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Autor
Marleidy Muñoz
Periodista, editora y realizadora audiovisual a tiempo parcial. Madre de mellizos a tiempo completo. Licenciada en Periodismo por la Universidad Central de Las Villas y máster en Historia y Antropología, por la Universidad de Cienfuegos. Con los pies en Lima, Perú, y la mente en Cienfuegos, Cuba.
En redes sociales circulan publicaciones que aseguran que los cubanos pueden solicitar residencia en Brasil mediante la figura «acogida humanitaria». Sin embargo, la afirmación es FALSA. No existe actualmente un programa ni un acto normativo que permita a los cubanos solicitar residencia en el país sudamericano bajo esa figura.
En este video analizamos, con datos económicos y sociales, qué muestran los indicadores sobre apagones, escasez de alimentos y medicinas, contracción del PIB y éxodo masivo, y por qué la crisis actual en Cuba no puede explicarse solo por sanciones recientes, sino por problemas estructurales acumulados durante años.
Un diputado usa su cargo para justificar la represión, criminalizar la crítica y legitimar campañas del Estado, y termina desmentido por el aparato que defiende.
Las afirmaciones de la gobernante interina del país sudamericano fueron sacadas de contexto y presentadas como recientes. El video original data de 2018 y no tiene relación con el contexto actual en Venezuela.
Lejos de informar de manera transparente, las autoridades están ofreciendo información a cuentagotas, poco precisa, acompañada de la retórica de la propaganda; mientras la información más sensible y determinante sigue divulgándose en espacios cerrados, como grupos de WhatsApp, con indicaciones de mantenerla en secreto.
La siguiente relación de nombres se creó a partir de una revisión de archivos del FBI, reportes del Departamento de Estado, investigaciones académicas y trabajos periodísticos que documentan casos de algunas de las personas reclamadas por Estados Unidos que vivieron o viven en Cuba bajo asilo o protección de facto. En conjunto, estos casos ilustran uno de los puntos claves de la fricción política y diplomática entre la Casa Blanca y La Habana.
En las últimas semanas, más de un centenar de médicos cubanos han retornado a la isla, según publicaciones oficiales, luego de un período en el que las «misiones médicas» se habían mantenido estables.
¿Qué escenarios reales se abren para Cuba si el flujo de petróleo no se restablece en las próximas semanas? ¿Puede el régimen evitar una peor emergencia energética o el colapso ya está en marcha?
Gerardo Hernández Nordelo, exespía y actual funcionario cubano, utiliza sus redes sociales para amplificar, de manera reiterada, narrativas alineadas con el régimen de La Habana aunque estas carezcan de sustento verificable o se apoyen en imágenes falsas, manipuladas y sacadas de contexto.
La petición de una amnistía, impulsada por sectores de la sociedad civil, se inscribe así en un debate que no solo interpela al Derecho, sino a la forma en que el Estado gestiona el disenso, reconoce a las víctimas y define los límites de la justicia y la clemencia.
Ante ese escenario surge una pregunta clave: ¿qué tan viable e inminente podría ser un bloqueo naval de Estados Unidos contra Cuba? Responderla exige ir más allá de la retórica política y examinar los límites legales, militares y diplomáticos de una medida que, en el Derecho internacional, tiene implicaciones mucho más profundas de lo que suele sugerirse en el debate público.
En Estados Unidos, portar armas de fuego en protestas puede ser legal, dependiendo del estado y de las circunstancias específicas; sin embargo, ese derecho no es absoluto ni uniforme.
El contenido desinformador mezcla una narrativa épica con cifras no oficiales ni reportadas por fuentes creíbles y conclusiones sin sustento.
En publicaciones virales en redes sociales se afirma que el Gobierno de México estaría evaluando la implementación de un «mecanismo humanitario especial» de libre visado para ciudadanos cubanos. Sin embargo, el Consulado de México en La Habana desmintió oficialmente esa información.
Las autoridades niegan de forma rotunda cualquier denuncia, sin importar que existan noticias, testimonios u organismos independientes que la respalden.
Autores
Marleidy Muñoz
Periodista, editora y realizadora audiovisual a tiempo parcial. Madre de mellizos a tiempo completo. Licenciada en Periodismo por la Universidad Central de Las Villas y máster en Historia y Antropología, por la Universidad de Cienfuegos. Con los pies en Lima, Perú, y la mente en Cienfuegos, Cuba.
En redes sociales circulan publicaciones que aseguran que los cubanos pueden solicitar residencia en Brasil mediante la figura «acogida humanitaria». Sin embargo, la afirmación es FALSA. No existe actualmente un programa ni un acto normativo que permita a los cubanos solicitar residencia en el país sudamericano bajo esa figura.
Las afirmaciones de la gobernante interina del país sudamericano fueron sacadas de contexto y presentadas como recientes. El video original data de 2018 y no tiene relación con el contexto actual en Venezuela.
En las últimas semanas, más de un centenar de médicos cubanos han retornado a la isla, según publicaciones oficiales, luego de un período en el que las «misiones médicas» se habían mantenido estables.
La petición de una amnistía, impulsada por sectores de la sociedad civil, se inscribe así en un debate que no solo interpela al Derecho, sino a la forma en que el Estado gestiona el disenso, reconoce a las víctimas y define los límites de la justicia y la clemencia.
El contenido desinformador mezcla una narrativa épica con cifras no oficiales ni reportadas por fuentes creíbles y conclusiones sin sustento.
En este video analizamos, con datos económicos y sociales, qué muestran los indicadores sobre apagones, escasez de alimentos y medicinas, contracción del PIB y éxodo masivo, y por qué la crisis actual en Cuba no puede explicarse solo por sanciones recientes, sino por problemas estructurales acumulados durante años.
Lejos de informar de manera transparente, las autoridades están ofreciendo información a cuentagotas, poco precisa, acompañada de la retórica de la propaganda; mientras la información más sensible y determinante sigue divulgándose en espacios cerrados, como grupos de WhatsApp, con indicaciones de mantenerla en secreto.
¿Qué escenarios reales se abren para Cuba si el flujo de petróleo no se restablece en las próximas semanas? ¿Puede el régimen evitar una peor emergencia energética o el colapso ya está en marcha?
Ante ese escenario surge una pregunta clave: ¿qué tan viable e inminente podría ser un bloqueo naval de Estados Unidos contra Cuba? Responderla exige ir más allá de la retórica política y examinar los límites legales, militares y diplomáticos de una medida que, en el Derecho internacional, tiene implicaciones mucho más profundas de lo que suele sugerirse en el debate público.
En publicaciones virales en redes sociales se afirma que el Gobierno de México estaría evaluando la implementación de un «mecanismo humanitario especial» de libre visado para ciudadanos cubanos. Sin embargo, el Consulado de México en La Habana desmintió oficialmente esa información.
Un diputado usa su cargo para justificar la represión, criminalizar la crítica y legitimar campañas del Estado, y termina desmentido por el aparato que defiende.
La siguiente relación de nombres se creó a partir de una revisión de archivos del FBI, reportes del Departamento de Estado, investigaciones académicas y trabajos periodísticos que documentan casos de algunas de las personas reclamadas por Estados Unidos que vivieron o viven en Cuba bajo asilo o protección de facto. En conjunto, estos casos ilustran uno de los puntos claves de la fricción política y diplomática entre la Casa Blanca y La Habana.
Gerardo Hernández Nordelo, exespía y actual funcionario cubano, utiliza sus redes sociales para amplificar, de manera reiterada, narrativas alineadas con el régimen de La Habana aunque estas carezcan de sustento verificable o se apoyen en imágenes falsas, manipuladas y sacadas de contexto.
En Estados Unidos, portar armas de fuego en protestas puede ser legal, dependiendo del estado y de las circunstancias específicas; sin embargo, ese derecho no es absoluto ni uniforme.
Las autoridades niegan de forma rotunda cualquier denuncia, sin importar que existan noticias, testimonios u organismos independientes que la respalden.
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