“Si la productividad del trabajo no crece no se puede pagar salario (…). Si no hay respaldo productivo no se puede pagar, si se reparte salario sin respaldo productivo prepárense para la subida de los precios. Si no se crea riqueza no se puede pagar más”.

Así hablaba Marino Murillo en julio de 2015, cuando ocupaba los cargos de vicepresidente del Consejo de Ministros, jefe de la comisión de implementación de los Lineamientos y ministro de Economía y Planificación.

En aquellos tiempos su palabra era prácticamente ley. Nadie se atrevía a cuestionarlo cuando discursaba sobre los peligros de la elevación desproporcionada de los ingresos de la población o de imponer controles de precios que no pudieran sostenerse.

Cuatro años después, Murillo ya no es el ‘Zar de las reformas en Cuba’. Solo en las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional del Poder Popular nos recuerdan que sigue velando por la marcha de los Lineamientos, desde una inocua comisión que es hoy el último de sus dominios.

Tras la ascensión de Miguel Díaz-Canel a la presidencia, otras figuras pasaron al primer plano del manejo económico del Estado. Su llegada vino acompañada de un nuevo enfoque, según el cual, desde julio de 2019, es posible la elevación de los salarios del sector presupuestado (un tercio de la fuerza laboral del país) sin haber creado riqueza suficiente.

La jugada viene preñada de riesgo. Las finanzas domésticas, por ejemplo, han mantenido en los últimos cinco años tendencias negativas –o cuando menos– insuficientes para “garantizar una senda de desarrollo económico”, según ha escrito el economista y profesor universitario Mauricio de Miranda Parrondo.

“Los sectores agrario e industrial mostraron una variación promedio anual de 1,8% y -0,2%, respectivamente, en el período 2012-17 (…). A esto se le debe sumar que la variación promedio anual de las importaciones para el período fue de -0,2%. Todo esto significa que la oferta global de bienes y servicios en el período 2012-17 creció a un ritmo promedio anual de solo 1,8%”.

Los reportes periodísticos sobre las últimas sesiones del Consejo de Ministros han coincidido en calificar de “tenso” el estado de la economía cubana. Los nuevos recortes de combustible y energía, ordenados por el gobierno a comienzos del verano actual, fueron la muestra visible del estado de contingencia en que funciona todo el sistema empresarial y el dilatado sector presupuestado.

No obstante, y para atajar que se le escape como agua entre las manos el efecto positivo de la subida de salarios, el gobierno cubano ha decidido profundizar su estrategia: ahora ha comenzado la congelación y el tope de precios en prácticamente todos los ámbitos del mercado interno en el que conviven actores estatales y no estatales.

Economistas coinciden: topar precios es un error

En un muy comentado post en la red social Facebook, el profesor Oscar Fernández, de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana (UH), indicaba:

“Al mercado no se combate con fusiles, ni con fuerza de ningún tipo. Debe estudiarse su funcionamiento y conducirse con instrumentos indirectos. La restricción de precios es un error total. Es un error de concepto. Es, además, esencialmente contradictorio con la Conceptualización del Modelo Económico y Social. Es justo lo que se requiere cambiar”.

Casi al unísono, otro profesor de la UH y académico en el Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC) Ricardo Torres, publicaba:

“No es claro cómo controlar los precios ayuda a incrementar la producción. Existe una obsesión con el nivel de precios, pero se habla poco de cómo hacer crecer los ingresos. El poder adquisitivo depende de ambos factores. Plantear que el control de los precios nos permite proteger el poder adquisitivo de la población no resuelve el problema de creación de riqueza. Ese sí es un asunto de capital importancia, pero entiendo que es incómodo tratarlo porque nos conduce a los fallos esenciales de nuestro modelo, a los que se les sigue dando de lado, andando por las ramas.”

“Los topes de precios solo promoverán más informalidad y escasez” alerta, por otro lado, el ex-experto del Banco Central de Cuba, Pavel Vidal, ahora profesor en la Universidad Javeriana, de Cali, Colombia.

“Si no hay cambios estructurales importantes (…) asomarán poco a poco distorsiones que parecían superadas (…): exceso de liquidez en pesos cubanos, tasas de cambios que comenzarán a estar más devaluadas que en las casas de cambio (CADECA) y mayor uso del dólar estadounidense.”

“El gobierno cubano argumenta que las medidas que se han tomado se hicieron para alejarnos del Período Especial. En realidad, nos acercan”, sentencia Vidal.

El argumento “moral”

En una reciente Mesa Redonda, de la televisión nacional, la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños, defendía que, para ser exitoso y sostenible, el aumento salarial debería venir acompañado de medidas como el “no incremento de los precios”.

“Se trata, sobre todo, de que no se produzcan incrementos no justificados, ni que se sigan estableciendo precios abusivos”, dijo.

Para Bolaños, “no ha existido un incremento de los costos para la conformación de los productos que justifique un aumento de precios”; “por tanto, no puede ser la subjetividad de un incremento salarial la que lo motive”.

Las calificaciones de “abusivos”, “no justificados” o “subjetivos”, para los precios, más que determinadas por leyes de la economía, parecen extraídas de una corriente de pensamiento nombrada “economía moral”. Así lo ha hecho notar el académico cubano, Pedro Monreal, actualmente radicado en las oficinas de la UNESCO, en París.

Sin embargo, destaca el investigador, para encuadrar las explicaciones estatales dentro de esa vertiente teórica, “todavía falta un trecho para alcanzar el nivel de rigor intelectual que tal propósito necesitaría”.

“Uno de los argumentos más conocidos de la economía moral es que el alza del precio del pan puede equilibrar la oferta y la demanda de pan, pero no resuelve el hambre de la gente. Lo anterior es importante, porque si desea entenderse cómo funcionan en Cuba los mercados de alimentos (…) debe tomarse nota del estado constante de inconformidad popular (…) con los que estos funcionan”.

Para el catedrático, “la percepción de precios injustos provoca indignación y eso le confiere una carga “moral” particular a la protesta”. Tal “carga moral” es la que sustenta la actitud confrontativa asumida por las autoridades, especialmente, hacia el sector privado.

“Lo que intenta hacerse es gestionar un posible desbalance entre oferta y demanda amplificando la rigidez de todos los tipos de mercado (estatales y privados) al convertir en invariable el precio —insiste Monreal. El problema es que congelar formalmente los precios no evita que estos crezcan en un mercado negro que pudiera ampliarse. También pudiera zafarle las costuras al sistema económico por otras partes: inversión, empleos y salarios”.

En el menú de una cafetería en La Habana se puede apreciar “alternativas” que toman sus propietarios ante el tope de precios que les impusieron.

Confundir deseos con realidad (y llenarlos de legitimidad en nombre del pueblo) no es un error nuevo en Cuba. A finales de 2015, en medio de otra crisis alcista de los precios, el diputado por Sancti Spíritus, Israel Pérez Cáceres, cuestionó en la Asamblea Nacional la imposibilidad de fijar precios topados para artículos de primera necesidad.

“Yo no creo que un grupo de personas pueda decidir cuánto vale un producto”, dijo ante el plenario.

Aunque hasta ese momento se había atenido al principio de ‘dejar hacer’, el presidente Raúl Castro aprovechó la oportunidad para recoger el guante y demandar una solución “al menos momentánea”.

En los meses que siguieron a aquel llamamiento, se ensayó en todo el país un primer intento de control centralizado de precios. Aquellos polvos trajeron los lodos del “experimento” en los taxis “almendrones” de La Habana, desde octubre de 2018 a abril de 2019.

El resultado de la “iniciativa” debería estar tallado en piedra en las paredes de los ministerios de Transporte y de Finanzas y Precios: 4 359 vehículos menos sirviendo, oficialmente, a los pasajeros en la capital y los precios aumentados el doble y hasta dos veces y media en las rutas que sobrevivieron.

¿Cómo responden los taxistas al “experimento” del transporte en La Habana?

Casualmente, tras el fracaso de este experimento (y sin que se pueda correlacionar definitivamente como una causa) los encargados de las dos carteras involucradas en la prueba, Adel Izquierdo y Lina Pedraza, fueron sustituidos.

La muestra más tangible del fracaso de las recurrentes “batidas” para controlar precios es que hoy prácticamente nadie las respeta y los precios no han dejado de subir en la última década.

No obstante, las autoridades han decidido dar otra oportunidad a las políticas de restricción.

Descentralizar los controles de precios

La única diferencia con la estrategia empleada a partir de 2016 es que ahora la tarea no se verificará desde La Habana, sino que estará en manos de los gobiernos municipales y se regirá por directivas de sus homólogos a nivel provincial.

La pretensión es lograr una supervisión “más eficaz”, brindándole a la ciudadanía la posibilidad de denunciar prácticas abusivas.

El “control popular” es, como se ve, otro de los pilares tácticos. Poco después de conocerse el llamado a la ciudadanía para que denunciara a los especuladores, se han ido conociendo las primeras denuncias en las redes sociales.

Denuncia radicada por un usuario en el sitio web del Ministerio de Finanzas y Precios, de Cuba.

Varios artículos en la prensa estatal acompañan y legitiman la operación, haciendo énfasis en la justicia y el beneficio para los consumidores de mantener controlada esa entelequia que es el mercado; sin perder su tradicional inclinación a señalar los culpables de todo en el sector privado.

No deja de ser esa una posición oportunista, cuyo objetivo es librar al poder político de la responsabilidad ante probables fracasos. La premisa de su relato es que prácticas como los sobreprecios o el acaparamiento son exclusivas de los privados. Sin embargo, los hechos demuestran lo contrario.

Un caso reciente fue revelado por el periódico Escambray, de Sancti Spíritus. El protagonista de la historia es el jurel que se vendió al precio “liberado” de 20 pesos (CUP) la libra, par de meses atrás, en todo el país.

La indagación reveló –facturas de la Empresa Mayorista de Alimentos, mediante– el desproporcionado margen de beneficios fijado por el Ministerio de Comercio Interior para el producto:

“El costo (…) es de 4.5409 pesos el kilogramo (casi 4.55) y 2.0928 (casi 2.10) la libra (…) De rebajarse el precio hasta 10 o 12 pesos (…) aún el Grupo de Comercio tendría utilidades y las personas una opción alimentaria más”.

Es posible que la tasa de cambio oficial para el sector estatal (1 USD = 1 CUP) haya introducido una (otra) distorsión notable en el costo real del alimento y eso se haya expresado en el valor del jurel de cara a la población; pero atenidos a sus propios precios, el pescado dejó para las comercializadoras estatales una ganancia neta de casi 900 por ciento.

Ante esa suma ya casi que ni asombra el 240% de “índice” de sobreprecio que tienen incorporados la mayoría de los productos que se comercializan en las tiendas recaudadoras de divisas y que son la materia prima fundamental de la que parten los trabajadores por cuenta propia para vender sus productos y servicios.

Predicar moral en calzoncillos, recuerda la sabiduría popular, no es un acto respetable.

¿Se estará preparando el gobierno para una medida más audaz?

Ante el consenso generalizado entre los expertos que se han pronunciado públicamente calificando la decisión de topar precios como un error, y los muchos ejemplos de fracasos de decisiones económicas voluntaristas como esta desde 1959 hacia acá, parece poco probable (aunque no imposible) que el gobierno cubano se esté equivocando tan profundamente otra vez, motu proprio.

Con el secretismo con que se manejan las decisiones en el país, no es descabellado suponer que los decisores tengan más razones, información y argumentos de los que han dado.

Quizás basado en esa esperanza es que el joven profesor Ricardo Torres desliza una hipótesis: “Ir tan lejos en la supresión de los pocos espacios de funcionamiento del mercado, solo se podría justificar como antesala de un proceso de mucho mayor calado en el orden monetario”.

¿Se ejecutará, por fin, la anunciada unificación monetaria y cambiaria aprovechando este escenario de precios controlados y mercado “en coma inducido”, como lo llama Pedro Monreal?

No sería la primera sorpresa en poco más de un año de administración de Díaz-Canel. El presidente del Consejo de Estado y de Ministros, a mediados de julio, anticipó ante el parlamento que “oportunamente informaremos acerca de nuevas decisiones sobre el comercio interior y otras que deben movilizar todas las reservas productivas del país”.

El significado exacto de tales palabras sigue siendo una incógnita, pero resulta evidente que algo tiene que hacer, algo más que seguir gestionando crisis.

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