Una campaña para reunir 50 000 firmas en apoyo al ajuste de estatus migratorio de los cubanos con I-220A llegó a su meta y continúa ganando alcance dentro de la comunidad cubana en Estados Unidos. Al momento de esta publicación ya reunía 55 405 y aún está abierta a nuevos signatarios que deseen sumarse. 

Las firmas respaldarán una carta formal dirigida a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) para solicitar que esa organización intervenga legalmente en favor de los cubanos que, al entrar de modo irregular por la frontera sur de EE. UU. y ser supervisados por las autoridades migratorias, fueron liberados con el Formulario I-220A.

A diferencia de las demandas colectivas que están promoviendo algunos bufetes de abogados, sobre todo del sur de Florida —las cuales sí implican pagos y representación legal privada—, esta recogida de firmas es una iniciativa cívica gratuita impulsada por activistas y miembros de la comunidad. Su propósito no es presentar una demanda judicial directa, sino reunir apoyo público y moral para pedir a la ACLU que evalúe intervenir de manera institucional en la defensa de los cubanos con I-220A. 

Los principales promotores (que se identifican en redes sociales como Yariel y Mag_el_cubano) argumentan que quienes recibieron esa orden de liberación condicional (I-220A) —aunque están sujetos a supervisión— han quedado excluidos de beneficiarse del ajuste migratorio contemplado en la Ley de Ajuste.

Aunque la campaña nació entre cubanos con I-220A, los organizadores han insistido en que cualquier persona puede sumarse a la iniciativa, incluso residentes permanentes, ciudadanos estadounidenses y miembros de otras comunidades migrantes.

La recogida de firmas se realiza a través de la aplicación NeoMambí, desarrollada por cubanos con I-220A. La plataforma permite que los interesados firmen de forma rápida y gratuita desde cualquier parte del mundo.

En un video publicado en su cuenta de TikTok, Yariel agradeció a las personas que han apoyado y aseguró que es la primera vez que ve a la comunidad unida para lograr un objetivo. Alcanzar y sobrepasar las 50 000 firmas «fue el primer paso», pero lo considera «el más importante porque demostró la unidad entre los cubanos». En otros videos, ha explicado que la acción actual en la aplicación NeoMambí consiste en firmar como muestra de apoyo y reconocimiento al dolor de una comunidad, y reiteró que no se trata de una demanda legal ni de un proceso pagado, sino de un esfuerzo cívico para pedir la intervención de la ACLU en defensa de los cubanos con I-220A.

El objetivo de las firmas, explica, es mostrar que el reclamo no es solo un asunto legal aislado, sino una causa de derechos humanos y justicia migratoria que merece respaldo colectivo. De esa forma, la carta busca unir a la diáspora y a la sociedad civil en torno a una misma exigencia: que se respete la igualdad de trato para todos los cubanos en Estados Unidos, más allá del documento con el que fueron liberados al ingresar al país que fue entregado de manera aleatoria.

La explicación legal del conflicto se encuentra en la decisión Matter of Roque-Izada, emitida por la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés). En ese fallo, el Tribunal estableció que las personas liberadas bajo el formulario I-220A no fueron «admitidas ni puestas en parole», sino únicamente liberadas bajo supervisión mientras esperan el ajuste de su proceso migratorio.

Esa distinción técnica, aunque parece menor, tiene consecuencias enormes: impide que miles de cubanos puedan ajustar su estatus migratorio bajo la Ley de Ajuste, que exige haber sido admitido o recibido parole para acceder a la residencia. Por su carácter vinculante, este precedente se convirtió en un obstáculo estructural que hoy muchos activistas intentan revertir mediante presión legal y mediática.

Quienes han firmado confían que la intervención de la ACLU podría marcar la diferencia: esa organización tiene historial en litigios de derechos civiles, incluso en asuntos de detención y supervisión migratoria. Como ya se alcanzaron las 50 000 firmas, los activistas dijeron que esperan enviar la carta esta semana, para cuya redacción está siendo fundamental el conocimiento de Lázaro Moya, cubano graduado de Derecho en Cuba que ejerce como notario en Estados Unidos

Aunque la campaña ha logrado visibilidad mediática, su éxito dependerá de dos factores claves: que la ACLU acepte formalmente intervenir, y que los argumentos legales presentados puedan persuadir a Cortes o autoridades migratorias de revisar la interpretación actual del I-220A frente a la Ley de Ajuste Cubano.