Transcurrieron seis meses desde que los hechos del 3 de enero en Venezuela desataran una avalancha de pronósticos sobre el desenlace inmediato en Cuba. Por entonces, se daba por sentado un «efecto dominó» casi automático —atado a la dependencia energética de la isla al petróleo venezolano—, impulsado además por la fascinación inicial con la estrategia estadounidense hacia Caracas. Una evaluación apresurada de su éxito terminó siendo abrazada con entusiasmo por la casi totalidad de la oposición cubana.
Medio año más tarde, la expectativa de una caída por inercia choca con la verdadera naturaleza del régimen de La Habana y su arquitectura de poder, enfocada en la supervivencia y capaz de absorber el impacto de las presiones externas mientras convierte el colapso interno en una excusa para mutar del socialismo soviético a sus variantes rusa, vietnamita o china. Todo ello a la par de que la vida cotidiana de los cubanos se hunde en un inframundo de escasez, penurias y represión.
La confianza en la «fórmula Trump para Venezuela» y la posibilidad de su réplica en Cuba no ha sido exclusiva de un exilio anhelante y una oposición frustrada. En febrero de este año, alerté en un artículo sobre lo riesgoso de establecer paralelismos automáticos, y fui crítica ante la insistencia en buscar un «Delcy Rodríguez» cubano, preocupada ante la enorme cantidad de lecturas analíticas excesivamente entusiastas que evaluaban posibles candidatos y plazos con la urgencia de quien no quiere llegar tarde al cierre de las apuestas.
Son muchos los que han contribuido a convertir el proceso venezolano en el espejo ideal de una transición acelerada para Cuba: actores políticos, analistas, activistas e incluso los representantes del Gobierno estadounidense, con declaraciones bastante explícitas al respecto. Y así hemos llegado a la paradójica situación —previsible, si me preguntan— en la que mientras muchos cubanos dentro y fuera de la isla aguardan por un desenlace «a la venezolana», en Venezuela la recuperación democrática se ralentiza a niveles preocupantes, en un terreno de opacidad e incertidumbre en el que la exigencia ciudadana pierde prioridad frente a los intereses económicos de Washington y los reacomodos entre élites.
A medio año de aquellas expectativas, es momento de hacer un balance crítico sobre lo sucedido para entender por qué la caída anunciada en enero aún no ocurre. Intentemos despejar la niebla de los pronósticos iniciales y examinemos: ¿cómo opera la «fórmula Trump» en la práctica; por qué la máxima presión derivó en un escenario de reacomodo en lugar del colapso del régimen; y dónde reside hoy la verdadera capacidad de los cubanos para influir en su destino?
La evidencia de la escalada
Comprender el momento actual que vive Cuba exige revisar lo ocurrido en estos últimos meses a partir de los hechos. La sistematización de noticias sobre las declaraciones y acciones del Gobierno de Trump en este período constata que el escenario posterior al 3 de enero en Cuba no ha cumplido los vaticinios de caída del régimen sino la puesta en marcha de un plan de desgaste prolongado en el que se cruzan dos dinámicas centrales: una escalada de amenazas verbales compartida por Washington y La Habana y un ahogo económico progresivo que impacta de lleno sobre una sociedad empobrecida, abandonada a su suerte, mientras la crisis humanitaria queda en segundo plano para los actores en conflicto.
En el seguimiento de las acciones públicas destaca el predominio de la presión verbal y los gestos simbólicos sobre medidas contundentes. Entre abril y junio de 2026, las declaraciones de funcionarios de Washington y las advertencias de algunos líderes de la oposición sobre un desenlace inminente se mantuvieron en niveles altos, mientras La Habana amplificaba esa amenaza para justificar su atrincheramiento político. Eventos de alto impacto como la visita del jefe del Comando Sur a la Base Naval de Guantánamo, la llegada del director de la CIA a La Habana o la filtración de conversaciones con el nieto estrella, Raúl Guillermo Rodríguez Castro —alias «El Cangrejo»—, sirvieron para amplificar el conflicto desde los micrófonos y la diplomacia secreta. Esa desproporción evidencia que la estrategia del Gobierno Trump se decantaba por la opción del desgaste psicológico, utilizando la expectativa de una caída inminente solo como herramienta de presión.
En la isla, ese despliegue tuvo una doble repercusión. A la cúpula le sirvió de excusa para desempolvar el discurso de la plaza sitiada y justificar un paquete de 176 medidas orientadas a una apertura económica. Un giro pragmático que conecta con las demandas de «liberalización de las fuerzas productivas» de las voces reformistas dentro del régimen y que no es otra cosa que despliegue de su capacidad adaptativa, una que ya conocemos. Para sostenerse, el castrismo muestra su disposición a dejar de lado los principios socialistas —aunque lo niegan discursivamente— y abandonar su responsabilidad de protección social, abriendo la economía, pero sin ofrecer garantías legales y políticas que aseguren la permanencia de los cambios. Una instrumentalización cínica que —como ya ocurrió en los noventa— el régimen podría revertir en cuanto las circunstancias le sean más favorables.
A diferencia de la retórica, que se mantuvo al límite desde el principio, la presión económica fue apretando la tuerca de forma gradual y vimos cómo pasó del tanteo diplomático al estrangulamiento directo. Si entre marzo y abril prevalecieron las gestiones exploratorias y los reclamos por la liberación de los presos políticos, a partir de mayo el escenario ingresó en una fase de acoso financiero contra las estructuras de soporte del régimen cubano, acumulando medidas como la cancelación de licencias comerciales y la ampliación de sanciones contra entramados claves del poder económico-militar —Gaesa, Cupet o las finanzas del ICAP—. Sin embargo, al dirigir las sanciones de manera repetida contra las mismas estructuras, la presión terminó por carcomer la economía general del país sin llegar a fracturar el núcleo duro del poder militar ni del PCC. El castrismo continúa en el poder y Miguel Díaz-Canel sigue en la presidencia.
Más allá de los discursos y las sanciones, el balance de estos meses deja al descubierto un abandono crítico en la atención a la gente. Aunque Washington aprobó fondos de ayuda y recurrió a organizaciones como Cáritas o a la gestión consular para entregas puntuales en zonas vulnerables, el impacto real de esas acciones apenas se sintió frente a la magnitud de las necesidades. Las brechas entre la ayuda anunciada, la complejidad de su distribución y la magnitud de la crisis demuestra que la estrategia no tuvo como prioridad proteger a la población. Atrapados entre la ineficacia de una ayuda externa puntual e insuficiente y la ingente incapacidad del Estado cubano para garantizar lo básico, los ciudadanos han tenido que activar sus mecanismos de protección: el apoyo mutuo, la solidaridad vecinal y el sostén de la comunidad se han convertido en la única red real de supervivencia.
Los límites de la «fórmula Trump para Venezuela»: lecciones para los cubanos
Las dinámicas analizadas obligan a volver la mirada sobre el escenario que sirvió de inspiración, ya que a fin de cuentas la premisa de que «Cuba es la próxima» continúa atada a expectativas de cambio que aún son una asignatura pendiente en Venezuela. A mediados de 2026, la realidad venezolana dista mucho de consolidar la anhelada transición democrática, en un contexto en el que las fuerzas opositoras conviven con la permanencia de un aparato represivo que, aunque contenido, sigue intacto y mantiene tras las rejas a cientos de presos políticos. Al mismo tiempo, el pragmatismo geopolítico ha priorizado los acuerdos petroleros y la estabilidad operativa por encima de las demandas de la sociedad civil y de las necesidades de una economía cotidiana en la que la inflación devora el poder adquisitivo de la inmensa mayoría.
Esa parálisis evidencia las fallas del modelo que alimentó la ilusión del efecto dominó, cuya quimera radicó en asumir que la política internacional se mueve por compromisos éticos y no por fríos cálculos de interés nacional. La confianza de la oposición cubana en la fórmula aplicada a Venezuela concentra sus expectativas en la amenaza militar más que en un incremento de las sanciones, estrategia cuya efectividad ha sido muy cuestionada luego de décadas de embargo. Por demás, la retórica de Trump —al sugerir cobrarse el costo de la intervención con petróleo— puso al descubierto una lógica mercantil, condicionada a beneficios tangibles para Estados Unidos, un factor pragmático que altera las reglas del juego cuando se pretende aplicar la misma receta a Cuba.
Lo que ocurre en Venezuela muestra la distancia entre las promesas de máxima presión y la realpolitik. La reciente apertura de negociaciones entre el grupo de poder liderado por Jorge Rodríguez y sectores de la oposición —bajo el tutelaje de Washington— demuestra cómo se reordenan las prioridades. Frente al mercado petrolero global, el flujo de crudo hacia Estados Unidos y la urgencia por contener la migración, la fase de estabilización se prolonga entre reacomodos opacos, postergación de prioridades ciudadanas y exclusión de liderazgos, lo cual deja un escenario de creciente incertidumbre política.
Aquí hay una lección clave para las fuerzas democráticas cubanas. Las presiones de Washington ciertamente debilitan la arquitectura del régimen y abren una ventana de oportunidad para el cambio; sin embargo, el problema radica en la falta de un pensamiento estratégico capaz de aprovechar ese escenario. La disyuntiva es clara, si liderazgos con enorme respaldo popular como el de María Corina Machado han sido relegados por pactos entre cúpulas, poco pueden esperar los cubanos si no demuestran capacidad organizativa y articulación.
Convertirse en un actor político clave para una eventual transición demanda urgentemente lo que en sociología política llamamos rearticulación de la agencia histórica: la capacidad de la sociedad civil para autoorganizarse, generar redes de confianza y disputar la iniciativa política, impidiendo que cualquier reacomodo de élites margine nuevamente a la ciudadanía.
De la catarsis en las calles a la organización política: superar la trampa del «día después»
En el día a día de la gente en la isla, la crisis se traduce en depauperación creciente. En medio del agobio, sin embargo, las protestas se suceden a diario, especialmente en las noches en las que los cacerolazos y la quema de basura expresan el hartazgo y la dignidad de la gente, aunque funcionan sobre todo como ejercicio catártico. La lógica acumulativa de cualquier acción colectiva postergada en el tiempo —desde el 11J hasta la fecha no han cesado las protestas— debería conducir a la conformación de un movimiento ciudadano de confrontación directa al poder.
En Cuba, la conversión del sujeto popular en sujeto político choca con barreras estructurales infranqueables: la hipertrofia de la vigilancia estatal, los cortes de Internet, las restricciones a la movilidad y el agotamiento biológico de una vida consumida por la lucha para la subsistencia. Al no lograr superar esos obstáculos, la salida individual termina imponiéndose sobre la acción colectiva en la resolución del conflicto entre la ciudanía y el poder despótico.
A ese desgaste interno se suma una falla recurrente en la oposición y el activismo: la obsesión por el «día después». Entre grupos políticos, académicos y activistas abundan los borradores constitucionales, los planes de transición y los programas de Gobierno diseñados para el momento posterior a la caída del régimen, mientras escasea el debate y la acción orientados al «día antes». Esa tendencia suele dar por sentado que el cambio vendrá impulsado por el colapso del sistema o por la acción de una fuerza externa; una cesión de la agencia que reduce a los cubanos de dentro y fuera de la isla a un rol secundario, reservando el papel protagónico a Washington o a esa figura de quiebre interno que aún se insiste en buscar.
Venezuela funciona como el recordatorio más reciente de que, incluso con una ciudadanía articulada con antelación e involucrada en el cambio, el «día después» ofrece pocas garantías cuando los pactos entre élites desplazan las aspiraciones ciudadanas. Sin embargo, solo desde esa organización previa existen posibilidades reales de disputar la iniciativa y reorientar el rumbo político.
De cara a los próximos meses, quizá la apuesta más fecunda para el activismo y la diáspora no pase por especular sobre escenarios hipotéticos, sino por articular un entramado transnacional capaz de sostener con recursos y herramientas la organización ciudadana dentro y fuera de Cuba. Esa relación implica un diálogo constante entre la experiencia del exilio y la vivencia cotidiana en la isla, orientado a cuidar la resistencia local y proyectar sus reclamos en el ámbito internacional, sobre todo cuando el costo humanitario que paga la gente es ya devastador.
Al final, más que seguir a la espera de una improbable intervención externa o de un quiebre automático del régimen, la sostenibilidad de cualquier transformación descansa en la recuperación de la agencia colectiva. La pregunta que queda abierta es cómo acompañar ese proceso desde el espacio, los medios y las posibilidades de cada uno.
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