“No existe una ley que nos respalde, al menos con la distribución musical. En ese mundo no hay tal cosa como poderte quedar underground mucho tiempo”, me explicaba hace unos meses el director de un sello musical independiente cubano.

Se refería al muro fronterizo que divide al sector estatal vinculado a la música, con todas las garantías y normas jurídicas a su favor, de otro a cuenta y riesgo, independiente, y que aun sin personalidad jurídica ni cuentas corrientes ni licencias de algún tipo, exhibe modelos de funcionamiento con mayor eficiencia y capacidad de adaptación.

Justo ahí, en la línea divisoria que marca ese muro, ¿se dirime? hoy una pelea cubana más contra los demonios de la penalización y la censura en el campo del arte.

El Decreto 349

El Decreto 349, publicado en la Gaceta Oficial el pasado 10 de julio puede calificarse como una norma fronteriza entre el derecho administrativo y el penal. En él se estipula lo que a partir de su puesta en vigor, el próximo 7 de diciembre, se considerarán violaciones a la política cultural del Estado cubano que no llegan a constituir delitos (de ahí su nombre “suavizado” de contravenciones), sus niveles de gravedad y las medidas que un grupo de funcionarios e inspectores del Ministerio de Cultura tendrán la autoridad de aplicar a los infractores.

En materia de prestación de servicios artísticos y su remuneración, estos se prohíben cuando no hayan sido aprobados y contratados “por la institución cultural que corresponda”. También se penaliza la figura de los managers o representantes “sin la autorización oficial”, y la actividad cultural de los artistas que no estén profesionalizados en escuelas o por agencias estatales.

Serán también contravenciones comercializar libros “con contenidos lesivos a los valores éticos y culturales”, realizar “un uso abusivo de aparatos o medios electrónicos”, comercializar artes plásticas “sin la autorización correspondiente”, entre otras similares.

Sobre política cultural se considerará una violación el uso de medios audiovisuales con contenidos sexistas, misóginos, vulgares, obscenos, violentos, pornográficos, discriminatorios o cualquier otro que infrinja “el normal desarrollo de nuestra sociedad en materia cultural”.

Así de inexacto y ambiguo en todos los casos.

La forma…

En Cuba, donde desde hace tiempo existen redes informales de producción, distribución y consumo cultural —algunas con modelos y dinámicas verdaderamente exitosas—, este es un momento clave para la definición de los caminos a seguir, para plantear los posibles vínculos entre el sector estatal y el resto de las formas de gestión.

Hasta hoy, los primeros pasos dejan mucho que desear. El propio hecho de que la mayoría de las solicitudes de entrevistas al respecto hayan sido rechazadas, porque “preferimos mantenernos al margen” o “no creo que me afecte”, “no sé qué podría aportar mi opinión”, pone en evidencia el ambiente de aprensión generado ante un futuro más restrictivo y la opción más lógica que han encontrado muchos en pos de la sobrevivencia es mantenerse en bajo perfil. Las barbas, en remojo.

En un escenario en el que muchos proyectos culturales —de distinta índole y en una amplia amalgama de talento y valores artísticos— sufren la ausencia de legislación positiva, la penalización, tanto administrativa como política, debería ser el último paso en la construcción de un esquema completo de gestión cultural.

No existe en Cuba, aún, un registro público de creadores independientes en el cine, ni están claramente definidas o transparentadas, que sepamos, las alternativas para los talentos naturales no academizados en la música, campo en el que hay cada vez más artistas relevantes que no pasaron por escuelas. No existe una forma legalmente reconocida para que los sellos discográficos independientes puedan licenciar sus obras, que es el primer paso para introducirlas en grandes plataformas de distribución fuera del país. Tampoco hay manera totalmente lícita para que los músicos puedan decidir la persona que desean como manager, fuera de las agencias de representación. (Los managers se llaman personal de apoyo en las plantillas de las empresas estatales a que pertenecen los artistas que representan). El proceso de profesionalización de artistas tiene tantas fallas actualmente como manzanas había en La Puntilla, atravesado por esa sombra sistémica que es la corrupción. Porque donde no hay claridad, hay, o puede colarse, gato encerrado.

Es decir, pensamos que está lejos de concluirse un proceso inclusivo mediante el cual se otorgue un espacio para la creación independiente y las manifestaciones más espontáneas del arte y la cultura en nuestra sociedad.

Ha faltado, antes de la publicación de un Decreto como el 349, el debate y el diálogo con los implicados, una negociación que persiga la verdadera finalidad de las leyes en una sociedad donde estas deben representar la voluntad de la ciudadanía. Al menos, entre las fuentes interrogadas, nadie dio cuenta de que este proceso se hubiera llevado a cabo.

Ese debate se ausenta de forma incoherente en medio de una amplia consulta popular sobre los aspectos a modificar de la Constitución vigente en Cuba. En el proyecto que por estos meses es discutido entre la población, se establece, en lo referente a la política educacional, científica y cultural (inciso h del artículo 95), que “la creación artística es libre y en su contenido respeta los valores de la sociedad socialista cubana”. Y a esto le sigue: “Las formas de expresión en el arte son libres”.

Repito: “Las formas de expresión en el arte son libres”.

Comparado con el Decreto 349, el proyecto de Constitución contiene un espíritu mucho más orientado al futuro, aun cuando restringe la creación artística sobre la base del respeto a los valores de nuestra sociedad socialista. Por su parte los “Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución”, a modo de programa de gobierno, validan la necesidad del Estado de enfocarse en actividades prioritarias para el desarrollo del país y de repartir otras responsabilidades.

En política cultural había entonces pocas movidas más contraproducentes que el Decreto de marras. La alta jerarquía e importancia de los documentos anteriores no podrá impedir, llegado el caso, que en la práctica cotidiana el 349 tenga repercusiones concretas serias para el panorama cultural cubano.

Esta norma no solo establece un margen de protección bastante limitado a los implicados desde el punto de vista administrativo y civil, al imposibilitar la apelación de las medidas punitivas, una vez perdida una apelación, a una tercera parte “imparcial”; sino que, ante la falta de criterios consensuados por los cuales regir su implementación, podría naturalizar la censura, servir al abuso de poder y/o fomentar la discriminación por motivos políticos.

Pareciera que se ha trastocado el rol de las instituciones culturales en la sociedad: en lugar de impulsar la cultura desde los más disímiles modelos, promueven penalizaciones. El dramaturgo Norge Espinosa, quien único ofreció su testimonio al portal Tremenda Nota, lo enfoca de forma contundente: “La hora del país que emite esta regulación debería estar marcada por una apertura más inteligente, teniendo en cuenta que otros asuntos, no menos preocupantes, deberían reclamar la misma, si no mayor, atención por parte de nuestros dirigentes”.

…y el contenido

Pelea de gallos en el centro Bertolt Brecht. El jurado ha advertido que no aceptará letras racistas o que ofendan a las mujeres, ni ningún insulto mayor. Pero en el calor de la competencia los raperos echan mano a las menciones de novias ajenas y a sus atributos físicos. Otro día, en una escuela cualquiera, se escucha bien alto una seguidilla de reguetón en la fiesta de fin de curso o quizás por el día del maestro; los niños, felices e inocentes, se remenean como adultos. También, en una casa de cultura, un trovador canta sobre la crítica situación migratoria del país; cuenta cómo numerosos jóvenes se van a hacer su vida en otro lugar, haciendo uso de las más fuertes palabras del español.

Según lo regulado por el Decreto 349, todas estas escenas podrían ser punibles. Los implicados pueden ser multados con 2 mil pesos cubanos si se considera que en todas ellas se difunde música o se realizan presentaciones artísticas en las que se genera “violencia con lenguaje sexista, vulgar, discriminatorio y obsceno”, contravención calificada como “muy grave” según el documento. Incluso, “de conformidad con la gravedad del hecho”, que será determinada por los inspectores de cultura, pueden ser sujetos del decomiso de bienes.

Existe la posibilidad, que también queda a merced de la decisión de las autoridades, de que se utilice el apercibimiento (una especie de llamado de advertencia) cuando se valore “que desde el punto de vista del impacto político-cultural”, la situación analizada no amerita la imposición de una medida más severa. Aquí está la oportunidad de salvar o hundir a los contraventores, que podrían ser tanto las autoridades de educación, como un rapero o un trovador. De hecho, podríamos ser todos nosotros.

Regular la contratación y los vínculos entre diferentes entidades que actualmente, en gran medida, no pagan impuestos ni declaran ganancias no está mal. Es una de las intenciones obvias del 349. Pero parece, a todas luces, errado que se penalice de la misma forma a actividades con escalas e impactos diferentes.

El Estado, que podría liberarse de actividades administrativas que no realiza con eficiencia, dejando su gestión reglamentada en otras manos, intenta la regulación por la vía del control administrativo cuando el control fiscal sería suficiente.

La existencia de este Decreto ha generado múltiples manifestaciones de rechazo y un grupo amplio de personas que podrían ver sus proyectos personales atados en camisas de fuerza y sus libertades creativas limitadas. Se ha originado, en definitiva, una nueva red de problemas y contradicciones que no estaban en primer lugar, y que por demás , no van a extinguir las que ya existen.

Coda con paréntesis, pregunta, pinceladas de realidad y moraleja

Paréntesis:

(El sexismo, la misoginia, la vulgaridad y la obscenidad no son problemas exclusivos del campo cultural. Son, primeramente, cuestiones de educación, y su existencia evidencia las fallas por las que está atravesando ese sistema público en Cuba. Solo después serían temas de política cultural).

Pregunta:

¿No ayudaría el hecho de que la sociedad civil tenga realmente más voces para que no sea la administración, sino la propia sociedad quien se pronuncie sobre los productos culturales que desea escuchar, consumir, en qué horarios, etc.?

Pinceladas de realidad:

– La novia, mientras se prueba un magnífico vestido blanco, recuerda que debe llamar a la representante del músico. Desea que ese y no otro se presente en su boda. Pactan un pago y un horario, y todo listo. En Miramar, a la cumpleañera que llega a los treinta, sus amigos y familiares la sorprenden con una serenata de mariachis en su propia casa, “estas son las mañanitas…”, tralala. Al final, y en cash, el pago.

– En un restaurante de los que pululan en La Habana Vieja, el grupito de músicos sin diploma ameniza la cena con un variado repertorio de música tradicional; también aceptan peticiones más modernas. En un rato pasará uno del conjunto con un sombrero boca arriba por las mesas y un grupito de CDs para el que quiera comprarlos: “Colaboren con el artista cubano”, dice. Durante el día, el trompetista de esquina que a cada rato sorprende con un hermoso jazz, deja también la cajuela del instrumento abierta a sus pies. Vive de esas propinas.

– Cuando el dúo puertorriqueño Calle 13 fue invitado a tocar en Cuba por unas productoras cubanas, estas pasaron meses solicitando una entrevista con las autoridades del Ministerio de Cultura para lograr los permisos y la coordinación correspondiente. Llegó el día de la demorada cita, solo para que ambas descubrieran que el funcionario del Instituto Cubano de la Música no conocía el trabajo de los músicos boricuas. Mientras, en Cuba sus canciones pasaban de una USB a otra, y Atrévete era un hit obligado en numerosas fiestas, porque aquello era mucho más que reguetón. Cuando ya la gente había entendido perfectamente de qué iba Calle 13, a aquel funcionario le pareció que no merecían un escenario cubano porque “ellos dicen muchas malas palabras”. Por suerte, su criterio no prevaleció.

Moraleja:

La vía de constreñir y penalizar no ha sido, y probablemente no sea en nuestro caso, la que puede trazar pautas duraderas. Algo anda mal cuando una norma jurídica nos ubica, a cualquiera de nosotros, como posibles contraventores.

Este artículo fue publicado originalmente en Magazine AMPM