La escasez de agua potable en Cuba se ha convertido en una de las crisis más graves de la isla. Según un reporte de la televisión estatal del 16 de septiembre de 2025, más de 3.1 millones de habitantes tienen afectado el servicio total o parcialmente. La cifra oficial revela un problema de gran escala que se suma a registros independientes que apuntan a una realidad todavía más crítica.

Organizaciones no gubernamentales llevan años advirtiendo que la situación real supera los números oficiales anunciados. El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) resume el problema así: solo el 15 % de los hogares recibe agua de forma estable; el 17 % no tendría acceso a agua potable; y el resto depende de ciclos irregulares o de pipas. En otras palabras, dos de cada tres cubanos no tendrían agua corriente garantizada en sus viviendas, según un diagnóstico independiente realizado en marzo de 2024.

Desde entonces, el panorama se ha agravado a partir de cinco colapsos totales del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en menos de un año, lo que ha dejado a millones de personas sin electricidad y sin agua durante jornadas enteras y ha profundizado una crisis que ya era estructural.

Según balances oficiales y reportes locales: Holguín figura con los mayores números de afectados (cerca de 140 000 en el último parte), le siguen Las Tunas y La Habana (esta última con varios municipios —Plaza, Diez de Octubre, Cerro— en situación crítica, con ciclos de abasto reducidos). En Santiago de Cuba, la sequía agravó la incidencia en el oriente, con embalses en niveles muy bajos y poblaciones sin servicio por largos períodos.

¿Qué dice el Gobierno sobre las causas?

Las autoridades oficiales enumeran tres causas principales: sequía, contingencia/crisis energética (apagones que afectan las bombas) y roturas de máquinas de bombeo —estas últimas, en parte por descargas eléctricas en temporada de tormentas—. Esos factores se citan para explicar el empeoramiento del servicio actualmente.

Pero el diagnóstico institucional convive con otro: la falta de mantenimiento, la obsolescencia de equipos, la mala gestión y las pérdidas por fugas. Organizaciones como el OCAC y otras denuncian que la infraestructura acumulada no recibe el mantenimiento necesario y que buena parte del agua bombeada se pierde antes de llegar a los hogares.

Alexis Acosta Cruz, vicepresidente de la OSDE Agua y Saneamiento, reconoció en un artículo de abril de 2024 publicado por Cubadebate la existencia de entre 2 500 y 3 000 salideros —como media— en el país.

Un sistema lleno de agujeros

Las cifras que han reconocido los responsables técnicos son elocuentes sobre el estado del sistema: de un total de 4 155 posiciones de bombeo entre trabajo y reserva, alrededor de 3 508 están en funcionamiento; 567 carecen de equipos; 1 331 acumulan más de diez años de explotación; y 250 incumplen los parámetros hidráulicos. Además, las redes de distribución (casi 25 000 km) registran miles de salideros que agravan la pérdida de agua. En materia de saneamiento, el balance técnico admite que 11 433 fosas existentes en el país incluyen 2 083 en estado de vertimiento. Estos números y análisis técnicos fueron detallados por responsables del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) y recogidos por la prensa.

La presencia de fosas en vertimiento y la contaminación potencial de conductas vacías debido a salideros y roturas supone un riesgo para la salud. Donde el agua llega irregularmente, el riesgo de brotes gastrointestinales y otros problemas sanitarios se incrementa.

Embalses y sequía: ¿hay agua almacenada o no?

Los datos oficiales sobre embalses han fluctuado en 2025: en febrero, la prensa estatal reportó niveles globales de embalses cerca del 63 % de capacidad; sin embargo, la comparación provincial muestra embalses con niveles críticamente bajos (por ejemplo, la presa Zaza —el mayor embalse del país— fue reportada con alrededor del 12 % de su capacidad en septiembre). Lo anterior significa que, aunque en promedio pudiera haber «agua embalsada», la distribución espacial y la funcionalidad de las represas no garantizan suministro para zonas enteras. Las autoridades han reconocido en distintos informes, afectaciones por sequía en provincias orientales y centrales, y han adoptado trasvases o soluciones de emergencia en algunos casos.

En tanto, autoridades del INRH han reconocido que centenares de miles de personas están afectadas por la sequía en el oriente del país; medios independientes hablan, incluso, de un escenario de sequía meteorológica que afecta prácticamente a todo el territorio en la actual temporada —por ejemplo, se estima que unas 860 000 personas sufren el impacto solo en oriente y en provincias como Holguín, Santiago de Cuba y Ciego de Ávila—. Además, en Granma, los 11 embalses presentan niveles de llenado promedio de ~46 %, y algunas represas como la de Cautillo alcanzan apenas el 2 % de su capacidad, lo que evidencia la gravedad del déficit hídrico en la región

El efecto del colapso eléctrico sobre el agua

El sistema de abastecimiento depende en gran medida de bombas eléctricas: cuando hay apagones —cada vez más frecuentes e intensos— el bombeo se interrumpe; y aunque regrese la electricidad, el servicio de agua suele tardar tres o cuatro horas en restablecerse porque hay que volver a presurizar las redes. Ese efecto explica por qué en muchas zonas el suministro es intermitente aun cuando haya avances puntuales en reparaciones. Los técnicos del sector han reconocido la interrelación entre la crisis energética y la hidráulica.

Sin electricidad ni agua potable, pueblos cubanos marcados por el abandono

La vida se apaga en San Antonio de Cabezas (Matanzas), San Germán (Holguín) y otros pueblos de Cuba. Entre apagones casi totales, meses sin agua potable y sin respuestas oficiales, los habitantes denuncian una crisis humanitaria en crecimiento. 

Testimonios: la vida diaria sin agua (voces desde las calles)

Las protestas y las denuncias locales han multiplicado los relatos de familias que llevan días o semanas sin agua. Ejemplos recogidos en videos y crónicas:

En San Miguel del Padrón (La Habana), vecinos de La Rosita dijeron en una transmisión en vivo en septiembre de 2024: «Ya esto es demasiado. Ni agua ni luz ni nada. No tenemos nada», y bloquearon calles para exigir respuestas.

En Centro Habana, una protesta de inicio de septiembre añadió la consigna explícita: «¡Queremos agua, esto no es política, esto es un derecho!», cuando residentes cerraron una intersección con cubos vacíos tras más de un mes sin suministro regular.

«En mi edificio en El Cerro llevamos meses con un ciclo de tres días y ya eso lo vemos como un privilegio», cuenta a elTOQUE Mayra, vecina de La Habana. «El agua llega de madrugada, apenas unas horas, y tenemos que levantarnos a llenar tanques y cubos para toda la semana. Mis padres son mayores y no pueden cargar, así que dependemos muchas veces de los vecinos o de pagarle a alguien. Mientras tanto, vemos en la televisión que todo está bajo control. ¿Bajo control para quién? Porque en mi casa el agua es un lujo, no un derecho».

Roberto, otro vecino del municipio Diez de Octubre en la capital, contó a elTOQUE que «en La Habana el agua no depende de derechos, depende del bolsillo». «Si tienes dinero pagas una pipa y resuelves, aunque sea por unos días. Pero la mayoría de la gente no puede darse ese lujo. Los jubilados, las madres solas, los que apenas sobreviven con un salario estatal, ¿qué hacen? Se quedan esperando, cargando cubos desde donde puedan, mientras el Gobierno repite que el servicio está garantizado. No hay nada garantizado: el agua se ha convertido en un negocio de supervivencia». Mayra y Roberto pidieron publicar solo sus nombres por temor a represalias.

De acuerdo con cifras divulgadas por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), en 2024 más de 600 000 personas en Cuba tuvieron que abastecerse de agua mediante camiones cisterna. El organismo reconoció, además, que para alrededor del 80 % de los usuarios, los ciclos de suministro superaban los 15 días, lo que confirma que la distribución regular es hoy más una excepción que la norma.

En tanto, Esther García, residente en una zona rural de Granma, explica: «en mi comunidad el agua llega cada dos o tres semanas». La mayoría tenemos que almacenar en tanques y cuidar cada gota porque no sabemos cuándo vuelve a entrar por la tubería. No hay pipas para estas zonas y, si se demora demasiado, nos toca pedirle a un vecino que tiene pozo».

El Estado ha anunciado planes de reparación, repuestos y proyectos de inversión: desde reemplazo de equipos de bombeo hasta obras en conductoras principales y trasvases para aliviar emergencias locales. En 2024–2025, se informaron partidas e intervenciones, pero los retrasos por falta de materiales y la insuficiente capacidad de ejecución han sido constantes en varios territorios. Mientras no se resuelva la rotura de equipos, las pérdidas en redes y la crisis energética las medidas parciales no bastarán para restablecer un servicio estable a la población.

¿Qué se necesita con urgencia?

1. Priorizar mantenimiento: plan nacional de reparación y recambio de bombas y tuberías con tiempos y auditoría pública.
2. Protección ante apagones: mecanismos de respaldo eléctrico para los circuitos de bombeo esenciales.
3. Reducción de pérdidas: programas amplios y con control público para cortar fugas (capturar hasta el 60 % de agua perdida es una prioridad técnica).
4. Transparencia y datos públicos: publicación periódica y desagregada por provincia/municipio de embalses, bombas operativas y poblaciones servidas.
5. Medidas de salud pública: limpieza urgente de fosas en vertimiento y distribución prioritaria de cloro y potabilización de emergencia.

La sequía —real y documentada en varias provincias— es un factor concreto que reduce la disponibilidad de agua. Pero la crisis actual no puede explicarse solo por la falta de lluvia: se combina con infraestructura envejecida, pérdidas masivas por fugas, equipos sin repuestos y una crisis energética que impide el bombeo permanente. El resultado: millones de personas sin un derecho básico garantizado y una tensión que crece en las calles. Para valorar soluciones reales hacen falta dos cosas que hoy escasean: datos públicos y ejecución transparente de las obras.

El Gobierno asegura trabajar en el cumplimiento del objetivo 6 de la Agenda 2030 de la ONU —garantizar agua y saneamiento para todos—, y la Constitución de 2019 reconoce en el artículo 76 el derecho de acceso al agua. Sin embargo, esos compromisos contrastan con la realidad: millones de cubanos siguen dependiendo de pipas o ciclos irregulares, lo que evidencia la brecha entre lo proclamado en el plano legal y lo que ocurre en la vida diaria.

Hay agua en Cuba, pero no para todos

Casi 4 de cada 10 cubanos no tienen garantizado el acceso a agua segura para el consumo en 2025.