La colaboración académica como legitimación del autoritarismo

Foto: elTOQUE.

La colaboración académica como legitimación del autoritarismo

8 / enero / 2024

Gobierno y Análisis Político A. C. (GAPAC) es una organización de la sociedad civil mexicana con equipo multinacional distribuido en varios países de América Latina y Europa. En los últimos dos años, GAPAC se ha dedicado al monitoreo sistemático de la influencia del discurso político cubano en Latinoamérica, en su sociedad civil, redes académicas y centros educativos. Por esa razón, alertamos sobre la convocatoria a varios eventos —incrementados tras el 11J— que buscan avalar el poder autoritario y que generan falsas apariencias de normalidad democrática y de apertura de Cuba frente a otros Gobiernos. 

El más reciente se celebró entre el 15 y el 17 de noviembre de 2023 La Habana. Las Jornadas Internacionales sobre Clínicas Jurídicas y su Contribución a la Enseñanza del Derecho fueron organizadas por el Instituto Raoul Wallenberg de Derechos Humanos y Derecho Humanitario (RWI) en cooperación con la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC) y la Universidad de Valencia. El evento contó con el coauspicio de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Asdi). 

Durante el encuentro, se trabajó estrechamente con profesionales de instituciones oficiales cubanas. Entre ellas, la Unión Nacional de Juristas de Cuba, el Ministerio de Justicia de la República de Cuba, la Fiscalía Provincial de La Habana, la ONBC, los Tribunales Provinciales Populares y la Asamblea Nacional.

El Instituto Raoul Wallenberg de Derechos Humanos y Derecho Humanitario es una institución académica y de investigación con oficinas, programas y poder de convocatoria que abarca alrededor de 40 países. La misión de RWI es combinar la investigación sobre derechos humanos basada en evidencia con el compromiso directo con organizaciones internacionales, Gobiernos, instituciones nacionales de derechos humanos, el sector judicial, autoridades locales y regionales, universidades y el sector empresarial. Lo anterior con el objetivo de lograr un cambio en materia de derechos humanos para todos. 

Sin embargo, los organismos con los que RWI ha colaborado estrechamente en La Habana diseñaron y ejecutaron condenas masivas con claros sesgos políticos contra manifestantes que salieron a las calles el 11 y el 12 de julio de 2021 en el país. Actualmente, se encuentran en condición de privación de libertad y enfrentan condenas de hasta 14 años de prisión alrededor de 787 personas, acusadas de delitos que van desde el desorden público hasta la sedición; una «interpretación» legal sin apego a la realidad y a las numerosas inconformidades que llevaron a las protestas pacíficas.

En el marco de la colaboración académica, los convenios en materia jurídica e institucional del último año han perseguido la legitimación y limpieza de imagen del aparato penalista cubano. Un claro ejemplo fue el I Congreso Internacional de Derecho Comparado y Constitucional («Cuba CON-PARA») que se realizó en la Universidad de La Habana y en el Hotel Nacional de Cuba en abril de 2023. Meses antes se desarrolló el XV Encuentro Internacional Ciencias Penales (2023) y el III Evento Legalidad, Derecho y Sociedad; en los que, en suma, han participado instituciones afines en redes académicas internacionales como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Clacso, Flacso y LASA.

En igual período se realizó el XVIII Simposio Internacional de Comunicación Social. En materia de reformas institucionales y cambio social, se celebró entre el 8 y el 10 de marzo de 2023 la Plataforma para el Diálogo, organizada por Center for Advanced Latin American Studies (CALAS) en la Universidad de La Habana —con los temas «Cambio climático, Desigualdad y Transformación Socio-Ecológica. Desafíos para políticas fiscales verdes»—. Del 21 al 24 de noviembre, La Habana también fue sede del congreso del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD).

Los foros académicos han servido de plataformas de legitimación y difusión del mensaje oficial del Estado cubano. Incluido el maquillaje y ocultamiento de la crisis y la represión que padece la sociedad. Cuba ha firmado acuerdos de cooperación jurídica y política con Gobiernos no democráticos. Tanto con Belarús como con Rusia, la Administración de La Habana ha fortalecido la interacción entre órganos legislativos. En marzo de 2023 se firmaron acuerdos para robustecer la cooperación jurídica entre Cuba y Venezuela con la presencia de los fiscales generales de ambas repúblicas, Yamila Peña Ojeda y Tareck William Saab, respectivamente. 

Los acuerdos se encaminan a legitimar tanto el discurso exterior como la normativa interna en cuestiones jurídicas. Por ejemplo, la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria, el nuevo Código Penal y la Ley de Ejecución Penal; normativas configuradas para fortalecer la seguridad y el control en las redes sociales. Conocido el primero por ser una norma que camufla la falta de voluntad política para asegurar el acceso sostenible a los alimentos; el segundo, por estrechar el cerco a las iniciativas independientes, a los ejercicios autónomos de la ciudadanía y por fortalecer la vigilancia estatal.


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