques armados y allanamientos.

Entre el 20 y el 26 de marzo de 2026, las oficinas del Fray Matías fueron allanadas y robadas en al menos tres ocasiones. La organización calificó los hechos como intentos directos de «intimidar, obstruir y desarticular» su labor de defensa. Ante la repetición de las agresiones y la ausencia de medidas de protección gubernamentales, anunciaron el cierre temporal de sus oficinas en Tapachula. El primero de abril de 2026, un operativo municipal derivó en un desalojo violento en el Parque Miguel Hidalgo. Personas cubanas que vendían café fueron retiradas mediante empujones y golpes; hubo varios lesionados, incluidos adultos mayores deportados desde Estados Unidos.

Rostros del destierro

Para llegar al albergue Hospitalidad y Solidaridad desde el centro de Tapachula hay que recorrer 12 kilómetros, un trayecto que puede costar hasta 200 pesos mexicanos (12 USD) en taxi. Joana Vargas nos recibe en el espacio donde intentan acompañar a los deportados con dignidad y cuenta que no habían tenido presencia de tanto adulto mayor a la vez. Algunos vivieron 30 o 40 años en Estados Unidos y ahora padecen enfermedades crónicas o limitaciones físicas. Joana se pregunta cómo se le dice a una persona que ya no puede estar allá cuando ese es el único sitio donde sabe quién es.

Observar y escuchar a Luis y a Juan Carlos es observar las consecuencias directas de las políticas migratorias; el dolor se vuelve concreto en los cuerpos y las voces migrantes. En el albergue, los números dejan de ser una abstracción y toman forma de personas cansadas y sin documentos que intentan sobrevivir.

"Solo Dios puede juzgarme". Con el torso descubierto, Juan Carlos muestra la tinta en su piel, donde se lee la frase en inglés «Only God Can Judge Me» junto a la imagen de Jesucristo. Foto: Ángel Adrián.

«Me llamo Luis de Ronceré. Tengo 76 años. Yo estuve en Estados Unidos por 46 años y me deportaron para acá», dice sentado a la defensiva. Luis salió de Cuba en 1980 durante el éxodo del Mariel, huyó de la isla en barcos saturados donde vio morir a otros en altamar. «Yo vine durmiendo en la cubierta, al frente». 

«Mucha gente perdió parte de su cuerpo o murieron», recuerda. En Estados Unidos, trabajó durante décadas en fábricas de coches y tabacaleras en Nueva Jersey y California. Tenía una pensión y una vida tranquila, pero una infracción de tránsito y un ticket no pagado derivaron en una orden de aprehensión que lo conectó con ICE. Él recuerda que estaba acostado cuando llegaron por él y tras semanas detenido fue trasladado a Tapachula y soltado en la calle sin pertenencias. Luis afirma que anda perdido, anda congelado, y que no sabe cuál es su destino.

Juan Carlos Viera intentó salir de Cuba en 1974 de forma irregular, fue preso político durante seis años y finalmente salió por el Mariel. «Dormíamos en casas de campaña», recuerda sobre el campamento previo a abordar el barco camaronero con cientos de personas. 

En Estados Unidos, trabajó de manera informal hasta que se vio involucrado en un incidente de violencia y fue condenado a una larga sentencia. Al cumplirla, agentes de Migración lo esperaban para trasladarlo en vuelos de Global X y luego en un autobús bajo custodia ininterrumpida. Él recuerda que había un olor muy fuerte en el camión donde viajaban hacinados y que, al llegar a Tapachula, las autoridades le dieron un documento y lo soltaron. 

Yudelkis Soyek salió de Cuba en 2015 buscando estabilidad que la isla le negaba tras enfrentar restricciones con su pequeño negocio de muebles. Cruzó ocho países, incluida la selva del Darién, hasta llegar a Nebraska. «Ocho países, ocho culturas diferentes», relata sobre la travesía. Allí compró una casa y trabajó como conductor de Uber y plomero. Su vida cambió cuando un pasajero dejó un arma en su vehículo, lo que derivó en una condena de un año. Al salir, Migración lo detuvo y le dio a elegir entre el traslado a México o tres años más de cárcel bajo el Gobierno de Trump. Él recuerda que estaba completamente en shock. Llegó a Tapachula en febrero de 2026 tras un viaje de 38 horas sin poder bajar del bus.

Luis cuida que su rostro no aparezca ante la cámara, pero acepta que se fotografíen sus manos. Las pulseras que lleva en las muñecas, traídas desde Estados Unidos, son el testimonio físico de la vida que dejó atrás, aunque él mismo afirme con desapego que, tras perderlo todo, "eso ya es basura y no vale nada". Foto: Ámgel Adrián.

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En el albergue, entre pausas largas, Juan Carlos vuelve varias veces sobre una misma idea: haber sobrevivido. Sobrevivió al Mariel, a la prisión política en Cuba, a las pandillas en Estados Unidos, a más de tres décadas encarcelado y a los centros de detención migratoria. Ahora, sobrevive también a la incertidumbre de Tapachula. «Yo lo que quiero es estar libre, quiero libertad. Ya cumplí el tiempo», dice después de relatar el encierro, los traslados y los meses bajo custodia de Migración.

Las pulseras que Luis lleva en las muñecas captan la atención. Dice que las trajo de Estados Unidos, aunque enseguida afirma que eso es basura y no vale nada. Luis acepta que fotografíen sus manos pero cuida que su rostro no aparezca y antes de despedirse regala unos mangos del pequeño negocio que inició junto a Juan Carlos.

Yudelkis se mantiene firme frente a la incertidumbre del refugio y las firmas semanales. Él afirma que se siente preso porque no los dejan salir de la ciudad. Sin embargo, utiliza los oficios aprendidos en el norte para sostenerse y asegura que el que sobrevive en Cuba es capaz de sobrevivir donde quiera. Lo único que el sistema no pudo quitarle fue su capacidad de volver a empezar. Fuera de Cuba, dice, puede vivir donde sea.

En Tapachula, los autobuses siguen llegando de noche. Las personas descienden después de días de encierro, cargan bolsas pequeñas, documentos doblados, algunos vienen solo con lo que traen puesto sobre el cuerpo agotado, pero sobre todo vienen con el peso de los años de una vida de la que fueron expulsados. Caminan hacia el centro bajo el calor húmedo de Chiapas sin saber cuánto tiempo permanecerán ahí. Algunos esperan regresar a Cuba. Otros sueñan todavía con volver a Estados Unidos. Muchos, simplemente, intentan sobrevivir en una ciudad que los desaparece.