La intervención del primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, ante la Asamblea Nacional del Poder Popular apunta —al menos sobre el papel— a una transformación profunda del modelo económico cubano. De materializarse las medidas anunciadas por el Gobierno, Cuba avanzaría hacia una economía con muchos más elementos del capitalismo, aunque sin que ello venga acompañado de una apertura política o de mecanismos de democratización del poder.
Las implicaciones de este programa son amplias y complejas. Por ello, desde elTOQUE analizaremos de manera sectorial cada una de las áreas afectadas por las reformas anunciadas. Uno de los puntos de partida inevitables es el sector empresarial.
Hasta ahora, la economía cubana ha estado estructurada sobre la primacía de la empresa estatal. Tanto Miguel Díaz-Canel como Manuel Marrero han insistido en que esa realidad no cambiará: la empresa estatal seguirá siendo, según sus palabras, el actor principal de la economía y la propiedad social continuará controlando los medios fundamentales de producción.
Sin embargo, detrás de esa continuidad declarada se esconden cambios de enorme alcance. Entre las medidas anunciadas destacan varias destinadas a equiparar a las empresas estatales con el resto de los actores económicos, ampliar su autonomía y permitir la participación de capital privado y extranjero en estructuras que hasta ahora permanecían bajo control exclusivo del Estado.
El mecanismo escogido para ello sería una de las transformaciones más significativas del programa: la conversión de las empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones o participaciones. Ello abriría la puerta a que inversionistas privados, empresas nacionales, cooperativas e incluso capital extranjero pudieran adquirir participaciones en determinadas empresas estatales, siempre bajo las condiciones y límites que defina el Gobierno.
Según la propuesta, el Estado mantendría una participación mayoritaria únicamente en los sectores considerados estratégicos. También se contempla que las empresas estatales puedan adquirir acciones de otras entidades.
La propuesta rompe con uno de los principios que han definido tradicionalmente al sistema empresarial cubano: la inexistencia de un mercado de capitales y la imposibilidad de que personas naturales o jurídicas privadas participen como accionistas en empresas estatales que nunca habían sido concebidas como sociedades mercantiles.
Lo planteado por Marrero también propone establecer procedimientos de quiebra, liquidación y reestructuración para empresas con pérdidas sostenidas, una medida inexistente en la práctica económica cubana actual, a pesar de haber sido incluida desde 2011 en los famosos Lineamientos de la Política Económica y Social cubana impulsados por Raúl Castro al inicio oficial de su primer mandato al frente de los Consejos de Estado y de Ministros.
Las empresas estatales cubanas suelen mantenerse operativas incluso cuando acumulan pérdidas durante años. Pérdidas que son asumidas por el presupuesto del Estado.
Las propuestas también contemplan una ampliación significativa para el sector empresarial privado.
Entre otras medidas, se plantea eliminar las limitaciones que hoy impiden a una persona ser propietaria de varias empresas; permitir la participación accionaria en múltiples sociedades; y crear nuevas formas jurídicas, incluidas sociedades anónimas por acciones.
Asimismo, se propone eliminar el límite práctico que hoy existe para el crecimiento empresarial y permitir la contratación de más de 100 trabajadores. En esos casos, las entidades privadas dejarían de ser consideradas mipymes para convertirse simplemente en «empresas privadas».
De implementarse, esas medidas consolidarían la transición desde el modelo de micro, pequeñas y medianas empresas hacia la existencia de verdaderas empresas privadas de gran escala.
También se propone permitir empresas privadas agropecuarias, una posibilidad que durante décadas estuvo excluida del diseño institucional cubano.
Una de las medidas que pudiese tener más incidencia en el crecimiento del sector empresarial, sobre todo privado, es la anunciada posibilidad de que se pongan en venta propiedades estatales que podrían ser adquiridas por ciudadanos cubanos, inversionistas extranjeros y cubanos residentes en el exterior, siempre que puedan demostrar el origen lícito de los fondos.
Las medidas propuestas recuerdan, en cierta medida, los procesos de reforma impulsados por China y Vietnam a partir de las décadas de los ochenta y noventa del siglo pasado. En ambos casos, muchas empresas estatales fueron transformadas en sociedades mercantiles, se permitió la entrada de capital privado y se introdujeron mecanismos de mercado sin que el Estado renunciara al control de los sectores considerados estratégicos para la economía nacional.
Sin embargo, las transformaciones anunciadas para Cuba no se limitan al ámbito empresarial. El programa también contempla cambios de gran alcance en el sistema financiero. Entre ellos, la autorización de bancos privados, la entrada de instituciones financieras extranjeras, la eliminación de restricciones para la apertura de cuentas en divisas y una mayor libertad para el movimiento de capitales. A ello se suma la intención de crear un marco regulatorio para activos virtuales, tecnologías financieras y nuevos instrumentos de intermediación bancaria.
De concretarse esas propuestas, Cuba experimentaría una ruptura histórica con el modelo financiero instaurado tras las nacionalizaciones de la década de los sesenta. Por primera vez en más de medio siglo, el país permitiría formalmente la existencia de bancos privados y que entidades financieras no estatales operen dentro de su sistema financiero.
No obstante, el desempeño del sector empresarial no depende únicamente de la propiedad de las empresas o del acceso al financiamiento. Existe otro elemento decisivo que ha condicionado el funcionamiento de la economía cubana: la planificación centralizada.
Según lo anunciado, la planificación no desaparecerá. El Gobierno insiste en que continuará siendo un componente esencial del modelo económico. Sin embargo, tanto el diseño de las medidas como las explicaciones ofrecidas por Manuel Marrero sugieren un cambio relevante en sus funciones. La planificación dejaría de estar basada fundamentalmente en la asignación administrativa de recursos desde los organismos centrales y evolucionaría hacia un esquema en el que las señales del mercado tendrían un papel mucho más importante en la toma de decisiones económicas.
En teoría, el Estado se concentraría cada vez más en definir objetivos estratégicos, establecer políticas públicas y preservar determinados equilibrios macroeconómicos, mientras que las empresas asumirían mayores niveles de autonomía para decidir qué producir, cómo hacerlo, dónde obtener financiamiento y cómo relacionarse con otros actores económicos.
Se trataría, al menos en el diseño, de un tránsito desde la planificación directiva tradicional hacia una planificación indicativa, más cercana a la empleada en varias economías asiáticas, en las cuales el mercado asigna recursos y el Estado intenta orientar el desarrollo mediante incentivos, regulaciones y políticas sectoriales.
