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El decreto 349 no afecta a la creación artística, sino a su comercialización y expresión en los espacios públicos, que necesitan ser regulados.

Esa idea, repetida como un mantra, se ha convertido en el argumento más usado por los dirigentes del ministerio de Cultura para defender una norma que escribieron y firmó Miguel Díaz-Canel, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros.

“No es un decreto que tenga que ver absolutamente nada con la creación”, dijo en televisión nacional el titular del sector, Alpidio Alonso.

“(…) la norma no se refiere en lo absoluto a la creación artística”, ha comentado en su cuenta de Twitter el viceministro Fernando Rojas.

“Esta nueva norma jurídica (…) no es contra los artistas, ni contra la libertad del arte”, indicó el jefe de Comunicación, Alexis Triana.

“El Decreto 349 no se refiere a la creación artística ni a sus contenidos”, apostilló la directora de Recursos Humanos del propio ministerio, Alina Estévez.

Sin embargo, este argumento es falso.

El decreto sí limita la creación artística

No es posible ver la exposición y la comercialización del arte como elementos aislados del proceso de creación artística. La obra artística, para completarse, necesita ser apreciada por el público. Limitar el libre acceso de los públicos a la obra artística, es atentar contra la creación artística en sí misma.

El decreto recién entrado en vigor ofrece nuevas herramientas para controlar el consumo del arte y consolida otras preexistentes.

Como elemento novedoso, por ejemplo, extiende las sanciones no solo a los artistas no vinculados a las instituciones estatales, sino también a los cuentapropistas y a los consumidores de las manifestaciones independientes.

El decreto sanciona a quienes presten servicios artísticos sin estar autorizados para ejercer labores artísticas. De esa manera, ratifica la legitimidad de mecanismos de censura previa, como la evaluación artística y la inscripción en el Registro del Creador.

Quienes deciden crear y comercializar sus obras alejados de esos esquemas de la institucionalidad —que siempre contienen un mecanismo de control político— quedan, pues, ilegalizados.

El Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, del que Cuba es parte, indica que las normativas que exijan a los artistas la obtención de permisos adicionales de autoridades estatales y no estatales, “otorgan a personas y partes influyentes la facultad de injerirse en la libertad de expresión y de restringirla”.

Si una disposición normativa emplea conceptos vagos, ambiguos, para sancionar hechos vinculados con el arte, entonces sí es contra la creación artística, porque deja el espacio abierto para que la interpretación de los censores sea la que determine la aplicación o no de sus preceptos. Y eso ocurre, todo el tiempo, con el decreto 349.

Comercializar libros con contenidos “lesivos a los valores éticos y culturales”, será penado por el 349. No existe una lista establecida y consensuada de valores éticos y culturales de la sociedad cubana actual y mucho menos están definidos por el decreto o por cualquier regulación que lo complemente. Han cambiado con el tiempo y muchas veces dependen, no de elementos estéticos, sino de consideraciones políticas.

Lezama fue siempre grande, pero no siempre “políticamente” correcto y “Tres Tristes Tigres” seguirán esperando para ver si “Antes que anochezca”, los polilleros cubanos pueden vender los libros de Guillermo Cabrera Infante y de Reinaldo Arenas.

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Esta ley no permite pensar diferente, te fulmina en vida, te convierte en un hombre muerto. Lo bueno es que por lo menos un grupo estuvimos lo suficientemente indignados para manifestar nuestro rechazo.

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Contiene restricciones que no son nuevas, pero agrava las existentes

La esencia no es nueva. El Decreto 349 reproduce con modificaciones importantes muchas de las regulaciones dispuestas por su antecesor, el Decreto 226, aunque incorpora nuevas conductas prohibidas en materia de espectáculos y audiovisuales.

Las nuevas contravenciones están destinadas a controlar el uso de los símbolos patrios, la pornografía, la violencia o el lenguaje sexista en los espectáculos y en los audiovisuales. Sin embargo, lo que algunos funcionarios e intelectuales y artistas en ese sentido han alabado, ha desatado también la preocupación de varios organismos internacionales.

La expresión y la creación artísticas pueden implicar la reapropiación de símbolos, incluso nacionales. El 349 prohíbe el uso de los símbolos nacionales contrario a lo establecido en la legislación. La norma hoy existente en Cuba sobre el tema, apenas hace distinciones con relación al uso de los símbolos y establece escasas reglas al respecto.

Infografía comparativa entre el Decreto 226 y su sucesor el Decreto 349. Contenido: Eloy Viera. Diseño: Wendy Valladares.

Ese tipo de formulaciones vagas e imprecisas continúa favoreciendo los criterios personales como mecanismos de decisión. ¿Cómo si no, se explica que pueda utilizarse un fraseo del himno nacional dentro de una canción de salsa, muy útil para campañas políticas, pero se decida la proyección limitada de un filme que utiliza de forma libre la figura de José Martí?

El decreto prohíbe, bajo la justificación de proteger a los niños y las niñas de ciertos contenidos, el acceso de los adultos a contenidos “contrarios a la moral”, como los pornográficos. Nada más ambiguo que esa clasificación.

Pero, además, convierte en regla, la también injustificada —amén de la teoría de las jerarquías— “censura estética del arte”, al servir de complemento a la calificación de “artista profesional”.

Al poner en manos de “comisiones” y comités evaluadores la decisión sobre quién puede ser artista y quién no, empodera a una tecnocracia evaluadora que se abroga las facultades de definir, por los públicos, lo que es “verdadera cultura” y sobre esa base les impide acceder, a través de los monopolizados espacios de difusión, a expresiones no validadas con su bendición.

Infografía comparativa entre el Decreto 226 y su sucesor el Decreto 349 (Aspectos que difieren entre uno y otro) Contenido: Eloy Viera. Diseño: Wendy Valladares.

La Relatora Especial para los derechos culturales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Farida Shaheed, ha afirmado que resulta peligroso alegar que hay estilos desprovistos de todo valor artístico. Entre las expresiones artísticas que identifica como afectadas por estas consideraciones figuran sistemas o estilos musicales como el heavy metal (calificada de “satánica”) o el reguetón y el dancehall (criticadas por considerarse sexistas y vulgares).

El 349, con las nuevas contravenciones que establece, desconoce todas las preocupaciones de ese organismo.

Escuchar a los defensores del Decreto y leer sus disposiciones refuerza una idea utilizada por el Tribunal Penal Internacional para fundamentar una de sus sentencias: “La mayoría de las restricciones a las libertades artísticas reflejan el deseo de promover una visión del mundo o una perspectiva, bloqueando al mismo tiempo todas las demás”.

[/et_pb_text][et_pb_testimonial _builder_version=”3.0.91″ author=”Dean Luis Reyes, crítico cinematográfico. Palabras tomadas de una publicación en su perfil de Facebook” url_new_window=”on” quote_icon=”on” use_background_color=”on” quote_icon_background_color=”#f5f5f5″ background_layout=”light” url=”https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=321944625068292&id=100017582707873″]

Me perdonan, pero creo que la justificación para el 349 como defensa contra la vulgaridad y la pérdida de valores es HIPOCRITA y OPORTUNISTA. Hasta ahora, y en ello se funda la desconfianza de los artistas en las intenciones veladas del Decreto, la censura ha estado centrada en el cine, las representaciones públicas y el teatro. (…) No seamos ingenuos. Ninguna de esas intervenciones ha sido CONTRA LA VULGARIDAD. Una vez y otra tratan de desviar el eje de la conversación.

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Afecta a todos los ciudadanos, no solo a los artistas

Esta norma amplía la esfera de aplicación de las contravenciones relacionadas con la política cultural.

En su espíritu está la intención de controlar la difusión del arte, no solo en los espacios públicos sino también en algunos privados. Es por eso que convierte en responsables no solo a los artistas, sino también a los consumidores y a los patrocinadores del arte independiente.

El 349 sanciona a quien pague o permita que se paguen servicios artísticos no aprobados ni contratados con la institución estatal encargada de prestarlos. También a quien, para esos mismos fines, apruebe o permita que se utilicen instalaciones o medios vinculados a la actividad comercial que realiza.

Bajo esos presupuestos permite que los dueños o responsables de los bares o restaurantes particulares puedan ser sancionados si ofrecen sus espacios o pagan por servicios artísticos no contratados con las instituciones culturales. Pero siguiendo esa misma lógica, quien pague directamente a un grupo de mariachis por una tradicional serenata de balcón, también podría ser sancionado.

El 349 supera a su predecesor e invade el espacio privado. El Decreto 226 reconocía que las contravenciones en materia cultural sólo podían producirse en lugares e instalaciones públicas. La nueva norma reconoce que también pueden producirse en lo que ha denominado “lugares públicos no estatales”.

Mientras el 226 sólo permitía el decomiso de los instrumentos propios del infractor, ahora también podrán decomisarse los instrumentos, equipos, accesorios y OTROS BIENES de cualquiera, sin la condición de que deban pertenecer al sancionado.

La indeterminación del término OTROS BIENES, sumada al hecho de que no se realizan distinciones para el decomiso, resulta en extremo peligrosa. Permite que quien tenga rentada una vivienda de su propiedad para un bar o restaurante, pueda perder su inmueble si en este, a pesar de su desconocimiento, se realizan presentaciones no contratadas o autorizadas por la institución correspondiente.

[/et_pb_text][et_pb_testimonial _builder_version=”3.0.91″ author=”Abelardo Mena, curador, crítico y gestor cultural, en declaraciones a elTOQUE” url_new_window=”off” quote_icon=”on” use_background_color=”on” quote_icon_background_color=”#f5f5f5″ background_layout=”light”]

El 349 (…) debe operar como una cuchilla de higiene pública, persuasiva y radical, capaz de hacer entender a los dueños de locales comerciales que su espacio, por cumplir funciones sociales, debe acatar los requisitos básicos de la decencia. Sin hablar, además, del primitivismo sonoro de estos géneros. ¡Ay, Sindo Garay! ¡Ay, Frank Delgado! ¡Ay, mis oídos!

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Y, por si no fuera suficiente, tiene problemas técnico-jurídicos

1. Es una norma poco clara

Escrito con frases vagas e imprecisas, abre espacios para discrecionalidades desmedidas e impide controlar la legalidad de las decisiones tomadas a su amparo.

Definir como contravención la inclusión en los audiovisuales de “cualquier otro contenido que infrinja las disposiciones legales que regulan el normal desarrollo de nuestra sociedad en materia cultural” o “el uso abusivo de aparatos o medios electrónicos”, implica colocar a quienes apliquen el decreto por encima de la Ley.

Es así porque el uso de los aparatos o el tipo de contenidos que infringen las disposiciones legales no estarán limitados por la Ley, sino por la capacidad de interpretación y acomodo que tengan los funcionarios que la apliquen.

2. Genera eufemismos jurídicos insostenibles técnicamente

En Cuba no existen “espacios públicos no estatales”. Todos los espacios “públicos” son de dominio estatal. Es un grave y peligroso error considerar a los espacios particulares usados por los cuentapropistas para sus negocios como “lugares públicos no estatales”.

Los sitios donde se desarrollan negocios por cuenta propia son, legalmente, espacios privados. Así lo han querido mantener los legisladores cubanos que no acaban de reconocer a las pequeñas y medianas empresas privadas como entidades con personalidad jurídica y mantienen al sector autónomo atado a su condición de negocio ejercido por el titular de la licencia y su familia, con algunos (pocos) trabajadores contratados.

Que una norma del ministerio de Cultura defina previamente los requisitos de lo que puede consumirse en espacios legalmente particulares, implica una injustificada intervención del Estado en la esfera privada. Es tan injustificada que requiere inventar conceptos que terminan siendo contradictorios, como ese de “espacios públicos no estatales”.

Vale decir también que los espacios públicos son inembargables. Sin embargo, al mismo tiempo que el 349 declara públicos a los establecimientos utilizados por los cuentapropistas, permite que puedan ser decomisados.

Esa contradicción es una clara muestra de que la consideración de “lo público” manejada por los redactores del decreto, no guarda ninguna relación con la teoría jurídica más extendida. La noción jurídica de lo público está relacionada con la propiedad y los derechos que de esta se derivan. La noción de público manejada por el 349, al parecer, tiene que ver con el acceso de las personas a un lugar.

[/et_pb_text][et_pb_testimonial _builder_version=”3.0.91″ author=”Silvio Rodríguez, cantautor. Fragmento de un comentario publicado en su Blog Segunda Cita el 4 de diciembre de 2018″ url_new_window=”on” quote_icon=”on” use_background_color=”on” quote_icon_background_color=”#f5f5f5″ background_layout=”light” url=”https://segundacita.blogspot.com/2018/11/aquel-dia-podiamos-ofrendar-la-vida-la.html?showComment=1543929537020#c555335055137650057″]

(…) el decreto 349 fue algo que le pusieron delante a nuestro Presidente para que lo firmara, sin haber sido discutido entre los artistas. Quiero decir que fue algo cocinado entre pocos y una disposición de esos alcances debe tener un origen –y un fin– más democrático.

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3. El 349 duplica innecesariamente el sistema contravencional

Las referencias a las bocinas ambulantes que se han utilizado para justificar las sanciones a quienes “violen los niveles permisibles de sonidos o ruidos”, demuestra que se está tratando de castigar un asunto ya regulado por otra norma legal con contravenciones.

Esta forma de contaminación acústica es una conducta previamente regulada en las normas sobre el Derecho ambiental, especialmente en el artículo 11 del Decreto-Ley 200.

La inclusión de una contravención como esta en el 349 denota o bien desconocimiento del sistema legal cubano o un fin último de controlar cualquier mecanismo de difusión de contenidos, o ambos.

4. El 349 establece sanciones a los cuentapropistas por encima de las ya establecidas en el ordenamiento propio del trabajo por cuenta propia

El articulado de la norma permite que los inspectores culturales puedan solicitar la cancelación de la licencia del trabajo por cuenta propia de un infractor del 349. Es cierto que aclara que esos “inspectores culturales” sólo pueden solicitar la medida, pues la cancelación deberá ser dispuesta por los supervisores de las direcciones integrales de supervisión provinciales y municipales.

Sin embargo, quienes declaren la cancelación a partir de la solicitud de un inspector cultural, tendrán que inventarse un sustento legal o hacerlo sin fundamentación.

Dentro de los supuestos de cancelación temporal o definitivo de licencias de trabajo por cuenta propia reconocidos por el Decreto-Ley 357, que es el específico para el trabajo por cuenta propia, no figura la solicitud realizada por un inspector cultural como una posibilidad.

[/et_pb_text][et_pb_cta _builder_version=”3.0.91″ button_text=”Transcripción de la reunión entre funcionarios del Ministerio de Cultura y artistas e intelectuales cubanos, acontecida el 27 de septiembre de 2018 en el Consejo Nacional de las Artes Plásticas, La Habana. ” button_url=”https://drive.google.com/file/d/10fXTI95tZz3G_cF_T8qTWhH5l6Q_1GF-/view?fbclid=IwAR1quI522n9G3wdEUcharHquila8Dz4OmKGP4cATpDMMShXitszzv7A5wQg” url_new_window=”on” use_background_color=”off” background_layout=”light” custom_button=”off” button_icon_placement=”right” background_color=”#bac0c1″ max_width=”94%” filter_saturate=”80%” filter_brightness=”102%” filter_contrast=”131%” body_font=”Arial|700||||on|||” filter_opacity=”76%” text_orientation=”justified” header_text_color=”#000000″ body_text_color=”#000000″ border_color_all=”#330101″ filter_sepia=”1%” header_font=”Arial|700||||on|||” header_level=”h1″ /][et_pb_text _builder_version=”3.0.91″ background_layout=”light”]

5. El decreto no necesita normas complementarias para entrar en vigor

Una de las Disposiciones Finales del Decreto 349, faculta al Ministro de Cultura para emitir normas complementarias para su mejor aplicación. No obstante, el decreto en sí mismo tiene vida propia. Es un complemento de otras muchas regulaciones.

El 349 tiene las mismas características del resto del ordenamiento administrativo cubano. La vaguedad y los amplios espacios para la discrecionalidad cumplen con un objetivo fundamental: impedir que se pueda contrastar claramente la legalidad de algunas decisiones de la administración.

Hasta donde se ha dejado saber, que es muy poco, la norma complementaria hará una declaración de principios y organizará las formas de actuación de los inspectores. Estos inspectores sólo podrán actuar después de un análisis colegiado con la institución, explicó en el espacio televisivo Mesa Redonda el viceministro de Cultura, Fernando Rojas.

Pero es importante señalar que cualquier norma que complemente al decreto, no cambiará su esencia. Podrá limitar las formas de actuación del cuerpo de inspección, pero nunca será garantía suficiente de que lo sancionado en el cuerpo legal no sea perseguido en un contexto más favorable para los censores que este, en que la sensibilidad desatada entre los artistas ha obligado a dar marcha atrás a los aspectos más agresivos del 349.

Las normas de ese tipo pueden ser modificadas con mucha facilidad. No requieren colegiación, sino que dependen de la voluntad unipersonal, en este caso, del ministro de Cultura. El decreto, que es la norma general, no reconoce expresamente limitantes para la actuación de los inspectores, todo lo contrario. Por ende, mientras las faltas de garantías provengan de la norma general, depositar la confianza en normas derivadas es un suicidio cívico.

La seguridad de la ciudadanía no puede basarse en la confianza en las instituciones o sus representantes. La seguridad sólo puede emanar de una ley justa y clara que no deje espacio a necesidades interpretativas ulteriores.

[/et_pb_text][et_pb_testimonial _builder_version=”3.0.91″ author=”Digna Guerra, Directora del Coro Nacional de Cuba” url=”https://www.youtube.com/watch?time_continue=439&v=Gv22ZJ0YhEQ” url_new_window=”off” quote_icon=”on” use_background_color=”on” quote_icon_background_color=”#f5f5f5″ background_layout=”light”]

El Decreto 349 es necesario. Hace mucho tiempo que los artistas estaban pidiendo una regulación, un control, sobre el instrusismo profesional que existe en el arte. O sea, este decreto no es contra el artista, ni contra la libre creación del artista. Yo creo que es muy importante para poner en orden realmente y exterminar, sencillamente, del medio artístico, la chabacanería, la grosería … toda esta cosa que está abundando, porque hay mucha gente haciendo lo que no le toca.

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¿Qué pasará como resultado de la aplicación del decreto 349?

Sin tener una bola de cristal ni profundos conocimientos de las leyes sociales, es relativamente fácil comprender que la implementación de esta norma legal no conseguirá solucionar los problemas que pretende abordar.

No impedirá, por ejemplo, eso que llaman “intrusismo profesional”, en el sentido de artistas no profesionalizados o no evaluados que, no obstante, logran colocar sus obras en circuitos de comercialización y consumo del arte; porque la sociedad cubana es cada vez más porosa y el Estado no tiene, ni tendrá, control absoluto de los espacios donde esta reproducción del arte puede ocurrir.

No eliminará la vulgaridad, el sexismo ni la violencia que se reproducen en canciones y videos, porque esas son expresiones que reflejan problemas más profundos de la sociedad en la que vivimos. La represión y la censura no va a solucionar las graves y crecientes deformaciones en la educación y los valores que generan productos que son respuestas a una demanda, no la causa de esta.

El 349 tampoco controlará los precios en los centros de consumo cultural ni solucionará las evasiones fiscales de artistas y difusores. Precios y evasión fiscal nada tienen que ver con la política cultural.

Los cuentapropistas actúan bajo un sistema de oferta y demanda. Para ellos está reconocido legalmente, aunque no guste, que el mercado regula sus precios. Una oferta estatal subsidiada puede complementar e influir en la regulación de los precios; pero no parece que las arcas públicas estén en condiciones de proveer tanta oferta como para inclinar la balanza a su favor.

Por otro lado, la intermediación de las agencias de representación (todas estatales) no ha evitado hasta ahora que muchos artistas vendas sus servicios a precios que pueden ser considerados incompatibles con la sociedad cubana. Tampoco evita que muchos, hasta la saciedad, los consuman.

No son los precios los que generan evasiones fiscales. Es la legislación tributaria y las autoridades encargadas de aplicarla quienes, con sus diseños, pueden estar generándolas.

Notemos, por ejemplo, que la obligada intermediación estatal en la contratación de servicios artísticos permite que el Estado participe doblemente de los ingresos de los artistas. Luego de tener que entregar un por ciento importante de sus ingresos a las agencias de representación, en muchas ocasiones sin que esas empresas les hayan gestionado nada, los artistas tienen que pagar también impuestos por sus ingresos personales, que luego de exceder cierta cifra ascienden el 50% de los ingresos totales.

Es de suponer entonces que con ciertos valores muchos consideren cumplida su obligación para con un gobierno que considera favorable un nivel de ingresos de 100 CUC mensuales, cuando algunos estudios alertan que son necesarios para un nivel de vida digna, como mínimo, 200 CUC.

Quien no vea esto, o no lo quiera ver, tendrá que seguir confiando en que la voluntad y el espíritu lo resuelven todo. Los que contestan al 349 tienen argumentos fundados para discutir.

Foto: Alain L. Gutiérrez Almeida

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