Mientras en el discurso público el Gobierno mexicano negaba la existencia de acuerdos para recibir a personas deportadas de terceros países, documentos internos del Instituto Nacional de Migración (INM), obtenidos vía transparencia por elTOQUE, muestran la operación de una red constante de traslados y contención migratoria.
No hay un patrón único de perfiles de migrantes cubanos que están siendo deportados desde Estados Unidos —tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025— al sureste mexicano; pero elTOQUE ha podido comprobar que hay presencia de ciudadanos de la isla que tienen algún récord criminal cumplido y que Cuba no acepta su retorno a la isla. Entre ellos, varios marielitos que salieron de Cuba en 1980 y llevaban más de 40 años residiendo en territorio estadounidense. También, algunos que migraron muchos años después.
El 24 de junio de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó en su conferencia matutina que México no había aceptado convertirse en «país tercero» ni había firmado instrumentos en ese sentido. Sin embargo, las respuestas oficiales del Instituto Nacional de Migración describen una logística que gasta millones para desplazar a ciudadanos cubanos desde la frontera norte hasta el extremo sur del país.
A través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, el INM reconoció la contratación de servicios de transportación terrestre para movilizar a personas bajo custodia migratoria, lo cual revela un cambio de ruta entre 2025 y 2026. Para Tapachula, Chiapas, el Instituto no registró ningún traslado durante 2025. Sin embargo, en lo que va de 2026, la ruta se activó con seis viajes que alcanzaron un costo operativo de 308 769.28 MXN por traslado. En contraste, la ruta hacia Villahermosa, Tabasco, concentró la mayor actividad en 2025 con 32 servicios ejecutados, a los que se sumaron diez traslados en el primer trimestre de 2026, con un costo registrado de 277 057.51 MXN por cada viaje.
Si se calcula con base en los datos oficiales, el gasto asciende aproximadamente a 8.86 millones de pesos en 2025 y a 4.62 millones de pesos en el primer trimestre de 2026. En total, el Gobierno mexicano gastó alrededor de 13.5 millones de pesos en 15 meses únicamente por el rubro de transportación terrestre desde la frontera norte hacia el sureste [la dependencia aclaró que no cuenta con el costo operativo desglosado por persona, solo con el costo por servicio (autobús)].
En sus respuestas oficiales, la dependencia aseguró no contar con el nivel de detalle requerido para determinar cuántas personas fueron movilizadas en cada uno de los operativos. Por otro lado, la Dirección General de Control y Verificación Migratoria del INM reconoció formalmente que, entre enero de 2025 y marzo de 2026, un total de 149 personas cubanas fueron deportadas hacia La Habana desde el Aeropuerto Internacional de Tapachula. Se trata de otro esquema indeterminado y sin patrón fijo que alarga la agonía migrante. Desconocemos por qué esas personas no fueron deportadas directamente desde Estados Unidos hacia la isla; tampoco sabemos por qué recibieron un oficio de salida para abandonar México si el Gobierno mexicano aceptó recibirlos en la frontera norte.
Entre enero de 2025 y marzo de 2026, el Instituto Nacional de Migración trasladó por vía terrestre, al menos, a 537 ciudadanos cubanos desde la Garita El Chaparral, en Tijuana, Baja California, hacia Villahermosa, Tabasco, según consta en el oficio INM/DGCVM/1198/2026 de la Dirección General de Control y Verificación Migratoria (DGCVM). Las cifras revelan que estos operativos permanecieron prácticamente suspendidos durante los primeros ocho meses del período —con un único traslado registrado en febrero de 2025— y se intensificaron de manera abrupta a partir de septiembre, cuando 200 cubanos fueron movilizados en un solo mes desde la frontera norte hacia el sureste del país.
El repunte se sostuvo durante el último cuatrimestre de 2025, con 47 personas trasladadas en octubre, 102 en noviembre y 81 en diciembre, antes de moderarse en el primer trimestre de 2026, cuando se contabilizaron 47 traslados en enero, 30 en febrero y 29 en marzo. La ruta hacia Tapachula, Chiapas, en cambio, registra actividad únicamente en enero de 2026, con 80 personas movilizadas; el resto de los meses figura sin dato en los registros entregados por la autoridad migratoria.
La información sobre las deportaciones también coincide con revelaciones realizadas en Tribunales estadounidenses. El 13 de marzo de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó ante una Corte federal la existencia de un «acuerdo no escrito permanente» con México para recibir a personas cubanas expulsadas de Estados Unidos. Días después, el juez federal William G. Young cuestionó la opacidad y la ausencia de documentación formal de este mecanismo en el caso Navarro vs. Lyons.
Refugee Internacional ha documentado igualmente la ejecución de un acuerdo no verbal entre Estados Unidos y México para recibir a deportados de siete nacionalidades: Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela, Guatemala, Honduras y El Salvador.
Mientras la dirigencia mexicana fragmenta la información y evita precisar qué ocurre con las personas liberadas en Chiapas, los documentos revelan que Tapachula funciona como uno de los últimos eslabones de una cadena de expulsión que comienza en la frontera norte y termina en el abandono.
En medio de la burocracia, apenas quedan rastros mínimos de los cubanos que están atrapados en el sureste de México. El 12 de mayo de 2026, la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, reportaba solo a seis personas cubanas alojadas en espera de resolución. En Villahermosa —otra de las ciudades elegidas por el INM para soltar a migrantes deportados en medio de la noche— la situación es similar: decenas de cubanos expulsados duermen en las calles o en refugios saturados mientras el Gobierno mexicano no les garantiza un trato digno y mientras que a Cuba no les interesa su destino.
