En noviembre de 2016 la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) publicó en su sitio web —puesto en funcionamiento después de un rediseño total— el proyecto de Ley de Aguas Terrestres y habilitó un correo electrónico, del 11 al 25 de ese mes, para que las personas enviaran opiniones antes de su aprobación. Este hecho invitaba a creer que el escenario virtual se convertiría en un nuevo espacio para la participación ciudadana en asuntos sustantivos de la política en Cuba; sin embargo, experiencias como esa no han vuelto a repetirse.

Internet podría transformar el funcionamiento de los órganos de Estado, así como las relaciones entre los representantes populares y sus electores, e incluso entre los propios representantes. Además, permitiría a los ciudadanos involucrarse directamente en la toma de decisiones y, por tanto, ayudaría a democratizar la comunicación y la práctica políticas.

Es común escuchar a los decisores posponer las posibilidades de desarrollo —participativas e informativas— en el ámbito virtual por considerarlo utópico, alejado de la realidad inmediata de Cuba. La inconexión ha sido la excusa neutralizadora; no obstante, la infraestructura y el acceso a Internet en el debate sobre la gestión de un gobierno electrónico en Cuba son secundarios. Hasta tanto las instituciones gubernamentales no trasformen sus prácticas internas y organicen sus procesos en el espacio virtual, la cantidad de personas que puedan conectarse y desde dónde carecerá de relevancia. Si bien es cierto que sin ciudadanos conectados no pueden aprovecharse al máximo las oportunidades que ofrece ese espacio, para que esto sea posible también es necesario prepararse con anterioridad y generar capacidades técnicas y humanas, algo que no se ha hecho aún.

Desde diciembre de 2015, la ANPP tiene presencia en Twitter y Facebook. Asimismo, han aumentado en los últimos cuatro años las asambleas municipales y provinciales que se expresan en algún espacio virtual: al menos 33 en Facebook y 5 con plataformas web. Lo mismo ha ocurrido con la mayoría de los Ministerios, que progresivamente se han sumado: de 21 solo faltan 8 por tener sitio web (Economía, Interior, Fuerzas Armadas Revolucionarias, Turismo, Construcción, Transporte, Comercio Exterior y Comercio Interior). El problema es que no siempre estas iniciativas han perdurado en el tiempo y muchos de esos espacios se encuentran desactualizados o con muy baja frecuencia de publicación. El Consejo de Estado permanece ausente.

Si alguien se preguntara cómo funcionan los órganos de Estado en Cuba, cuáles son sus dinámicas internas o cómo ocurren los procesos políticos en curso, no hallaría en sus sitios web una respuesta suficiente. Más que un espacio natural de vida, son una prótesis, un apéndice gris. En el caso de la ANPP, el único ejemplo de participación on-line que permanece –en su nivel más bajo– es la posibilidad de enviar sugerencias, quejas y/o reclamaciones a su Área de Atención a la Población y de recibir respuesta mediante correo electrónico. Sin embargo, no se autorreconoce como una vía de comunicación para los asuntos sustantivos de la política.

Entre los casos más recientes de implementación del gobierno electrónico en Cuba, a tono con el proceso de informatización del país —según se reconoció en la 17ma. Feria y Convención Informática 2018—, se hallan las plataformas del portal del ciudadano desarrolladas por la Empresa Nacional de Software (Desoft) para los gobiernos de las provincias Granma y Pinar del Río, puestas en funcionamiento desde octubre pasado y aún en construcción. Sin embargo, estos espacios no trascienden el nivel informativo. Si bien constituyen un punto de avance importante, conciben un nivel de interacción con el usuario limitado y todavía no en práctica sistemática.

Desde que en la década del noventa del siglo pasado empezaron a aparecer experiencias de gobierno electrónico en el mundo, según explica el académico Stephen Coleman, “los organismos tradicionales de la democracia representativa han tratado de institucionalizar la tecnología, usando las TIC [Tecnologías de la Información y la Comunicación] para replicar las prácticas existentes en lugar de adaptarse a las nuevas formas de comunicación”. Cuba no es la excepción, pero con el tiempo transcurrido –llega más de veinte años tarde– no hay por qué recorrer el camino largo si se puede aprender de la experiencia de otros.

Para implementar en el contexto cubano prácticas comunicativas que favorezcan la participación ciudadana, lo primero a tener en cuenta es la información. Trasparentar la actuación gubernamental y poner a disposición de las personas información pública organizada es una condición básica para la participación —el primer paso, no el único.

Hasta ahí han llegado, de momento, las acciones emprendidas por órganos de Estado y gobierno. Sin embargo, la información ha sido incompleta y no se actualiza de forma sistemática.

Publicar información básica en el instante oportuno, no como relatoría del suceso, permitiría fomentar una política de transparencia y el derecho de acceso a la información pública (no reconocido legalmente en Cuba), para elevar la cultura política y dotar de argumentos a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos, entre ellos conocer el trabajo de sus representantes para evaluar a posteriori su desempeño. Todo esto contribuiría a legitimar y revitalizar el sistema político cubano. Además, es importante construir mecanismos y plataformas que viabilicen la circulación-jerarquización de la información al interior de las instituciones y hacia los ciudadanos. Esta es la principal barrera interna para la participación.

Con la idea de tratar de extender estas prácticas no solo en cantidad sino en calidad, la Unión Interparlamentaria (organización de la que Cuba es parte) pautó, desde el año 2000, un grupo de elementos que deben tener los sitios web parlamentarios: información general, sistema electoral y de los partidos, acceso a importantes textos legales y documentos complementarios, actividad legislativa activa (incluidas las propuestas legislativas, los argumentos hacia estas propuestas, quienes las realizan y los registros de votación), videos de las sesiones e información sobre los parlamentarios y cómo comunicarse con ellos.

La participación realmente se materializa con plataformas que favorezcan ser parte en la toma de decisiones, que va desde opinar hasta evaluar. Encuestas, comentarios, debates públicos, foros, audiencias, peticiones electrónicas, consultas y chats son algunas de las acciones que se pueden desarrollar en los sitios webs, los blogs, las redes sociales y mediante la telefonía móvil. No importa cuál sea el canal, sino cómo se utiliza.

Reunir a todo el mundo todo el tiempo para tomar decisiones fue, hasta la era de la información, Internet y la web 2.0, inviable. Hoy los canales de comunicación on-line permiten la expresión de temáticas de interés social, la consulta pública, la agregación de demandas, la elaboración de propuestas, la intervención de las personas en la toma y ejecución de las decisiones, el control democrático y la evaluación de la gestión de los funcionarios públicos.

Por ejemplo, la información de contacto de los diputados es importante porque permitiría la comunicación directa entre los ciudadanos y los representantes. De acuerdo con el sistema político cubano, los representantes populares en su mayoría no son profesionales y en el caso de los diputados responden a un interés nacional; sin embargo, se eligen territorialmente y les deben rendir cuentas a sus electores. Por ello, es pertinente que la comunicación se horizontalice hasta su máxima expresión. En el caso de los delegados u otros representantes locales, es aún más importante.

Otro elemento, necesario y posible, tiene que ver con soportes para mantener una comunicación multilateral entre los propios representantes. Podrían, dentro de Intranet, concertar acuerdos, desarrollar iniciativas legislativas y proponer temáticas para las sesiones. Acciones que hoy ocurren en su mayoría de la dirección hacia los diputados y viceversa, pero que entre los diputados mismos son poco frecuentes.

También se podrían realizar, en sitios webs y blogs, comentarios sobre noticias, la agenda de trabajo del órgano, el uso del presupuesto y proyectos de leyes antes de y durante su aprobación. Si se realizaran consultas por Internet, podrían tener un carácter consultivo o vinculante, aunque estas últimas serían más complejas.

Otras acciones que permiten los espacios digitales son la publicación de todos los proyectos de leyes para que los ciudadanos puedan, por párrafo y de manera general, incluir, suprimir o modificar elementos, así como hacer comentarios, de forma tal que cuando llegue el momento de revisarlos o presentarlos se hayan conocido públicamente criterios diversos al respecto. Los diputados y otros actores con opiniones relevantes por su rol político no deberían tener privilegios en el proceso legislativo, en tanto lo hacen mandatados por los electores y para ellos.

Controlar de forma pública la ejecución del presupuesto del Estado, dando posibilidad a los usuarios de emitir criterios; realizar encuestas para definir las prioridades sociales y sobre esa base elaborar el orden del día de las sesiones y someter los informes a debate público antes de la sesión plenaria son otras acciones posibles.

Por último, el nivel más alto al que se puede llegar en materia de participación estaría en utilizar el espacio virtual para evaluar. ¿Qué cosas? La actuación de los funcionarios públicos, el impacto de una medida, el resultado de la ejecución del presupuesto. Todo ello se podría incorporar como método válido a los mecanismos de control popular.

Estas son algunas ideas generales, esbozadas a partir de las funciones sobre todo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, pero que cada órgano de gobierno debería adecuar a sus especificidades. En el caso de las Asambleas Municipales es importante, incluso, utilizar metodologías participativas para diagnosticar, de conjunto con los actores involucrados y la ciudadanía, las principales necesidades tanto informativas como de servicio propias del territorio.

Una experiencia en curso es la plataforma de gestión de gobierno para el municipio de Centro Habana, desarrollada por la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana y recién puesta en funcionamiento en el mes de febrero.

En el caso de los Ministerios o gobiernos locales, la opción de realizar trámites on-line supondría un impacto favorable en la solución de demandas y necesidades ciudadanas.

Todos estos espacios sirven para desarrollar una participación de tipo coyuntural que ayude a conquistar esfuerzos por una causa o movilizar para algo en particular. Las personas tienden a motivarse por asuntos puntuales y no por procesos largos, aunque las acciones generadas desde la institución en el ámbito on-line pueden traer asociado un grupo de iniciativas que desborden lo virtual.

La ciudadanía también requiere aprendizajes para el ejercicio pleno de la participación. Es necesario desarrollar procesos educativos y de empoderamiento que contrarresten el desgaste de formas participativas tradicionales. Por eso, un rol proactivo de la institución puede ser motivador.

Para materializar el desplazamiento de la comunicación política en Cuba hacia el espacio virtual, Internet no es una barrera. Todo lo antes descrito es posible y se ha puesto en práctica en otros contextos. No digo que mañana ya se pueda implementar aquí, sino que tecnológicamente existen todas las potencialidades para ello. Las limitaciones fundamentales son de índole jurídica y de cultura política, porque algunas de estas prácticas caen sobre un vacío legal. No existen regulaciones públicas que pauten el uso de las TIC en la actividad de gobierno; ni la Constitución, ni los reglamentos de los órganos, ni normas internas consideran este espacio para el ejercicio de la participación, lo cual es lógico por el instante en que se crearon.

Es necesario revisitar y actualizar algunas regulaciones para validar los métodos on-line como canales efectivos. Entre ellas, las referentes a los mecanismos de rendición de cuentas, los reglamentos que pautan el funcionamiento y las rutinas productivas, y, sobre todo, cuestiones relacionadas con la clasificación y publicación de información. Además, implementar este tipo de propuesta requiere utilizar fuerza de trabajo capacitada, superar temores, organizarse de modo diferente, involucrar a más personas y tener en cuenta sus criterios en el resultado final. Precisa, sobre todo, la voluntad real de transformar.

Internet le sirve a la política, principalmente, si permite a los ciudadanos participar en la toma de decisiones y llevar las acciones de gobierno a su expresión más popular y abierta; pero eso supondría cambiar las reglas del juego para ponerlas a tono con el nuevo escenario.

Texto publicado originalmente en Periodismo de Barrio