Mientras cientos de manifestantes eran detenidos, juzgados y condenados tras las protestas del 11 de julio de 2021 (11J), y organizaciones internacionales documentaban un deterioro de las libertades fundamentales en la isla, la Unión Europea mantenía y ampliaba su cooperación con La Habana bajo un acuerdo que define el respeto a los derechos humanos como un elemento esencial de la relación bilateral.
La anterior es una de las principales conclusiones del informe «El precio de sostener el castrismo», elaborado por el think tank español Instituto Juan de Mariana. El estudio analiza la evolución del respaldo económico europeo a Cuba y sostiene que la financiación pasó de 50 millones de euros para el período 2014-2020 a 125 millones para 2021-2027. La última cifra corresponde al presupuesto autorizado para ejecutarse durante esos siete años.
Según los autores, el aumento coincidió con un período de mayor deterioro de los derechos humanos en la isla. Tras el 11J, organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunciaron detenciones arbitrarias, juicios sin garantías, condenas contra manifestantes pacíficos, persecución de periodistas y activistas y restricciones a las libertades de expresión y reunión. El informe concluye que, pese a ese escenario, la Unión Europea mantuvo un flujo constante de recursos hacia Cuba.
El acuerdo que cambió la relación con Cuba
El incremento de la cooperación está vinculado con el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC), firmado en 2016 y en vigor desde 2017. El pacto sustituyó la Posición Común de 1996 que condicionaba las relaciones con La Habana a avances en democracia y derechos humanos por un marco basado en el «diálogo político, la cooperación y el comercio».
El ADPC establece que el respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales y los principios democráticos constituyen «elementos esenciales» de la relación entre ambas partes. También prevé un diálogo periódico sobre esas materias y contempla la posibilidad de adoptar medidas apropiadas en caso de incumplimiento.
Antes de la entrada en vigor del ADPC, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ya había advertido al Parlamento Europeo que el acuerdo solo tendría sentido si generaba mejoras verificables para los ciudadanos cubanos y no reforzaba las estructuras estatales sin exigir avances en materia de libertades fundamentales.
Nueve años después, el OCDH y otras organizaciones de derechos humanos sostienen que esos mecanismos no han producido mejoras tangibles en la situación interna del país. En paralelo, el Parlamento Europeo ha aprobado varias resoluciones críticas con el Gobierno cubano. La más reciente, adoptada el 18 de junio de 2026, instó a revisar la aplicación del ADPC, evaluar sanciones contra responsables de violaciones de derechos humanos, incluido Miguel Díaz-Canel, y exigir la liberación de los presos políticos. Aunque estas resoluciones no modifican automáticamente el acuerdo, reflejan el creciente cuestionamiento político dentro de las instituciones europeas sobre la eficacia de esa estrategia de diálogo.
Más de 300 millones de euros desde 1988
Desde el inicio de la cooperación europea con Cuba en 1988, se han financiado más de 200 proyectos en la isla por un valor acumulado cercano a 300 millones de euros, según el informe. Actualmente, permanecen en ejecución alrededor de 80 proyectos, con una inversión estimada de 155 millones de euros en áreas como transición energética, energías renovables, agricultura sostenible, adaptación al cambio climático, desarrollo municipal y modernización económica.
Uno de los principales destinos de esa cooperación ha sido el sector energético. El informe identifica, entre otros programas, una iniciativa de apoyo a la transición energética dotada inicialmente con 4.3 millones de euros, integrada en un acuerdo de tres años cuyo presupuesto total asciende a 18 millones de euros y que se ejecuta junto al Ministerio de Economía y Planificación de Cuba.
Los autores contrastan esas inversiones con la realidad que vive la población cubana. Mientras la cooperación europea continúa financiando proyectos para modernizar el sistema energético, la isla atraviesa una crisis eléctrica crónica, con apagones que en algunas provincias superan las 24 horas y una infraestructura de generación cada vez más deteriorada. A juicio del informe, los recursos destinados a la transición energética no se han traducido en una mejora perceptible del servicio para los ciudadanos.
Ese contraste se hace aún más evidente desde las protestas del 11J y las posteriores manifestaciones provocadas por los cortes eléctricos. Durante estos años, decenas de cubanos que salieron pacíficamente a exigir electricidad, alimentos y mejores condiciones de vida fueron detenidos, procesados y, en numerosos casos, condenados a prisión. Para los autores, la cooperación europea ha continuado mientras persisten tanto la crisis que origina esas protestas como la represión contra quienes expresan públicamente su descontento.
El informe también recoge otras ayudas europeas, como los cerca de 6 millones de euros movilizados en 2025 para acciones de preparación y respuesta ante desastres naturales y los 2 millones anunciados por la Comisión Europea en abril de 2026 como asistencia humanitaria urgente.
Los autores cuestionan, además, la capacidad de la Unión Europea para supervisar el destino final de estos recursos en un país donde muchas de las entidades receptoras mantienen vínculos con el Estado. Como ejemplo, citan proyectos ejecutados junto a la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), y recuerdan que la Corte Europea de Auditores advirtió en 2025 sobre deficiencias en los mecanismos de control de los fondos destinados a organizaciones no gubernamentales o paraestatales. Según el informe, la ausencia de una sociedad civil plenamente independiente dificulta verificar el impacto y el destino de la cooperación europea.
España, el principal respaldo financiero europeo
El informe identifica a España como el principal apoyo financiero europeo del Gobierno cubano. Según sus cálculos, tras el acuerdo del Club de París de 2015, Madrid reestructuró una deuda de 2 444 millones de euros, de los cuales condonó 1 492 millones y dejó los 952 millones restantes sujetos a un calendario de pago de 18 años. Posteriormente, España aprobó un Programa de Conversión de Deuda por 375 millones de euros para financiar proyectos en Cuba y una nueva quita valorada en 291 millones. Los autores consideran estas medidas como parte del alivio financiero concedido y estiman que, en conjunto, redujeron el saldo pendiente hasta unos 286 millones de euros, el equivalente a cerca del 90 % de la deuda original.
Los autores también recuerdan que entre 2019 y 2020 el Gobierno español autorizó exportaciones de material de defensa para uso policial por cerca de 51 000 EUR.
El informe concluye que el aumento de la cooperación económica y de los mecanismos europeos de alivio financiero no estuvo acompañado de mayores exigencias en materia de derechos humanos. Para los autores, la política comunitaria mantiene una contradicción de fondo: mientras Bruselas continúa destinando recursos con la expectativa de que el diálogo favorezca cambios en Cuba, persisten las denuncias por violaciones de derechos humanos, la crisis energética que afecta a millones de cubanos y la represión contra quienes protestan pacíficamente por esas condiciones.
