Ante la necesidad de frenar la sobrepoblación animal callejera en La Habana, diversas organizaciones acometen campañas o acciones aisladas de esterilización; sin embargo, dichos esfuerzos resultan insuficientes y, desde las instancias veterinarias estatales, se cuestiona que  entidades independientes ejecuten este proceder.

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Entrar a su casa es una experiencia cautivadora, no solo porque sea un hogar lujoso y con aroma a cultura, sino porque allí habitan más de 40 perros y gatos. Resulta que Grettel Montes de Oca, además de ser bailarina, es coordinadora del proyecto Cubanos en Defensa de los Animales (CEDA).

Ese grupo, integrado por personas que aman los animales, no es reconocido de forma oficial, pues “en el país solo puede haber —legalmente— una asociación de cada tipo y ya existe una de animales y plantas, denominada Aniplant”, expresa Grettel. Por ello, al igual que el movimiento Protección a los Animales de la Ciudad (PAC), trabajan con donaciones de miembros e interesados en ayudar.

CEDA mantiene una dirección horizontal y se enfoca, principalmente, en la protección de felinos y caninos callejeros, mutilados o abandonados por sus dueños. Gracias a las redes sociales han logrado expandirse y llegar a la sociedad habanera, que los contacta vía telefónica o electrónica cuando ven animales en esta situación, a los cuales luego rescatan, curan, alimentan y ofrecen un hogar.

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Clara vive en la barriada Parcelación Moderna del municipio Arroyo Naranjo, en la cual —dice— habitan varias colonias de gatos y perros callejeros. Expresa que al inicio las personas no se quejaban porque los felinos ayudaban a combatir los roedores que merodeaban, pero con el tiempo se incrementó el número de ejemplares y aparecieron los problemas.

“Si dejas una puerta abierta te entran a la casa y te comen lo que esté fuera del refrigerador o te tumban los calderos en busca de alimentos. Si crías pollos, palomas u otras aves debes estar a la viva, porque los cazan… Y lo peor: apenas dejan dormir a veces con sus continuos maullidos en la madrugada”, afirma la habanera con ligero enfado.

De acuerdo con el Director del Instituto Provincial de Veterinaria (IPV), Manuel Nicot, la capital presenta una sobrepoblación de perros y gatos, lo cual propicia que deambulen por calles y centros laborales y formen colonias alrededor de comunidades.

Señala Grettel, fundadora de CEDA, que muchos de ellos son maltratados continuamente por la falta de conciencia de las personas, la carencia de una ley que los respalde y, en consecuencia, de acciones por parte de las instituciones estatales pertinentes.

Para minimizar la sobrepoblación y los problemas que trae consigo, el Estado opera mediante Zoonosis, organización que recoge a los animales callejeros y en un plazo de tres días, si no aparece el dueño, los sacrifica. También realiza campañas de esterilización, que resultan insuficientes ante el progresivo incremento de las especies.

Contrario a lo que muchas personas piensan, la castración de mascotas, debidamente regulada, no es un proceso maligno, pues les permite tener una vida más larga y saludable, evita que la hembra entre en celo, que el macho vague fuera de la casa y que se le desarrolle cáncer en los testículos.

“En La Habana existe solamente una clínica y 29 consultorios que atiendan animales, de los cuales en solo dos (Picota y Carlos III) se ofrecen servicios de cirugía y urgencia”, indica Nicot. Añade que la provincia no tiene una red de clínicas para estas prácticas porque no hay condiciones sanitarias ni instrumentales adecuados en las instalaciones.

Comenta el cirujano veterinario Cosme Zulueta, quien labora en la Clínica de Carlos III y Ayestarán, que ese es el único lugar de la Capital donde se atienden casos de traumas por ortopedia y patologías complejas. Apunta que en el centro no se realizan campañas de esterilización y solo se consultan por un precio muy económico las mascotas, no animales callejeros.

“Esas limitaciones del plan de atención de instituciones estatales propician que muchos animales queden varados a su suerte, hecho que condiciona el surgimiento de organizaciones independientes como la nuestra, dedicadas a su protección”, expresa Grettel.

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Normalmente, Alex solo se ocupa de darles la comida a los animales en la casa y sacarlos a hacer sus necesidades. Las cuestiones de consulta y veterinario las suple su mamá. Por eso se sintió tan raro aquella vez, durante la campaña de esterilización, cuando llevó un perro que encontró abandonado 15 días antes.

“Desde que entramos, estaba muy quieto: miraba a los otros animales como si les estuviera preguntando qué hacían en ese lugar. No ladraba, apenas se movía de mi lado. Cuando la doctora le peló en la zona donde realizaría la operación, no intentó evadirla ni hubo que aguantarle el hocico; aunque presentía que era más que una simple consulta rutinaria. Yo, impactado, solo atiné a pasarle la mano para que se relajara”, recuerda Alex.

En La Habana, para efectuar una campaña de esterilización se requiere la aprobación de la Dirección Nacional de Veterinaria, del Centro Epidemiológico y de otros organismos, porque no es solo crear condiciones para operar al animal, sino garantizar la atención durante el periodo postoperatorio y la incineración de las vísceras extraídas y deshechos, para evitar la aparición de bacterias y la propagación de enfermedades.

Según Leyssan Cepero, veterinario del proyecto de protección animal de la Quinta de los Molinos, anualmente se ejecutan en la capital, con el consentimiento de las autoridades, dos grandes campañas de castración: una con la financiación de la organización canadiense Spanky Project, en la cual se atienden como promedio 650 perros y gatos, fundamentalmente callejeros; y otras seis mini-campañas, en las que se operan alrededor de 140 animales.

Expone que este proceso es algo complejo: “cuando recibimos el autorizo, disponemos de solo una o dos semanas, en dependencia de la magnitud de la campaña. Los animales localizados los capturamos de noche para evitar escenas de disgusto ante la población: los gatos mediante jaulas y los perros con las manos y otros utensilios”.

Reconoce Leyssan que estas acciones se desarrollan principalmente en los municipios céntricos y son insuficientes para regular el elevado nivel poblacional de felinos y caninos en toda la provincia, por el continuo índice de reproducción.

Ello da pie a que algunos cuidadores y grupos de protección independientes capturen un sinnúmero de animales abandonados en las calles y paguen, con fondos propios, la vacuna antirrábica, los servicios de desparasitación y castración que ofrecen varios veterinarios, porque “es preferible acometer estas prácticas, a que mueran enfermos en las calles o venga Zoonosis y los capture para sacrificarlos, estén enfermos o no”, afirma Grettel, fundadora de CEDA.

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A juicio de muchos, estas agrupaciones presentan una solución viable, pues contribuyen a regular un problema que excede la capacidad de respuesta de las autoridades de La Habana.

Sin embargo, el Director del IPV refiere que este proceder es ilegal, porque los veterinarios lucran directamente por cada intervención quirúrgica (cinco pesos cubanos convertibles, CUC), en la que utilizan como anestesia medicamentos importados que no son comercializados a la población, tales como Ketamina, Propofol, Tiopental sódico y Zoletil, sin justificar la procedencia.

“Algunos de estos sicofármacos se obtienen mediante las donaciones realizadas a grupos de protectores, pero el mayor volumen es desviado de centros hospitalarios pertenecientes al Ministerio de Salud Pública, lo cual es y debe ser sancionable”, sentencia Manuel Nicot.

Quizá por ello cinco veterinarios de diferentes municipios capitalinos que laboran por su cuenta se mostraron renuentes a conceder entrevistas para este reportaje e impidieron que se les tomaran fotos en su trabajo, pues citan que algunos colegas de profesión han sido suspendidos y hasta apresados, algo que confirman varios protectores.

Ante la pregunta a Nicot sobre la posibilidad de que las clínicas o centros estatales puedan proveerle suministros médicos a los grupos de protección para realizar de forma conjunta campañas de esterilización, en las que empleen medicamentos y utensilios rigurosamente controlados, expresó que las leyes y normas actuales no lo permiten.

Según el Doctor Cosme Zulueta, la gran mayoría de las personas que realizan las operaciones violan un paso fundamental, que consiste en el análisis preclínico del animal capturado para saber su condición médica, si fue infectado por un ratón o un murciélago, o si está preparado para el proceder quirúrgico.

“Esas organizaciones resuelven a veces parte del problema mediante las castraciones, pero crean otro porque no todas cumplen estrictamente con el proceder médico. Hemos visto casos de animales operados que luego sufren de hemorragias internas, hernias, infecciones, tétano, tumores de transmisión sexual o simplemente exposición de vísceras propiciada por la abertura de la herida, porque los devuelven a su medio recién intervenidos (fundamentalmente a los gatos) y no los mantienen bajo observación”, explica Zulueta.

No obstante, durante la observación de una campaña independiente, se pudo constatar las buenas prácticas utilizadas. Una de sus organizadoras, quien prefirió no decir su nombre, expone que ellos realizan estas acciones con mucha seriedad: “Casi siempre se hace en mi casa, donde tengo todas las condiciones sanitarias creadas. No es cualquier doctor el que elegimos, sino uno bien capacitado y de confianza, que antes de proceder hace un diagnóstico de los animales allí llevados y valora cuál puede ser intervenido quirúrgicamente.

“Luego le explica en detalle a los dueños en qué consiste la operación, cuáles son los síntomas postoperatorios, cómo afrontarlos, qué cuidados tener, qué medicamentos usar ante algún padecimiento y, en caso de una futura complicación, a dónde dirigirse. También les exige que permanezcan una o dos horas luego de la operación para valorar la evolución. Si son no aptos, aclara el porqué a la persona que lo lleva”, enfatiza.

Subraya que, antes de esterilizar a un animal, aseguran la existencia de un hogar de tránsito y el compromiso real de la persona para cuidarlo, pues no se devuelve a la calle: “En ocasiones los miembros de nuestro grupo se lo quedan, pero en otras, solicitamos ayuda mediante las redes sociales. A ese voluntario le asistimos económicamente o le proveemos alimentos y demás menesteres para la criatura”.

Al preguntarle si le gustaría trabajar en conjunto con instituciones estatales, expresa: “claro que preferimos que nos provean de sicofármacos antes que pagar 5 CUC a un veterinario por cada animal, pero no se puede. Como ellos no solucionarán el problema siquiera a mediano plazo, seguiremos clandestinamente dando nuestro apoyo a esos animales desamparados, porque a nosotros la situación existente sí nos toca la fibra”.

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El trabajo aislado de los grupos independientes de protección y los proyectos autorizados demuestra que generalmente obvian el elemento común que los une: la lucha por la protección y el bienestar animal.

Para muchos de ellos, la ejecución de un programa sostenible y bien organizado de esterilización en el país, articulado con campañas de vacunación, podría disminuir la sobrepoblación de especies callejeras y regularía el surgimiento de enfermedades. Además, sienten que debe fortalecerse el trabajo en la sociedad en favor de la concientización sobre el cuidado y respeto de estos seres que acompañan al hombre.

A todas luces, resultan insuficientes las acciones que se acometen en la actualidad. A juicio de Manuel Nicot, director del IPV, y de otros entrevistados, a la par debe aprobarse una ley que respalde a los animales y crearse más instituciones como Zoonosis, pero con otra concepción de trabajo.

“Sería muy interesante que existieran centros que cuando recojan a los felinos y caninos callejeros los vacunen, esterilicen y, en vez de matarlos, los usen para realizar estudios de laboratorios y epidemiológicos, en coordinación con las autoridades sanitarias. Además, los ejemplares que estén completamente sanos pueden utilizarse en proyectos de rehabilitación con niños autistas y discapacitados o devolverse a la sociedad mediante la adopción”, propone el funcionario.

Si se quiere lograr estas iniciativas debe apostarse entonces por la labor conjunta. El Estado —opinan activistas y expertos— en vez de atacar, debe reconocer a las entidades independientes y suministrarles recursos para que realicen un trabajo organizado, mientras cumplan con las exigencias y normas médico-sanitarias establecidas.

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Además, debe fomentar espacios de debate y aprendizaje mutuo en los cuales se pueda opinar acerca de proyectos comunes, así como la elaboración de un cuerpo legal al respecto con los correspondientes mecanismos de sanción para las personas que atenten contra estas especies. De otra forma persistirían las diferencias y contradicciones.

Este texto fue publicado originalmente en la revista de animales El Arca. Si te apasiona el tema puedes consultar todas sus ediciones.