Son las nueve de la mañana y Karelia Contreras Manzano viaja en el asiento trasero de una patrulla policial. Tiene por destino una de las estaciones en Santa Clara, en el centro de Cuba. Sabe que el viaje puede tomar media hora, no es la primera vez que visita el lugar. Curiosamente, siempre termina en la oficina número nueve. “Ya parece que me la tienen asignada”, bromeará después.

La policía cubana la detuvo tras filmar una pelea. Una conocida ocupó un local de los Comités de Defensa de la Revolución. Sin casa y con tres niños, la mujer temía contagiarse con la COVID-19. Sin embargo, el video nunca llegó a las redes. En ese momento Karelia no tenía datos móviles: no pudo transmitir en directo a través de su perfil de Facebook o de la página del Foro Antitotalitario Unido, la organización opositora a la que pertenece.

Sentada ya en una silla fijada al piso de la oficina, entra un oficial que ella cree que forma parte de la Seguridad de Estado, la policía política cubana. Le llueven las mismas frases de siempre: que hasta cuándo, que han hablado mucho con ella, que la meterán presa, que le quitarán a su hija.

“¿Y tú sabes que ahora te vamos a poner una multa de 3 mil pesos y te vamos a decomisar el teléfono?” le dicen cerca de la una de la tarde. “Porque ya nosotros hemos hablado muchas veces contigo, y tú sigues”.

La multa de 3 mil pesos y el decomiso del dispositivo son sanciones del Decreto Ley 370, una norma jurídica que se aplica fundamentalmente desde enero, según ha recogido el Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión. Karelia no es la única. Con ella, más de veinte periodistas, activistas y ciudadanos han visto cómo las autoridades los citan para después exigirles unos 120 dólares en pesos cubanos, casi tres veces el salario medio en  el archipiélago.

Para aplicar la multa, las autoridades se basan en el artículo 68, inciso i del decreto ley. Allí se prohíbe publicar en las redes contra “el interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”. Sin embargo, no se aclara ninguno de estos términos, aunque el decreto ley sí especifica que la multa la impone un inspector del Ministerio de Comunicaciones.

“Yo nunca en mi vida he hecho esto”, recuerda haber escuchado Karelia de un hombre con espejuelos, flaco y pálido, que las autoridades han hecho pasar. Le pide que firme un papel con el logo del Ministerio de Comunicaciones y ella se niega. El hombre duda y el de la Seguridad, que ella nombra Eric Francis Aquino Yera, lo empuja a la certeza. Le pregunta si también decomisarán el teléfono con la línea y el inspector contesta que sí, que cree que sí.

“El hombre se fue y yo me quedé ahí. Me soltaron a las 8:20 de la noche”, narra Karelia. Multada y sin teléfono.

En la práctica, no firmar la multa es mostrarse inconforme con la medida, como una protesta suave. La mayoría de las víctimas del 370 lo hacen. Entre ellos, Diosvany Zalazar Rodríguez, un vendedor ambulante de frutas y hortalizas en Guantánamo, la provincia cubana más oriental.

Un día después de citarlo, a Diosvany lo llevaron a una estación policial, lo revisaron por completo y lo sentaron en una de las oficinas para interrogatorios. Le enseñaron impresas las publicaciones que había hecho en Facebook y le preguntaron por qué. Respondió que eso lo veía a diario, que publicaba la realidad.

Entre los posts, hay uno en particular con varias fotografías. En una se ve a Lis Cuesta, esposa del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, en la inauguración de un taller internacional de cocina en uno de los hoteles más lujosos de La Habana a inicios de enero. El corte de la imagen no permite que aparezca el Primer Ministro cubano, Manuel Marrero. En otra foto hay una niña con el rostro pixelado, y frente a ella el almuerzo, bastante magro, de un comedor escolar.

“Esto es lo que yo publico”, recuerda haber dicho. “No supieron qué decirme”.

Diosvany cree que ser ciudadano significa también expresar lo que siente, con lo que está de acuerdo y con lo que no. Y, legalmente, tiene razón. La Constitución cubana, proclamada en abril de 2019, lo respalda. El artículo 54 reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión.

“La libertad de expresión es un derecho de los pocos que no está condicionado en la Constitución a lo que establezca la ley”, opina el abogado Eloy Viera Cañive. “Cualquier regulación inferior que contradiga o que atente contra la libertad de expresión, como es el decreto ley 370, específicamente el artículo 68, inciso i, es contrario al artículo constitucional”.

Además de inconstitucional, el 370 también tiene algunos espacios en blanco que las autoridades aprovechan a su conveniencia. Por ejemplo, legaliza el decomiso de los equipos usados para hacer las publicaciones, pero no marca ningún procedimiento para establecer si un dispositivo fue utilizado o no para cometer el supuesto delito.

Al preguntarle sobre este punto a las autoridades del Ministerio de Comunicaciones no obtuvimos respuesta. Tampoco la obtendría Lázara Eumelia Ayllón Reyes al reclamar por escrito la devolución de su teléfono.

El viernes 29 de enero, dos oficiales de la Seguridad de Estado detuvieron en La Habana a Lázara Eumelia sin dar una razón. Ella, de 58 años, salía de la sede de la Red de Comunicadores Comunitarios, una organización a la que el gobierno cubano no le otorga reconocimiento oficial. Enseguida uno de los agentes le quitó el móvil.

“Todo el tiempo que estuve dentro de la patrulla, el mayor al frente de la operación, Alejandro, tenía mi teléfono”, explica ella. “Estaba mirando todo lo que había en él. Le dije que eso era una falta de respeto porque el teléfono es personal”.

Aunque ese día la liberaron de la estación policial de Wajay, al sur de la ciudad, le retuvieron su carné de identidad y el teléfono hasta el lunes. Cuando fue a buscarlos, la hicieron pasar a una oficina con los dos agentes de la Seguridad de Estado que la habían detenido. Enseguida ingresó el inspector del Ministerio de Comunicaciones, quien le dijo su nombre, pero Lázara Eumelia no lo retuvo. Se quedó pensando, imaginando que el recién llegado era también un agente encubierto con un nombre tan falso como los de la Seguridad. Solo prestó un poco más de atención cuando le explicó el Decreto Ley y las razones por las que se le iba aplicar: hacer publicaciones que denigran la integridad del Estado cubano y sus dirigentes y compartir posts de otros opositores.

Los dos agentes de la Seguridad le muestran el teléfono sin batería. Paradójicamente, le devuelven la línea móvil y la tarjeta de memoria. No le enseñan publicación alguna.

“No he cambiado nada”, dice respecto a su opinión política, después de la multa y el decomiso. “Ni en las redes sociales, ni fuera de ellas. Seguiré siendo la misma”.

Hasta junio, las autoridades no habían vuelto a mencionarle el 370 a Lázara Eumelia. Pero es bastante probable que lo hagan otra vez. En algún momento le recordarán que está violando un decreto y omitirán que, irónicamente, el decreto viola los artículos relacionados con la libertad de expresión en dos documentos internacionales firmados por el gobierno cubano: la Declaración de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No le dirán que esta ley contradice la promesa cubana de lograr una sociedad de la información “centrada en las personas”.

El 21 de abril, a más de 200 kilómetros de La Habana, a Raux Denis Rodríguez Rodríguez le dijeron algo parecido. Cinco carteles de cartón y pintura roja cuelgan de los bloques desnudos de su casa en Santa Clara. Los letreros piden cambios políticos, libertad y justicia, y terminan muy pronto en algunos posts en Facebook.

A las 3 de la tarde, un oficial de la Seguridad del Estado citó a Raux Denis para las 4 de ese mismo día, por escrito. A la hora, dos motos con el mismo oficial de la citación y otros dos policías lo llevan a la Tercera Unidad Policial de Santa Clara.

En la estación, Raux Denis pregunta cuál fue la violación que había cometido. Le responden que sus denuncias en Facebook eran contra el interés social, que lo detendrían 24 horas para que pensara mejor si seguiría publicando. Le enseñan los posts, los carteles en su casa y una foto con Yoel Bravo, el líder de dos organizaciones opositoras. Al otro día, un inspector del Ministerio de Comunicaciones le impuso la multa de 3 mil pesos.

“Me dijo que si quería reclamar y yo le dije que no”, recuerda Raux Denis. “¿Reclamar para qué? ¿A qué órgano independiente podía ir, si ellos tienen el control sobre el país y mandan en todo?”.

Tanto Karelia como Lázara Eumelia, Diosvany y Raux Denis aparecen como firmantes en la petición que entregó el Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión (MOLE) a inicios de junio en las sedes de la Asamblea Nacional, la Fiscalía General, la Presidencia de la República y el Tribunal Supremo Popular. Con el documento buscan declarar inconstitucional el decreto. Según la ley cubana, los representantes de estos organismos pueden iniciar el proceso en la Asamblea Nacional, algo que no ha ocurrido desde la primera legislatura en 1976. Ni siquiera sucedió cuando, al esfumarse el campo socialista, la crisis económica que sobrevino despertó violaciones a la propia Constitución.

“Yo ni firmé ni firmo multa”, niega Karelia. “Tampoco la pagué. Ni la voy a pagar”.

“Ahora publico con más fuerza, porque es la realidad”, opina Diosvany, exactamente diez días antes de que lo vuelvan a multar bajo pretexto de violar el 370. “Yo no estoy poniendo una bomba”.

“Ya no me van a meter ninguna multa. A mí me dijeron que me iban a meter preso”, dice Raux Denis. “Y que me iban a buscar cualquier cosa ahí, que no publicara más”.

 

 

Este artículo fue producido en el marco del Laboratorio de Periodismo Situado de Cosecha Roja