Cuando Aries Cañellas llegó a Madrid en noviembre de 2023, creía que lo más difícil había quedado atrás.

Historiador, profesor universitario y una de las voces críticas del régimen cubano, había abandonado la Isla tras muchas presiones de la Seguridad del Estado, convencido de que podía demostrar que necesitaba protección internacional. Apenas un mes después presentó su solicitud de asilo político y comenzó una espera que imaginó larga, pero nunca indefinida. Casi tres años después seguía en una situación que complicaba cualquier plan de futuro.

En enero de 2026, cuando el Gobierno español anunció que en abril iniciaría el proceso extraordinario de regularización para cientos de miles de extranjeros, para muchos cubanos se abrió una brecha de esperanza. Aries no perdió tiempo y comenzó a moverse con urgencia para conseguir en La Habana uno de los documentos requeridos que más dolores de cabeza ha provocado a los que están en esa situación: el certificado de antecedentes penales cubano. Sabía que aquella sería una carrera difícil y con el tiempo en su contra.

«Conozco Cuba y conozco España», dice, en una frase que resume más de dos años y medio de aprendizaje burocrático y adaptación a un sistema que, aunque distinto, también puede resultar implacable.

Oportunidad para más de un millón de migrantes

La dimensión del proceso ha superado todas las previsiones iniciales. Cuando el Gobierno aprobó la regularización extraordinaria calculó que unas 500 000 personas podrían acogerse a la medida, aunque manejaba internamente escenarios de hasta 750 000 beneficiarios. Sin embargo, al cierre del plazo las estimaciones apuntan a que las solicitudes superan los 1.3 millones, más del doble de la previsión inicial. La cifra, aún pendiente de confirmación oficial, se infiere de los registros de la plataforma Mercurio y ha sido corroborada por El País a partir de fuentes de la Administración y especialistas en Derecho de Extranjería. La avalancha de expedientes obligó a reforzar las oficinas de Extranjería y convirtió este proceso en la mayor regularización de la historia reciente de España, muy por encima de la de 2005, cuando se presentaron 691 655 solicitudes y se concedieron 576 506 autorizaciones.

La regularización ha reabierto también el debate sobre la política migratoria española. Sus detractores sostienen que este tipo de medidas pueden actuar como un incentivo para nuevas llegadas irregulares y cuestionan su impacto sobre el control de los flujos migratorios, mientras temen el colapso de estructuras administrativas y de servicios.

El Gobierno, por el contrario, defiende que la iniciativa responde a una realidad ya existente: cientos de miles de personas que viven y trabajan desde hace años en España, muchas de ellas en sectores con escasez de mano de obra, pero sin una situación administrativa estable, sin derechos laborales plenos ni posibilidad de cotizar con normalidad, o con sus vidas en pausa.

Para el 29 de junio, a punto de concluir el plazo, unas 500 000 solicitudes habían sido admitidas a trámite, lo que permite obtener una autorización provisional de residencia y trabajo mientras se resuelve el expediente.

Entre asilo y regularización

La historia de Aries resume la disyuntiva que atraviesan muchos cubanos en España. Hasta ahora contaba con la «tarjeta roja», el documento provisional que identifica a los solicitantes de protección internacional.

«A los cubanos no nos llega el asilo. Tampoco nos lo deniegan. Te dejan en un limbo jurídico que te causa muchos problemas», explica. «Mientras tengas la tarjeta roja puedes trabajar, pero no salir de España, y eso te limita muchísimo para hacer una vida normal».

Por eso decidió abandonar el procedimiento que había iniciado anteriormente para acogerse a la regularización.

«Mi principal objetivo es poder salir del país y poder ver a mi novia más de una vez al año. Necesitaba recuperar mi libertad de movimiento», afirma.

Los solicitantes del nuevo procedimiento debieron desistir de su expediente de asilo, lo que significa aceptar que el Estado español probablemente nunca llegará a pronunciarse sobre las razones que los obligaron a abandonar Cuba.

«Hay personas que decidieron no hacerlo», explica. «Algunos llevan esperando mucho más tiempo que yo y piensan que algún día les llegará el asilo. Si te lo conceden, tienes cinco años de protección, un reconocimiento como refugiado político y otra serie de derechos. La regularización, en cambio, te da una residencia por un año y luego habrá que ver qué pasa. Con la incertidumbre política que vive España, algunos prefieren seguir esperando».

No se trata de una discusión meramente jurídica, sino de una decisión profundamente personal. Para algunos, desistir supone renunciar también al reconocimiento oficial de la persecución que vivieron en Cuba; para otros, seguir esperando equivale a prolongar indefinidamente un limbo administrativo que condiciona todos los aspectos de su vida.

La excepción cubana en el sistema de protección

El sistema de asilo español continúa sometido a una fuerte presión por el aumento sostenido de las solicitudes de protección internacional. En 2025, la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) resolvió 160 951 expedientes, un 67.2 % más que el año anterior y la cifra más alta desde su creación, en 1992. Ese mismo año se formalizaron 144 396 nuevas solicitudes de asilo, lo que situó a España como el tercer país de la Unión Europea con mayor número de peticiones, solo por detrás de Alemania y Francia.

Pero al cierre del pasado año, 218 731 personas seguían esperando una decisión sobre su solicitud de protección internacional y solo el 11.2 % de las solicitudes resueltas obtuvieron el estatuto de refugiado o la protección subsidiaria. Si se incluyen las autorizaciones de residencia por razones humanitarias —concedidas mayoritariamente a ciudadanos venezolanos—, la tasa de protección ascendió al 46.8 %.

Según una estimación de Funcas (Fundación de las Cajas de Ahorros, otro de los think tanks económicos y sociales del país), a comienzos de 2025 residían en España 88 367 ciudadanos cubanos, de los cuales 72 270 se encontraban en situación legal, incluyendo a los solicitantes de asilo con expedientes pendientes, mientras 16 097 permanecían en situación administrativa irregular.

Dentro de ese grupo, se calcula que entre 45 000 y 55 000 cubanos tienen solicitudes de protección internacional en trámite o acumuladas sin resolver en España. Aunque Cuba figura entre las principales nacionalidades solicitantes de protección internacional en España, el porcentaje de resoluciones favorables sigue siendo muy reducido.

La comparación con los venezolanos ayuda a entender por qué la regularización extraordinaria ha despertado tanto interés entre los cubanos solicitantes de asilo. Desde 2019, España convirtió la autorización de residencia por razones humanitarias en una vía de protección para miles de venezolanos. Solo en 2025, el Ministerio del Interior concedió 49 178 de estas autorizaciones a ciudadanos venezolanos —el 99.4 % del total—, mientras que ningún cubano accedió a esa figura. Ese mismo año, apenas 40 cubanos obtuvieron una resolución favorable de asilo, frente a 331 denegaciones y 1 177 expedientes archivados. 

Sin una vía alternativa de regularización, miles de cubanos han permanecido durante años atrapados en el sistema de asilo, renovando la tarjeta roja y esperando una respuesta que, para muchos, nunca llegó. Ese es precisamente el limbo del que ahora pudiera sacarlos la regularización extraordinaria.

Empezar de cero en terreno incierto

A diferencia de Aries, Javier nunca militó en la oposición ni hizo activismo en Cuba. Sin embargo, su historia refleja otra dimensión profundamente política del éxodo cubano: la de quienes sintieron que el deterioro del país hizo inviable seguir construyendo allí un proyecto de vida.

Cuando decidió marcharse, trabajaba como cirujano en un hospital habanero, pero cada guardia parecía más un ejercicio de supervivencia debido a las condiciones del sistema sanitario.

«Se hacía imposible trabajar. No tenía cómo atender a los pacientes y los jefes te exigían que cumplieras como si tuvieras todas las condiciones creadas», recuerda. «Pasabas noches enteras sin dormir por los apagones y al día siguiente tenías que atender personas mientras tú mismo estabas pensando qué ibas a poner de comida en la mesa de tus hijos. Las posibilidades de que algo saliera mal eran muy altas».

Después del 11 de julio de 2021, cuando se solidarizó con los manifestantes que llegaron a atenderse a su hospital, la sensación de vigilancia terminó de convencerlo de que debía marcharse. Aprovechando una autorización temporal para viaje al exterior, en febrero de 2023, él, su esposa y sus dos hijos pequeños viajaron a Serbia (entonces libre de visado para cubanos).Desde allí comenzaron un difícil recorrido atravesando fronteras europeas junto a otros migrantes, con la incertidumbre constante de no saber qué encontrarían al otro lado.

Todavía se emociona al recordar aquel momento. «Era mejor intentarlo y morir en el camino que no intentarlo y morir poco a poco en Cuba».

España tampoco fue fácil. Sin papeles, su primer empleo fue en la construcción, donde unas veces le pagaban y otras no. Luego solicitó asilo y trabajó en limpieza y hostelería, siempre en condiciones de precariedad. Con el tiempo consiguió activar el permiso de trabajo y encontró empleo como enfermero, mientras continuaba el largo proceso de homologación de su título universitario.

Hace apenas unos meses llegó la noticia que llevaba tanto tiempo esperando: volvía a ser médico. Hoy vive en Valencia y trabaja nuevamente ejerciendo la profesión para la que estudió, cotiza a la Seguridad Social, paga impuestos, obtuvo el permiso de conducir y ha podido comprar su primer coche. Sin embargo, siente que todo sigue dependiendo de un expediente.

«Mis hijos ya se sienten parte de este país, y yo he asumido que no podré volver a Cuba por ahora», cuenta a elTOQUE. «Por eso, mis expectativas con esta regularización son obtener una estabilidad migratoria, no vivir en la incertidumbre del solicitante de asilo esperando una posible denegación que me haga perder todo lo que he logrado después de más de tres años trabajando duro. Quiero continuar integrándome a la sociedad española y, algún día, poder hacerme ciudadano español junto con mi familia».

Esperar también cuesta oportunidades

La historia de Aline demuestra que la incertidumbre administrativa no afecta únicamente a quienes escogieron la vía del asilo. Bailarina de formación, desarrolló durante veinte años su carrera profesional en Dinamarca después de haber trabajado en Cuba y México. En 2023, decidió establecerse en Cataluña por motivos personales, con la intención de acogerse a la Ley de Memoria Democrática.

Sin embargo, una mala gestión de la abogada que contrató la dejó fuera del procedimiento. Mientras su madre y su hermano sí pudieron iniciar el camino hacia la nacionalidad española, ella tuvo que buscar otra alternativa, y la regularización extraordinaria apareció entonces como una segunda oportunidad.

Una academia de inglés infantil ya le había ofrecido un contrato; sin embargo, aún esperaba una resolución definitiva de residencia cuando terminó el curso escolar, por lo que el centro decidió mantener a la profesora que ya estaba, y la oferta desapareció antes de que llegara el permiso.

«Ahora estoy a la espera y con ansias de estar finalmente con todos los papeles en regla. Mi abogado dice que no ve razones para que me denieguen la residencia, pero como es un proceso extraordinario tampoco sabe qué esperar. La incertidumbre pesa, y hay días que son mejores que otros».

El callejón sin salida

Sandra es una holguinera de 34 años que llegó a Barcelona en 2021 con un visado de estudios para cursar un máster, con la idea inicial de formarse y regresar. Sin embargo, mientras estudiaba, la situación económica de Cuba siguió deteriorándose y el regreso dejó de parecer una opción viable.

Al terminar sus estudios, solicitó una residencia para búsqueda de empleo por un año y descubrió un círculo vicioso del que cuesta salir a numerosos estudiantes y otros extranjeros sin autorización laboral: las empresas le exigían permiso de trabajo para contratarla, pero necesitaba precisamente un contrato para conseguir ese permiso. Tras quedar irregular, sobrevivió dando clases particulares, traduciendo documentos y aceptando pequeños trabajos informales.

«No quería trabajar en negro. Solo quería poder hacer las cosas bien, pero se complica mucho obtener una residencia con permiso de trabajo».

La regularización extraordinaria rompió por primera vez ese círculo, ya que una empresa aceptó contratarla en cuanto obtuviera la autorización de trabajo.

«Fui de las primeras en aplicar, ya me llegó la aceptación a trámite y con ella el permiso provisional. Esta era mi oportunidad y no podía perderla». Ahora, como tantos otros, también espera la resolución definitiva.

Tras la regularización extraordinaria no desaparecerá de golpe la inmigración irregular ni el colapso del sistema de asilo; tampoco cesará el debate que conlleva este tipo de medidas, pero para España y para las personas beneficiadas era una necesidad.

Por una parte, supone incorporar a la economía formal mano de obra que ya participa en la sociedad, reforzar los ingresos por cotizaciones e impuestos y reducir la economía sumergida. Por otra, los migrantes que hayan podido acogerse recuperan derechos básicos y salen de un limbo administrativo que limita el acceso al empleo estable, la vivienda o la planificación de un proyecto de vida. En el caso de miles de cubanos, es la posibilidad de empezar a construir una vida sin incertidumbre en un país de acogida que ya sienten como suyo.